APRO / neldy SAn mARtín

CONVICCIONES Intercambio de favores

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

No hay duda de que el presidente López Obrador y el empresario Daniel Chávez Morán, cabeza del Grupo Vidanta, intercambian favores con gran generosidad. Habla bien de su amistad. Eso, aunque esa estrecha relación evidencie el tráfico de influencias y el conflicto de intereses.

Mexicanos Contra la Impunidad y la Corrupción (MCCI) sigue realizando su trabajo a pesar de las agresiones del presidente. Sus investigaciones prueban los beneficios que en estos tres años ha recibido el Grupo Vidanta de parte del gobierno del presidente López Obrador. El resultado de las mismas se puede ver completo en la página Web de MCCI.

La dada a conocer el pasado 16 febrero, trabajo de Vanessa Cisneros y Mauricio Rubí, documenta distintas concesiones de playa a Grupo Vidanta. En 2020, año en que José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente, comenzó a trabajar para los hijos del fundador del grupo, el consorcio obtuvo al menos 35 permisos o concesiones federales. ¿Coincidencias?

En 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concedió al grupo utilizar por 15 años más, hasta el 2035, playas en zona federal, en el municipio de Bahía de Banderas, Nayarit. Un segundo refrendo es el de Desarrollo Marina Vallarta ubicado en playa Boca de Tomates, en Puerto Vallarta, Jalisco. El permiso se terminaba en 2019, pero fue prorrogado por siete años más.

Se ha concedido una tercera ampliación de concesión al grupo en Playa Diamante en Acapulco, Guerrero. Es un permiso de 15 años más que inicia en 2020 y comprende playa y zona federal marítima terrestre. Un cuarto caso es el de Los Cabos, Baja California Sur, donde se entregó el permiso para ampliar partes del Mayan Palace Regency del Desarrollo Mayan Palace East Cap.

En 2020, de manera express, la Semarnat concedió al grupo permiso para construir un teleférico, para comunicar dos complejos hoteleros localizados en Bahía de Banderas, Nayarit, y Puerto Vallarta, Jalisco. Esto antes de conocerse la opinión técnica de los municipios de Puerto Vallarta, en Jalisco y Bahía de Banderas, en Nayarit.

La investigación que se dio a conocer el 17 de febrero pasado, obra de Valeria Durán y Verónica Anaya, documenta que al Grupo Vidanta se le otorgó un cambio de uso de suelo, para terminar de construir un proyecto turístico en Quintana Roo.

En 2019 y 2020, la Semarnat otorgó ese cambio en 2.94 hectáreas de selva mediana, para que el grupo construyera tres vialidades de acceso, para su centro turístico de 250 hectáreas ubicado en la carretera Puerto Juárez-Tulum. La autorización es por diez años y puede renovarse si cumple con las medidas de prevención.

El cambio de uso de suelo solo contemplaba la construcción de las tres vialidades, pero después el grupo solicitó otra modificación, para consolidar su desarrollo. En 2020, la Semarnat le autorizó, en terrenos forestales, “el desarrollo de actividades del ecoturismo y de parque recreativo”, en un predio ubicado en el municipio de Solidaridad.

El MCCI, documenta también, que desde 2018 el Grupo Vidanta, en Nayarit y Jalisco, ha sido objeto de denuncias por la construcción de un megacomplejo cerca del río Ameca. Entre las quejas que se han reportado está la presunta modificación del cauce del río, el daño de los animales y la vegetación que hay en el lugar. Se acusa al grupo de “ecocida”.

MCCI en su investigación presenta solo datos, documentos oficiales y fotografías de los lugares. El presidente enfrenta el resultado de estas investigaciones solo con adjetivos de diverso tono. No ofrece datos, que desmientan lo que dice el trabajo de estas investigaciones. Su furia en contra del MCCI juega a favor del resultado de su trabajo. El tráfico de influencias y el conflicto de interés está a la vista. Entre amigos hay generosidad de las partes en el intercambio de favores.

@RubenAguilar

Enfrentar a medios y periodistas: Una estrategia para ganar la batalla del relato

/ Neldy SaN MartíN

“Carmen Aristegui engañó mucho tiempo”, “está a favor del bloque conservador”… “Proceso es una revista conservadora”, “administra el conflicto, el caos y el amarillismo”… “Pasquín conservador de la mafia del poder que es el Reforma” … “El Universal es otro pasquín inmundo”…

Estos y otros calificativos contra medios de comunicación y periodistas han sido una constante en el discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador desde que comenzó el sexenio.

La estrategia de confrontación se debe a que el presidente entiende la política de manera antagónica, como un conflicto permanente, explica en entrevista Aleix Sanmartín, consultor político, quien trabajó con López Obrador en su campaña presidencial en 2012 y en la de Felipe Calderón en 2006.

“Hay teorías que dicen que la política del consenso lleva a la post-política o a la muerte de la política, porque la política por definición es la gestión del conflicto y la gestión de las diferencias. En ese sentido, Andrés Manuel entiende la política como una disputa discursiva entre dos visiones antagónicas de la realidad y la lucha por ganar la batalla del relato, la batalla de la agenda y la batalla hegemónica en la última instancia”, comenta el estratega español, quien ha trabajado con todos los partidos políticos de México.

Para el consultor, colaborador también en las campañas de Margarita Zavala y Marcelo Ebrard, ante la falta de oposición política en el país son los medios los que están tomando un papel de antagonistas, aunque no les correspondería en una sociedad democrática.

“Ese rol lo tendrían que llevar el PRI, el PAN y el PRD, pero la realidad es que no están a la altura; entonces la oposición la están ejerciendo algunos comunicadores”, opina Sanmartín.

