aPro/Juan omar fierro y neLdy San martín

/ juan omar Fierro y neldy san martín

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que pretendieron aplazar la realización del proceso consultivo para la revocación de mandato del presidente de la República sufrieron una doble derrota jurídica en apenas una semana, y ahora están obligados a realizar dicho ejercicio de votación, víctimas de su propia trampa jurídica.

Además, ahora deberán escuchar las propuestas del bloque minoritario, que encabeza la consejera Carla Humphrey Jordan, para calcular posibles ahorros y ajustes presupuestales que permitan realizar ese ejercicio de votación.

La Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitieron acuerdos y resoluciones que echaron abajo la pretensión del bloque mayoritario en el INE de posponer la consulta que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador, para utilizar, por primera vez, la figura de revocación de mandato en un proceso electivo.

Acorralado por su fallida estrategia legal, el Consejo General del INE sesionó de manera extraordinaria el 30 de diciembre último y aprobó, por unanimidad, continuar con el proceso de revocación de mandato tras las resoluciones de las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Margarita Ríos Farjat.

En buena medida, el acuerdo adoptado por el INE que pretendía obligar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a aumentarles el presupuesto, para poder realizar la consulta de revocación de mandato, se le revirtió al consejero presidente, Lorenzo Córdova, y a los otros cinco consejeros que apoyaron su propuesta.

El tropiezo del INE comenzó cuando la Cámara de Diputados y la Consejería Jurídica de la Presidencia presentaron por separado controversias constitucionales para impugnar el aplazamiento de la consulta, por lo que ambas instancias obtuvieron suspensiones para dejar sin efecto el acuerdo general del INE, que pretendía posponer dicho ejercicio con el argumento de una “insuficiencia presupuestal”.

Punto Para los consejeros

El propio INE presentó una controversia constitucional contra la determinación de la Cámara de Diputados de no aprobar el presupuesto que ese instituto había solicitado rumbo a 2022, incluyendo los 3 mil 830 millones 448 mil pesos para realizar un posible referendo revocatorio.

Ese recurso fue admitido a trámite, pero el instituto no logró que el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá les concediera una suspensión para frenar el proceso, como anunciaron en una sesión pública, esperando que la Corte les diera la razón. Esa fue su primera derrota jurídica.

Paradójicamente, en esa misma controversia los consejeros del INE lograron una victoria que ha pasado inadvertida hasta para sus críticos.

A la par de que se lamentaban del recorte presupuestal, los consejeros electorales solicitaron conservar sus salarios que están por encima de lo que gana el presidente López Obrador, por lo que impugnaron los topes salariales previstos en la Ley de Egresos, logrando una suspensión para que sigan cobrando sus salarios actuales.

Esa suspensión obedece a los precedentes legales que existen para que no se reduzcan los sueldos en los organismos autónomos, pese a las leyes de austeridad. De manera deliberada, el INE no celebró su pequeño triunfo.

Además de las controversias constitucionales, el INE se enfrentó a un recurso de apelación presentado por el partido Morena contra el acuerdo que posponía la consulta de revocación de mandato, recurso que fue resuelto por la Sala Superior del TEPJF, también con resultados desfavorables para la posición oficial del instituto electoral.

Los argumentos esgrimidos por Lorenzo Córdova –sobre la “insuficiencia presupuestal”– fueron desestimados por los magistrados electorales que votaron de manera unánime por revocar el acuerdo aprobado el 17 de septiembre último por el INE, con el argumento de que éste no tiene facultades constitucionales para suspender la consulta sobre la revocación de mandato, prevista para abril del próximo año.

La Sala Superior del TEPJF fue contundente: la consulta sobre revocación de mandato sólo se puede suspender en caso de que los simpatizantes del presidente Andrés Manuel López Obrador no logren juntar las 2 millones 700 mil firmas de personas inscritas en el padrón electoral, equivalente a 3% del listado nominal de electores y con una representatividad en el mismo porcentaje de 17 entidades federativas.

Incluso, la resolución advierte que el Consejo General del INE ni siquiera intentó acreditar la supuesta “insuficiencia presupuestal” que argumentó para aplazar la consulta de revocación de mandato, por lo que ahora deberán fundar y motivar cualquier solicitud de recursos adicionales que le hagan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Por lo anterior, ordenó al INE agotar la posibilidad de implementar ahorros y ajustes presupuestales para explorar la obtención de recursos financieros que le permitan a ese organismo seguir con el proceso para realizar la consulta de revocación de mandato y así poder garantizar la participación ciudadana.

Revocación de mandato, los balazos que el INE se dio en el pie

SALA SUPERIOR DEL TEPJF ORDENÓ AL INE AGOTAR LA POSIBILIDAD DE IMPLEMENTAR AHORROS Y AJUSTES PRESUPUESTALES PARA OBTENER RECURSOS Y SEGUIR CON EL PROCESO

llamado Para Hacienda

Un consuelo para los consejeros electorales es la determinación de los magistrados del TEPJF para “vincular” a la SHCP a responder una eventual solicitud del INE para lograr una ampliación presupuestal.

Sin embargo, el fallo del tribunal electoral no ordena a la SHCP entregar esos recursos de manera automática, sino solamente a dar entrada a la petición del INE y a responder de manera “fundada y motivada” a dicha solicitud, lo cual deberá hacer en el menor tiempo posible.

Debido a que los magistrados electorales no cuentan con facultades para dar órdenes a la Secretaría de Hacienda en materia presupuestal, le hicieron un llamado para que coadyuve al INE con el fin de garantizar el proceso para realizar la consulta, destacando que también es obligación del gobierno federal, como parte del Estado, garantizar la realización de los ejercicios de votación democrática. | Foto INE

el Plan HumPHrey

Obligados por las resoluciones de la SCJN y el TEPJF a realizar la consulta de revocación de mandato, el INE deberá explorar las propuestas que se había negado a escuchar de la consejera Carla Humphrey.

Cercana a Morena, por su relación personal con Santiago Nieto, extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Humphrey propuso a sus homólogos del INE varias alternativas para reducir el costo del referendo que impulsa López Obrador.

Sus propuestas abarcan desde eliminar el conteo rápido el día de la jornada electoral hasta limitar la producción e impresión de documentos electorales, pasando por la posibilidad de que las actas de escrutinio, de cómputo y de instalación de casillas, entre otras, no se impriman y se recojan en formato electrónico.

Sus alternativas fueron presentadas el 17 de diciembre pasado durante la sesión del Consejo General del INE, en el cual se aprobó la propuesta del consejero presidente de posponer temporalmente el proceso para realizar la consulta por falta de presupuesto.

Las razones presupuestales esgrimidas por el bloque comandado por Córdova, al que se sumaron los consejeros Ciro Murayama, Roberto Ruiz Saldaña, Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, es que el INE había solicitado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo un presupuesto de 3 mil 830 millones 448 mil pesos para realizar un posible referendo.

Sin embargo, el INE lamentó que sólo se le autorizaron mil 503 millones de pesos tras una serie de ajustes a su presupuesto, lo que representa un déficit de 2 mil 327 millones de pesos. Con base en dicho cálculo es que una mayoría de los consejeros electorales determinó aplazar la realización de la consulta.

Pero su apuesta por lograr una victoria jurídica no resistió el análisis de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que el artículo quinto transitorio de la reforma a la Constitución sobre la revocación de mandato señala que, en el ejercicio de sus atribuciones, el INE deberá cubrir el ejercicio de revocación “con base en la disponibilidad presupuestaria para el presente ejercicio y subsecuentes”.

Otra de las razones para aplazar dicho ejercicio de votación, según el consejero presidente del INE, es que en septiembre de 2021 el Congreso aprobó en la Ley Federal de Revocación de Mandato la obligación de que el organismo habilite “la misma cantidad de casillas que fueron determinadas para la jornada del proceso electoral anterior”, equivalente a 161 mil.

Un paralelismo sobre la instalación de casillas, de acuerdo con el costo de la elección federal de 2021, representa un gasto global de 8 mil 200 millones de pesos.

