celebra restitución de Edmundo Jacobo al INE

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, se unió a las voces que celebraron la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del Instituto Nacional (INE).

Edmundo Jacobo, había sido destituido de su cargo –al que llegó en 2008— luego de la entrada en vigor, el 1 de marzo, del llamado Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sin embargo, al día siguiente el INE inició un “juicio electoral” con el fin de mantener en su cargo a Jacobo Molina y el 9 de marzo un tribunal federal ordenó reinstalarlo y frenar temporalmente la ejecución de la parte del Plan B de la reforma electoral por la que se ordenó su cese del cargo.

El líder nacional del PRI celebró la resolución del tribunal que restituyó a Jacobo Molina y afirmó que representa “un paso más en favor del respeto al estado de Derecho, vulnerado por el Plan B de Morena”.

Moreno Cárdenas dijo que hoy “no estamos en un momento de normalidad democrática” pues “hay un gobierno autoritario que quiere romper el régimen democrático” y los priistas de todo México están listos -dijo- para defender las instituciones y la democracia.

Celebro la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del @INEMexico, lo cual representa un paso más en favor del respeto al estado de Derecho, vulnerado por el Plan B de Morena. ¡La defensa de la democracia es una lucha de todos! @alitomorenoc

En su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador criticó la suspensión provisional concedida al funcionario del INE desde el Poder Judicial, y afirmó que “que son lo mismo”.

López Obrador luego se refirió en los siguientes términos a quienes aplaudieron la medida en favor de Jacobo Molina: “Pero, además, todos sus achichincles y amigos y socios aplaudiéndole, y los medios de información todos celebrando porque ‘se había reivindicado a la democracia’. Una gente que ha tolerado fraudes, que está por eso ahí, completamente antidemocrático, pero pertenece a la camarilla que ha manejado el INE durante mucho tiempo”, dijo el mandatario quien criticó el sentido de triunfo que dio la oposición a la resolución.

Lo difundieron “como un triunfo, o sea, ‘la primera derrota del plan B’. Pues me llena de orgullo el perder así. No se dan cuenta, porque no tienen autoridad moral, lo que les interesa es el dinero y el poder por el poder”, subrayó.

/ Diana lastiri

Después de que al menos cuatro ministros de la SCJN se pronunciaron a favor de que civiles puedan ser llamados a comparecer como testigos o peritos en juicios militares, el ministro Luis María Morales retiró su propuesta de invalidar dicha posibilidad y anunció que presentará un nuevo proyecto el próximo 27 de marzo en el que incorporará aspectos de interpretación del fuero militar.

Por lo menos cuatro ministros se pronunciaron a favor de que civiles puedan ser llamados a comparecer en calidad de testigos o peritos en juicios militares.

Sin embargo, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales, quien propuso invalidar esta posibilidad, retiró su propuesta para retomar algunos aspectos de la interpretación del fuero militar y pidió suspender la discusión del asunto para volver a presentar su proyecto el 27 de marzo próximo. “De eso se trata estas discusiones en el Tribunal Pleno, de ir construyendo entre todos, una decisión que pueda alcanzar la mayoría suficiente para establecer un criterio de este Tribunal Constitucional que sea inductor de la condición normativa y de la conducción fáctica de cada una de las autoridades de este país”, señaló.

Los ministros Arturo Zaldívar, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara Carrancá y la ministra presidenta, Norma Piña, señalaron que excluir a los civiles como testigos o peritos en los juicios militares puede tener consecuencias adversas para la impartición de justicia. “Creo que un tribunal válidamente puede citar a un testigo, pero si el testigo voluntariamente no comparece y se tiene que obligar a que lo haga, me parece que aquí sí se requerirá el exhorto y el auxilio de las autoridades civiles, lo que, además, también prevé justamente la normatividad que estamos analizando”, explicó Zaldívar.

El ministro Luis María Morales retiró su propuesta de invalidar dicha posibilidad y anunció que presentará otra ponencia el 27 de marzo

Todos coincidieron en que ni la Constitución ni la Corte o la doctrina interamericana han vetado la posibilidad de que los civiles participen en actos procesales o diligencias de investigación en relación con personas que no forman parte de las Fuerzas Armadas. “Estos actos de molestia no implican la violación al derecho al juez natural, por la simple razón de que los terceros mencionados, no están ni siendo juzgados, ni como víctimas, ni como imputados y la afectación a sus derechos deriva de esos actos de molestia, pero la misma puede ser controlada”, detalló la ministra presidenta, Piña Hernández.