En contraste, para el estratega político Antonio Sola, a quien se le atribuye el eslogan “AMLO es un peligro para México” de la campaña de Felipe Calderón en 2006, la confrontación de López Obrador con la prensa es una estrategia para construir una dinámica de grieta que provoque una mayor polarización social en el país.

Señala que otros gobiernos de “corte similar”, refiriéndose a la autocracia, lo han hecho, como el correísmo en Ecuador, el orteguismo en Nicaragua, el castrismo en Cuba, el chavismo en Venezuela y el gobierno de Juan Orlando Hernández en Honduras.

“Líderes políticos con poder que enfrentan situaciones complejas construyen enemigos de poder para que eso les permita, no sólo tender bolas de humo, sino también construir una dinámica de grieta”, opina Sola, quien en 2018 colaboró con el PT, aliado de Morena en la Coalición Juntos Haremos Historia.

En las últimas semanas, la confrontación del presidente con la prensa se ha hecho más profunda, luego que los periodistas Raúl Olmos y Verónica Ayala, de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), y Mario Gutiérrez Vega, de Latinus, publicaron una investigación sobre la lujosa vida de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán, y su pareja, Carolyn Adams, en Texas, que incluía un posible conflicto de interés.

Carlos Loret de Mola fue el presentador del reportaje y se convirtió en el centro de la polémica, pues ha sido abiertamente opositor al presidente.

López Obrador respondió publicando un documento informal con los supuestos ingresos millonarios del conductor. Mientras que la periodista Carmen Aristegui, cercana al movimiento del mandatario, retomó el reportaje, lo que le mereció los ataques desde Palacio Nacional.

“Si hay un bloque conservador, como existe en México, donde se unen todos y tienen su prensa, sus medios, sus comentaristas, sus intelectuales orgánicos, pues no nos vamos a cruzar de brazos, tenemos que confrontarnos políticamente; desde luego, sin agresiones, respetando la libertad”, explicó el propio López Obrador el pasado 7 de febrero días después de la publicación del reportaje de MCCI y Latinus.

En los días siguientes arremetió contra otros medios y periodistas: Reforma, Carmen Aristegui, y Proceso, entre otros.

El miércoles 16 afirmó que “no le extraña” el periodismo ejercido por Proceso porque la revista “no contribuyó al cambio” en el país. “Y por eso, sí vale la pena enfrentarlos y debatir, y confrontarnos políticamente en buena lid, y tratar el tema y ya, fuera máscaras, cada quien en su sitio y no pasa nada”, afirmó.

Aludió a un texto publicado por Proceso en 2006 (No. 1359) que se tituló “La estrategia soy yo”: “Recuerdo la portada del semanario Proceso titulada ‘El Estado soy yo’ (sic) que sacaron en vísperas de la elección de 2006, una portada diciendo ‘El Estado soy yo’, luego, cuando hicieron el fraude, sacaron una donde estaba yo así (inclinó la cabeza), derrotado”, expresó.

“Ahora no, ahora no, por eso se equivocan y se desesperan, insultan. ¿Por qué? Porque ya hay más medios, ya no son los únicos”, añadió.

Para la estratega mexicana Giselle Perezblas, directora de Auguro, la “coraza” del presidente es justamente que a lo largo de la historia su narrativa ha sido sólida y constante. “Es lo que hace que los ataques de actores políticos, mediáticos, sociales y empresariales, que no han ganado o han desperdiciado su peso moral sobre la población, no le peguen”, afirma.

El presidente ha construido una narrativa de que siempre se enfrenta a un complot que está tratando de destruirlo, lo que le ha funcionado a lo largo de su carrera, dice la consultora política, pero que esta vez no está midiendo que la realidad deconstruye los discursos.

“Él no llega como un personaje que tiene que ser el salvador de México, más bien llega con una lógica de vengador de todos aquellos que se sentían agraviados por un sistema y por una élite política y económica voraz. En esa lógica funcionan muy bien sus acciones, su discurso y su narrativa. El problema es que el presidente está diagnosticando erróneamente la coyuntura en la que se encuentra”, dice Perezblas.

| Foto Gobierno de México

Gobierno de México

En reunión con autoridades de La Montaña de Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se invertirán mil millones de pesos anuales, desde este año y hasta 2024, en la construcción y mantenimiento de carreteras en los municipios más apartados de esa región.

Los recursos son resultado del convenio realizado con empresas que contaban con contratos para el mantenimiento de caminos, las cuales acordaron disminuir sus utilidades, informó el mandatario.

“Ese dinero de ahorro es el que decidimos utilizar para la construcción de los 66 caminos, de mano de obra, en La Montaña. Y va a ser un apoyo anual, son mil millones este año, mil millones el próximo año y mil millones el 24 para consolidar bien estas obras”, apuntó.

El subsecretario de Infraestructura, Jorge Nuño Lara, informó que el objetivo del programa es garantizar la comunicación en La Montaña de Guerrero, desarrollar la infraestructura y acercar servicios de salud y educación a los 23 municipios que constituyen la región.

Se invertirán mil 85 millones de pesos en la construcción de 66 caminos con un total de 221.3 kilómetros, detalló.

A través de acuerdos hechos en los comités comunitarios, la iniciativa beneficiará a más de 100 comunidades indígenas con alrededor de medio millón de habitantes, precisó el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino Montes.

Durante la reunión, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, el INPI y el gobierno de Guerrero firmaron el convenio de colaboración para la mejora de la conectividad municipal a través de los caminos rurales en La Montaña.

