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Alcaldes de oposición interponen denuncia ante la FGJ-CDMX por agresiones sufridas en el Congreso

Un grupo de alcaldes electos de oposición presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) en contra de quien resulte responsable por los delitos de lesiones y el uso indebido del servicio público, a raíz de las agresiones que sufrieron el pasado lunes en inmediaciones del Congreso capitalino.

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Lía Limón, alcaldesa electa de Álvaro Obregón quien resultó con una herida en la nariz en el enfrentamiento con los policías, dijo que se debe investigar de manera transparente estos hechos y castigar al o los responsables de la agresión.

Por su parte, Sandra Cuevas, alcaldesa electa de Cuauhtémoc, dijo que se debe dar con los responsables de los golpes propinados a su homóloga en Álvaro Obregón.

Para el alcalde electo de Benito Juárez, Santiago Taboada, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, “se tiene que acostumbrar a la nueva realidad política de la Ciudad de México”.

El pasado lunes en la mañana, este grupo de alcaldes electos del PAN y PRI, acompañados de simpatizantes pasaron a la fuerza por los dispositivos de seguridad que se habían establecido en los alrededores del Congreso capitalino.

Al llegar a la valla de policías querían pasar a la fuerza y se dio el enfrentamiento con los elementos de la policía. Su intención era entrar al Congreso legislativo capitalino para exigir que las patrullas que hay en las alcaldías donde gobernarán tengan distintivos diferentes al resto de las que ya hay en la ciudad.

Según Taboada, no están de acuerdo con los cambios que se hicieron a la Ley de Seguridad Ciudadana, que obliga a que los cuerpos policiacos de las 16 alcaldías tengan la misma cromática guinda que tendrán las patrullas.

Luego de presentar la denuncia ante la Fiscalía, los alcaldes de oposición anunciaron que también presentarán una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de la CDMX por el abuso policíaco.

En nuestro país la paridad llegó para quedarse, no es una opción, es un principio establecido en nuestra Constitución, por lo que es nuestra obligación hacerla realidad, afirmó la magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Mónica Aralí Soto Fregoso.

Al participar de manera virtual en la Reunión de Estrategia de la Colectiva 50+1 al Interior de la LXV Legislatura Federal y Entidades Federativas, la magistrada Soto Fregoso aseguró que “no es una gracia que los tribunales ni las salas superiores estemos juzgando con perspectiva de género y poniendo la paridad como un principio, ya que está plasmada en la Constitución”.

Señaló que se logró que las pasadas elecciones federales del 6 de junio fueran las más igualitarias e inclusivas. En ese sentido, dijo, se aplicaron 35 acciones afirmativas en personas indígenas, con discapacidad, afromexicanos, de la diversidad sexual y migrantes, es decir se atendió a grupos históricamente vulnerados.

Al dirigirse a legisladoras entrantes y salientes de la Cámara de Diputados que integran al Colectivo 50+1, la magistrada refrendó su compromiso con una democracia paritaria, con una sociedad más igualitaria, “de la que nos merecemos todas y todos”, apuntó.

En México, señaló, se han impulsado acciones para que los partidos políticos postulen a más mujeres para integrar el Congreso de la Unión y los congresos locales.

El que más mujeres lleguen a los espacios públicos sí hace una diferencia, en virtud, manifestó, de que las mujeres que hoy están llegando a esos espacios son y están comprometidas con el avance de la democracia paritaria y por la igualdad plena de todas y todos, puntualizó.

“Las mujeres hemos aprendido, además de estar más preparadas, a organizarnos, a defender públicamente nuestras ideas y, sobre todo, hemos aprendido a defendernos unas a otras y eso sin duda nos ha hecho sentirnos más fuertes, más empoderadas y más solidarias para avanzar más contundentemente en el ejercicio de nuestros derechos”.

En México la paridad es una realidad: magistrada Mónica Soto Fregoso

TEPJF

Alianza opositora en el Congreso lanza advertencias a Morena y a AMLO

Foto @alitomorenoc Luego de recibir el Tercer Informe de Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los dirigentes de la alianza opositora PAN, PRI y PRD manifestaron sus diferencias de las cifras económicas y sociales que presentó el jefe del Ejecutivo y ratificaron su distanciamiento a las propuestas de reformas que hará en esta LXV Legislatura.

En la sesión plenaria del Congreso de la Unión, el diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, aseguró que los legisladores de su partido no reciben órdenes de ningún presidente.

