isla como una "cloaca" y aseguró que las aguas que bañan sus playas de arena blanca "huelen a desechos". Desde entonces se plantearon varias opciones, entre ellas la clausura por solo 2 meses al principio de la temporada de lluvias (julio y agosto) o un cierre por fases para modernizar el sistema de alcantarillado de la isla y evitar que hoteles, resorts y otros establecimientos emitan al mar vertidos de forma ilegal. Sin embargo, los 3 ministerios recomendaron al presidente de forma unánime que cerrara completamente Boracay durante 6 meses desde principios de abril, lo que tendrá un impacto importante en empresarios y trabajadores de la isla. Alrededor de 36.000 personas verán afectados sus medios de vida por la clausura de Boracay, mientras las pérdidas podrían alcanzar los 1.070 millones de dólares, según estimaciones.
La semana pasada Duterte adelantó que, en caso de decretar el cierre de la isla, declararía el "estado de desastre" para ayudar económicamente a los afectados. Aun así, empresarios y trabajadores de Boracay han protagonizado en las últimas semanas frecuentes protestas para exigir al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical. En cuanto al plan de saneamiento de la isla -se prevé que sea necesario diseñar un segundo sistema de alcantarillado, ensanchar la avenida principal y derruir establecimientos ilegales- de momento no se han presentado proyectos concretos a solo 21 días de hacerse efectivo el cierre. Por otra parte, el Gobierno concedió el mes pasado a una empresa de Macao (China) la licencia para un proyecto de construcción de un resort y casino en Boracay por valor de 500 millones de dólares.
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