El jefe del Ejecutivo anunció que cada tres meses volverá para evaluar avances, al tiempo que reafirmó el apoyo de la federación a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

Por último, el presidente López Obrador afirmó que se trabaja en los asuntos relacionados con los servicios sanitarios en la entidad. Recordó que existe un plan para rehabilitar centros de salud y hospitales; garantizar la disponibilidad de personal médico y de enfermería, además de medicamentos gratuitos para la población.

Acompañaron al presidente, los secretarios de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez de la O y de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal; el subsecretario de Egresos de la SHCP, Juan Pablo de Botton Falcón y las y los presidentes municipales de los 23 municipios de La Montaña de Guerrero.

Presidente anuncia inversión de mil millones de pesos anuales para caminos de La Montaña de Guerrero

BRAVUCONADAS AMLO, presidente o fajador

MARIO BRAVO

Amanera de contexto. En el mundo deportivo formal, organizado, sí, ese que se desarrollo mediante ciertas reglas, está el boxeo. El boxeo es un deporte de combate entre dos oponentes, quienes dentro de un ring y a través de una cierta cantidad de rounds, luchan entre sí, mediante ciertas técnicas de pelea y únicamente con golpes que van sobre la cintura (reglas). La gracia del boxeo es quién golpea más y de mejor manera. El que mejor conoce las fortalezas y debilidades de su oponente, será quién tendrá más posibilidades de llevarse la victoria. Este deporte tiene distintos tipos de boxeadores que se adecúan según las características del luchador, del oponente y de la lucha en sí. Uno de los estilos más socorridos entre los boxeadores es el conocido como “fajador”, mismo que se le reconoce por ser un luchador que es capaz de pelear a corta distancia, a través de una combinación de técnica, rapidez y fuerza. Buscan dañar a su oponente de manera oportuna. Son aquellos que prefieren golpear y luego moverse rápido; sus contraataques llevan un fuerte impulso hacia adelante y sus salidas a zona segura los protege de la respuesta del adversario. Es por ello que los nocauts son más efectivos y comunes entre ellos.

Rememora el periodista de El País, Francesco Manetto, que: “La mañana del 31 de diciembre López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, grabaron un video en el Jardín de la Emperatriz del Palacio Nacional. Enseñaron un ahuehuete sembrado un año antes y el presidente felicitó a los mexicanos con un mensaje de optimismo. ´Tengo mucha fe en el porvenir´.” En la visión presidencial, todo marchaba según lo planeado. El terreno que había designado para sus próximas acciones, el definido por la consulta por la revocación de mandato avanzaba “con el viento a favor” en el marco de una soterrada campaña electoral, su terreno preferido. Pero, como comenta Manetto, “comenzó a llover”.

El 27 de enero, un reportaje promovido por la organización civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y replicado por Carlos Loret de Mola a través de su agencia LatinUs al día siguiente, acerca de la casa que habitó entre 2019 y 2020, José Ramón López Beltrán, hijo mayor del presidente López Obrador, en un privilegiado sector de Houston, que hoy popularmente se le identifica como la Casa Gris o la Casa del Bienestar, y que, inevitablemente llevó a la opinión pública a la investigación sobre posibles conflictos de interés al detectarse que el propietario de la misma era un alto ejecutivo de una empresa petrolera norteamericana (Baker Hughes) con contratos abiertos con PEMEX, y que justamente en los años de referencia, obtuvo modificaciones y mejoras en ellos hasta alcanzar cifras de miles de millones pesos, ¿casualidad? ¿Dónde quedaba el discurso de la austeridad republicana, la justa medianía y la tan sobada lucha contra la corrupción de AMLO?

En respuesta, el presidente optó, en una primera instancia, fiel a su estilo, descalificar la seriedad de la noticia, afirmando que sólo era otra intentona más de sus adversarios conservadores y neoliberales desesperados por la pérdida de sus privilegios. Esa estrategia le había funcionado antes en otros casos de similar naturaleza, pero algo pasó esta vez, la noticia trascendió la airada respuesta presidencial y siguió su creciente e incisivo curso. El presidente cambió su estrategia y pretendió redireccionar su respuesta y atacó al gobierno de España y a sus “voraces” empresas. Se le ocurrió proponer una “pausa” entre las relaciones con ese país europeo, que para más datos es el segundo inversor más importante en México, sólo atrás de los Estados Unidos, con una inversión de más de 76 mil millones de dólares, con empresas de la talla de BBVA, Santander, Iberdrola, Repsol, Mapfre, entre otras. Menuda ocurrencia diplomática (¿?). En este mismo ámbito internacional, se peleó con Panamá, por rechazar su propuesta de Pedro Salmerón como embajador, acusando a su Canciller de actuar como “la santa inquisición”, con relación a los antecedentes de la propuesta; y más tarde con Perú, a quién acuso por su “conservadurismo”. En este mismo sentido, pero en el ámbito de las relaciones comerciales y económicas con los Estados Unidos referente a la reforma eléctrica, está provocando la tensión con el poderoso vecino, ignorando el impacto de posibles decisiones soberanas, sólo basta con observar qué pasó con la suspensión de la importación del aguacate. ¿Se enfrió el asunto de la Casa Gris? No.

Persistente (terco) como es el presidente, siguió desviando la atención del tema parental respecto a la ruptura de la fortaleza de su discurso de la austeridad y el combate a la corrupción, y enfiló contra el periodista Loret de Mola, cuestionando el monto y origen de sus ingresos. No conforme, arremetió contra otros periodistas y medios de comunicación y demandó “transparentar” sus movimientos financieros. Ignorando descaradamente lo que la ley establece. Consultó al INAI y la respuesta fue clara, la institución no es competente constitucionalmente a la petición. Berrinche presidencial. Además, habría que sumar otro embiste contra el gobierno norteamericano, por la no respuesta a la nota diplomática de mayo de 2021 donde exige la suspensión de los apoyos a organizaciones civiles por ser contrarias a la 4T, y que los EU soberanamente han ignorado a la fecha.