Sin embargo, Humphrey asegura que el costo real de la instalación de casillas fue de 223 millones de pesos, los materiales electorales costaron 334 millones y la documentación electoral fue de 150 millones.

Por lo anterior, propuso estudiar diversos escenarios para reducir los costos y poder realizar la consulta de revocación de mandato, pese al recorte presupuestal, como la instalación de centros de votaciones en escuelas o en los órganos distritales locales, así como la colocación de al menos mil urnas electrónicas.

Además, planteó que el INE desarrolle una aplicación para los teléfonos móviles con los manuales de capacitación de los funcionarios de casilla, y ahorrar así el costo de impresión de los materiales.

Otra de sus alternativas es eliminar el cartel con los resultados de la jornada electoral, que se publica fuera de las casillas al acabar la votación, y reducir las medidas de seguridad en las boletas de votación.

“Lo anterior, en el sentido de eliminar todo aquel material electoral que no sea indispensable para organización de esta revocación de mandato. Repito, la revocación no es un proceso electoral, y así tenemos que verlo”, argumentó la consejera.

También propuso que Talleres Gráficos de México, al ser un organismo descentralizado del gobierno federal, redujera los costos de impresión, o que no cobre por imprimir los materiales y papeletas, como una manera de reducir la carga presupuestal al INE.

Solicitó ajustar la integración de las mesas directivas de casilla, pues la Ley de Revocación de Mandato establece que serán cuatro funcionarios, presidencias, secretaría y escrutador y la suplencia. Sin embargo, lo anterior, dijo, puede reducirse a dos funcionarios del INE y dos ciudadanos electorales.

PRI, al filo de la desaparición

/ José Gil olmos

Ante el pronunciado declive electoral y la acelerada disminución de su militancia, el PRI enfrentará en las dos elecciones de gobernador (Hidalgo y Oaxaca) la opción de corregir el rumbo o quedar reducido a una lucha por sobrevivir como partido político nacional. Los priistas Dulce María Sauri y José Encarnación Alfaro, en sendas entrevistas, cuestionan a la actual dirigencia nacional encabezada por Alejandro Moreno, José Murat y Rubén Moreira por el uso de su instituto “como franquicia” y su falta de compromiso con los militantes.

En tres años ha perdido casi 5 millones de afiliados y en las dos últimas elecciones 10 gubernaturas. El PRI atraviesa no sólo una crisis electoral, también de liderazgo, identidad, militancia y de legalidad por la última asamblea nacional, lo que pone en riesgo su supervivencia, advierten José Encarnación Alfaro Cázares, miembro del Frente Nacional por la Refundación del PRI, y la expresidenta del partido Dulce María Sauri Riancho.

Los dos priistas tratan de no ser catastróficos en su evaluación, pero no pueden evitar los hechos.

De acuerdo con una revisión de los padrones de militantes de los partidos políticos publicados por el Instituto Nacional Electoral (INE), en los comicios federales de 2018 y 2021, 4.9 millones de militantes abandonaron las filas del PRI, lo que equivale a una salida de 78% de sus afiliados.

En cuanto a gobiernos de los estados, en la elección de 2018 perdió Jalisco y Yucatán; y en 2021 se le fueron Colima, Campeche, Baja California Sur, Zacatecas, Tlaxcala, Sonora, Sinaloa y San Luis Potosí.

Ahora sólo le quedan Oaxaca, Hidalgo, Estado de México y Coahuila. Sin embargo, de acuerdo con las mediciones de varias empresas encuestadora, existe un alto riesgo de que en los comicios de 2022 pierdan Oaxaca e Hidalgo y para 2023 sólo Coahuila y el Estado de México serían bastiones del priismo.

A partir de esos datos oficiales, al PRI le quedan sólo 1.2 millones de afiliados para las elecciones de los próximos dos años, en las que se juega su permanencia, sostiene en entrevista la exdiputada y expresidenta nacional del PRI Dulce María Sauri Riancho.

Considera que si en 2022 pierde en Hidalgo y Oaxaca, estados que siempre ha gobernado, en 2023 la elección del Estado de México será vital para el PRI, ya que en caso de ser también derrotado llegará a la elección presidencial de 2024 luchando por mantener su registro como partido político nacional.

A conclusiones similares llega José Encarnación Alfaro, exsecretario de Organización del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, quien encabeza ahora el Movimiento Líder. Esa agrupación junto con Plataforma PRI –formada por Fernando Lerdo de Tejada y Alianza Generacional, representada por José Ramón Martell– integraron a partir del 1 de diciembre el Frente Nacional por la Refundación del PRI, el cual se opone a la actual dirigencia del partido en manos de los diputados Alejandro Moreno y Rubén Moreira.

El exdiputado federal sonorense observa que su partido continúa en declive en las recientes elecciones, descenso que puede acelerarse en las próximas dos contiendas por gubernaturas.

Recuerda que en 2022 viene el proceso electoral para gobernador en seis estados –Oaxaca, Hidalgo, Quintana Roo, Aguascalientes, Durango y Tamaulipas– con la fórmula de las coaliciones, que Alejandro Moreno pretende utilizar para permanecer en la dirigencia y quedarse con la candidatura presidencial para 2024.

Pero al mismo tiempo, señala, esa fórmula facilitará el conteo de los votos aportados por el PRI y evidenciará su deterioro.

“La intención de Alejandro Moreno es de largo plazo: si gana una elección, usarla como pretexto de que entrega buenos resultados; y como su dirigencia termina en agosto de 2023, los estatutos señalan que en caso de que el proceso electoral federal inicie y aún no se hubiese convocado a la renovación de la dirigencia nacional, entonces se concede una prórroga a la dirigencia en funciones. A eso le está apostando.”

No obstante, Alfaro Cázares advierte que los resultados de las elecciones en los próximos dos años no están seguros para que Alejandro Moreno tenga un pase directo a la candidatura presidencial. Por el contrario, dice, se prevé un escenario de derrota, en cuyo caso la militancia va a demandar que Moreno salga de la dirigencia.

Añade que el Frente Nacional por la Refundación del PRI propone una renovación completa del partido para hacer frente a Morena en las próximas elecciones, pero que en la pasada Asamblea Nacional la dirigencia de Alejandro Moreno lo impidió de manera ilegal cuando se estableció que no podían modificarse los documentos básicos y la renovación del Comité Ejecutivo Nacional.

“Si el partido no se refunda, si no cambian su estructura, su forma, sus estrategias y capacidad de vinculación con la sociedad, y su discurso; si no esclarece de manera puntual su alineamiento ideológico, el futuro del partido será de un deterioro gradual y permanente, hasta llegar a convertirse en una franquicia al servicio de los grupos dirigentes, como lo está siendo ahora, como una franquicia al servicio de José Murat, Alejandro Moreno y Rubén Moreira”, señala Alfaro Cázares.

Ejemplo de este manejo, indica, es que en las candidaturas de representación proporcional para las pasadas elecciones se nombró a incondicionales, familiares y secretarios particulares del grupo de dirigentes mencionados y, como nunca en la historia del PRI, 21 integrantes del Comité Ejecutivo Nacional fueron postulados como diputados por esta vía, que no requiere de hacer campaña.

Dulce María Sauri y José Encarnación Alfaro Cázares

Hacia un partido satélite

Tras criticar que la actual dirigencia del PRI maneja ese partido como “una franquicia”, Alfaro Cázares advierte que lo conduce como una franquicia en quiebra, porque está perdiendo valor y rumbo.

Aclara que tras la XXIII Asamblea Nacional, el coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, dijo que el partido es socialdemócrata, pero eso se dijo desde 2008, en la XX Asamblea Nacional, cuando presidía el partido Beatriz Paredes.

Observa que PRD y Morena también se han declarado socialdemócratas, por lo que “el mensaje que se les deja a los priistas es que la cuarta etapa del PRI es Morena”.

Considera que tampoco es cierto que en su partido le estén dando una patada al neoliberalismo heredado, como dijo Moreira. “Es una equivocación –enfatiza– porque el PRI nunca se ha asumido como partido del neoliberalismo económico. Lo único que hizo Moreira fue satisfacer al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha acusado al PRI de un pasado neoliberal.”