Aguilar Morales necesitaba ocho votos para que su propuesta fuera avalada y los artículos reformados del Código de Justicia Militar y del Código Militar de Procedimientos Penales, que establecieron un nuevo sistema de justicia penal militar similar al sistema penal acusatorio, fueran declarados inconstitucionales.

Aguilar señaló que, en interpretación del artículo 13 constitucional, no es válida la participación de civiles en juicios militares “con independencia de la calidad con la que cuenta en el proceso o la razón por la que a juicio de la autoridad militar el particular tenga relación con los hechos que originaron dicho proceso penal”.

El pleno del Senado de la República ratificó, con 86 votos a favor, ascensos de diversos grados navales por méritos especiales a vicealmirantes, contralmirantes y capitanes de navío de la Armada de México, otorgados por el presidente de la República.

Con ello, Ramón Zazueta Rojo y Daniel Igmar Lira Bejarano serán capitanes de navío; Sergio Mauricio Garfias Galván, Fernando Enrique Oyarvide Pedrero y Sixto Velasco Cano pasan a ser contralmirantes; mientras que Rene Alberto Canto Oliva y Miguel Rivas Hernández ascienden a vicealmirantes.

El dictamen puntualiza que los elementos se han distinguido por sus servicios excepcionalmente meritorios, al desarrollar acciones puntuales y precisas durante el despliegue del personal operativo y de inteligencia.

La presidenta de la Comisión de Marina, Verónica Martínez García, aseveró que el otorgarles una nueva jerarquía en el instituto armado recoge la esencia misma de la profesión militar, que es contribuir a preservar las condiciones de paz y desarrollo del país, además de servir a la ciudadanía, por lo que esta distinción representa un reconocimiento a su trayectoria. Con este hecho resaltamos el significado que lleva el otorgamiento de su nueva jerarquía, afirmó la senadora del PRI, la cual representa el esfuerzo, profesionalismo y tenacidad desplegada en cada una de sus acciones, que son reconocidas por toda la sociedad.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, del Grupo Plural, denunció que se les informó que este asunto se iba a retirar del orden del día, por lo que su bancada no tuvo los elementos para analizarlo. Además, dijo que el Senado no ha impuesto un control parlamentario sobre la labor de las Fuerzas Armadas.

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), Ignacio Mier Velazco (Morena), afirmó que la reunión de trabajo que sostuvo la Junta con el titular de la Secretaría de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, fue muy productiva, de diálogo republicano, fraternal, directo y sin ninguna simulación.

En conferencia de prensa, acompañado del funcionario del Gobierno Federal, indicó que dicha reunión es parte de una serie de encuentros que tendrá la JUCOPO con los otros poderes, especialmente con el Ejecutivo, pero también con el Judicial.

En su participación, López Hernández sostuvo que fue un ejercicio de intercambio de opiniones con los representantes de todas las fracciones que coexisten ahora en la Cámara de Diputados.

Destacó que revisaron el estatus del contenido de las iniciativas que el Ejecutivo ha enviado a San Lázaro, entre ellas, la reforma al artículo 33 de la Constitución Política, de la cual, aseguró, hay la intención de construir un consenso.

Detalló que el espíritu de dicha reforma constitucional es que haya pleno respeto en el territorio nacional a los derechos humanos, a la libertad de expresión y a la libre manifestación de las ideas, tanto de quienes son mexicanos por nacimiento y de los extranjeros que vienen al país, a fin de que nunca más haya un perseguido, expulsión o el inicio del procedimiento.

Asimismo, dijo que abordaron el tema de la Ley de Aviación Civil y Ley de Aeropuertos y que acordaron mantener con mayor facilidad estas comunicaciones.

Expropiación Petrolera, al Zócalo capitalino “tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento y no hacerlo sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen, y claro que vamos a asistir”.

Mencionó que varias diputadas y diputados van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes, y con ello “algunos de los compañeros que quieren venir y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados”.

A su vez, López Hernández explicó que la marcha es un acto cívico en conmemoración de un aniversario más de la Expropiación Petrolera, que “es uno de los momentos cumbre en la historia nacional. Eso es lo que los mexicanos vamos a festejar el 18 de marzo en el Zócalo, a las 5:00 de la tarde, vamos a acompañar al Presidente de la República”.

El pleno del Senado aprobó -con 84 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones-, el proyecto de decreto por el que se declara “2023 año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”.