Encima, a través de sus afines, léase gobernadores y legisladores morenistas, insiste en promover sus “logros” transformadores, y violentan la veda electoral relacionada con la consulta de la revocación del mandato, y confronta al INE.

El presidente, decidió que en la tribuna o ring de las mañaneras seguirá fajándose, en una lucha directa con sus adversarios políticos, la atención del Ejecutivo ronda en los ingresos de Loret de Mola, de la prohibición de información por la veda electoral, de los gobiernos soberanos que no atienden sus caprichos. Mientras la economía sigue decayendo, los pobres aumentan día a día, no se resuelve la provisión de medicamentos, el crimen organizado avanza. Como en toda pelea, en un descuido, el fajador es noqueado ¿será?

La exigencia frente al poder

/ gloriA lEtiCiA DíAz

Con voz entrecortada, frente al presidente Andrés Manuel López Obrador, Sonia de Anda, conductora y reportera del portal de noticias Esquina 32, de Tijuana, inició su intervención en la conferencia matutina del jueves 17, pasando lista a los cinco periodistas asesinados durante los 42 primeros días de 2022.

Advertido por el delegado federal en Baja California, Alejandro Ruíz Uribe, de que los periodistas locales realizarían en las instalaciones de la II Zona Militar una manifestación y exigirían justicia para los comunicadores asesinados, López Obrador escuchó atento el pase de lista de De Anda mientras el resto de sus colegas gritaban al unísono “¡presente!”.

“Los periodistas de Baja California queremos informarle que nuestro gremio está muy lastimado, como en todo México. Trabajamos bajo la sombra de ser atacados y asesinados por realizar nuestro trabajo”. También le expuso al mandatario que los crímenes que se cometen contra el gremio no se aclaran.

“Aquí, desde Tijuana, donde enterramos a dos de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas”, advirtió la reportera.

En el exterior de las instalaciones militares donde se encontraba resguardado López Obrador, integrantes del grupo Yo sí soy periodista –que fueron conminados por Ruiz Uribe a protestar pacíficamente y a no usar camisetas ofrecidas por gente cercana al empresario Jorge Hank Rhon– respaldaron la indignación de los colegas que pudieron ingresar a la conferencia mañanera.

“Quisimos usar la plataforma del presidente, la misma que muchas veces ha usado para atacarnos, porque la gente no distingue de los (periodistas) privilegiados y de los que andamos en la calle trabajando”, relató a este semanario la comunicadora Inés García.

En la víspera, López Obrador atestiguó en Palacio Nacional la primera expresión de inconformidad –desde que asumió el cargo en diciembre de 2018– de la prensa que asiste a sus conferencias matutinas.

Esa mañana, tras su intervención, fue advertido por el periodista Rodolfo Montes que la fuente había acordado no formularle preguntas, a manera de rechazo por la violencia contra los comunicadores en México; después el reportero convocó a un minuto de silencio por los colegas asesinados en los inicios de este año.

Así, el gremio periodístico elevó el nivel de sus protestas, ahora frente al Poder Legislativo y ante el propio presidente, luego de la realización de manifestaciones frente a oficinas gubernamentales y de procuración de justicia realizadas el 25 de enero último y el lunes 14 en al menos 60 ciudades, incluida la Ciudad de México. Las movilizaciones ocurren en el contexto de 30 homicidios de periodistas registrados en lo que va del gobierno de López Obrador y de los 150 ocurridos desde el año 2000 a la fecha.

ProtEstAs EN El CoNgrEso

Los atentados contra la prensa se habían acumulado: mientras Veracruz, Baja California, Michoacán y Oaxaca eran los escenarios de las ejecuciones de José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo y Heber López, desde Palacio Nacional el presidente López Obrador ocupaba buena parte de sus conferencias matutinas para descalificar a los periodistas, medios de comunicación y a la asociación civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El embate presidencial se detonó luego de que el 27 de enero último MCCI y el portal Latinus publicaron la investigación “Así vive en Houston el hijo mayor de AMLO”, en el cual se exhibe un posible conflicto de interés tras revelarse que José Ramón López Beltrán vivió en una residencia de lujo propiedad de un directivo de la petrolera Baker Hughes, contratista de la 4T.

Las manifestaciones del gremio periodístico no se hicieron esperar… Primero en el Senado, reporteros y camarógrafos que cubren la fuente desdeñaron la conferencia de prensa del vocero de la bancada de Morena, César Cravioto, convocada para leer el posicionamiento de respaldo del grupo parlamentario para López Obrador; mensaje que ya se había difundido en la víspera.

Acompañado por una veintena de los 61 legisladores que integran la bancada, Cravioto terminó la lectura de su carta en favor del mandatario, quien, según los morenistas: “Encarna a la nación, a la patria y al pueblo”, y que es blanco de ataques de parte de “un puñado de mercenarios”, calificativo con el cual el presidente se ha referido a los periodistas que le son incómodos.

Fue prácticamente espontáneo el vacío de los representantes de los medios de comunicación a esa conferencia de prensa, dejando a Cravioto y a sus compañeros solos frente a las cámaras y reporteros del Canal de Congreso.

Enterados de la protesta en el Senado, la prensa que cubre la Cámara de Diputados también decidió manifestarse dándole la espalda a la tribuna cuando el partido del presidente López Obrador tomó la palabra.

“¡Nos queremos vivos!”, “¡Libertad de prensa!” y “¡Justicia!” para periodistas asesinados, gritaron reporteros, algunos de ellos tenían los puños en alto. La manifestación de los periodistas se realizó –desde el espacio al que han sido confinados desde hace varias legislaturas– mientras hablaba el diputado morenista Hamlet García.