“No recibimos órdenes de nadie, no obedecemos a ningún presidente de la República, ni presente ni pasado. ¡Que les quede claro! El Legislativo es un poder, no un empleado del poder”.

Sostuvo que el gobierno de López Obrador está a la deriva, extraviado y sin rumbo, con 95 mil homicidios, 12 millones de empleos perdidos, 33 mil mujeres violentadas y más de mil políticos agredidos y 102 asesinatos en el pasado proceso electoral.

“Damos cuenta del peor momento en la historia de México, damos cuenta de una conducción errática, de un gobierno ausente y del frágil equilibrio en el que se encuentra nuestra República. Este es el parte que 52 por ciento de los habitantes le informamos al gobierno federal, para que se incluya en el informe”, añadió.

Después de señalar que a la mitad del gobierno de López Obrador el país continúa con la violencia, la pobreza y el más peligroso para la prensa, adelantó que el PRI será un disque al populismo.

“El PRI, que les quede claro, ni se vende, ni se quiebra, ni se dobla, aquí estaremos dando el debate siempre”.

Por el PAN, el coordinador de la bancada Jorge Romero Herrera, dijo en principio estar de acuerdo con Morena en dejar atrás a los gobiernos de lujo, de excesos y privilegios y en extenderle la mano a las personas más desprotegidas.

Pero tomó distancia ante cualquier acción que venga de la presidencia o de Morena en el Congreso que intente vulnerar la división de poderes o minar los contrapesos, porque sostuvo que la división de poderes es lo que hace a México una República y atentar contra ella, es el camino en línea recta hacia el autoritarismo.

Indicó que en el PAN llegan a la LXV Legislatura con la propuesta de construir un sistema de salud, un clima de seguridad para los mexicanos, sobre todo para las mujeres, y a velar por la economía de los más afectados por la pandemia.

“No somos un tercio, somos el 46 por ciento, si el oficialismo insiste en la actitud de hacer como que ya no existimos, como que quienes pensamos diferentes ya no existimos, ya no va a haber manera de quedarnos callados, pues acuérdense ustedes”, manifestó.

Luis Ángel Espinosa Cházaro, diputado por el PRD, dijo que el país no va por el camino correcto y argumentó que, en materia económica, el PIB cayó 8.5 por ciento, según el Inegi; además, se redujo 80 por ciento la inversión en infraestructura; tampoco se dio apoyo a las pequeñas y medianas empresas; hay 300 mil muertos por covid; aumentó la violencia, y subió en cinco millones más la población pobreza.

Pidió no confundir mayoría con autoritarismo y recuperar el equilibrio de poderes en el Congreso.

Concamin reconoce avances presentados en Tercer Informe de Gobierno de AMLO

ConCamin

La Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) expresó su reconocimiento a los avances presentados en su Tercer Informe de Gobierno por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Nos parece que se están sentando bases para una recuperación económica que urge a México, ya que el daño ocasionado por la pandemia a nuestro aparato productivo significó un gran número de pérdida de empleos y cierre de empresas. Estamos viendo que el Presidente tiene una visión de que México necesita recuperar su economía y confiamos en que la segunda mitad de su administración se siga trabajando de manera conjunta con el sector privado para promover e impulsar a la industria y el desarrollo y crecimiento económico”, comentó Francisco Cervantes Díaz, presidente de la Concamin.

Añadió que los retos que ha enfrentado esta Administración no han sido fáciles, pero se debe reconocer que los indicadores macroeconómicos se mantienen estables y eso se debe a un buen manejo de las finanzas públicas, lo que genera confianza para que los inversionistas nacionales y extranjeros vean a México como una gran oportunidad para asentarse y aprovechar el T-MEC.

Al mismo tiempo, consideró que los desafíos por venir en los siguientes meses serán dar certeza jurídica a las inversiones, respetar los contratos, impulsar decididamente la innovación y el desarrollo masivo de talento digital en todas las regiones del país y desarrollar programas de incentivos para atraer inversiones, estableciendo políticas públicas adecuadas para impulsar y fomentar los negocios ya establecidos y que requieren de apoyos para poder seguir generando empleos y mantener los ya existentes.

“Independientemente del crecimiento económico que se pueda estimar para 2021, definitivamente ayudará que los grandes proyectos sexenales se complementen con inversiones privadas en diversos sectores clave de la economía para seguir consolidando a México como un país competitivo capaz de convertirse en un mayor y más importante jugador global, que beneficia a su población y respeta el medio ambiente”, añadió el líder de los industriales.

