OPINIÓN 35
Semana del 26 de julio al 1 de agosto de 2013
HABLAR AHORA O CALLAR PARA SIEMPRE
EDITORIAL
Orión
El hombre que Sócrates buscaba
L
a pasada semana supimos de un nuevo tema que ha producido controversia: el actual Presidente del Tribunal Constitucional ocultó su militancia en el Partido Popular cuando fue investido de la condición de Magistrado del Alto Tribunal. Al debatir la orientación y el contenido de este artículo, uno de nosotros comentó que la primera imagen que tuvo había sido la de Sócrates. Ante nuestra perplejidad se vio en la obligación de explicarse. Está documentado (por Platón, ya que Sócrates no dejó nada escrito) que este filósofo griego frecuentaba el mercado de Atenas para discutir y argumentar sus tesis con quienes se pusieran a tiro. Cuentan que un día lo vieron recorrer el concurrido espacio portando una lámpara encendida. Cuando le preguntaron el porqué de aquella aparente extravagancia, respondió que buscaba a un hombre justo. Para Sócrates, el conocimiento del bien llevaba inmediatamente a su práctica, de modo que un hombre que conociera la bondad de la justicia debía practicarla. De los jueces afirmaba que debían escuchar con cortesía, responder con sabiduría, ponderar con prudencia y decidir con imparcialidad. Esas mismas cualidades deberían exigirse hoy a cualquier persona que quiera considerarse justo impartiendo Justicia. Debería practicar esas virtudes y dar la apariencia de que las practica. Pero, ¿qué apariencia puede dar aquel que divide su corazón, su cartera y su cabeza entre dos lealtades contrapuestas? Militar en un partido político significa pagar porque sus ideas,
E
Militar en un partido político significa el compromiso de respetar estatutos y directrices que el PP recoge en sus estatutos sus programas, su visión de la sociedad y en ocasiones, de la vida de las personas, se impongan a las que tienen otros partidos, otras personas. Significa comprometerse formalmente a respetar estatutos y directrices, que en el caso del PP están recogidos en el Art. 7-a de sus estatutos, en donde leemos: “cumplir (...) las instrucciones y directrices emanadas de sus Órganos de Gobierno y grupos institucionales, y ajustar su actividad política a los fines y programas del Partido Popular”. ¿Cómo conciliar estas obligaciones con la imparcialidad obligada y notoria que debe exigirse a un magistrado? Una visión, un programa, un proyecto político, es, por su esencia, parcial. Es una visión no imparcial de la realidad. Pagar (una cuota) porque ese ideario se imponga y triunfe no puede ser jamás una actitud imparcial. Argumentan los defensores de la legalidad (¿legitimidad?)
de la situación que técnicamente no hay incompatibilidad, ya que los componentes del T.C. no son miembros del poder judicial, y no se les aplica el severo régimen de incompatibilidades que tiene un juez de un pueblo o a un magistrado del Supremo. ¿Cómo puede ser así si el T.C. dicta sentencias que pueden anular o ratificar las de otros Tribunales de Justicia o disposiciones normativas que tengan incluso el rango de Leyes Orgánicas? Nosotros nos preguntamos si la Constitución puede contener en su filosofía, en su aliento profundo, semejante esperpento, porque si es así, hay que cambiarla de modo inmediato para hacerla coherente y evitar que su interpretación produzca escándalo y desafección entre los ciudadanos para cuyo servicio (no lo olvidemos) fue elaborada y debe ser interpretada. Pero volvamos a Sócrates e imaginemos que transita con su lámpara encendida por este mercado en el que nos hemos convertido, por este mercado en el que hemos transformado la vida política. Imaginemos que el aludido presidente del T.C. lo ve y entiende su mensaje, y dimite mientras solicita imperiosamente que los políticos cambien la Constitución para hacerla más acorde con lo que las personas queremos. Si así ocurriera, Sócrates habría encontrado a un hombre... ejemplar 25 siglos después. Pero quizás todo esto sólo sea un cuento sobre Sócrates y nosotros sigamos en un mercado, ciertamente real, cada vez menos ejemplar. Y de lo que se trata, amigos lectores, es de conseguir esa ejemplaridad de la que habla Sócrates siendo ejemplares.