/ Elisur ArtEAgA NAvA

AMLO, al parecer, es un político sin suerte. Mientras tuvo salud no alcanzó la Presidencia de la República. Lo intentó dos veces. Finalmente, cuando lo logró, y de manera aplastante, la salud lo abandonó. Eso es lo que se afirma a raíz de que el 21 de enero fue sometido a un cateterismo cardiaco. Bien decía Maquiavelo: en política es importante ser esforzado, emprendedor y valiente, pero más lo es ser amado por la Fortuna. Ella, por ser mujer, es voluble (De principatibus, cap. XXV, 25).

Algunos ven a AMLO ausente tanto mental como físicamente. Su discurso es incongruente; su mensaje corporal, errático. Algunos consideran que la ausencia es temporal; para otros, definitiva. Una u otra tienen inconvenientes. Tratándose de cualquier ser humano, es deseable una larga vida y cabal salud, tanto mental como física; para ésta, hay médicos y hospitales; para la mental, entre otras medidas, está el estado de interdicción.

Al ver que los analistas hablan, con o sin autoridad, del marco constitucional que regula la sustitución, me atrevo a abordar el tema. Es un ejercicio teórico. No va más allá.

Si AMLO hubiese faltado a partir del 1 de febrero de 2022 –día del inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura–, Adán Augusto López Hernández hubiera asumido el cargo de presidente de la República y desempeñaría la función mientras tanto el Congreso de la Unión designara al sustituto. Su mandato no podría exceder de 60 días naturales (artículo 84 constitucional).

Cuando el Congreso de la Unión asume la facultad de designar a un presidente sustituto, la elección no la hace libremente; tampoco en acatamiento de instrucciones contenidas en un “testamento político”. El artículo 82 constitucional limita su arbi-

Acefalía y suplencia presidencial

trio. No puede elegir a ningún secretario de Estado, subsecretario, militar en activo o gobernador de alguna entidad federativa. El precepto no prevé excepciones.

Los requisitos, detalles más, detalles menos, han existido desde 1927; a pesar de ello, a la muerte de Álvaro Obregón, en violación del mandamiento constitucional, fue designado por el Congreso de la Unión como presidente interino el licenciado Emilio Portes Gil, gobernador, en ese entonces, del estado de Tamaulipas.

En septiembre de 1932 fue elegido por el mismo Congreso de la Unión, actuando como colegio electoral, Abelardo L. Rodríguez, quien se desempeñaba como secretario de Guerra y Marina. De nuevo se violó la Constitución.

Los dos nombramientos se hicieron en razón de que había un jefe máximo: Plutarco Elías Calles, y no había respeto a la ley ni un INE ni un Tribunal Electoral que lo impidieran. En la actualidad, si el Congreso de la Unión actuara en violación de la Constitución, y en particular del artículo 82, la eventual elección podría ser impugnada ante esas autoridades: estaría de por medio un acto electoral, no una designación.

Por razón de las limitantes que derivan del artículo 82, de faltar AMLO, por no haberse retirado con una anticipación de seis meses antes de la fecha en la que el Congreso de la Unión haga la eventual elección, estarían imposibilitados para ser presidentes sustitutos Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Luis Crescencio Sandoval, Alfredo del Mazo, Tatiana Clouthier y otros secretarios, subsecretarios, gobernadores o militares.

Lo anterior abre la posibilidad de que Ricardo Monreal llegue a la Presidencia con carácter de sustituto hasta el 30 de septiembre de 2024. Él no tiene impedimento para ocupar el cargo. Si él llega a la Presidencia, adiós a las aspiraciones de Claudia Sheinbaum. De darse ese supuesto, sería bueno que se fuera preparando para las auditorías que se le vendrían encima.

En la elección del sustituto se pudieran presentar algunas dificultades, entre otras, que la designación debe hacerse en forma perentoria, ya que Adán Augusto López Hernández no puede permanecer en el cargo indefinidamente.

Para que el Congreso de la Unión se constituya en Colegio Electoral se requiere la presencia de las dos terceras partes del número total de los miembros de cada una de las Cámaras que integran el Congreso de la Unión. Morena, en el Senado, no tendría dificultad para cubrir ese quórum especial; en cambio sí la tendría para alcanzarlo en la de Diputados. Es en este caso, como lo dije en una colaboración anterior, cuando el peso específico de la oposición se convertiría en determinante. Sería suficiente con que amenazaran con no concurrir al Colegio Electoral para hacer sentir su influencia.

Lo anterior implicaría que los líderes de Morena estarían obligados a negociar con la oposición: escuchar, ceder, aceptar vetos a posibles candidatos y reconocer que todos los miembros del gabinete, gobernadores, jefa de Gobierno y militares en activo están impedidos para ocupar el cargo.

AMLO, por haber abierto la sucesión presidencial con tanto tiempo, ahorcó sus fichas. En los momentos actuales Adán y Claudia, sus principales fichas, están ahorcadas. La llegada de Adán a la Presidencia, aunque fuera por 10 o 15 días, de conformidad con el artículo 83 constitucional, lo imposibilitaría, para siempre, a volver a ocupar el cargo. Si en este momento lo removieran para que no se presente ese inconveniente, tampoco podría ser presidente sustituto, ya que no se habría separado del cargo con la anticipación de seis meses que dispone el artículo 82.

Claudia Sheinbaum tampoco podría ser presidenta sustituta por la misma razón: no haberse retirado con la debida anticipación. Ella, sin el apoyo de AMLO, no contaría mayor cosa. Previamente tendría que acreditar que no se lo impide el artículo 32 constitucional.