Por estas razones, Alfaro Cázares observa un futuro incierto para el PRI: “Puede convertirse en un partido satélite, como el Partido Verde, que lo mismo ha sido aliado del PRI, del PAN y ahora de Morena, orbitando alrededor del poder. Eso nos puede pasar: triste destino para un partido histórico”.

Una situación similar observa la exdirigente nacional priista Sauri Riancho.

Coincide en que 2022 presenta un panorama muy complejo y desalentador para las oposiciones a Morena, en particular para el PRI, porque de las cuatro gubernaturas que mantiene, dos van a elección el próximo 5 de junio, con probabilidades de perder.

A eso le suma los resultados de la elección extraordinaria para el Senado en Nayarit, en la cual el PRI logró sólo 4.8% de la votación, con Salvador Hernández Castañeda como candidato.

“Esto hay que tomarlo con seriedad, no puede ser tomado como algo anómalo y ligero, que puede barrerse para dejarlo debajo de la alfombra”, sostiene la exgobernadora de Yucatán. Lo ocurrido en esa elección en Nayarit es una muestra del poco interés que despierta el PRI entre los electores, señala.

“El abstencionismo de 85% no puede ser una razón de lo que ocurrió en Nayarit, porque ahí el PRI fue el partido que gobernó por muchos años y logró recuperar el gobierno en 2012; ahora tiene ese muy magro resultado electoral... Si no se cuidan las cosas, si no se enfrentan como son, el PRI puede llegar a 2023, que es su última cita antes de la contienda presidencial, en condiciones aún más complicadas desde el punto de vista electoral”. –Usted decía que uno de los riesgos del PRI es que sea absorbido por Morena. –Efectivamente. Un ejemplo claro es Nayarit, donde el voto del priismo era muy sólido, como el zacatecano, hasta que dejó de serlo. La migración de la militancia del PRI hacia Morena, especialmente en estados donde el PRI se desdibujó, es relativamente sencilla de ver, porque Morena representa lo que el PRI fue en muchos sentidos. Al menos esa es la percepción que existe.

“Esos estados donde el priismo era muy duro son los estados donde los militantes se corrieron de manera más rápida hacia Morena. Eso es porque no hay incentivos en la militancia para permanecer en el PRI, el partido no sólo tiene que ir por su militancia en las elecciones, sino también por los grandes núcleos de la sociedad, del pueblo, que son la mayoría de los votantes, principalmente de las clases medias urbanas de las grandes, medianas y pequeñas ciudades del país. –¿Cómo ve entonces el panorama del PRI para las próximas elecciones? Ha perdido militantes y gubernaturas, se está quedando con lo mínimo. –Lo que pase en 2022 es el prólogo de lo ocurrirá en 2023, cuando se jugará todo en el Estado de México. Hay que ser muy claros en ese punto: en la elección de esa entidad el PRI tiene que entrar con buenos candidatos, para poder negociar con las oposiciones, con sus contrapartes. Esas candidaturas sólo las puede sacar del resultado de esta elección de 2022, no puede ser sólo en función de la alianza legislativa, que es importante pero está muy limitada.

Entonces, agrega Sauri, es necesario demostrar que el PRI aporta votos, y para eso el Estado de México es fundamental.

“Si el PRI no logra ganar en la elección del Estado de México, lo que puede ocurrir es que va a estar luchando por su registro en 2024. No quiero ser catastrófica, porque faltan muchas cosas por ocurrir, pero hay que ver que no tenemos un relato del futuro, no tenemos algo que ofrecer.” –¿No puede cambiarse ese escenario? –Sí puede cambiarse, nada es imposible de remontar cuando se sabe qué es lo que se quiere, y esa respuesta tiene que ver con tomar decisiones para el conjunto, no para determinada persona o grupo de interés. Vuelvo a comentar que, aunque suene extraño, en la política la generosidad es una virtud muy escasa en las dirigencias.

Generosidad que, asegura, no se vio en la pasada Asamblea Nacional, que se realizó los primeros días de diciembre y fue encabezada por la triada que controla al PRI: Alejandro Moreno, Rubén Moreira y José Murat.

“Fue una asamblea limitada para cumplir el requisito de informar al INE de qué se había logrado realizar”, señala Sauri, tras advertir que no se abordó el principal reto del PRI: enfrentar la realidad y dejar las glorias pasadas en el pasado.

“Lo que tenemos que hacer es ver hacia adelante, es lograr un relato del futuro, porque seguimos en el pleito del pasado, muy pasado, que es el que el presidente López Obrador pretende establecer. No queremos ni podemos volver a la década de 1970, pero tampoco podemos volver a 2010. El reto principal es construir un relato del futuro, tener una visión clara de hacia dónde queremos llevar al país, que tampoco la tiene Morena. Pero si no hay una propuesta de futuro, difícilmente podemos competir por el voto del electorado”, precisa.

A su vez, Alfaro Cázares señala que Alejandro Moreno y su grupo en el Comité Ejecutivo Nacional realizaron anticipadamente la Asamblea Nacional e ilegalmente impidieron que se discutiera la elección de la dirigencia y los cambios de estatuto, sobre lo cual ya se presentó una denuncia ante los órganos internos y se presentará otra ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

“Alejandro Moreno está fuera de la realidad al querer ser candidato a la Presidencia de la República, porque no tiene unidad en el partido y, en un escenario de derrota electoral este año, la inconformidad va a crecer y será insostenible en la dirigencia nacional”, considera el exsecretario de Organización del PRI.

CONVICCIONES El discurso de un presidente demócrata de izquierda

RUBÉN AGUILAR VALENZUELA

El pasado domingo 19 de diciembre de 2021, el día de su victoria, el nuevo presidente de Chile, Gabriel Boric Font (35), leyó un discurso de nueve páginas a renglón abierto.

Habla bien de él que no haya improvisado. Revela respeto a las audiencias y también al valor que da a las palabras reflexionadas con atención.

Su discurso está muy lejos de ser el de un populista de izquierda como los que hay en América Latina donde más que las ideas, importa la estridencia y la descalificación del adversario. Privilegia la polarización.

El texto revela a un demócrata. Al inicio de su intervención dijo al referirse a la votación: “No importa si lo hicieron por mí o por mi contrincante: lo importante es que lo hicieron, que se hicieron presentes, que mostraron su compromiso con este país que es de todas y todos”.

Agradeció su participación, con nombre y apellido, a todos los candidatos que compitieron por la presidencia. Les dijo que “la democracia la hacemos entre todos, y necesitamos de cada uno”.

Y añadió “el futuro de Chile nos necesita a todos del mismo lado, del lado de la gente y espero contar con su apoyo, sus ideas y propuestas para comenzar mi gobierno. Sé que más allá de las diferencias que tenemos, en particular con José Antonio Kast, sabremos construir puentes entre nosotros para que nuestros compatriotas puedan vivir mejor. Porque los que sí nos une es el amor a Chile y su gente”.

Con sencillez, sin la arrogancia propia de los populistas latinoamericanos, que se piensa que la historia inicia con ellos dijo: “Y sé que la historia no parte con nosotros. Me siento heredero de una larga trayectoria histórica, la de quienes, desde diferentes posiciones, han buscado incansablemente la justicia social, la ampliación de la democracia, la defensa de los DDHH, la protección de las libertades”.

Se compromete, como estadista, a ser “presidente de todos los chilenos y chilenas. De quienes hoy votaron por este proyecto, de quienes eligieron otra alternativa y también de quienes no concurrieron a votar”.

Marca una diferencia fundamental con los populistas supuestamente de izquierda que dividen el país, de manera maniquea, entre buenos y malos. Ellos solo gobiernan para los suyos y no para los demás.

Como demócrata, los populistas de izquierda no lo son, sostiene “que desestabilizar las instituciones democráticas conduce directamente al reino del abuso, la ley de la selva, y el sufrimiento y desamparo de los más débiles. Vamos a cuidar la democracia, cada día, todos los días”.