LA (IN)CULTURA DEL MIEDO JOSÉ ÁNGEL GARCÍA
l miedo, la cada vez más generalizada sensación de miedo que nos invade: a los desde luego que reales problemas del presente y asimismo a la incertidumbre de un futuro, personal y colectivo, pleno de incógnitas, pero miedo también y además no ya al actuar para intentar resolver aquéllos y afrontar éste, sino incluso a expresar nuestro desacuerdo con el cómo se está gestionando o no la situación. Sí, probablemente ése sea, ése esté siendo uno de los peores, de los más perniciosos efectos –y a la par aliado– de la actual crisis y del modo con que la mayor parte de los actores políticos y mediáticos la están afrontando y contando. Un miedo que probablemente siempre ha estado ahí, que nos acecha desde nuestra propia condición de seres frágiles, pero que, convertido en percepción común o al menos mayoritaria, anda si no nos afecta, si no nos está afectando tanto como individuos como en nuestra condición de integrantes
de un colectivo, e hiriendo casi diría que de muerte al mismo juego democrático. Un miedo propiciado sí, por supuesto, por las propias duras y reales circunstancias a las que actualmente nos enfrentamos, pero también, en buena medida, y no hablo sólo de nuestro país, por una deliberada política de alarmismo y catastrofismo –me da igual si nacida del convencimiento de sus actores o del más torticero interés –que, repetidamente reiterada nos lleva a decir amén a cuanto, severa y en apariencia sesuda y razonadamente– qué se le va a hacer, mira que lo sentimos, así están las cosas –se nos propone y dicta, y miedo asimismo a que cualquiera de nuestros actos, aun el más legítimo, nos exponga a reales o imaginadas represalias. Sí, desde luego, vivimos, vaya que no, y cada vez más, en eso que ya hace tiempo se ha venido llamando la cultura –yo diría que la incultura– del miedo. ¿No tendríamos que empezar a sacudírnosla?
La Fuensanta La Junta Directiva de la Unión Balompédica Conquense ha mostrado su indignación por la paralización de las obras del estadio de La Fuensanta. Una infraestructura que sigue sin contar con algo tan fundamental como es la luz artificial, a lo que habría que añadir, entre otras cosas, una grada que según la empresa adjudicataria de las obras no cumple con la debida seguridad o la ausencia de un ascensor que facilite el acceso a las personas con movilidad reducida. Impedimentos todos ellos que complican a los blanquinegros el inicio de un campeonato por otro lado ilusionante, el del retorno a Segunda B. Desde el Club y parte de la ciudadanía se escuchan voces críticas con las administraciones implicadas en la remodelación del estadio (Junta, Diputación y Ayuntamiento), a cuyos representantes se acusa de “atacarse mutuamente” y de ser “incapaces” de llegar a un acuerdo. Da la impresión de que, dicho coloquialmente, se está metiendo a todos los políticos en el mismo saco, cuando, en nuestra opinión, es deber y responsabilidad de los ciudadanos, sobre todo de aquellos directivos y socios del Conquense que estos días están expresando públicamente su indignación por lo ocurrido, bucear en los pormenores del proceso, abrir bien los ojos y escuchar a todas las partes hasta que cada uno obtenga sus propias conclusiones. No cabe duda de que toda esta polémica esconde un trasfondo político. Desde el Ayuntamiento de Cuenca han movido ficha y proponen un encuentro entre todas las partes para buscar una solución definitiva. Parece evidente, por lo tanto, la voluntad de diálogo por parte del alcalde de la ciudad, Juan Ávila, que en varias ocasiones ha llegado a calificar de incomprensible que por una cuantía de apenas 300.000 euros quede inacabada una obra cuyo presupuesto total supera los 3,5 millones de euros. La respuesta de la Diputación de Cuenca no se ha hecho
Un encuentro entre todas las partes se perfila como una buena solución esperar. Su presidente, Benjamín Prieto, da a entender que no está dispuesto a acudir a ningún tipo de reunión. Una actitud poco coherente en tiempos en los que los ciudadanos piden respuestas a las administraciones públicas. Dice Prieto que la opinión de los agentes implicados en el uso de la Fuensanta es “del todo irrelevante”. De todo esto se entiende que hay más bien poca voluntad de diálogo y negociación por parte de la Diputación de Cuenca, olvidando que una sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Cuenca declaraba nulo el acuerdo de disolución del Consorcio de Instalaciones Deportivas de Cuenca al considerar que no ha cumplido sus objetivos. La sentencia incidía en que el Consorcio, presidido por la Diputación de Cuenca, no había cumplido con sus fines, entre los que se encontraban las obras de la Fuensanta. El presidente de la Diputación de Cuenca acusa al alcalde de la ciudad de impagos, algo que, si bien es cierto, no fue un impedimento para que la institución provincial sí concluyera la obra prevista con cargo al Consorcio de Instalaciones Deportivas en el municipio de Las Pedroñeras. ¿Estamos por lo tanto ante un hecho razonable? ¿Lo que vale para Las Pedroñeras no vale para la ciudad de Cuenca? Los conquenses, con todos los datos en la mano, que saquen sus propias conclusiones. Y precisamente para eso, para tener todos los datos, un encuentro entre todas las partes implicadas se perfila como una buena solución. Los conquenses no entenderían lo contrario.
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