Para el caso de falta absoluta de AMLO, en 2022, los astros se alinean a favor de Ricardo Monreal; él no está imposibilitado para ser presidente. Para 2024 las estrellas le son favorables a alguien que tiene las iniciales MEC, salvo que su jefe siga cayendo en picado.

AMLO está en su derecho a hacer todos los testamentos que le vengan en gana, revocarlos y sustituirlos. También puede insinuar a sus partidarios respecto de quién encabece, en el corto plazo, el partido político que organizó: Morena. Hasta ahí llega su derecho. Lo del testamento político es otra de las ocurrencias a las que nos tiene acostumbrados. Nadie le hará caso. No puede pasar por alto lo que dispone la Constitución Política respecto de su sustitución en el cargo; tampoco pretender que lo asuma alguien que se encuentre impedido.

Morena, por ser el partido de un solo hombre, es previsible que se fraccione cuando AMLO falte; al no existir el gluten que une a sus tribus, se dividirá. Los líderes de ellas alegarán ser los legítimos herederos de su líder. Habrá una “cena de negros”. Todos contra todos.

Tenían razón los griegos: Nadie se llame feliz mientras no muera.

Labor periodística y transparencia, aliadas que contribuyen a transformar la vida de las personas

El periodismo y la transparencia permiten conocer el desvío de recursos y tráfico de influencias; eso genera conciencia para combatir la corrupción

INAI

El derecho de acceso a la información y la transparencia en la gestión pública son aliadas de la labor periodística, que, a través de sus investigaciones, impacta a un mayor número de personas y contribuye a transformar vidas, coincidieron la Comisionada Norma Julieta del Río Venegas y los Comisionados Oscar Guerra Ford y Adrián Alcalá Méndez, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). En la presentación del libro Periodismo de Investigación en el Ámbito Local, transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, que se llevó a cabo en Quintana Roo, la Comisionada y Coordinadora de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho del INAI, Norma Julieta del Río Venegas, destacó la utilidad del derecho

El acceso a la información permite a los periodistas serios y comprometidos detectar condiciones que se deben conocer en México de acceso a la información en la labor periodística, como lo muestran los trabajos expuestos en la obra. “En esta obra hay seis casos donde compañeros del periodismo nos relatan interesantes casos emblemáticos, de la manera en que el acceso a la información permite a los periodistas serios y comprometidos detectar bastantes condiciones que debemos conocer en México, gracias a estas herramientas de acceso a la información”, subrayó.

El Comisionado Oscar Guerra Ford destacó que el libro narra diversos casos relacionados con actos de corrupción o abuso de poder, así como las empresas favoritas de los gobernadores, todo ello usando el derecho de acceso a la información como herramienta clave, mostrando la manera en que los periodistas se convierten en aliados estratégicos de la transparencia.

“Tienen un efecto multiplicador, porque, por ejemplo, a la hora que leemos estas investigaciones, también nos impacta, muchas veces causa coraje e impotencia, pero la transparencia gracias a los trabajos periodísticos, permiten que impacte a mucha gente”, subrayó.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez remarcó que el ejercicio del derecho de acceso a la información permite dar visibilidad a la gestión pública, en este contexto, el periodismo se ha convertido en una actividad esencial en todas las democracias, pues contribuye a que las personas tomen mejores decisiones, transformando vidas y realidades.

“La labor periodística y el acceso a la información sirven para detonar y dar a conocer no sólo la función pública, también ejercicios indebidos del gasto público, desvío de recursos, tráfico de influencias y eso genera la conciencia para combatir a la corrupción”, apuntó.

Sandra Romandía, Periodista y Coordinadora de la obra, detalló que hacer este libro significó contar la historia detrás de grandes reportajes y, de alguna manera, explicar como la transparencia y los institutos encargados de velar por ella, tanto a nivel local como federal dan las herramientas para poder hacer la labor periodística y cambiar la vida de las personas, pues al exponer realidades hay esperanza de cambiarlas.

“La transparencia cambia realidades, por eso es tan importante que desde la trinchera que estemos, seamos ciudadanos o reporteros, sigamos apelando a nuestra duda, nuestra curiosidad y escepticismo para estar solicitando información y demostrando cuando las cosas no concuerden; y por otra parte velar porque estos órganos no estén siendo mermados o limitados por los poderes de gobierno”, sostuvo.

Idalia Carrillo Beltrán, Especialista en periodismo y comunicación, destacó que el libro expone el camino de las y los periodistas que llevaron a cabo investigaciones, a través de solicitudes de acceso a la información. “Lo que más me impacta de estos reportajes es que en mucho de los casos se pudieron cambiar vidas, se impulsó la impartición de justicia, se promovieron modificaciones a las leyes y se presionó a las autoridades para cumplir con sus compromisos”, resaltó.

El Periodista Ángel Ramírez Hernández planteó que falta inhibir los intentos de los funcionarios y políticos de reservar la información, para no darla a conocer, como el caso de obras públicas entre las que destacan el Tren Maya o Santa Lucía. “La transparencia y el acceso a la información nos ha cambiado la vida, pero falta aún más hay muchas resistencias”, aseveró.

José Roberto Agundis Yerena, Comisionado del Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo (Idaipqroo), afirmó que “se necesitan periodismo responsable, pero a su vez, los periodistas necesitan herramientas e instituciones que les den acceso a la información, pero, sobre todo, que los protejan”, concluyó. También participó, como moderador, Sergio Octavio Contreras Padilla, Director de Promoción del INAI.

