opinion
Defender lo indefendible Leonel
contreras
VIERNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2012
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El aborto Socorro Martínez Ortiz
Betancourt
reer que existe la democracia, transparencia y rendición de cuentas en ese mega sindicato que es el SNTE y que algún dirigente del nivel que sea de este gremio informe de estas prácticas a la opinión pública y a los agremiados, resulta en el primer caso pecar de inocente e ingenuo, y en el segundo de mentiroso y perverso. El de los trabajadores de la educación es un sindicato controlador por excelencia, que lo menos que le importa es la práctica de la democracia y las virtudes que conlleva. Acaba de aprobarse la reforma laboral y será enviada al titular del Ejecutivo para su publicación en los términos acordados. Se dejaron como reserva aquellos artículos que tienen que ver con los contratos laborales y aunque la ley en cuestión tiene como destinatarios a los sindicatos de instituciones, empresas y ramas de la industria regidos por el apartado A de la Constitución, de haberse aprobado en los términos en que se votó la primera vez en el Senado, no hubieran sido pocas las organizaciones de trabajadores regidas por el apartado B, las que hubieran puesto sus barbas a remojar. Cierto, se dirá con razón, aunque entre dudas, que al reformarse los estatutos posterior al cacicazgo de Jongitud, se incluyó la democracia para la elección de los dirigentes por voto directo, universal y secreto. Y que en el discurso de los líderes charros aparecieron términos como representación, democracia, inclusión, expresiones sindicales que hacen alusión a la pluralidad propia de un gremio tan grande que en la práctica no es sino un frente de corrientes y tendencias ideológicas diversas. Pero estos principios y valores en buena medida sólo quedaron en el discurso y en la nueva declaración de principios: pues el control y la antidemocracia siguieron campeando a sus anchas. Esto ha seguido ocurriendo debido a que el SNTE sigue siendo un ente corporativo, una estructura acuerpada en la que el clientelismo, la compra o cooptación de las voluntades no ha desaparecido. Además los estatutos han sido diseñados y en su espíritu prevalece el que sirvan para el control y para bloquear la democracia. Para muestra sólo bastaría conocer cómo se organizan y conducen los congresos. Los órganos de gobierno creados con la enésima reforma estatutaria de 2004, que buscaron la rendición transparente de los recursos y gastos, al estar siempre supeditado a la voluntad de la sempiterna lideresa, nunca tuvieron autonomía para hacer sus funciones con libertad e informar con la verdad a las bases sindicales. ¿Y como podía ser legal y transparente, si al frente del manejo de las finanzas ha estado nada menos que el ex marido de la maestra? Se pudo haber perdido el vínculo sentimental afectivo quizá, pero se mantuvo el económico con el peso e importancia que representan el manejo discrecional las cuotas sindicales. Al ser un mito que quien se ostenta como dueña del SNTE hizo su patrimonio con los centenarios que heredó de su abuelo ricachón, según se ha pretendido justificar su escandaloso enriquecimiento, sus ostentosas residencias, ropa y accesorios de lujo, lejos del sueldo del mejor pagado de los maestros y hasta naves espaciales privadas para su uso exclusivo, no tiene otro origen que las aportaciones de los sindicalizados. Las comisiones dictaminadoras que se eligen en los congresos para presentar informes de la glosa de las finanzas, son paleras y ocultan la malversación de fondos. En el nuevo organigrama surgido de la cónclave de Playa del Carmen, entre los integrantes del Comité Nacional de Vigilancia, Transparencia y Rendición (para estar a tono con el vocabulario de moda y no parecer retrógrados) de Cuentas, se ratifica y sigue apareciendo el ex compañero sentimental de la cacique, Francisco Arriola Urbina. Garantizado, estando presente quien la ha acompañado en su periplo como la ama y señora: todo seguirá bajo control en la “vigilancia, transparencia y rendición” de los dineros. La luz verde dada al mega proyecto que sobre una superficie de cuatro hectáreas se edificara en Cuajimalpa y cuya construcción implicara sumas millonarias, bien podría ser una cortina de humo para triangular o desviar una buena tajada de dinero hacía el bolsillo de quien determina el destino del dinero de los trabajadores. La así llamada “Ciudad de la Innovación” dada a conocer y aceptada como un acuerdo inducido en el último congreso, albergará la Universidad de la Educación, la Biblioteca de la Mujer, un teatro al aire libre y una zona de museos, sin faltar un hotel para dar alojamiento a los visitantes. Este mega proyecto ha sido calificado por los críticos del SNTE y de su dirigencia como una obra faraónica, en la que no será remoto ver el dispendio combinado con la opacidad en el manejo del presupuesto que se gastará. Total, se hará con el dinero de los que cotizan, a quienes nunca se les ha informado con veracidad y detalle cómo se emplea. Así que quienes difunden el cuento de que en el SNTE ya se practica la democracia y la rendición de cuentas, defienden lo indefendible. ■
