La protección de datos personales por los suelos

Scar Rodrigo Casta Eda Mart Nez

De nada están sirviendo las leyes de protección de datos personales en México, su regulación en los sectores públicos y privados se ha visto mermada por la invasión de las redes sociales, y a las autoridades encargadas de garantizar su protección tal parece que no les importa nada.

La regulación de la protección de los datos personales ha llegado a tener varios momentos en México, el primero de ellos, con su incorporación en la extinta Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dedicándole varios artículos a este tema hoy olvidado.

Posteriormente, nuestra Constitución Política, agregó un segundo párrafo al artículo 16, para brindar mayor protección a los datos personales, mediante la figura del ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición) del cual se sabe que existen, que obran en datos estadísticos, pero desconociendo su efectividad.

Años más tarde, surgieron la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados, con las cuales pareciera que la protección de los datos personales en México estaría blindada en su totalidad, no sabiendo que con el pasar de los años, serían presa de las redes sociales o plataformas digitales.

Debo aclarar, que la diferencia entre la Ley Federal de Protección de Datos Personales y la Ley General de Protección de Datos Personales, es que la primera tiene aplicación en el sector privado, en tanto que a la segunda, le corresponde el sector público, es decir, solo aplica para las dependencias gubernamentales del orden federal, estatal y municipal.

Cada una de estas leyes, desde su creación han señalado objetivos claros encaminados a salvaguardar la protección de los datos personales, sin embargo, a casi trece y seis años de su entrada en vigor, respectivamente, permanecen intactas, evidenciado el nulo compromiso de las autoridades para ajustarse a la nueva era digital.

Aunque no es propiamente el tema a abordar el día de hoy, daré un ejemplo de la importancia de las redes sociales o plataformas digitales en el ámbito de la transparencia y el acceso a la información, hace más de un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que la plataforma Twitter constituye un medio para que los ciudadanos realicen peticiones a las autoridades, obligando a éstas últimas a darles el trámite correspondiente.

Entonces, si en materia de transparencia y acceso a la información ya se dio ese paso involucrando a las redes sociales en el ejercicio de este derecho, cabe hacerse la pregunta, ¿Por qué no ha sucedido lo mismo en la materia de protección de datos personales, es decir, sancionando el uso indebido que se hace de ellos por parte de los sectores públicos y privados -sobre todo privado- , a través de las redes sociales? Pues resulta que la respuesta puede o no ser muy sencilla.

Sucede, que las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.) se han aprovechado de los vacíos legales de las leyes de protección de datos personales para destapar la privacidad de miles personas sin obtener su consentimiento, vacíos que además, han favorecido en gran medida a los sectores públicos y privados, lucrando con todo tipo de datos personales, sin importar el nivel de privacidad de cada uno de ellos.

En Aguascalientes -como seguramente en cualquier otra entidad de la república mexicana- ocurren cosas muy extrañas en el tema de la NO protección de los datos personales y más si se trata del uso inadecuado que hacen de ellos los sectores privados, concretamente con los medios informativos digitales de corte policiaco.

Este tipo de medios informativos, pueden no sólo lucrar con los datos personales, sino también desentrañar lo más profundo de la privacidad de las personas, sin importarles las consecuencias que esto pueda generar, pero si las ganancias que puedan obtener gracias a la indebida difusión de los datos personales, ello gracias a esos grandes vacíos de las leyes de protección de datos personales.

Por ejemplo, hace apenas unos días se dio a conocer en esos medios policiacos digitales (Facebook) una nota titulada “ Vinculan a proceso a Alfredo N. por no pagar pensión alimenticia” en la cual se mostraba la imagen de una persona del sexo masculino con una cintilla negra que cubría sus ojos. Evidentemente, se sabe de quién se trata y lo que ahora sabemos de su vida “privada” es que tiene problemas con la justicia por incumplir sus obligaciones de asistencia familiar.

Otro ejemplo, ocurrió con otra nota que decía “Se les olvidó ir por su hijo de 10 años a la escuela” mostrando una imagen del menor de edad, procurando no se viera su rostro, pero sí mostrando el uniforme, el tipo de mochila, en tanto que al interior de la nota se leía en que escuela estudiaba, el nombre de la madre del menor, su edad y domicilio.

Así me la puedo llevar citando uno y otro y otro ejemplo, no obstante, es ahí donde nos preguntamos, ¿Realmente se están respetando las leyes de protección de datos personales o la vida privada de las personas? ¿Será que las instituciones encargadas de garantizar la protección de los datos personales, no se dan cuenta de la difusión indebida que se hace de los mismos? Es evidente que NO.

No hay fórmula mágica para respetar los datos personales o la privacidad de las personas, basta con cumplir con la ley en ambos sectores públicos o privados, es más simple de lo que parece, datos personales o vida privada no es sinónimo de libertad de expresión.