FGR debe entregar averiguación previa actualizada sobre los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa: INAI

INAI

La Fiscalía General de la República (FGR) debe entregar versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación sobre la desaparición de los 43 jóvenes desaparecidos de la normal rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, instruyó el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

“Resolvimos en febrero de 2015, por unanimidad, revocar la respuesta de clasificación que había extendido la PGR y se instruyó, a través de la resolución RRA 5151/14, otorgar acceso a la averiguación previa, integrada hasta ese momento, al actualizarse la excepción de reserva por tratarse de información de hechos que constituyen violaciones graves a los derechos humanos”, recordó el Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.

Al presentar el asunto ante el Pleno, Acuña Llamas destacó que, en su momento, el INAI colaboró con la entonces Procuraduría General de la República (PGR), para que subiera a internet la versión pública sobre los hechos y acontecimientos de Ayotzinapa; sin embargo, en este caso, la persona solicitante requirió a la FGR una actualización de la averiguación.

En respuesta, el sujeto obligado informó al recurrente que las investigaciones respecto a los hechos suscitados el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, en los que 43 alumnos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, es pública y puede ser consultada en el portal oficial de la FGR en el link: https://www.gob.mx/fgr/ acciones-y-programas/expediente-caso-iguala.

Inconforme con la respuesta, la persona que solicitó la información presentó un recurso de revisión ante el INAI, mediante el cual, manifestó que el expediente alojado en el vínculo proporcionado por el sujeto obligado, no se encuentra actualizado.

“Efectivamente, como lo aduce el particular, de la consulta al vínculo electrónico que le fue proporcionado en respuesta se puede advertir que si bien, a través del mismo se pueden consultar 667 tomos, que corresponden a la información requerida, lo cierto es que dicha información no se encuentra actualizada, cuando menos a la fecha de la solicitud. En ese sentido, no es toda la información generada”, indicó Acuña Llamas.

Al analizar el caso, la ponencia del Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas advirtió que de acuerdo con lo dispuesto en la fracción 9 del artículo tres de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), un expediente constituye una unidad documental, por lo que el sujeto obligado no debió seccionar ni parcializar su entrega.

El sujeto obligado no señaló algún impedimento para no poner a disposición del peticionario la totalidad del expediente, sólo mencionó que se continuaría subiendo la versión pública de acuerdo con la capacidad técnica y humana del personal adscrito a la Unidad Especial.

La ponencia no advirtió causa o circunstancia por la cual la capacidad la FGR no pueda entregar la información solicitada, por lo que dicha manifestación por sí misma, no justifica la entrega parcial de lo requerido.

El Pleno del INAI determinó modificar la respuesta de la FGR y le instruyó entregar, en formato electrónico, la versión pública de la totalidad de actuaciones que conforman la averiguación pública de su particular interés, actualizadas a la fecha de la solicitud; esto es, al 7 de octubre de 2021. | Foto @nonalorehedzg03

Consideran en la Cámara de Diputados un desplante que empresas eléctricas no participen en Parlamento Abierto

Cámara dE diPuTados

El diputado Ignacio Mier Velazco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, consideró como una falta de respeto no sólo hacia los legisladores, sino al pueblo de México la negativa constante de empresas como Iberdrola, Águila de Altamira, Energía Valle de México, Saavi Energía y Fisterra Energy, Minera Autlán, Kimberly Clark y Femsa, para acudir al Parlamento Abierto. "La verdad desnuda lastima las mentiras bien vestidas de las empresas eléctricas, es lo que les impide asistir a la Cámara de Diputados para exponer y debatir ampliamente el marco jurídico a modo, planeación del servicio eléctrico con criterios económicos y marginales sobre criterios sociales y de necesidades, corrupción y colusión con políticos sobre auténtica libre competencia, y contratos sucios sobre transición energética", afirmó en un comunicado.

Señaló que estos eran los temas y esos son sus miedos para no asistir al Parlamento Abierto en la Cámara de Diputados.

“Ellos insisten en enviarnos a sus socios y representantes de cámaras empresariales, nosotros vamos a agotar todos los recursos para que asistan los auténticos dueños y directores de estas empresas. No hay por qué temerle a la verdad y a la transparencia”, expuso el diputado federal.

Lo mismo sucede ahora con los opinólogos, hay una especie de conspiración para terminar enviando a cabilderos y evadir su responsabilidad para debatir en los parlamentos abiertos de la Cámara de Diputados.

“Están a tiempo de rectificar; nosotros vamos a insistir en que acudan Enrique Alba Carcelén, CEO de Iberdrola México; José Antonio Fernández Carbajal, director general de Femsa; Marco Fuente, director general de Intergen; Andrés Félix, director de Saavi Energía; Pedro Rivero González, director general de Minera Autlán; Jordi Vich, de GP energía México; Sergio Alcalde, director general de Fortius Electromecánica; Enrique Giménez Sáinz, de Frontera México Generación.

Marcos Ramírez Silva, de Generadora Fénix; Ignacio Engwall, director general de EVM Energía del Valle de México; Bruno Riga, director general de Enerl Green Power; Antonio Carrillo Rule, director general de Arcosa; Juan Guichard, director general de Ammper Generación; Teruo Wakahara, de Electricidad Águila de Altamira; José Arosa, de AES Corporación; y Sergio Ramírez Lomelí, director general de Acciona infraestructuras”.

Ellos han manifestado que enviarán en su representación a la Asociación Mexicana de Energía, a la Cámara Minera de México y al Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo, “pero eso, más que un desaire, es una falta de respecto a la soberanía que tiene esta honorable Cámara de Diputados”, dijo.

“En los foros de Parlamento Abierto ha habido mucha seriedad tanto de los ponentes, de la CFE, como de todas las bancadas que han asistido y forman parte de esta discusión nacional, pero es algo que los grandes dueños de empresas generadoras y consumidoras de energía no entienden, por ello esperamos que puedan rectificar, aún están a tiempo, los estaremos esperando”, puntualizó Mier Velazco.