Y añade “que los avances, para ser sólidos, requieren ser fruto de acuerdos amplios. Y que para durar, deben ser siempre peldaño a peldaño, graduales, para no desbarrancar ni arriesgar lo que cada familia ha logrado con su esfuerzo”.

La primera intervención de Boric Font como presidente de Chile da cuenta de un mandatario, como hijo de la tradición política chilena, que es ante todo un demócrata y que lo es de izquierda.

@RubenAguilar

El líder guerrillero lamentó que, a 28 años del levantamiento armado zapatista, se mantenga el campamento militar que se instaló para combatir al EZLN

“Este gobierno, no el de Zedillo, me respondió con una carta en la que dice que respeta los derechos indígenas, pero quien da la respuesta no es el presidente"

/ Gloria leticia Díaz

En el 28 aniversario del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (ENLN), uno de los fundadores de la organización armada, el comandante Germán, urgió a cambiarle el nombre, porque “ya no es partidario de la guerra” contra el imperialismo, que fue su razón fundacional.

Fundador también de las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) en 1969, que fue la base del EZLN, Fernando Yáñez Muñoz, el nombre real del comandante Germán, hizo un recuento histórico de ambas organizaciones en una entrevista concedida a la historiadora Adela Cedillo, transmitida en vivo en la página de la organización “La casa de todas y todos”.

Su presentación pública a través de redes sociales ocurrió después de que el 17 de noviembre formulara acusaciones contra el Subcomandante Marcos, hoy autollamado Galeano, sobre su rompimiento con las FLN y cuestionara su protagonismo.

Tras dar a conocer un video que data de 1993, en el que las comunidades de Chiapas y la organización militar votó a favor de declarar la guerra contra el “mal gobierno” y el imperialismo, Germán reprochó la decisión de Galeano de deponer las armas, secundada por personajes que han sido nombrados por él como comandantes indígenas, sin tener el reconocimiento de las FLN.

“Si el actual EZLN con ese nombre ya no es partidario de la guerra, tiene que cambiarse de nombre por obvias razones; si es un ejército indígena en beneficio de las comunidades, que se cambie el nombre, ya no va a pelear, ya lo dijeron muchas veces, ‘Nosotros ya no vamos a pelear’. “¿Cuál es la necesidad actual de llamarse de una manera que no corresponde con lo que hacen?”, cuestionó Germán.

El líder insurgente, sobreviviente de la “guerra sucia”, sostuvo que, para las comunidades indígenas y el movimiento indígena, resulta costoso “esa falta de definición, mucho dinero, mucho esfuerzo”, porque se han visto obligados a “cargar en la espalda con un movimiento que se dice armado pero que no está armado, y que les piden dinero para hacer actos, pero a la gente pobre, a los compañeros más pobres que por eso abandonan las filas de ese ejército, porque lo tienen que mantener”.

Según Germán, desde que las FLN fundaron el EZLN en 1983 en Chiapas y algunos años después de la irrupción armada, las comunidades indígenas “lo mantenían y lo apoyaban porque íbamos a la guerra, llegamos a la guerra, se demostró que en eso sirvió el apoyo de los pueblos a la guerra, y ahora no”.

Señaló que como “secretario de guerra” dentro de las FLN, Marcos envió informes a la dirección general de las FLN para sostener que las condiciones estaban dadas para iniciar irrupción armada, lo que fue respetado por la dirigencia, pero “estuvo jugando a decir que iba a haber guerra”.

Agregó que en una carta de abril de “2014 o 2013”, Marcos acusó a la dirigencia de las FLN de que “no le hacen caso y que si se quieren ir, váyanse es una carta basura, (…) pero él utilizó eso para salirse y al mismo tiempo para decir ‘ustedes son los que se quieren retirar’. Eso es falso, nosotros aquí estamos”.

Apuntó que como responsables de la organización político-militar, “tenemos que un cargo una responsabilidad no sólo personal sino a ante los compañeros muertos que votaron un alzamiento y murieron en él, tenemos que tener respeto hacia esos compañeros, a lo mejor a él (Marcos) no le preocupa”.

Al señalar que el subcomandante Marcos y quienes lo acompañaron en la creación de un Frente Zapatista tendrán que responder por sus actos a la organización de la que surgió el EZLN, así como a la sociedad, Germán señaló que quienes fueron nombrados como comandantes indígenas por Galeano, “si quieren participar militarmente, van a tener que buscarse otro grupo porque ese (EZLN) no nos va a llevar a la guerra, aparte de que las condiciones son otras, la guerra no es un juego, hay que pensar y estudiarla, por eso las FLN se tardaron 25 años en declarar la guerra”.

El líder guerrillero lamentó que, a 28 años del levantamiento armado zapatista, se mantenga el campamento militar que se instaló para combatir al EZLN en San Quintín, en territorio indígena, pese a que él personalmente envió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador para solicitarle el retiro de las tropas de la zona indígena, y que convierta el cuartel en escuelas y hospitales.

“Este gobierno, no el de (Ernesto) Zedillo, me respondió con una carta en la que dice que respeta los derechos indígenas y los derechos indígenas, pero quien da la respuesta no es el presidente, sino que es Inteligencia Militar quien dice ‘somos muy buenos’, eso significa que no hay ninguna intención de cambiar”, refirió Germán.

Sobre la contribución de la irrupción armada indígena hace 28 años, Germán recordó que en los años 70, cuando los primeros miembros de las FLN llegaron a la selva lacandona, los hacendados mantenían un control de sobre las comunidades indígenas “semi feudal”, razón por la cual Chiapas fue elegida por la organización guerrillera para fundar un campamento de formación militar y después para que ahí ocurriera el estallamiento del 1 de enero de 1994.

Germán contó que hace 52 años los hacendados chiapanecos “eran los dueños de vidas de los indígenas, ellos hacían lo que querían, era inhumano, eso lo vieron nuestros compañeros, por eso dijeron ‘ahí hay que iniciar la lucha’.

“Ahí (en Chiapas) no había nada más que nacer y morir, y eso se acabó porque un día como hoy se supo que había un movimiento armado que se había levantado en armas y que no se iba a rendir mientras eso no cambiara”, sostuvo.

El comandante Germán urge a cambiarle el nombre al EZLN porque ya no busca la guerra

| Foto Enlace Zapatista

Caso Del Río Monreal vs. Cuitláhuac, el tablero de la guerra

/ flavia morales

José Manuel del Río Virgen, político veracruzano y secretario técnico de la Junta de Coordinación Política en el Senado, pasó la Nochebuena tras las rejas en la cárcel de Pacho Viejo, en Xalapa, y recibirá el Año Nuevo de la misma manera. El juez de Control Francisco Reyes Contreras lo vinculó a proceso por su presunta participación como autor intelectual del asesinato de Remigio Tovar, candidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cazones de Herrera, ocurrido el 4 de junio último, y le dictó un año de prisión preventiva.

Del Río Virgen apareció apenas el 9 de diciembre pasado en la carpeta de investigación del homicidio, explica Jorge Reyes Peralta, quien encabeza su defensa. Antes de esa fecha sólo había dos implicados: Omar Ramírez, jefe de campaña y candidato suplente, y Gustavo N, ambos detenidos en junio último.

De acuerdo con el abogado, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, a cargo de Verónica Hernández Giadáns, sustenta la vinculación contra Del Río en una prueba circunstancial: José Manuel fue quien designó al candidato Remigio Tovar, y luego a Omar Ramírez como su suplente.

José Manuel, dos veces alcalde en Veracruz y exdiputado por Movimiento Ciudadano, es operador político de Ricardo Monreal, senador por Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, así como aspirante a la Presidencia de la República para 2024.

La amistad entre ambos se remonta varios años atrás… En 2012 trabajaron juntos cuando Monreal era el coordinador de la bancada de los diputados de Movimiento Ciudadano y coordinador general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador. José Manuel era secretario técnico del grupo legislativo.