La FMOPDH exige atender y proteger de manera urgente el derecho a la libertad de expresión

/ Gloria leticia DíaZ

La Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH) emplazó a autoridades de los tres niveles de gobierno a “atender y proteger de manera urgente el derecho a la libertad de expresión”, ante la prevalencia de altos niveles de violencia contra periodistas y medios de comunicación.

En un pronunciamiento conjunto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las 32 comisiones estatales alertaron que, pese al papel fundamental que tienen los medios y los periodistas “en la promoción de los derechos humanos y aún más en la dinámica actual de la pandemia”, en México “siguen enfrentándose a un clima de violencia”.

La evidencia de los riesgos que corre el gremio periodístico es que organizaciones especializadas, como Reporteros Sin Fronteras, han colocado a México en el lugar 143 de una lista de 180 países, siendo uno de los más peligrosos para ejercer el oficio.

Los reporteros, subrayaron, son “víctimas de amenazas, represión e incluso ejecución, (lo que) ha obligado a que muchas personas periodistas desaparezcan o se vean obligadas a exiliarse para garantizar su supervivencia”.

Los organismos públicos de derechos humanos destacaron que, del año 2000 a la fecha, organizaciones de la sociedad civil han documentado 143 asesinatos de periodistas en el país, vinculados con su labor de informar, de los cuales 131 son hombres y 11 mujeres.

Y detallaron que en el primer semestre de 2021 “han documentado 362 agresiones a periodistas, entre las que destacan actos de intimidación y hostigamiento, amenazas, 35 ataques físicos y tres asesinatos”.

A esos datos agregaron como ejemplos de violencia el homicidio de Jacinto Romero Flores, en Ixtaczoquitlán, Veracruz, el pasado 19 de agosto; el asalto y secuestro de la periodista Teresa Montaño, en el municipio de Zinacantepec, Estado de México, el 13 del mismo mes, y las amenazas que recibieron Azucena Uresti, de Milenio, y otros medios de comunicación, a través del mensaje -difundido en redes sociales- de un grupo del crimen organizado en Michoacán.

“Ante este contexto, resulta fundamental reforzar la protección de las personas periodistas, tal como establece el artículo 1 de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que obliga a la Federación y a las entidades federativas a implementar y operar las Medidas Urgentes de Protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas que se encuentran en situación de riesgo como consecuencia de la defensa o promoción de los derechos humanos, y el ejercicio de la libertad de expresión y el periodismo”.

Frente a la preocupante realidad, la FMOPDH consideró “fundamental atender y proteger de manera urgente el derecho a la libertad de expresión, que como derecho humano tiene un alcance y un carácter especial, pues permite el ejercicio de otros derechos que se ejercen en lo individual y colectivo. Y se comprometió con “la protección y garantía de los derechos humanos de las y los periodistas (…) para que se hagan efectivos sus derechos y contribuir al análisis y construcción de políticas públicas integrales dirigidas a erradicar la violencia en contra de este grupo poblacional”.

Es falso que ya no se violen derechos humanos como dice AMLO: Centro ProDH

/ Gloria leticia DíaZ

El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) calificó como “falsa” la declaración del presidente Andrés Manuel López Obrador de que durante su gestión “no se violan los derechos humanos”, formulada en el mensaje con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

En su cuenta de Twitter, la organización civil hizo un recuento de acontecimientos que desmienten la afirmación de López Obrador y alertó que “no reconocer la realidad y afirmar que problemas profundos ya se revirtieron, distrae las tareas que deben acometerse”.

El Centro Prodh recordó que durante su administración “elementos del Ejército, Guardia Nacional y Policías -tanto estatales como municipales- han continuado el uso innecesario de la fuerza letal”, de manera particular en los estados de Quintana Roo, Guanajuato, Jalisco y Tamaulipas.

A unos días de conmemorarse el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, el Centro Prodh alertó que “la grave crisis de desapariciones no se detiene”, sino por el contrario el flagelo “va en aumento” y que prueba de ello es que de las más de 90 mil personas registradas oficialmente como desaparecidas, 20 mil ocurrieron durante este sexenio.

El Centro Prodh reconoció que entre las acciones a destacar llevadas a cabo por la administración de López Obrador, se centran en los recientes anuncios de la conformación del Grupo Coordinador del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, dadas a conocer el 30 de agosto.