Las personas no estarán sometidas a un mayor escrutinio de la sociedad en su honor o privacidad durante todas sus vidas, sino que dicho umbral de tolerancia deberá ser mayor solamente mientras realicen funciones públicas o estén involucradas en temas de relevancia público.

Suprema Corte de Justicia de la Nación orasesorentransparencia@gmail.com

El estado adolece de abogados y abogadas con perspectiva de género que facilite a las mujeres y otros grupos vulnerables el acceso a la justicia, expuso Mabel Haro Peralta, directora del Centro de Justicia para Mujeres, quien destacó que inclusive hay profesionales del derecho que ejercen violencia vicaria, entre otras.

Destacó que hasta ahora se conocen pocos despachos de abogados que ofrecen esta garantía para sus futuras clientas de tener la formación de litigar con perspectiva de género, y al contrario hay muchos abogados y abogadas que violentan a las mujeres reiteradamente en este afán de defender a su cliente, dejando de lado el sentido ético de su profesión.

Por tal motivo, la funcionaria hizo un llamado a los litigantes, es especial de la materia de lo familiar, a apegarse a las leyes y se actualicen en cuanto a los principios de la perspectiva de género, “son pocos los profesionales del litigio que aún ahora tienen esa formación, aunque poco a poco están abriéndose a este tema, sí es necesario que lo asuman para apoyar a la población y autoridades en una mejor impartición de justicia”, destacó.

Desde su perspectiva, instancias como el Centro de Justicia de las Mujeres van por un rumbo y los abogados en sentido contrario, ya que en reiteradas ocasiones profesionales del derecho se han presentado a esas instalaciones pretendiendo amedrentar a quienes ofrecen el servicio a las mujeres que acuden buscando apoyo, por lo que se ven obligadas a poner límites.

Lamentó que los esfuerzos que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en impulsar la impartición de justicia

Convicciones

por perspectiva de género, de derechos humanos y en protección a los grupos de población más vulnerados como el de la niñez y las adolescencias, personas con alguna discapacidad, de la diversidad sexual, entre otros. Haro Peralta reconoció que algunos despachos, especialmente conformados por mujeres, que aunque aún son pocos, están impulsando fuerte el litigio con perspectiva de género y en derechos humanos, al ser un tema urgente también para juezas y jueces, y en general para todos los operadores de la impartición de justicia de la entidad y el país.

Bajas en el Ejército

Rub N Aguilar Valenzuela

En los cuatro primeros años de la administración del presidente López Obrador, las bajas en el Ejército crecieron en 173% si se compara con el mismo periodo del gobierno de Peña Nieto.

De 2019 a 2022 se dieron 34,027 bajas y de 2013 a 2016 fueron 12,455, que son 21,772 más en lo que va del presente sexenio, según datos oficiales del Ejército.

La forma en que se han dado las bajas en la actual administración es así: 25,083 por rescisión de contrato, 5,833 solicitaron la baja, 2,778 desertaron y 343 fueron retirados por mala conducta.

El mayor número de bajas corresponden a la tropa con 33,718 de estos son soldados 30 850, cabos 1 956, sargento segundo 720 y sargento primero con 192.

Los oficiales son 306 y de ellos 183 son subtenientes, 113 teniente, seis capitán segundo y cinco capitán primero. Y en el grado de jefes son tres bajas de mayor.

En diversas zonas del país se sigue viendo al Ejército como una alternativa para obtener un empleo seguro, pero cada vez son menos los que aceptan malos tratos o aguantan la disciplina a la que se les somete.

Hay un grupo que solicita la baja por sobrecarga de trabajo y el tipo de las misiones y operaciones terrestres en las que deben participar. Hay estudios del tema que explican el aumento exponencial de las bajas de un sexenio a otro, porque en el actual hay mayores responsabilidades y cargas de trabajo.

La manifestación de días atrás de familias de militares en activo y de quienes dejaron el Ejército expresan que hay descontento dentro de la institución, y que se da en los diversos niveles de la estructura.

Las personas que intervinieron en ese evento señalaron que en el Ejército no se toma en cuenta las condiciones personales de los elementos que lo integran. Los mando no escuchan.

Dieron a entender que en el Ejército se dan de manera constante prácticas autoritarias y deshumanizantes, el personal no se siente bien tratado.

El que haya aumentado en 173% las bajas en el Ejército de un sexenio a otro no es un dato menor y las autoridades militares y civiles deben una explicación.