La detención de José Manuel del Río generó una crisis política en Veracruz, que escaló a los más altos niveles de la esfera nacional, con una oleada de críticas al gobierno del morenista Cuitláhuac García Jiménez, por abuso de poder y señalamientos de que la detención es un golpe bajo a Monreal, quien –según encuestas del diario El Universal– tiene 17 % de las preferencias electorales.

Para el propio Monreal, la captura de su colaborador está alejada del principio de legalidad y está construida artificialmente. “El caso sucede en un momento trágico para Veracruz, cuando la persecución política, la maquinación de delitos y las acusaciones infundadas son muy, muy frecuentes”, reclamó.

Los señalamientos tuvieron eco en otros senadores: Dante Delgado, de Movimiento Ciudadano, solicitó la desaparición de poderes en Veracruz; y paralelamente se creó una comisión que él preside, para investigar y documentar los abusos de poder en la gubernatura de García Jiménez, entre ellos, las violaciones al debido proceso en el caso Del Río.

Derechos humanos

La confrontación por la presidencia de Morena entre ambos políticos que representan dos alas del partido –Monreal, con Alejandro Rojas Díaz Durán, y García, con Mario Delgado– tiene su origen en el polémico delito de “ultrajes a la autoridad”, que el gobierno de Cuitláhuac ordenó reformar en marzo de 2021.

El 20 de noviembre último, el senador Ricardo Monreal apareció en sus redes sociales lanzando una crítica contra el gobernador de Veracruz, respecto de que en su mandato se cometen abusos de poder bajo el delito de ultrajes a la autoridad.

El senador se refería al caso de seis jóvenes xalapeños detenidos el 11 de septiembre pasado en una plaza comercial y acusados por ese ilícito por presuntamente atacar con un arma blanca a policías. La situación, advirtió, era fabricada.

Monreal puso el dedo en la llaga porque el delito reconfigurado por el Congreso local, el 11 de marzo último, ya era debate en el estado. Incluso, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y los diputados de oposición interpusieron una acción de inconstitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El delito de ultrajes ya era vigente y establecía la imposición de “seis meses a dos años de prisión y una multa hasta de 40 días de salario a quien amenace o agreda a un servidor público. Con la reforma el castigo se elevó de dos a siete años y obliga a prisión preventiva.

Diez de los colegios y barras de abogados más representativos de Veracruz enviaron al gobernador un exhorto para derogar la reforma y se revise la actuación de las corporaciones policiacas. Uno de los casos más mediáticos fue el del perredista Rogelio Franco Castán, exsecretario de Gobierno, quien fue detenido en 13 de marzo reciente, acusado de violencia intrafamiliar, pero fue vinculado a proceso y se le dictó prisión preventiva por ultrajes a la autoridad.

Franco fue encarcelado en Tuxpan, lo que le impidió tomar su cargo como diputado plurinominal federal por la alianza PAN-PRI-PRD en las pasadas elecciones.

Otro político capturado es Ramón Ortiz Cisneros, líder de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México y representante de Fuerza por México; su captura ocurrió el 23 de marzo en Coatzacoalcos. Se le vinculó a proceso por delitos contra la salud y ultrajes a la autoridad.

Las denuncias contra el gobierno de Veracruz llegaron hasta la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH); y el 7 de diciembre último Monreal realizó un viaje exprés a Xalapa, para visitar a los jóvenes recluidos en Pacho Viejo, elevando el tono de la confrontación.

Desde la puerta de Pacho Viejo, el senador advirtió: “No luchamos para cometer lo mismo que hacían otros gobiernos u otros integrantes del Poder Judicial; me da tristeza que esté sucediendo esto en Veracruz”.

El 15 de diciembre pasado un juez le dio la razón a Monreal y concedió un amparo para la liberación, por falta de pruebas, de los jóvenes; y fijó una fianza de 100 mil pesos.

escaramuza

El senador zacatecano envió el 19 de diciembre último una petición formal al Congreso local para que el tipo penal sea derogado en Veracruz, al considerar que viola los derechos humanos. Pero su petición ni siquiera entró en la correspondencia en las sesiones del Congreso estatal, controlado por la mayoría de Morena.

La tarde-noche del 18 de diciembre pasado, en un acto navideño, el gobernador Cuitláhuac García respondió duramente a las críticas de Monreal y reiteró que su gobierno estaba del lado de las víctimas. “Habrá quien prefiriera defender a delincuentes en lugar de atender cuestiones que le competen en el Senado”.

El legislador replicó otra vez desde las puertas de la cárcel de Pacho Viejo: “¡No, señor gobernador, yo no defiendo delincuentes! Defiendo el Estado de derecho, los principios constitucionales de presunción de inocencia y debido proceso, defiendo a la gente del autoritarismo y de las vendettas políticas, que siempre son injustas.”

Y agregó: “Cuando una persona concentra poderes se acerca a la tiranía. No, señor gobernador, no coincido con su expresión. Soy un hombre recto, no formo parte de su corte de aplaudidores. Le hago una sugerencia respetuosa, que quienes lo rodean y asesoren no actúen sin freno”.

Sobre el 22 de diciembre pasado, cuando policías ministeriales detuvieron a José Manuel del Río mientras viajaba con su familia, procedente de Tuxtepec, Oaxaca, su amigo y abogado Jorge Reyes Peralta explicó que “los ministeriales lo venían siguiendo, esperaron que cruzara Veracruz y lo detuvieron”.

La fiscalía veracruzana detalló que sobre el funcionario del Senado pesaba una orden de aprehensión como autor intelectual por homicidio doloso calificado, bajo el proceso penal 404/2021.

La captura cimbró la escena política nacional y veracruzana. El Senado y la clase política se volcaron en apoyo a Del Río Virgen y llovieron críticas al gobernador y al Poder Judicial y la fiscalía estatales.

De legislaDor a imputaDo

Apenas el 3 de diciembre el canal del Senado hizo un programa especial para reconocer la trayectoria de José Manuel del Río, donde se le calificó como “un legislador del México contemporáneo” y que su trabajo en favor de los ciudadanos representaba una gran satisfacción. Ahí también se hizo alusión a su cercanía con el senador Monreal.

Dos semanas después fue detenido y hasta el momento las pruebas que aporta la fiscalía estatal son “endebles, por testigos de oídas, nada claro”, ha señalado su defensa legal, conformada por ocho abogados, entre ellos Patricia Santana Iglesias, José Isabel Luna Chávez, Leonel Vargas de Ángel y Ricardo Soto Santana.

Una fuente judicial dijo que uno de los testigos contra José Manuel del Río Virgen es el mismo Juan Manuel Uribe Toral, quien asumió el cargo como alcalde suplente, luego de que Omar Ramírez fue encarcelado.

Juan Manuel Uribe Toral, uno de los primeros 30 alcaldes que recientemente anunciaron su incorporación a Morena, es uno de los testigos clave de la Fiscalía de Veracruz, donde sus declaraciones se centran en decir: “Se me hizo raro que yo no fuera el candidato elegido y fuera Omar”.

Contrario a lo que afirma la fiscalía estatal, Sergio Gil Rullán, líder estatal de Morena y encargado del proceso electoral en Veracruz, asegura que Del Río Virgen no tuvo una decisión directa en la designación del candidato sustituto.

En entrevista, reveló que horas después del asesinato (el 4 de junio último) la planilla principal de Remigio Tovar: su suplente, Juan Manuel Uribe Toral; el jefe de la campaña, Omar Ramírez, así como el equipo político de Movimiento Ciudadano se reunieron en Cazones para decidir quién sería el candidato suplente.

En esa reunión se presentaron dos nombres: Juan Manuel Uribe y Omar Ramírez. “Ellos pidieron en un documento firmado que fuera la Comisión Nacional de Elecciones quien decidiera la candidatura, porque ellos no se ponían de acuerdo”.

Gil explica que en ese encuentro estuvo Juan Manuel del Río Virgen, porque forma parte de la Comisión Nacional de Elecciones, pero no tuvo una decisión directa.

