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Leyes secundarias de la Reforma energética: oportunidad para las energías renovables
E
n diciembre de 2013 el gobierno mexicano aprobó una reforma constitucional para el sector energético que va en contra del desarrollo sostenible: impulsa la exploración y extracción de minerales radioactivos e hidrocarburos como petróleo y gas en aguas profundas así como la generación de energía nuclear, permite la explotación de aceite/gas shale (fracking) y ofrece pocas e insuficientes medidas de apoyo a las energías renovables (solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y pequeñas hidroeléctricas). De acuerdo con una investigación de Greenpeace, para el año 2020 la producción de electricidad con fuentes renovables podría cubrir 44% de la demanda energética, y para 2050 este porcentaje incrementaría hasta 93% (1). Con energías renovables, el país podría contribuir a la disminución de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) que incrementan el calentamiento del planeta y generan más cambio climático. Las leyes secundarias de la reforma energética, a discutirse en las próximas semanas por el Poder Legislativo, son la oportunidad para estipular reglas y compromisos claros que impulsen las energías renovables y su implementación con justicia social.
Las demandas de Greenpeace
Greenpeace presenta seis demandas que convertirían la reforma energética en un instrumento para fortalecer la generación de energía baja en emisiones de GEI en México y marcan la pauta hacia la seguridad energética sustentable. 1) Definir un plan detallado para garantizar el 35% de energía renovable para el 2024 Las leyes secundarias deben incluir un plan con metas intermedias claras para reducir las emisiones de
GEI que contribuyen al cambio climático -un problema que generaría pérdidas de hasta 6.2% del PIB del país en el presente siglo(2)- y tener criterios social y ambientalmente justos que respeten los derechos humanos de las comunidades donde se implementen proyectos de energías renovables con una consulta previa e informada, respetando la tenencia de la tierra. De esta forma, México podría cumplir con la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y para la Transición Energética promulgada en 2008, que establece una meta de 35% de participación de energía proveniente de estas fuentes para el 2024(3). 2) Aumentar y transparentar el presupuesto para inversión en energías renovables En 2014, los recursos públicos asignados a sustentabilidad y eficiencia energética fueron de menos de 3 mil millones de pesos, incluyendo el Fondo para la Transición Energética, esa cantidad no representa ni el 1% de la inversión en Pemex para la extracción de combustibles fósiles (569 mil millones de pesos)(4). Las leyes secundarias deben cambiar ese escenario, transparentar y aumentar la asignación presupuestal para energías renovables para alcanzar la meta del 35% de energía renovable para el 2024, una tarea que debe estar abierta al escrutinio de la sociedad civil. 3) Prohibir la explotación de aceite/gas shale (fracking) La explotación de aceite/gas shale, también conocida como fracking, violenta el derecho humano de acceso al agua, debido a que el procedimiento para su extracción requiere grandes cantidades del líquido y contamina los acuíferos con metales pesados. El gas extraído procede de un mineral llamado lutita que es un recurso no renovable, sucio y que contribuye al calentamiento global.