Las y los senadores respaldaron la minuta que envió la Cámara de Diputados al Senado. El dictamen plantea que en toda la documentación oficial de la Federación y de los estados, durante el presente año, deben incluir dicha leyenda.

Además, establece que la Secretaría de Gobernación, en coordinación con los poderes Legislativo y Judicial, así como los órganos públicos autónomos, llevarán a cabo un programa de actividades para conmemorar la vida y obra de José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Francisco Villa.

En el dictamen se destaca que esta propuesta es viable y oportuna, pues se cumplen 100 años de la muerte del Centauro del Norte. Lo anterior, destacaron los legisladores, en virtud de que se trata de uno de los personajes más trascendentes de la Revolución Mexicana, cuya figura será recordada por ser un defensor de la democracia y la no reelección.

Calificaron a Francisco Villa como un soldado incansable, un formidable estratega, un “defensor a ultranza de los pobres y, sin duda, uno de los precursores de las grandes batallas”, por lo que es pertinente destacar su legado, compromiso con los pobres y para construir un país equitativo y justo.

Recordaron que Francisco Villa no sólo contribuyó con su ejército al rápido triunfo de la Revolución, gracias a sus habilidades como caudillo, sino que también se demostró su compromiso con el pueblo cuando gobernó provisionalmente el estado de Chihuahua, al dictar diversos decretos en materia hacendaria y sobre la devolución de tierras en beneficio de las mayorías chihuahuenses.

Rafael Espino de la Peña, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, destacó el papel e importancia de Francisco Villa en la época de la Revolución, pues buscaba cambios reales para defender a las instituciones que conformaron en aquel entonces al Estado mexicano.

José Ramón Enríquez Herrera, de Morena, propuso que el 20 de julio de este año se exhumen los restos de Francisco Villa, con el objetivo de que transiten por la ruta villista para honrar su legado.

Por Acción Nacional, José Alfredo Botello Montes consideró que es bueno reconocer a los héroes que han realizado acciones por su pueblo. Asimismo, señaló que el Ejecutivo no esperó a que el Congreso aprobara esta propuesta, pues desde el inicio de este año, el presidente de la República asumió como un hecho este proyecto de decreto.

Alejandro González Yáñez, del PT, hizo un exhorto a las comisiones de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, para aprobar el dictamen que busca inscribir, con letras doradas y en el Muro de Honor del Senado, el nombre de Francisco Villa. Este proyecto de decreto fue enviado al Ejecutivo Federal.

López Hernández comentó que escuchó las inquietudes de las y los diputados respecto de algunas iniciativas, como la reforma constitucional para reducir la edad para la elección de las y los diputados federales, que pasaría de 21 a 18 años, así como la de penalizar que el crimen organizado intervenga en procesos electorales, las cuales van por consenso.

En otro tema, Mier Velazco aseveró que la marcha a la que convocó el Ejecutivo Federal, el próximo sábado 18 de marzo, en el marco de la conmemoración de la

Sobre las acciones de inconstitucionalidad que se han anunciado en contra de la reforma electoral, denominada “Plan B”, por parte de la oposición y de funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), López Hernández dijo que estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si hay o no constitucionalidad. “Nosotros creemos que sí la tiene”.

Cuestionado sobre si hay conflicto de interés en perfiles muy cercanos a la 4T que podrían ser consejeros del INE, el funcionario opinó que no hay tal, ya que cualquier ciudadano o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente y constitucionalmente establecidos puede participar en la posibilidad de serlo.

Avala Senado dictamen que armoniza LFT con lenguaje incluyente

El pleno del Senado de la República aprobó, con 84 votos a favor y una abstención, una reforma para incorporar el lenguaje incluyente a la Ley Federal del Trabajo. Con este dictamen, se sustituyen en este ordenamiento los términos “patrón” y “trabajador”, por la “persona empleadora” y la “persona trabajadora”.

En el documento, las y los senadores refirieron que el lenguaje incluyente y no sexista es un medio para promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros, visibilizar a las mujeres y otros grupos sociales, así como prevenir la violencia y discriminación contra cualquier persona. Además de que considera hacer explícita y visible la condición femenina y masculina, o en todo caso, cuando lo amerite y sea posible, utilizar un lenguaje neutro.

Este tipo de lenguaje busca eliminar todo tipo de expresiones y palabras que ofenden o discriminan a las personas, que reproducen estereotipos de género o minimizan y frivolizan la violencia contra las mujeres. Utilizar lenguaje incluyente y no sexista, mencionaron, no eliminará de forma inmediata la desigualdad entre mujeres y hombres; sin embargo, es una importante y efectiva herramienta para que las mujeres y los grupos de población históricamente excluidos sean visibles y nombrados correctamente.