Sin embargo, aclara que Juan Manuel del Río Virgen fue quien presentó a Remigio Tovar a Movimiento Ciudadano, apenas hace dos años. “El maestro es un hombre que conoce la región, con su equipo político ganó las elecciones de Cazones, Coyutla, Mecatlán y Espinal” en el corazón de la sierra del Totonacapan, al norte de Veracruz.

Sergio Gil es uno de los testigos de la defensa jurídica de José Manuel del Río Virgen. Se refiere a él como un maestro al que conoció en 2010 cuando era candidato de Convergencia (hoy MC) a alcalde de Papantla (en el norte del estado) y Gil era secretario particular de Dante Delgado, quien por segunda vez compitió para gobernador de Veracruz.

Gil compareció por más de tres horas ante la Fiscalía General. –¿Qué fue lo que le preguntaron los fiscales? –Ellos querían hacer ver cosas que no son; me querían obligar a caer en falsedad de declaraciones, cosa que no sucedió porque tenemos muy claro los hechos como fueron.

Gil Rullán asegura que la intención de la fiscalía estatal es vincular a Del Río Virgen con la designación del candidato sólo por estar presente en la reunión. “Él es parte del consejo que decide, pero también hay otros, no es el único. Cualquiera podría ser, entonces”. Agrega que por ese contexto él carga bajo el brazo un amparo contra alguna orden de aprehensión.

Hasta la fecha se desconoce con exactitud quiénes son los testigos de la fiscalía veracruzana que acusan a Juan Manuel del Río por el homicidio. Gil asegura que Omar Ramírez, quien fue trasladado al penal de Oaxaca, no es un testigo en contra, porque incluso han entablado comunicación con él vía su familia.

A Gil se le hace extraño que Miguel Ángel Uribe, el alcalde electo, no haya sido llamado a declarar. “Yo veo eso extraño, no lo veo acá, él traicionó la memoria de Remigio Tovar al pasarse a Morena, y luego a los electores”.

un golpe para la Defensa

Jorge Reyes Peralta, quien encabeza la defensa de Del Río, reconoció que la resolución del juez de Control Francisco Reyes Contreras fue un duro golpe para ellos. “Trabajamos más de 25 horas para una resolución diferente”.

Durante la audiencia inicial, además de Sergio Gil, otro testigo fue Froylán Ramírez Lara, representante de Movimiento Ciudadano ante el Organismo Público Local Electoral, y dos peritos expertos sobre psicología del testimonio.

Peralta insistió a su salida de la audiencia: “La Fiscalía no tiene una sola prueba ni denuncia contra José Manuel, no hay un testigo que diga ‘él me dijo’ o que él fuera a planear el asesinato. Él no planeó, él no mando a matar a nadie, él no tiene una sola prueba, el juez le hace eco a la fiscalía bajo una conjetura, que le llaman prueba circunstancia”, refirió. El juez también determinó tres meses para la investigación complementaria.

En Morena creen que existen menos pobres en el país

Asegura diputado de Morena que presupuesto 2022 es un instrumento para redistribuir la riqueza

Cámara de diputados

El diputado Ignacio Mier Velazco coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, se dijo complacido de que una vez más el Presupuesto de Egresos de la Federación llegue a quien más lo necesita y con esto se cumpla una máxima de la Cuarta Transformación: “primero los pobres”.

El legislador por Puebla destacó el trabajo que hicieron las diputadas y diputados de la coalición “Juntos Hacemos Historia” para resistir a las “tentaciones de la derecha” de querer enfocar el presupuesto a gastos innecesarios, revivir los moches y generar despilfarro en obras inexistentes o fallidas: “Era una costumbre que, en tiempos del neoliberalismo, las y los falsos legisladores por México avalaran por unanimidad pre-

Cree Ignacio Mier que la coalición Juntos Hacemos Historia resistió a las tentaciones de la derecha de querer enfocar el presupuesto a “gastos innecesarios” Ignacio Mier

supuestos fastuosos, dinero que se iba por el caño de la corrupción y aún así renegaban para solicitar recursos adicionales y aprovecharse de la necesidad del pueblo pobre”, expuso.

Debido a las políticas asistencialistas del gobierno de la Cuarta Transformación, celebró que en este inicio de año ya se haya cumplido uno de los propósitos de Morena y el movimiento: que haya menos pobres; que reciban recursos para que no falte la alimentación; que haya servicios de salud y medicinas gratuitas, y que eso genere esperanza y felicidad para quienes durante décadas padecieron el olvido de gobiernos insensatos.

Detalló que con la aprobación del Presupuesto 2022 la pensión de adultos mayores tendrá una inversión de 150 mil millones de pesos y está garantizado que año con año este programa tenga un incremento del 20 por ciento del monto.

Destacó que de 2018 a 2021 la pensión pasó de mil 160 pesos a 3 mil 100 pesos bimestrales y para este año será de 3 mil 850, lo que significa que durante estos tres años ha habido un incremento de 2 mil 690 pesos en el dinero que recibe la gente que más lo necesita.

También se incrementó el número de derechohabientes, al pasar de 5 millones cuando inició esta administración, y para este mes de enero 2022 el número de beneficiarios llegará a los 10.3 millones de adultos mayores con su pensión.

Aseveró que otros programas que tuvieron un incremento importante de recursos para este 2022 son la Pensión para Personas con Discapacidad, con 20 mil millones de pesos, lo que representa un 16.3 por ciento de crecimiento; el de Jóvenes Construyendo el Futuro, con cerca de 22 mil millones de pesos; el programa de becas con 82 mil 600 millones de pesos; y el programa de fertilizantes, 5 mil 200 millones de pesos, lo que representa 162 por ciento de crecimiento respecto al presupuesto aprobado 2021.

Mier Velazco subrayó que actualmente el Gobierno de México ha hecho llegar al 65 por ciento de los hogares algún programa y para este 2022 estos beneficios tendrán una inversión de 445 mil 520 millones de pesos, cifra histórica superior en más de 100 mil millones de pesos respecto al presupuesto aprobado en 2021, lo que representa un crecimiento porcentual del 30 por ciento, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Con estas cifras, resulta increíble que la oposición haya impugnado el Presupuesto, lo cual haría pensar que el trasfondo sea devolver los moches y destinar los recursos al despilfarro y no a las verdaderas necesidades del pueblo, de los adultos y de niñas y niños con discapacidad”, dijo. Confió en que esta impugnación no pasará, ya que los recursos ahora llegan sin intermediario y sin moche.

Nación, nacionalidad y traición

/ tonatiuh Guillén lópez

Entre otros elementos fundantes del marco jurídico, en la Constitución política de México se encuentra la definición esencial de la Nación, los criterios sobre la nacionalidad y, además, algunas prohibiciones explícitas que en caso de realizarse configurarían una abierta traición a sus principios. Incumplir con la norma constitucional es un asunto grave.

Nuestra Carta Magna en esencia es producto de los diputados constituyentes de 1916-1917 y fue elaborada dentro de un ambiente político de radical nacionalismo, reflejado a lo largo de su texto y en particular, de manera enfática, en las definiciones sobre la nacionalidad, es decir, en los principios que determinan quiénes somos las y los mexicanos, integrantes de la Nación.

Predominó en aquella coyuntura una firme visión protectora de la patria, para evitar influencias extranjeras que pudieran imponerse a los intereses nacionales. El siglo XIX nos había demostrado lo devastador de las invasiones extranjeras, como la de Estados Unidos y la de Francia, además de otras negativas injerencias.

De esta manera no fue casualidad el ímpetu nacionalista de la Constitución promulgada en 1917. La nacionalidad mexicana y sus criterios se definieron de manera estrecha, para evitar que por la vía de la nacionalidad pudieran filtrarse intereses extranjeros. Incluso se dudaba que los hijos de mexicanos nacidos en el extranjero pudieran tener el mismo compromiso patriótico que alguien nacido en el territorio. Se dudaba también de los extranjeros, que si bien podían naturalizarse como mexicanos, tenían sus derechos políticos restringidos y negado su acceso a cargos en el poder político.