@RubenAguilar

Además de contrarrestar la injusticia y sufrimiento que enfrentan niñas, niños y adolescentes, a quienes dejan en estado de vulnerabilidad porque alguno de los padres de forma irresponsable, no le proporcionó los medios necesarios para su subsistencia; la reforma que de manera reciente aprobó el Pleno del Congreso de Aguascalientes, representa la lucha para acabar con la violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos públicos o privados, además de que fue diseñada también para sancionar e inhibir actos de corrupción en el servicio público, así lo resaltó una de las autoras de la llamada Ley 3 de 3, diputada Laura Ponce.

En este sentido, la legisladora del Grupo Parlamentario del PAN del Congreso de Aguascalientes, afirmó que esta reforma pretende también que los mejores perfiles ocupen los diversos cargos en la administración pública, en beneficio de las y los gobernados.

Laura Ponce señaló que la ‘Ley 3 de 3’ además rompe el paradigma no solo de violencia 3 de 3 contra las mujeres, en una integralidad, vela además por el interés superior de la niñez, el adecuado funcionamiento del Estado en su conjunto, y la actuación ética y responsable, cuyos principios y directrices rigen la actuación de los servidores públicos.

De esta manera, la legisladora Laura Ponce hizo énfasis que a su iniciativa se adhirieron 12 diputadas y diputados, esto con el único propósito de impulsar un marco legal que propicie gobiernos de calidad, transparentes y con altos valores de servir. La representante popular subrayó que esta ley aplica de forma igualitaria para mujeres y hombres, pues “aquellas personas que hayan sido sentenciadas o sentenciados por ser deudoras u deudores alimentarios o por hechos de violencia, una vez que hayan cumplido el plazo de sus sentencias, tendrán el derecho a ser elegibles para los diversos cargos de la administración pública”.

Como parte de las actividades por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, las Comisiones unidas de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias y de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género, que presiden las congresistas Gladys Ramírez y Juanis Martínez, en ese orden, organizaron el “Parlamento de Mujeres Migrantes y Mujeres con Discapacidad”, espacio cívico a través del cual se escuchar y visibilizan sus planteamientos y necesidades a las que se enfrentan estos sectores sociales.

El parlamento está dirigido a mujeres que tienen una condición de migrante, un familiar de persona migrante o con alguna discapacidad; entre las participantes también se encuentran mujeres de otros países como Siria, Argentina, Venezuela y Haití.

Teniendo como escenario el Vestíbulo de Palacio Legislativo, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Equidad de Género de la LXV Legislatura del Congreso de Aguascalientes, Juanis Martínez, al hacer uso de la palabra agradeció la participación y presencia de las 27 mujeres electas para este Parlamento, al tiempo que afirmó que estos encuentros son de suma importancia para las legisladoras, y un diagnóstico previo, se formulan las iniciativas que enriquecerán los marcos normativos vigentes.

En su oportunidad, la legisladora Ana Gómez, presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología manifestó que este tipo de ejercicios democráticos son de gran trascendencia porque se visibiliza el papel de la mujer en sus diferentes facetas, a la par que reconoció que esta legislatura es paritaria, “gracias a la lucha de aquellas mujeres que han peleados por nuestros derechos”; ante las participantes, recalcó “ustedes son la voz de las mujeres que no han podido levantarla aún”.

A su vez, la diputada Nancy Gutiérrez, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, tras agradecer la participación de las mujeres en este parlamento, en su mensaje, les aseguró que las diputadas estarán escuchando en las diferentes mesas de trabajo y de voz de las mujeres, las problemáticas que enfrentan a diario, así como sus experiencias de vida, esto con el propósito de poder formular diversas iniciativas que generen mejores condiciones de vida a la población.

Asimismo, la diputada Leslie Figueroa Treviño, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, reconoció que para que sucedan los hechos es necesario hacer equipo, pues “las diputadas tenemos el deber de escuchar a los diversos sectores sociales y aprender de ellos”, por eso la importancia de realizar estos parlamentos que son espacios en los que se escuchan las experiencias y necesidades la población y para ello “necesitamos escuchar sus experiencias de vida para poder construir políticas públicas que generen un progreso social para la población”.

Por último, la legisladora Gladys Ramírez, presidenta de la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias aseguró que siempre se obtienen mejores resultados cuando se trabaja en equipo, por lo que manifestó que el Congreso de Aguascalientes mantiene las puertas abiertas para trabajar de la mano con los diferentes sectores de la población para así generar mejores condiciones de vida a la sociedad.

Durante el primer día del parlamento, las mujeres diputadas abordaron los temas de seguridad, educación, acceso a las tecnologías, igualdad, derechos humanos, migración, salud, medio ambiente, familias y desarrollo económico; mañana miércoles 15 de marzo las participantes de este parlamento emitirán dictámenes en comisiones, para posteriormente, debatirlos y proceder con su votación en el Recinto Oficial Soberana Convención Revolucionaria de Aguascalientes.