Cuántas mujeres ocupan cargos como diputadas o senadoras en las cámaras del Congreso de la Unión? ¿Cuántas, en todas y cada una de las legislaturas de los estados, incluyendo el nuestro? De los 628 legisladores que integran el primero, sería difícil que llegaran a 50 por ciento y contáramos con 314: 250 diputadas y 64 senadoras. Por lo que corresponde al Congreso local, encontramos un porcentaje más equitativo. Las interrogantes vienen a colación porque en su gran mayoría, tanto el Congreso de la Unión como el local, se encuentran integrados por varones, no obstante, más de la mitad de la población son mujeres. Ellas se encuentran inmersas en una sociedad cada vez más convulsionada, que en no pocos casos son objeto de marginación y discriminación de todo tipo; se requieren entonces leyes que protejan y reivindiquen sus derechos, para gozar de una vida con dignidad al igual que el hombre, simple y sencillamente por tratarse de personas. Este sustento lo encontramos en el primer párrafo del artículo 1 de la CPEUM que reza: En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajos las condiciones que esta Constitución establece. Más todavía. Los párrafos primero y segundo del artículo 4 de la propia Carta Magna, indican: El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espaciamiento de sus hijos. En consecuencia, sabemos que el Poder Legislativo tiene como función primordial la creación; modificación a través de reformas y adiciones, así como la derogación de leyes. Para lograrlo, retoma todos aquellos factores sociales económicos y políticos que se presentan en la sociedad, para llevar a cabo un proceso legislativo, que da como resultado una nueva norma con carácter abstracto, objetiva y que permite regular las nuevas relaciones sociales para garantizar una grata convivencia entre los seres humanos. No obstante, el pasado miércoles se publicó en este medio una nota que hace referencia precisamente a la derogación de una norma que atañe a las mujeres, pues se trata de la despenalización del aborto: Son contrarias las posturas de varios legisladores. Opinión de mujeres, fundamental para legislar sobre
el aborto: diputados. PRI, PAN y PVEM, a favor de la iniciativa; PRD Y PT pretenden realizar un plebiscito. Algunos de ellos consideran que el hombre también tiene derecho a decidir en el tema. Llaman a dejar de lado posturas personales y a legislar a partir de la opinión ciudadana. (La Jornada Zacatecas. Alma Alejandra Tapia. Miércoles 14 de noviembre de 2012, página 4). Al respecto, me permito hacer estos cuestionamientos: 1.- La despenalización del aborto no debería proceder, toda vez que los artículos 312 y 313 del Código Penal vigente en el estado, establecen excluyentes de responsabilidad. Señala el primero: no es punible en dos casos: - Tratándose de aborto culposo causado por la mujer embarazada. - Cuando el embarazo sea resultado de una violación. Referente al segundo, menciona que no se aplica sanción alguna: Cuando de no provocarse el aborto la mujer embarazada corra peligro de muerte o de un grave daño a su salud, a juicio del médico que la asista, oyendo éste el dictamen de otro médico, siempre que no fuere posible y no sea peligrosa la demora. 2. La penalización del aborto en Zacatecas es mínima, toda vez que la referencia que nos da el artículo 311, permite, a quien o a quienes hayan incurrido en tal conducta, enfrentar un proceso penal gozando del beneficio de la libertad provisional, pues impone de cuatro meses a un año de prisión, a la madre que voluntariamente procure un aborto o consienta en que otro la haga abortar. Este supuesto se actualiza, siempre que no tenga mala fama; que haya logrado ocultar su embarazo; que éste sea fruto de una relación ilegítima y que el aborto se efectúe dentro de los primeros cinco meses del embarazo. Pero cuando falta el consentimiento de la mujer la prisión será de tres a seis años. Y si existiera la violencia física o moral, la pena sería de seis a ocho años. Si el aborto lo causa un médico o cirujano, además de las sanciones se le suspenderá de dos a cinco años en el ejercicio de su profesión. Puedo pensar como abogada, que sería difícil lograr lo que el diputado del PVEM Xerardo Ramírez menciona al precisar que los ecologistas respaldan el derecho a la vida y considera que la decisión de abortar o no un niño no es exclusiva de la mujer, sino que también compete al hombre porque hay varones muy responsables que en algunos casos son quienes se ocupan de los hijos. Generalmente, la mujer que recurre al aborto, es aquella a quien su pareja dejó en el abandono y a su suerte. ■