Estos principios dictados por la versión original de la Constitución han ido variando mediante sucesivas reformas, especialmente a los artículos 30, 32 y el 37. Sin embargo, a pesar de los ajustes, el original espíritu nacionalista aún pervive y se refleja en determinadas prohibiciones, como las establecidas por el artículo 32, reformado en el año de 1997.

Después de reconocer el conflicto de interés que pudiera surgir debido a la doble nacionalidad, dice el artículo: “El ejercicio de los cargos y funciones para los cuales, por disposición de la presente Constitución, se requiera ser mexicano por nacimiento, se reserva a quienes tengan esa calidad y no adquieran otra nacionalidad. Esta reserva también será aplicable a los casos que así lo señalen otras leyes del Congreso de la Unión”.

El artículo 32 estableció un dique que impide conflictos de interés –intereses entre naciones, evidentemente– que pudieran surgir con la doble nacionalidad, que precisamente en el año de 1997 fue posibilitada para las y los mexicanos por nacimiento. Antes de ese año, no había necesidad de esta previsión, pues la doble nacionalidad estaba prohibida. A partir de entonces se reconoció la doble nacionalidad y, paralelamente, la restricción para determinados cargos públicos. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si el secretario de Relaciones Exteriores tuviera nacionalidad francesa, además de la mexicana, y en determinado momento hubiera un conflicto con Francia? Cualquiera que fuera el resultado del conflicto y cualquiera la decisión de ese hipotético secretario, con alguno de los dos países quedaría mal. De un lado sería un patriota, del otro un traidor. ¿Qué sucedería si el presidente de la República tuviera nacionalidad estadunidense y al mismo tiempo nacionalidad mexicana? Tremendo conflicto de intereses nacionales, sin salida.

La sabiduría constitucional puso así un candado en el artículo 32. La Constitución define un conjunto de puestos políticos exclusivos para mexicanos por nacimiento “sin doble nacionalidad”. La exclusividad está asignada para los cargos (en masculino) de presidente de la República, secretarios de despacho del gobierno federal, senador y diputado del Congreso de la Unión, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fiscal general de la República, gobernador, además de otros dispuestos por las leyes federales.

Ahora bien, ¿qué sucedería si algún mexicano por nacimiento y con doble nacionalidad ocupara –con engaño– alguno de estos cargos u otro de los exclusivos indicados por las leyes? De entrada, sería una franca violación de la Constitución y una abierta ruptura de sus principios nacionalistas. Además, alguien que jura cumplir la Constitución y las leyes ¿en verdad va a hacerlo cuando su primera acción es no cumplirlas?

Evidentemente, violar los principios constitucionales es un evento de extrema gravedad. Equivale a la ruptura del orden legal en el nivel más esencial. Por lo mismo, no puede aceptarse “ni tantito”. O bien ¿reformamos la Constitución y nos olvidamos de los principios nacionalistas? ¿Nos olvidamos de los diputados constituyentes de 1916-1917 y decidimos que eran exagerados?.

Lo innegable hoy es que tenemos una Constitución que es obligatorio cumplir y hacer cumplir. Por ejemplo, para el caso del exdiputado federal Mauricio Toledo Gutiérrez, mexicano y chileno, hoy presente en las noticias por su extradición desde Chile ¿además de acusado por corrupción, también violó la Constitución cuando fue diputado al tener doble nacionalidad? Pero no es el único personaje con dudas al respecto. No es difícil encontrar en medios de comunicación referencias a otras personas que han sido gobernadores (en Baja California, Chihuahua y Tamaulipas, por ejemplo) o han tenido cargos en el Congreso de la Unión, a pesar de señalamientos sobre su doble nacionalidad.

Es probable que el día de hoy existan situaciones violatorias de la Constitución provocadas por personas ocupando cargos públicos restringidos, evidentemente con pleno conocimiento y no por accidente. Cabe advertir que la problemática está en expansión, en la medida que la propia Constitución ha abierto más y más el despliegue de la nacionalidad y de la doble nacionalidad (explico más el tema en mi libro México, Nación transterritorial…). No estamos ante una cuestión menor y es urgente realizar el diagnóstico preciso y reglamentar procedimientos que eviten el conflicto de intereses que pudieran afectar (o afectan) a la nación mexicana.

Finalmente, conviene aclarar que el planteamiento expuesto no demerita la relevancia de la doble nacionalidad como potente horizonte de la Nación mexicana, de la actual y sobre todo en el futuro. La cuestión radica en la condición de doble nacionalidad y su relación con el interés nacional, en especial, con la ocupación de determinados cargos de Estado que precisamente tienen por función expresar ese interés. l *Profesor, Programa Universitario de Estudios del Desarrollo (PUED), de la UNAM. Exdirector del Instituto Nacional de Migración.

“Mobbing” y ciberacoso, una pesadilla laboral

/ Jesusa cervantes

Al cruzar la puerta de la Unidad de Especialidades Médicas (Uneme) de Oncología, el corazón de Valeria se acelera y la ansiedad aumenta. Sabe que durante su jornada laboral verá a quienes se burlan de ella.

Laura, a su vez, siente malestar desde que ingresa a la Uneme de Oncología y al paso de las horas la incomodidad se convierte en miedo: “¿Y si voy al baño y me toman más fotos? Carajo, no puedo ni verlos a la cara. ¡Qué impotencia!”

Y si Alicia se cruza con uno de sus compañeros en el checador, entra en pánico al escucharlo: “Ya te vi en bikini, invítame a tu departamento”, o de plano: “Vamos al cinco letras”. Ella no aguantó la presión y, una semana después de la entrevista con Proceso, pidió un permiso laboral de seis meses sin goce de sueldo. Esto, “en lo que hacen algo para protegernos”, dice quedito.

Estas historias, relatadas por sus protagonistas (citadas aquí con un seudónimo) son parte de los 16 casos de acoso laboral, sexual, violencia digital y mobbing que doctoras oncólogas, nutriólogas, cajeras, empleadas de recursos humanos, asistentes de contabilidad y químicas viven en las instalaciones en Mexicali de la Uneme de Oncología, perteneciente al Instituto de Servicios de Salud Pública (Isesalud) del estado.

El 8 de diciembre, cuando se le preguntó a la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda si su gobierno cuenta con un protocolo para evitar la violencia digital en su administración, respondió que está prohibido todo tipo de violencia: “Estamos promocionando una convivencia pacífica y armónica”.

“Pero ya la hay”, se le replicó. “¿Tienes algún caso?”, preguntó la gobernadora. “Sí”, fue la respuesta.

“Que presenten la denuncia. No teníamos la información y las invito a que se acerquen a hacer la denuncia formal; con mucho gusto lo vamos a atender, están las puertas abiertas permanentemente para atenderlas. En el caso que comentan no he visto ni recibido denuncia”, dijo la gobernadora.

No obstante que las denuncias se presentaron desde el 29 de septiembre, el problema aún no se resuelve. Más aún, los acusados de incurrir en estas prácticas iniciaron un proceso civil contra las mujeres por “daño moral” y “difamación”. De modo que ahora la autoridad judicial está llamando a las denunciantes a “conciliar” con aquellos que señalaron de agresores antes de que el problema escale al ámbito penal.

Con todo, tres de las afectadas decidieron continuar buscando justicia y anunciaron que preparan la denuncia penal.

Este semanario cuenta con copias de la denuncia interna que presentaron las mujeres, dirigida al director de la Uneme de Oncología, el doctor Rafael Estrada Caravantes; el oficio de respuesta del subdirector de Administración de la unidad, Enrique Jácome Osorio, donde los acusados niegan las imputaciones; otro oficio con el cual se notifica a una de las denunciantes de su reubicación y uno más dirigido a esta misma persona para que obligatoriamente acuda a la videoconferencia “Desgaste por empatía”.

Los acusados de incurrir en violencia digital, tomar fotografías a sus compañeras de trabajo sin su autorización, hacer burla de ellas y practicar mobbing son seis empleados: tres ocupan posiciones de mando, otro es el único capacitado para calibrar las máquinas de radioterapia y dos más son camilleros: uno fue ascendido a técnico radiólogo el 6 de diciembre y al segundo se le trasladó al Hospital General, como lo había solicitado antes de ser denunciado.