Al respecto, la organización civil consideró que ambas “son buenas iniciativas pero el reto está en su implementación, que como en el caso de la Ley de Amnistía ha sido ineficaz”.

Cabe recordar que tras declarada la emergencia sanitaria por el covid-19, el año pasado se aprobó la Ley de Amnistía con el fin de despresurizar las cárceles, iniciativa que originalmente estaba diseñada para poner en libertad a personas en situación de vulnerabilidad. Sin embargo, hasta ahora ha sido inoperante.

Frente al discurso presidencial, la organización resaltó que “hechos recientes, como los ocurridos en contra de migrantes en Tapachula, dan muestra de que la política migratoria sigue siendo contraria a los derechos humanos”.

La organización cuestionó que “ante megaproyectos de desarrollo, no se está cumpliendo plenamente con la consulta indígena, previa, libre e informada”, mientras que persisten “decisiones alarmantes como la profundización de la militarización de la seguridad y el empoderamiento castrense que no da marcha atrás”.

En materia de procuración de justicia, la organización resaltó que la Fiscalía General de la República (FGR), cuyo titular Alejandro Gertz Manero ha contado con el respaldo de López Obrador, “ha fallado en revertir la impunidad y esclarecer cabalmente heridas” como la masacre de miembros del Ejército en Tlatlaya, el incendio en la Guardería ABC en Sonora, la explosión de la mina de Pasta de Conchos, la tortura sexual contra once mujeres en Atenco, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y el espionaje a periodistas, activistas y opositores políticos a través del software Pegasus.

Lo anterior sumado a que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), al frente de Rosario Piedra Ibarra, militante del partido del presidente, Morena, “va en abierto retroceso”.

Colectivos de desaparecidos de Veracruz protestan por nominación para atención a víctimas

/ Noé Zavaleta

| Foto @lafcadia

Con megáfono en mano y dirigiendo sus consignas hacía Palacio de Gobierno, integrantes de varios Colectivos de Desaparecidos protestaron en Xalapa para reclamar que el próximo viernes el Congreso Local pretende “imponer” a Yuliana Aguilar Rodríguez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral de Víctimas (CEEAIV), ello, pese a que Aguilar apenas se tituló hace cuatro meses y desconoce por completo el tema de atención a víctimas y derechos humanos.

“Pero ya la propusieron en la terna legislativa y van a querer ponerla como titular porque es la recomendada del secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos”.

Ante la indiferencia gubernamental de esta y otras protestas, cuando de colectivos de desaparecidos se trata, los manifestantes decidieron cerrar las calles de Enríquez, Clavijero, Revolución y Lucio para recriminar al gobierno de Veracruz de que en los cargos de búsqueda de desaparecidos y de atención a víctimas, no son para “recomendados”, sino para gente capacitada y preparada en estos temas tan sensibles.

En el 2019, el gobernador, Cuitláhuac García Jiménez propuso a Brenda Cerón Chagoya para la titularidad de la Comisión Estatal de Búsqueda en una entidad con más de cuatro mil desaparecidos en la última década. Antes de ese cargo, Cerón se encargaba de organizar banquetes para bodas y quince años, pues su profesión es técnica en refrigeración.

Victoria Delgadillo Romero, representante del Colectivo Familiares Enlaces Xalapa y quien busca a su hija, Yurenny Citlally Hernández, desaparecida junto con otras 12 jovencitas en noviembre del 2011 fustigó que el gobierno de Veracruz haya propuesto una terna con personas totalmente desconocidas para los 15 colectivos de familiares de desaparecidos en Veracruz.

“Carecen de trayectoria en la atención a víctimas. Es una terna a modo del gobierno, porque los tres que quedaron en la terna ni los conocemos, ni sabemos de ¿dónde son?, ¿ni qué conocimientos tienen?... no han tenido ningún acercamiento con las víctimas, pero sí son cercanas al gobierno y a Morena”.

La entrevistada indicó que una de los candidatos es Yuliana Aguilar Rodríguez, quien apenas hace cuatro meses recibió su cédula profesional e ingresó a laborar a la Comisión de Víctimas.

El caso de Aguilar es peculiar, los propios diputados de Morena en el Congreso Local filtraron que es quien trae “la bendición” desde Palacio de Gobierno para asumir la comisión, aunque del tema, sepa muy poco o nada.