“La invitación está comunicada con claridad con fecha, formato, metodología. Esperamos que asistan a este ejercicio de diálogo democrático”.

El coordinador parlamentario resaltó que el parlamento abierto ha sido un instrumento útil para confrontar posiciones y encontrar puntos en los que hay divergencias, pero también aspectos que han sido aclarados.

Municipios y alcaldías, obligados a elaborar y consultar atlas de riesgo para la construcción de viviendas

Diputada promueve una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda para establecer dicha obligación, ya que en diversas entidades esos gobiernos son los encargados de otorgar los permisos

Cámara dE diPuTados

La diputada Margarita García García informó que impulsa una iniciativa de reforma a la Ley de Vivienda, con el objetivo de establecer la obligación de municipios y alcaldías de elaborar y consultar atlas de riesgo para la construcción de viviendas, “y así saber si existe algún tipo de peligro para la población”.

“Los municipios y alcaldías deben garantizar la seguridad estructural de las edificaciones y que ésta no se vea comprometida ante desastres naturales, tales como inundaciones, deslaves, hundimientos de tierra, entre otros, que podrían perjudicar y afectar el bienestar de la ciudadanía”, indicó en un comunicado.

La legisladora petista detalló que únicamente el 20 por ciento de los ayuntamientos en el país cuenta con estos mapas, “situación que vulnera gravemente a quien pretende construir, ya que expone sus bienes patrimoniales, además de su integridad física”.

Señaló que, si bien en la ley, el derecho a la vivienda contempla varios ámbitos, desde el jurídico, servicios básicos y de protección civil; no considera la consulta de atlas de riesgo alguno, “por lo que podría ser un instrumento de gran ayuda para designar áreas peligrosas dentro del territorio que se quiera habitar”.

La congresista por el estado de Oaxaca reiteró que, toda vez que en diversas entidades los encargados de otorgar los permisos para construcción son los municipios, es crucial que éstos cuenten con tan importante herramienta para que los futuros habitantes tengan una óptima calidad de vida.

Frente al contexto de erosión democrática que se vive, instituciones electorales deben seguir trabajando por la democracia

Presentan la obra TEPJF. Un Tribunal para la democracia, que expone asuntos jurisdiccionales que dan cuenta de los avances en materia de derechos político-electorales en México

TEPJF

El magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, subrayó que frente al contexto de erosión democrática que se vive no sólo en México, sino a nivel global, las instituciones electorales deben seguir trabajando por la democracia y, en este sentido, el Tribunal contribuye para consolidar el ideal de una sociedad democrática.

Al comentar el libro TEPJF. Un Tribunal para la democracia, que forma parte de una serie de obras conmemorativas por los 25 años del máximo órgano de justicia electoral, el magistrado presidente Reyes Rodríguez afirmó que el Tribunal junto con el Instituto Nacional Electoral son pilares de la construcción democrática y también organismos clave para aplicar la Constitución, como lo demuestran las resoluciones que se analizan en los 11 capítulos de esta obra.

El libro aborda mediante ensayos escritos por magistradas y magistrados, así como de especialistas en la materia, diversas sentencias que han contribuido a la construcción de la democracia y a la edificación del Estado constitucional.

Ante autoridades electorales estatales y miembros de la academia, el magistrado presidente del TEPJF indicó que la política judicial del Tribunal se plasma en sus sentencias, las cuales son decisiones jurisdiccionales que contribuyen a la forma en que se compite y se vive la democracia mexicana.

En el evento, que se llevó a cabo en las instalaciones de la Sala Regional Guadalajara del TEPJF, el magistrado presidente de dicha Sala, Jorge Sánchez Morales, consideró que, a través de esta publicación, sus autores proporcionan un panorama amplio de las líneas jurisprudenciales que contribuyeron a consolidar el Estado constitucional y democrático mexicanos.

Desde su perspectiva, este tomo contribuye de manera primordial al estudio del derecho electoral y deja de manifiesto la forma en la cual el TEPJF es pieza fundamental en la construcción de un México más democrático e incluyente, en tanto que las sentencias que emite, además de buscar la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía, analizan los casos en donde se ven mermados los derechos de los grupos más vulnerables de la sociedad.

Durante su participación, la profesora-investigadora del ITESO, Azul Aguiar Aguilar, destacó que la presentación del libro permite que la ciudadanía pueda acercarse a las sentencias que dictan las magistradas y los magistrados. Resaltó que el evento contribuye a que la ciudadanía comprenda con mayor facilidad el trabajo jurisdiccional que hacen los tribunales para proteger los elementos fundamentales del sistema político, que tiene que ver con la democracia.

La consejera presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, Paula Ramírez Höhne, comentó que las sentencias que se relatan en dicha obra son casos icónicos, por tratarse de resoluciones precursoras que presentan la forma en que las autoridades jurisdiccionales electorales en México contribuyen a que el sistema democrático tenga una convivencia ordenada y pacífica.

Aseveró que los casos que se detallan en esta compilación también revelan el avance en el respeto al pluralismo, a la paridad de género, a la inclusión, al voto libre y a las garantías de autodeterminación de los pueblos indígenas, entre otros aspectos que manifiestan los avances en materia de libertades, alternancia, crítica y democracia.

Tras reconocer el trabajo jurisdiccional de los autores de la obra, el magistrado presidente interino del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, Tomas Vargas Suárez, calificó esta obra como un acierto del TEPJF, pues da cuenta de los criterios que se tuvieron sobre temas complejos y que en su momento fueron muy novedosos.