Denuncia y negación

Valeria ingresó a la Uneme de Oncología en Mexicali en 2020. Desde el principio sintió hostilidad de los hombres que laboran en su entorno. Primero lo dejó pasar, pero cuando advirtió que ya era constante acudió con el administrador, Jácome Osorio, para reportar los comportamientos de acoso laboral.

Éstos prosiguieron, hasta que el pasado 24 de septiembre uno de sus compañeros le confió que circulaban unas fotografías (de las cuales Proceso tiene copia) entre un grupo de empleados y se las mostró: son de las mujeres de la Uneme. Algunas las tomaron de las redes sociales de las involucradas, pero otras se las tomaron en el área de trabajo sin su consentimiento. En un grupo de WhatsApp se incluyen memes, burlas y comentarios inapropiados sobre ellas.

Lo anterior llevó a que por lo menos 16 trabajadoras, ente doctoras, administrativas, químicas y nutriólogas, firmaran un documento dirigido al director, Rafael Estrada Caravantes, en el que relatan “situaciones que se han presentado en nuestra unidad de trabajo en repetidas ocasiones, las cuales tienen distintas implicaciones de distintos tipos de acoso y hostigamiento (mobbing)”.

En esa denuncia, fechada el 29 de septiembre, menciona a Mazzotti Legaspy, jefe de Mantenimiento; Iván Nelson López Jácquez, encargado de Almacén; Luis Carlos González Ibarra, jefe de Radioterapia; Rodrigo Palacios Cervantes, biomédico de la unidad; Cristian Alan Moreno Bañuelos, camillero y Adán López Dueñas, camillero.

Se les acusa de incurrir en “hostigamiento, burlas y demás manifestaciones de conductas abusivas, entre ellos comportamientos, palabras, actos, gestos y escritos que atentan contra la dignidad e integridad psíquica, las cuales se han ido presentando de forma sistemática y persistente”.

Las denunciantes detallan que supieron del grupo de WhatsApp “donde se comparten fotografías de todas las compañeras pertenecientes a la Uneme de Oncología, donde se hace mofa de nuestros cuerpos, se nos sexualiza e incluso se toman fotos sin nuestro consentimiento mientras laboramos en la unidad, además de otras imágenes personales que se apropiaron de nuestras redes sociales”.

Proceso solicitó la postura del jefe de Radioterapia, Luis Carlos González Ibarra, quien inicialmente aceptó una entrevista, además de proporcionar el nombre de su abogada, Iracema Aguilar, quien dijo representar a los otros involucrados en diversos procesos civiles que emprendieron. Pese a que aceptó la entrevista, González Ibarra la canceló el día que iba a realizarse, pues “los muchachos prefieren no hablar por el momento”.

El 4 de octubre, el administrador de la Uneme, “en ausencia del doctor Rafael Estrada Caravantes”, les respondió mediante oficio a las trabajadoras que “se solicitó al área de informática revisar las computadoras bajo el resguardo” de tres de los involucrados “a efecto de buscar evidencia respecto a fotografías de compañeras en dichos equipos… Al respecto les informo que no se encontró evidencia alguna en los equipos”.

Agrega que “se les preguntó de manera individual a Mazzotti Legaspy, Palacios Cervantes, López Jácques y González Ibarra si sabían de la existencia de un grupo de WhatsApp mediante el cual se comparten fotografías… pero negaron el saber de la existencia de dicho grupo o pertenecer a uno con las descripciones mencionadas”.

También se les informó que se solicitó asesoría jurídica sobre el tema y capacitación al personal en temas de violencia, hostigamiento y acoso laboral y sexual. Asimismo, se les dijo que la dirección pidió la impartición de talleres sobre “acoso y hostigamiento laboral y sexual, igualdad entre hombres y mujeres, ética y desarrollo humano y código de conducta de los servidores públicos”.

En cuanto a la solicitud de una disculpa pública por parte de los involucrados, se les notificó a las trabajadoras que ello “es el reconocimiento de la responsabilidad” y como la Corte hace referencia a la garantía de audiencia, “será el área jurídica quien dé resolución a dicha petición”.

en manos De la autoriDaD

Las denunciantes lograron que el anterior secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, las recibiera y escuchara el 7 de octubre, 23 días antes de que concluyera el gobierno de Jaime Bonilla.

Ahí no sólo acudieron las cuatro personas que inicialmente denunciaron la violencia digital y acoso laboral, sino se sumaron 12 mujeres más, entre doctoras oncólogas, nutriólogas, químicas y trabajadoras administrativas. Una de las médicas detalló el acoso sexual del que fue objeto otra de las trabajadoras, quien prefirió renunciar a la Uneme luego de que el director “rompiera la denuncia por acoso sexual y le dijera: ‘Déjate de pendejadas’”.

Concluyó el gobierno de Bonilla y el problema no se resolvió. Las trabajadoras siguieron soportando las mismas circunstancias, relatan.

Mientras tanto, los hombres denunciados decidieron denunciarlas y lo hicieron a través del Centro Estatal de Justicia Alternativa (CEJA), instancia civil del Poder Judicial mediante la cual se pretende llegar a una conciliación entre las partes y evitar llegar a la denuncia penal.

Las denuncias civiles fueron interpuestas por Luis Carlos González Ibarra, Rodrigo Palacios, Iván Nelson López Jácques y Cristian Alan Moreno Bañuelos contra quienes firmaron el escrito dirigido al director de la Uneme.

Ellos piden una conciliación en términos como estos: “para la solución de un conflicto derivado de reparación de daño moral”, “el solicitante desea dialogar con respecto de las difamaciones que esta realizando sobre su persona”, “para la solución de un conflicto derivado de responsabilidad civil” y “para solución de un conflicto derivado de reparación de daño moral”.

Ninguna de las mujeres acudió al citatorio, pero anunciaron que ellas sí presentarán directamente la denuncia penal.

La abogada Mariana Cervantes, representante de las mujeres de la Uneme e integrante del colectivo Red Violeta, que busca la protección de víctimas por violencia de género, detalló que existen tres vías para denunciar: la administrativa por abuso de autoridad y acoso laboral, la civil y la penal por acoso sexual.

Cervantes logró que el subsecretario de Salud, Abraham Félix Moss, las recibiera el pasado 8 de diciembre y ahí advirtió que, de no resolverse el tema, sus defendidas podrían invocar la Ley Olimpia y la violencia digital por haberse difundido imágenes sin la autorización de las implicadas y haber hecho escarnio de ellas.

Las denunciantes le describieron al subsecretario cómo uno de los trabajadores de la Uneme ya había sido denunciado por “toquetear a pacientes” y “tomar fotografías de mujeres enfermas”. Recordaron que el esposo de una de ella lo denunció, pero el director no hizo nada.

Asimismo se informó al funcionario que varias de las afectadas se encuentran en terapia sicológica porque sufren de ansiedad, tienen miedo, se sienten inseguras en su centro laboral y, por esa razón, algunas de ellas solicitaron permiso por seis meses sin goce de sueldo.

“Es lamentable que uno de mis directivos no me haya informado sobre esta situación. El acoso y la toma de fotografías son situaciones graves y vamos a actuar porque no vamos a esperar a que una empleada se suicide por los problemas sicológicos que se estén generando”, comentó el subsecretario.

Por lo pronto, el secretario de Salud, doctor Adrián Medina Amarilla, y la gobernadora Ávila Olmeda ya están enterados de la situación.

El mobbing designa al acoso laboral, que según su definición es “trato hostil o vejatorio al que es sometida una persona en el ámbito laboral de forma sistemática, que le provoca problemas psicológicos o profesionales”.

En tanto que la “violencia digital”, de acuerdo con la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, se refiere a los “actos de acoso, hostigamiento, amenazas, insultos, mensajes de odio, vulneración de datos o información privada realizado mediante el uso de tecnologías. Además de la difusión de imágenes, audios o videos –reales o simulados– del contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento”.