En la manifestación, voceras de diversos colectivos estaban de acuerdo con la propuesta de qué el abogado, Cristian Carrillo asumiera el cargo, debido a que ha acompañado a los familiares de desaparecidos desde hace 11 años; sin embargo, está propuesta no fue tomado en cuenta en la terna que boletinó el Congreso Local.

Los colectivos tampoco veían mal que continuará en el cargo la actual titular, Lorena Mendoza Sánchez como comisionada ejecutiva, pero al no estar afiliada a Morena, ni ser afín al gobierno de la Cuarta Transformación tampoco fue tomada en cuenta.

“Tenemos entendido que el licenciado Eric Cisneros es quien la está apoyando (a Yuliana), entonces aquí es una imposición. Creemos que los colectivos somos los que sabemos las necesidades que tenemos. No se vale que nos quieran imponer a personas que no saben nada de trabajar con víctimas”.

La protesta comenzó a las 12 del día y para las tres de la tarde el bloqueó a las calles del centro histórico de Xalapa continuaba, sin que nadie del Gobierno del Estado intentará dialogar y establecer una mesa de trabajo.

Marko Cortés se separa de la dirigencia del PAN para contender por la reelección

Marko Cortés, actual dirigente nacional del PAN, anunció este miércoles que se separa de su cargo para buscar la reelección en el blanquiazul.

“Quiero informar que el día de hoy presentaré mi licencia para refrendarme como presidente nacional del PAN y así enfrentar con la mayor fortaleza el 2024, continuar creciendo, avanzando y poder corregir el rumbo del país”, anunció en un mensaje en redes sociales.

Cortés señaló que se inscribirá al proceso interno del PAN, que inicia en septiembre, y comenzará su campaña para contender por el cargo el próximo 24 de octubre para un nuevo periodo de tres años.

Desde hace un mes los otros dos aspirantes a dirigir el PAN, Adriana Dávila y Gerardo Priego, pidieron la renuncia de Marko Cortés si es que deseaba reelegirse en el cargo.

Quien quiera que quede en la dirigencia tendrá que enfrentar una crisis en la baja de militantes lo que pone en riesgo su registro.

Actualmente el PAN tiene 270 mil 799 militantes que representan el 0.28 por ciento del Padrón Electoral Federal y de acuerdo a la Ley General de Partido Políticos establece que el número de militantes no puede ser inferior al 0.26 por ciento.

La FGR entrega la carpeta de investigación a la defensa de Ricardo Anaya

La Fiscalía General de la República (FGR) entregó este miércoles al abogado defensor de Ricardo Anaya copias de la carpeta de investigación en contra del ex candidato presidencial del PAN, acusado de recibir seis millones 800 mil pesos para aprobar en la Cámara de Diputados la reforma energética de Enrique Peña Nieto.

Al salir de las instalaciones de la Fiscalía, Eduardo Aguilar, abogado de Anaya, explicó que la carpeta de cinco tomos y anexos tendrá que analizarla para la audiencia inicial programada el próximo 4 de octubre.

“La tarea de aquí a un mes es hacer un análisis de cada una de las constancias que nos hicieron entrega, el contenido no lo sé, tenemos que estudiarlo, tenemos que investigarlo”.

“Me llamó mucho la atención que no se encuentran las hojas numeradas como en la mayoría de las carpetas de investigación, en esta ocasión no hay un registro consecutivo, sin embargo, hicimos un cotejo de la mayor cantidad posible de fojas tanto de los anexos como de la carpeta principal y eso es lo que tendremos que estudiar”.

La nueva audiencia está programada para el 4 de octubre

El abogado recordó que la FGR demoró más de 10 días en entregar copias de la carpeta, desde la fecha en que Anaya fue notificado del citatorio emitido por un juez de control, el 22 de agosto pasado, pese a que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que este acceso debe darse de inmediato.

“Nos tardamos 12 oficios, tres órdenes del juez para que la Fiscalía accediera a dar la carpeta y, a punta de tuitazos del señor Anaya, sobre la necesidad expresa de tener acceso a la carpeta de investigación”, precisó.

En la audiencia del 4 de octubre, la FGR prevé formular imputación contra Anaya por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por supuestamente recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética.

Ricardo Anaya salió del país desde julio alegando que sería encarcelado por el gobierno de Andrés López Obrador.

