16 POLÍTICA • MIÉRCOLES 31 DE JULIO DE 2013 VÍCTOR BALLINAS
El coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Luis Preciado, advirtió ayer que su bancada no aprobará más nombramientos de embajadores y cónsules que el titular del Ejecutivo haga llegar a la Comisión Permanente, porque el canciller José Antonio Meade Kuribreña “no está respetando el acuerdo que hizo con la fracción blanquiazul en el Senado, de que las propuestas de diplomáticos las haría llegar durante los periodos ordinarios de la Cámara de Senadores”. El panista manifestó lo anterior durante los trabajos de la segunda comisión de la Permanente, en la que se aprobó el nombramiento de Agustín Gutiérrez Canet como embajador de México en Rumania, y de Andrés Isaac Roemer Slomianski y Orlando Arvizu Lara, como cónsules en San Francisco, California y en San Juan, Puerto Rico, respectivamente.
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El PRI informa que la próxima semana buscará apoyo para cuatro diplomáticos
PAN arremete contra Meade y descarta aprobar más nombramientos de embajadores ■
El blanquiazul critica al canciller por “faltar el respeto” a la Cámara de Senadores
José Luis Preciado reveló ante senadores y diputados integrantes de la segunda comisión que “al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, el canciller acordó con los senadores del PAN que el Senado no sería oficina de trámites en la que sólo nos estuviera enviando perfiles de candidatos a embajadores y cónsules sin que mediara una reunión previa para valorarlos”. Además, abundó el coordinador de los senadores panistas: “También se acordó que no enviaría a la Permanente propuestas de diplomáticos. El
canciller faltó a su palabra. Lo hizo en enero, y lo está volviendo a hacer en este periodo de receso del Congreso”. El canciller, aseguró Preciado, “le está faltando el respeto al Senado, porque no está respetando el acuerdo”. Ante ello, sostuvo: “Le pido a Meade que se apegue a lo que había acordado, porque el PAN no dará más su voto a favor de diplomáticos en la Permanente”. Sin embargo, dijo, “si es urgente nombrar a un embajador o cónsul en una reunión previa se debe analizar el perfil”.
Pretenden que en agosto se realice un periodo extraordinario
Miembros del Pacto por México buscarán aprobar una reforma político-electoral FABIOLA MARTÍNEZ
Los integrantes del Pacto por México acordaron “buscar” un eventual periodo extraordinario de sesiones –a realizarse en agosto– con el propósito de aprobar una reforma electoral. Por su parte, el gobierno federal se compromete a “combatir la impunidad” e indagar todas las denuncias derivadas de los comicios del pasado 7 de julio. Sin mencionar de manera explícita la iniciativa de cambios político-electorales que presentaron la semana pasada los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), el comunicado difundido anoche por la Secretaría de Gobernación identifica como “parte de la agenda prioritaria” del pacto las leyes secundarias de la reforma constitucional en materia educativa; la reforma financiera y de límite de deuda en estados y municipios, “entre otras”.
Propuestas de la oposición No se hace alusión, por ejemplo, a las propuestas de reforma para el sector energético que plantea la oposición. Para el Pacto por México –el cónclave de negociación en el que participan altos funcionarios del gobierno federal y dirigentes de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), PAN y PRD, con el objetivo de que elaborare proyectos de reformas– el bloque de iniciativas tendría cabida en un periodo extraordinario, en agosto,
y en el ordinario que inicia en el próximo septiembre. “Trabajaremos con los coordinadores de los grupos parlamentarios de nuestros partidos en ambas cámaras para procurar un periodo extraordinario de sesiones en el mes de agosto, para que se incluyan, entre otros asuntos, los temas antes mencionados, y en el próximo periodo ordinario que inicia en septiembre”, dice textual el último párrafo del boletín.
Gobernación informó que la agenda prioritaria incluye cambios en materia educativa Según este comunicado, en la reunión privada de ayer, los integrantes del consejo rector del pacto acordaron también abordar los temas relacionados “con una reforma política integral al Distrito Federal y aprobar las leyes reglamentarias de la reforma política de 2012, que incluyan las candidaturas ciudadanas, iniciativa ciudadana, consulta popular e iniciativas preferentes”. En cuanto a la intención de avanzar en la reforma electoral, se afirma que la finalidad es “erradicar todas las prácticas denunciadas en el anexo (del pacto) y otras que limitan el desarrollo de nuestra democracia”. De esta forma ratificaron, según el boletín, su participación en el Pacto por México y avan-
zar en los 95 puntos temáticos incluidos en este esquema de negociación, así como los 11 compromisos de su agregado, firmado en la víspera de las elecciones del 7 de julio. El gobierno federal, en tanto, se compromete a perseguir y castigar los delitos electorales. Además de investigar denuncias y “castigar” a responsables, el gobierno afirma que las fallas de los procesos electorales –aún en curso– serán corregidas. Las propuestas del PAN y PRD en esta materia, presentadas en días pasados, buscan la aprobación de un marco legal que permita una nueva organización de elecciones, mayores controles al Poder Ejecutivo y mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.
Legisladores priístas manifestaron desconocer tal acuerdo y el presidente de esa comisión, el perredista Ar-
mando Ríos Piter dijo que la próxima semana se aprobarán los nombramientos de cuatro embajadores”.
El TEPJF no apremia a diputados Al resolver un segundo incidente de inejecución de la sentencia emitida en su momento por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que la Cámara de Diputados designe al consejero del Instituto Federal Electoral faltante, los magistrados consideraron que dicha resolución se encuentra en proceso de ejecución, por tal motivo no es dable aplicar medidas de apremio a los legisladores para que nombren al funcionario. Durante la sesión del TEPJF se aprobó por unanimidad de presentes el proyecto del magistrado Constancio Carrasco, en el que recoge la respuesta de San Lázaro que señala que no se alcanzaron los acuerdos en la Junta de Coordinación Política, pero que continúan los esfuerzos para lograrlos. La mención a que se mantendrían los trabajos fue suficiente para que los magistrados dieron por válida la respuesta y la consideraran como una sentencia en proceso de ejecución. “Lo expuesto permite considerar que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento, de ahí que en este momento no resulte procedente actuar en términos de lo previsto en los artículos 32 y 33 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral que prevé la facultad para la Sala Superior de imponer medidas de apremio”, como lo pidió el diputado Rafael Huerta, del Partido del Trabajo. De igual forma, los magistra-
dos asumieron como satisfactoria otra parte de la respuesta de la Junta, que indica que en dado caso de que se mantenga la imposibilidad de los acuerdos, se sometería al pleno de la Cámara de Diputados para su discusión. En su momento, el magistrado Pedro Esteban Penagos destacó que en toda democracia y en todo estado de derecho, las instituciones están obligadas al cumplimiento de la ley y las sentencias de los tribunales. Por ello, La Junta tiene el deber de agilizar las gestiones que le corresponde para la designación, de tal manera que lo procedente es requerir a esta instancia que alcance el acuerdo o en su caso, de no lograrlos, que se ponga a disposición del pleno de la Cámara la lista de finalistas para que proceda a la designación. En su argumentación, el magistrado Manuel González Oropeza consideró que ésta es una vía para que en un nuevo periodo extraordinario de sesiones se pueda designar al consejero dentro de los marcos legales y constitucionales. Para la magistrada María del Carmen Alanís esta posibilidad permite presumir que se está en la vía para el cumplimiento de la sentencia. Recordó que desde el 29 de mayo, el TEPJF ordenó a los diputados designar al consejero y subrayó que todas las instituciones deben estar sometidas a las disposiciones de los tribunales en la materia. ALONSO URRUTIA