Al presentar el dictamen, Marcela Mora Arellano, del PES, dijo que la inercia de la progresividad de los derechos en nuestras leyes lleva a armonizar los instrumentos desde la mirada crítica de lenguaje incluyente. Comentó que la utilización del masculino genérico oculta la presencia de las mujeres y hace parecer que sólo los hombres cuentan o existen, por lo que es importante usar las alternativas que tiene nuestro idioma para expresarnos de forma incluyente.

Después de repetidas visitas a Palacio Nacional para hablar sobre temas de seguridad de la agenda bilateral, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, afirmó hoy que México es un “socio crucial” en combate al fentanilo, y resaltó los esfuerzos que despliega el gobierno estadunidense de Joe Biden en el combate contra el fentanilo y el tráfico de armas, con el mensaje de que la política “la iniciamos en casa”.

En una declaración difundida por la Embajada de Estados Unidos, Salazar resaltó por ejemplo que la administración Biden invirtió más de 42 mil millones de dólares en 2022 para enfrentar la epidemia de sobredosis del fentanilo, y destinó otros 30 mil millones de dólares en atención al tratamiento de adicciones y de la salud mental. Respecto al combate al tráfico de armas, tema que el gobierno mexicano colocó en el centro de la agenda bilateral, Salazar informó que las autoridades estadunidenses decomisan más de 600 mil armas al año, tres veces más que antes, y que ahora se castiga el tráfico de armas con penas de hasta 25 años de cárcel.

En semanas recientes creció la presión en Estados Unidos para acentuar el combate contra el fentanilo, lo que llevó a Washington a elevar sus exigencias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador por combatir el tráfico de este opiáceo sintético, que causa más de 100 mil muertes por sobredosis al año en Estados Unidos.

Salazar se ha reunido en repetidas ocasiones con López Obrador, y la semana pasada Biden mandó una delegación a México para acordar un incremento de la cooperación en el combate al tráfico de fentanilo. En el marco de estas pláticas, el gobierno mexicano ha resaltado que sus autoridades han decomisado más de seis toneladas de fentanilo, y que la lucha contra los grupos que trafican el opiáceo costó la vida de más de 75 elementos.

En materia de seguridad, el gobierno mexicano ha exigido una relación bilateral recíproca, en la cual México se compromete a combatir las redes de traficantes a cambio de que Washington luche contra el consumo y contra el tráfico de armas, que alimenta el poder de fuego de los grupos criminales de este lado de la frontera.

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), dijo que estarán atentos a lo que resuelva la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre si hay o no constitucionalidad en el Plan B de la reforma electoral impulsada por el del presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros creemos que sí la tiene”, dijo López Hernández después de reunirse con la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) de la Cámara de Diputados. En conferencia de prensa, y cuestionado sobre si hay conflicto de interés en que perfiles muy cercanos a la Cuarta Transformación lleguen a ser consejeros del INE, López Hernández opinó que no hay tal, ya que cualquier ciudadano o ciudadano mexicano que cumpla con los requisitos legalmente y constitucionalmente establecidos puede participar en la posibilidad de serlo.

Al funcionario federal se le preguntó sobre la reincorporación de Edmundo Jacobo como secretario ejecutivo del INE, luego de que una juez le concediera suspensión definitiva tras su remoción, que fue ordenada por el Plan B.

– Ayer (13 de marzo) ya se reinstaló a Edmundo Jacobo. ¿Se piensa desde la SEGOB trabajar con el Poder Legislativo para profundizar la Reforma Electoral, hacer cambios ante las acciones de inconstitucionalidad que han estado anunciando? –se le preguntó al funcionario.

– No está en la agenda del secretario de Gobernación o del Ejecutivo el que se pudieran hacer algunas otras adecuaciones legales, el Congreso de la Unión ya votó una reforma electoral en materia de leyes secundarias – respondió el titular de SEGOB.

“Nosotros sostenemos que (la reforma) está dotada de constitucionalidad plena y estaremos atentos a lo que resuelva la Corte respecto de las acciones de inconstitucionalidad que han presentado tanto grupos parlamentarios como algunos funcionarios del Instituto Nacional Electoral”, dijo López Hernández.

Sobre la reunión con legisladores, López Hernández sostuvo que fue un ejercicio de intercambio de opiniones con los representantes de todas las fracciones que coexisten a hora en la Cámara de Diputados.