“Elección del 6 de junio fue absoluta y totalmente exitosa”: Córdova

El Instituto Nacional Electoral (INE) organizó exitosamente tanto las elecciones del pasado 6 de junio como la Consulta Popular, a pesar de la pandemia del covid-19 y la violencia creciente, aseguró hoy Lorenzo Córdova, consejero presidente de este órgano electoral.

“El INE ha llevado a buen puerto el tercer proceso electoral federal que se le ha encomendado. La elección del 6 de junio fue absoluta y totalmente exitosa por donde se le quiera ver y la Consulta Popular, que implicó una movilización a nivel nacional”.

En su conferencia magistral Elecciones en Pandemia, desafíos y resultados, la cual dictó en el Seminario los Estados 2021, Córdova también aseguró que las elecciones se siguen consolidando como el espacio civilizatorio por excelencia para la renovación democrática.

Indicó que en las elecciones del 6 de junio no solo se refrendó la confianza ciudadana, sino que además tuvieron una gran calidad técnica y organizativa.

Pocos días antes de esos comicios, dijo, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica seLorenzo Córdova

ñaló que el 62 por ciento de los mexicanos confiaron en el INE, por lo cual se colocó como el órgano civil que más confianza genera en el país.

INE multa con 4.6 mdp a PT y PVEM por irregularidades en campaña de gobernador en SLP

/ rodrigo VEra

El Instituto Nacional Electoral (INE) impuso una sanción de 4.6 millones de pesos a los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), derivado de seis quejas contra la coalición “Juntos Haremos Historia” en San Luis Potosí.

La presidenta de la Comisión de Fiscalización, Adriana Favela, detalló que dicha sanción es producto de diversas irregularidades por un monto total de 3.1 millones de pesos en la campaña del otrora candidato Ricardo Gallardo Cardona.

Sin embargo, el INE destacó que el excandidato no rebasó el tope de gastos de campaña de 29 millones 223 mil 864.70 pesos.

Sí acreditó la omisión del registro y comprobación de diversos gastos denunciados, la subvaluación de algunas erogaciones reportadas y la falta de veracidad en el reporte de varios gastos realizados por Gallardo.

De acuerdo con Favela, los gastos detectados deben prorratearse con otras candidaturas de la coalición conformada por PT y PVEM en SLP, como las de diputaciones locales y ayuntamientos, al haberse beneficiado de dichas erogaciones.

Transparentan dos mil 182 contratos celebrados por seis dependencias ante la pandemia

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) abrió el micrositio Contrataciones Públicas ante la Emergencia en el cual se pueden consultar dos mil 182 contratos celebrados durante la pandemia por 42 entidades y dependencias del gobierno federal, la mayoría del sector salud.

Dichos contratos abarcan el periodo de enero de 2020 a marzo de 2021 y representaron una erogación en conjunto de 14 mil millones de pesos.

Al presentar el micrositio, el comisionado Adrián Alcalá Méndez, recordó que, para hacer frente a la emergencia sanitaria, el gobierno dotó a seis dependencias de facultades para realizar compras mediante adjudicación directa: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Secretaría de Salud (SSA).

Estas instituciones, dijo, hicieron uso de este decreto, de forma tal que las contrataciones públicas realizadas mediante adjudicación directa representan 95.6 por ciento de todos los contratos celebrados por el sector salud durante la contingencia y 94.7 por ciento ciento del sector no salud, de acuerdo con el análisis de información contenida en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El comisionado Oscar Guerra Ford afirmó que el micrositio tiene tres objetivos principales: publicitar y transparentar los contratos del gobierno federal para enfrentar la emergencia sanitaria por covid-19; dar utilidad a la información que se encuentra en la PNT, mediante un ejercicio de transparencia proactiva; así como descubrir áreas de oportunidad para mejorar la información publicada por los sujetos obligados.

“Tenemos -en la PNT- una herramienta muy poderosa, con muchísima información. Tan solo de un año tenemos ocho millones de contratos (…) hay que seguir mejorando la publicación de información que permita seguir haciendo vigente el principio de máxima publicidad y que la gente vea que lo que se publica y toda esa información que está en la PNT tiene un valor agregado. Podemos discutir lo que le falta de información, pero por qué no también discutimos que lo que ya está lo podríamos utilizar de forma importante para hacer estudios, análisis, etcétera”.

