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CUENCA
Del 11 al 19 de abril de 2014
PLATAFORMA DE LA SANIDAD NUEVA CONCENTRACIÓN
SEGURIDAD. JAVIER MORALES DENUNCIA LA NUEVA LEY
Denuncian colapsos en Primaria por altas “prematuras” e ingresos hospitalarios tardíos
Concentración del pasado martes.
■■ G. D.
La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública de Cuenca denuncia que profesionales de Atención Primaria de la provincia les han advertido de que estos centros se están viendo en ocasiones colapsados como consecuencia de “altas demasiado prematuras” que se están dando en el Hospital Virgen de la Luz y de que a algunos pacientes crónicos a los que se deriva desde Primaria al centro hospitalario “no son ingresados en un primer momento”, de modo que “vuelven al día siguiente a la consulta de su médico o avisan para ser atendidos en el domicilio particular”. Esto último supone, además, que si los pacientes son ingresados finalmente en unos días se produce el doble de gasto en ambulancias, más costoso cuanto más lejos vivan los pacientes de la capital, advierten en la Plataforma. LEY DE GARANTÍAS
Junto a esta crítica, la Plataforma denuncia que el Servicio Regional de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha retirado de los hospitales los folletos que informan de la Ley de Garantías, normativa que sigue en vigor y obliga al Sescam a buscar una solución para atender a los pacientes que han superado un determinado número de días en las listas de espera siempre y cuando los propios pacientes demanden este derecho. Recuerdan que en el Hospital General de Albacete llegó a aparecer una circular del Sescam en la que “se aleccionaba a los trabajadores a que no comunicaran expresamente a los pacientes la existencia de dicha ley para que quienes la desconocieran no pudieran exigir acogerse a ella y ser atendidos dentro del plazo legal”. Aseguran que esta circular ha sido denunciada por los sindicatos del hospital albaceteño.
RECORTES
La Plataforma insiste asimismo en los recortes sufridos en lo que llevamos de legislatura en el Hospital Virgen de la luz, que este año celebra su cincuenta aniversario. “La Junta ha reducido su partida económica en torno a un 30 por ciento: de los aproximadamente 84 millones de euros con los que se contaba en 2011, se ha pasado a apenas 60 en 2013”, recuerda. A ello suma el despido de más de cien profesionales y la pérdida de 60.000 cartillas por traslados a otros hospitales como centros de referencia, “posibles pacientes que ya nunca van a poder acudir a las consultas del Hospital, lo que afecta también muy directamente a la economía de nuestra ciudad porque muchas familias aprovechaban a pasar en Cuenca el día que venían a revisión”. Indicen en que el Hospital cuenta con entorno a un centenar de médicos especialistas menos que el de Guadalajara. DENUNCIA A ANTUÑA
Finalmente, la Plataforma lamenta que la justicia haya desestimado la denuncia que la Junta de Personal presentó hace meses contra el anterior gerente de Atención Integrada, Rodolfo Antuña, “solo con que este hubiera declarado ante el juez como si de una autoridad policial se tratara, y sin poder aportar más datos, ni declaraciones en contra, nada”. Informa no obstante de que la Junta de Personal ha recurrido este desistimiento provisional con el fin de que “Antuña sea juzgado por los desmanes que cometió en Cuenca”. Entre otras cuestiones, denuncian que “colocó a dedo a un informático y negó sistemáticamente información a la Junta de Personal, y aún no sabemos por ejemplo cómo fue adjudicada la realización de pruebas de rayos x en el Centro de Especialidades de Tarancón.
“Buscan criminalizar y reprimir las protestas” El activista Javier Morales concedió el pasado martes una charla coloquio en la que habló sobre la Ley de Seguridad Ciudadana ■■ ARANTXA GARCÍA
“El Gobierno no quiere ver las causas de los conflictos sociales, simplemente pretende reprimir la protesta social con unas políticas que se ponen en contra de la mayor parte de la población”. Son las palabras del activista de movimientos sociales y licenciado en Derecho Javier Morales, quien el pasado martes, dentro de las actividades incluidas en el ciclo Abril Republicano, habló ante decenas de personas sobre la Ley de Seguridad Ciudadana que el Gobierno central pretende aprobar. Javier Morales presenció las protestas del 22 de marzo, además de haber sido sancionado con una multa de 200 euros por haber intentado parar el deshaucio de una señora. Una multa por la que, según el propio Javier, con esta ley se tendrían que pagar 1.000 euros. Como licenciado en Derecho y activista, ¿por qué cree que hay que decir no a la nueva ley?
Porque el Gobierno no quiere ver las causas del conflicto social, sino simplemente reprimir las protestas sociales ante estas políticas que están aplicando, al servicio de los mercados, fundamentalmente de la banca, y en contra de la inmensa mayoría de la población, que es la que está protestando. Lo que pretenden hacer con esta ley, mal llamada ‘ley de seguridad ciudadana’,
es criminalizar y reprimir las protestas, pues prevé una serie de medidas que, a mi juicio, son una criminalización de la protesta social y de la pobreza en sí misma, ya que conductas que hasta ahora habíamos visto como las movilizaciones ante el Congreso de los Diputados o, por ejemplo, intentar parar pacíficamente un desahucio, van a ser consideradas infracciones y van a ser multadas con entre 1.000 y 30.000 euros. ¿Qué le parece lo ocurrido en las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo?
Yo estuve allí. La marcha estaba convocada hasta las 21:30 horas, y por lo tanto hasta ese momento era perfectamente legal. Yo mismo presencié cómo de repente la policía empezó a actuar cerca de las 20:30 horas. Sí que es cierto que había un grupo reducido de personas montando jaleo, pero era un grupo ínfimo en comparación con toda la gente que estábamos allí manifestándonos pacíficamente. Creo que en cierta manera lo que se buscaba era esa imagen para poder criminalizar a los cientos y miles de personas que estábamos allí manifestándonos pacíficamente y conseguir que no saliese como una protesta pacífica. Además, creo que el dejar a unos antidisturbios un poco desamparados, como fue el caso, viene un poco en relación a esta ley de seguridad ciudadana. Y es que mi opinión personal es que a estos
antidisturbios se les dejó “vendidos”, a fin de, efectivamente, ser agredidos para criminalizar la protesta social y justificar la aprobación de esta ley que nos quieren imponer. La ley aún está pendiente de ser aprobada…
Sí, porque dentro de la justicia hay jueces de la propia derecha que han hecho informes señalando la inconstitucionalidad de esta norma y criticándola. Pienso que es porque están viendo que no la van a poder llevar a cabo. Creo que la estrategia del PP siempre es la misma: hacen una propuesta inicial extremadamente radical para luego quedarse en el término medio y que así parezca que “algo hemos ganado”. ¿Hay motivos de sobra hoy en día para manifestarse?
Nos están intentado imponer unas políticas que nos perjudican a la inmensa mayoría de la población, con lo cual no hay que quedarse en casa, precisamente porque sino nos las van a imponer con mayor dureza aún. Como decía Marcelino Camacho: “Para conquistar el derecho de manifestación hay que manifestarse, para conseguir el derecho de reunión hay que reunirse…”. Esto lo decía en la época de la dictadura, pero yo creo que hoy día en cierta manera es vigente, salvando en las distancias, lógicamente, pero si que está habiendo un ataque contra estos derechos fundamentales.