El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés Mendoza, admitió que en 2015 tuvo un contrato con empresas relacionadas a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad recién declarado culpable de cargos por narcotráfico.

Un millón de pesos fue el monto de lo contratado por el PAN y el registro de la operación, presuntamente la única, quedó asentado en las cuentas de fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE). “Sí hay un contrato que hizo Acción Nacional, de (hace) más de 8 años de prestación de servicios, para el área de recursos humanos. Tal cual así se reportó, no existe ningún otro contrato con ninguna empresa de García Luna”, dijo el líder panista en una videoconferencia.

Sin embargo, Cortés Mendoza derivó al asunto a las descalificaciones que emite contra su partido el presidente Andrés Manuel López Obrador. “Nosotros no teníamos conocimiento de ello, pero parte de la persecución y este intento desesperado por desprestigiar a la más firme oposición de nuestro país es eso que el presidente ha ido señalando”, expresó.

La dirigencia nacional del PAN mantuvo un largo silencio desde el inicio del proceso contra García Luna y solo, ante la decla- ratoria de culpabilidad del 22 de febrero, fijó una postura de aplicar la ley a quien lo amerite y asegurar que el exfuncionario jamás fue militante del blanquiazul.

Como se recordará, García Luna fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón, mientras que en el de Vicente Fox fue el jefe de la Agencia Federal de Investigaciones. Esto es que se encumbró durante las dos presidencias de extracción panista.

Pese a los deslindes, el pasado 9 de marzo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez Álvarez, dio a conocer durante la conferencia de prensa presidencial, que había investigaciones abiertas en México, en relación a la red empresarial tejida por el exfuncionario de la seguridad. En concreto, Gómez informó que la empresa Glac Security Consulting, Technology and Risk Management Inc, tuvo contratos con el PAN, por un monto de un millón 160 mil pesos en 2015.

Dicha información fue admitida hoy por el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés. Por la fecha, el contrato tuvo que celebrarse durante la presidencia nacional del PAN de Ricardo Anaya Cortés, quien sería candidato presidencial en 2018 y actualmente se encuentra autoexiliado para evitar actuaciones judiciales por cargos relacionados con actos de corrupción.

Ignacio Mier, coordinador de Morena en San Lázaro, sostuvo que diputados de su partido “van a destinar parte de su dieta” para estar presentes en la concentración del 18 de marzo “y con ellos algunos compañeros que quieren venir”. No acudir sería “una omisión a los rituales” de la 4T, consideró. Diputados de Morena pondrán de su bolsillo para el traslado de militantes y simpatizantes de ese partido a la concentración que encabezará el presidente Andrés Manuel López Obrador el próximo 18 de marzo, manifestó el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ignacio Mier.

Oficialmente la convocatoria es para conmemorar el 85 aniversario de la expropiación petrolera. Diputados, alcaldes, gobernadores y líderes morenistas han difundido en sus redes sociales que la invitación es para acompañar al presidente López Obrador en dicha celebración. “Claro que vamos a asistir ahí, y seguramente, tengo conocimiento que, porque me lo han hecho saber varias diputadas y diputados, que van a destinar parte de su dieta para poder estar presentes y con ellos algunos de los compañeros que quieren venir también y que solidariamente apoyan su traslado las y los diputados”, expresó.

Mier justificó así el traslado de simpatizantes al zócalo capitalino: “La celebración de la marcha, el sábado, es algo que tiene que ver con la esencia de nuestro movimiento, con la expresión viva de nuestro movimiento, y no hacerlo sería una omisión a nuestros rituales que le dieron origen a este gran movimiento social. Permanentemente defendemos los principios, los valores y el programa de la Cuarta Transformación. No puede haber Cuarta Transformación, no se puede plasmar en los hechos, si no hubiesen diputadas y diputados”, estimó.

Mier siguió: “De hecho, todas las reformas, tanto legales como constitucionales, ellos las encabezan, son promotores de la soberanía nacional, son defensores de la Cuarta Transformación y tienen un rol político en sus distritos y en sus estados. Independientemente de la figura, del nombre, ellos son protagonistas del cambio verdadero porque son parte de un movimiento”.

La concentración del próximo sábado 18 de marzo convocada para conmemorar el aniversario 85 de la Expropiación Petrolera del presidente Lázaro C árdenas, tendrá lugar tres semanas después de la convocada por la oposición el pasado 26 de febrero en defensa d el INE y contra el llamado Plan B de la reforma electoral.