Guerra Ford precisó que toda la información es de la PNT y explicó que para recopilarla, primero, se definió el periodo, de enero de 2020 a marzo de 2021; después, se identificaron las entidades y dependencias del sector salud y aquellas que también hicieron compras para la emergencia, en total, fueron 42, y finalmente, se hizo una búsqueda por palabras clave de los contratos celebrados por esos sujetos obligados, de la cual se localizaron dos mil 182 contratos covid, a partir de los cuales se advirtió que “en estos 15 meses el Estado mexicano se gastó, a nivel federal, 14 mil millones de pesos”.

El micrositio sE componE dE las siguiEntEs sEccionEs:

1) Página principal que detalla el contexto, la necesidad y los objetivos del micrositio 2) Análisis estadístico con los principales hallazgos que se identificaron en el procesamiento y análisis de la información contenida en la PNT 3) Glosario de términos con el propósito de brindar un acercamiento amigable, sencillo y más ciudadano a la información 4) Datos abiertos, con la base de datos con información analizada para fines de análisis y aprovechamiento.

Revelan que demanda de México contra fabricantes de armas de EU fue aplazada hasta 2022

Por un acuerdo entre el gobierno mexicano y las empresas fabricantes de armas en Estados Unidos, la demanda civil que presentó el gobierno de México ante tribunales de aquel país se aplazó hasta el cierre de febrero de 2022.

Según información del diario Reforma, las ocho empresas fabricantes de armas informaron ayer a la Corte Federal en Boston que llegaron a un acuerdo con el gobierno de México para calendarizar la presentación de mociones para desechar la demanda por improcedente, así como las réplicas respectivas, proceso que originalmente iba a iniciar en septiembre.

El pasado 4 de agosto, el gobierno mexicano presentó una demanda en contra de las empresas Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing, Glock Ges, Sturm, Ruger & Co, e Interstate Arms, así como algunas filiales y matrices.

La demanda es para reclamar el pago de daños y perjuicios, daños punitivos e incluso un porcentaje de sus ganancias, así como múltiples medidas preventivas para evitar el tráfico hacia territorio nacional, donde 70 a 90 por ciento de las armas involucradas en hechos de violencia vienen de Estados Unidos.

“Esta ola de armas (hacia México) no es un fenómeno natural o una consecuencia inevitable del negocio o las leyes de armas de Estados Unidos. Es el resultado previsible de las acciones deliberadas y las prácticas de negocio de las demandadas”, señala la demanda.

La audiencia que se tenía prevista para este mes de septiembre se difirió para febrero del año entrante y además de las réplicas previstas a entregar en noviembre, se analizará el posible desechamiento de la demanda, por cuestiones como la falta de jurisdicción de la Corte para fallar por hechos de violencia ocurridos en México, es un tema preliminar que deberá ser resuelto antes de que se llegue a la etapa de juicio. | Foto @Smith_WessonInc

Unicef condena agresiones contra migrantes en Chiapas; pide investigación

/ Gloria letiCia díaz

El encargado de la oficina en México del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Fernando Carrera, se sumó a las voces de alarma por lo abusos por parte de autoridades migratorias en Chiapas, en contra de personas en situación de migración, es especial menores de edad algunos de ellos no acompañados por adultos, “identificando casos de lesiones graves y separación familiar”, por lo que llamó a las autoridades a investigar las violaciones a derechos humanos.

El organismo está monitoreando la situación en la frontera sur de México, identificando “el uso desproporcionado de fuerza por parte de cuerpos de seguridad contra familias con niños pequeños y destrucción de documentos de identidad que avalaban la estancia legal de estas familias en México”, indicó Carrera en un comunicado.

Tras reconocer la decisión del Instituto Nacional de Migración (INM) de suspender a funcionarios que agredieron a personas que caminaban por la carretera costera de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, y alentar a continuar con las investigaciones, Carrera resaltó que personal de Unicef adscrito a su oficina en Chiapas, ha observado que infantes más pequeños sufren deshidratación, fatiga y somnolencia, con “un acceso muy limitado a servicios esenciales para su bienestar físico y emocional, nutrición educación y protección”.

Alertó que ante las carencias sufridas, los infantes y adolescentes “están expuestos a un alto riesgo de explotación, abuso o trata durante su desplazamiento por el país o su estadía en campamentos y centros de descanso fronterizo, la mayoría de ellos de carácter improvisado y carentes de condiciones mínimas de seguridad e higiene”.

El funcionario indicó que más allá de “de dónde se encuentren y hacia dónde se dirijan, estamos hablando de seres humanos que son, ante todo, niños”, que salen huyendo de sus lugares de origen “como resultado de la violencia, extorsión, pobreza y la falta de oportunidades”, y que los ha llevado a enfrentar condiciones difíciles “durante su peligrosa trayectoria por el país”.

Al llamar a atender las necesidades de los menores que llegan al país, Carrera resaltó que “la detención y separación no sólo son experiencias profundamente traumáticas para un niño, sino que pueden aumentar también su riesgo a verse explotado y afectado por niveles de estrés con consecuencias devastadoras a corto, mediano y largo plazo”.

Carrera consideró que la situación en la frontera sur de México “es sumamente preocupante”, y recordó que la labor de Unicef en la región es “para apoyar los esfuerzos de los distintos órdenes gubernamentales del país por garantizar el cumplimiento de los derechos de todos y cada uno de estos niños, niñas y adolescentes”, en apego a la Convención de los Derechos del Niño en materia de salud, educación igualdad y protección de toda persona menor esté donde esté, poniendo siempre por delante actuaciones que respeten el interés superior de la niñez”.

Unicef informó que en Tapachula colabora con otras agencias de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil y autoridades, “para atender casos y subsanar necesidades básicas, además de colaborar con Protección Civil y con la Secretaría de Salud para brindar servicios de ambulancias y atención hospitalaria”.

INM y GN desarticulan otra caravana de migrantes; detienen a 50

Elementos de la GN intentaban ocultar sus escudos antimotines para que la prensa no documentara

/ isaín mandujano

Agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), junto con elementos de la Guardia Nacional (GN), desarticularon este miércoles la segunda caravana de migrantes en menos de 24 horas.

Ayer por la madrugada, aproximadamente 50 migrantes que llegaron al municipio de Mapastepec, luego de caminar 107 kilómetros desde Tapachula, fueron sorprendidos, dispersados y capturados en un operativo que el INM y GN desplegaron en la plaza central.

Los migrantes fueron correteados por las calles de Mapastepec y la carretera Panamericana costera, y los que no pudieron escapar fueron subidos a varios camiones. Los gritos y llantos de los migrantes despertaron a los vecinos, quienes pedían a los uniformados que los dejaran en paz.

Muchos de los haitianos, centroamericanos, sudamericanos y de otros países del continente africano que huían de la persecución iban con sus hijos, tomados de la mano o cargándolos. En la carrera, una mujer haitiana cayó desmayada y fue atendida de emergencia por los servicios médicos.

Mientras los agentes del INM sometían a los migrantes, elementos de la GN intentaban ocultar sus escudos antimotines para que la prensa no documentara la embestida contra los migrantes.

En la acción también fueron agredidos los periodistas Jacob García, Damián Sánchez, Benjamín Alfaro, José Torres, Edgar del Carpio, Raúl Vera, Pedro Gerardo López, Isaac Guzmán y Carlos López, y algunos más de agencias como AP, EFE, Reuters, Cuartoscuro, o bien de El Universal, Imagen Tv y otros.

Se trata de la segunda caravana desarticulada en menos de 24 horas. Ayer se desarticuló la primera, en la que iban alrededor de 500 migrantes de diversas nacionalidades.

Los cuerpos migratorios y policiales han impedido a los migrantes salir de territorio chiapaneco.

Campamento humanitario

A la par de esos operativos, el INM, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Dimensión Episcopal de Pastoral de la Movilidad Humana (DEPMH) anunciaron la creación de un campamento humanitario en Chiapas, donde se brinde atención a la población migrante de origen haitiano.

Los directores generales de Protección al Migrante y Vinculación, y de Control y Verificación Migratoria del INM, Ruth Villanueva Castilleja y Antonio Molina Díaz, respectivamente, iniciaron el proceso de diálogo y acuerdos con las instancias señaladas, con el propósito de crear dicho campamento “en el marco de la reubicación temporal de población migrante y su reinserción en forma óptima a actividades productivas en México”.

Se dijo que con estas acciones el INM busca establecer la coordinación de esfuerzos con organismos nacionales e internacionales, que permita extender la ayuda humanitaria a las personas en contexto de movilidad que se encuentran en el estado de Chiapas y provienen de Haití.

De acuerdo con el Instituto, se giraron comunicaciones al secretario ejecutivo de la DEPMH, presbítero Héctor Julio López Vivas, y al representante en México de ACNUR, Giovanni Lepri, para invitarlos a participar en la instalación de un campamento humanitario en Chiapas.

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