OPINIÓN
Detener el saqueo minero en México FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS l saqueo minero en México es posible dadas las facilidades que la legislación otorga a las empresas mineras para hacerlo, pero también porque en los casos donde impone algunas condicionantes éstas no se respetan. Eso se desprende del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 de la Auditoría Superior de la Federación, dado a conocer en días pasados. No es la primera vez que lo hace; ya en 2008 había señalado que la Dirección General de Minas había entregado concesiones a empresas que carecían de las actas constitutivas que acreditaran su nacionalidad y que dentro de su objeto social se encontraba la minería; además, en aquella ocasión el organismo expresó que los concesionarios no informaban que su actividad se ajustara a las disposiciones en materia de protección al ambiente, ni que hubieran realizado las obras a que la ley los obliga. Ahora la Auditoría Superior de la Federación vuelve a poner el dedo en esta llaga por donde se desangra a México. Ya no habla de que no se identifique la nacionalidad de la empresa minera concesionaria ni que no acredite que dentro del objeto para el que fue creada esté la minería; lo que dice es que de mil 121 concesiones que se autorizaron en 2010, 272 no se registraron en el padrón correspondiente, lo que lo convierte en un instrumento de control poco confiable; de igual manera, 80 de ellas no consignaron su registro federal de contribuyentes, impidiendo que la Secretaría de Hacienda pueda requerirles el pago correspondiente por derechos; además, que en 39 casos la empresa titular de la concesión no pagó derechos y en 27 pagó menos de lo que era su obligación liquidar. Otra de las irregularidades detectadas es el pago por el uso y aprovechamiento de bienes de la nación, como son los recursos naturales. El informe de la Auditoría Superior de la Federación corrobora lo que en muchas ocasiones se ha señalado en La Jornada: que las cuotas que se pagan por una concesión son inferiores a los costos de los trámites administrativos para otorgarla. Textualmente, afirma: “El importe de las cuotas que se pagan actualmente es simbólico y contrasta con los volúmenes extraídos de recursos minerales no renovables, ya que el valor de éstos está por arriba de los derechos de concesión que cobra el Estado, como se observó en el periodo 2005 a 2010, en que el valor de la produc-
ción ascendió a 552,422,429.3 miles de pesos, y el de los derechos cobrados a 6,543,417.4 miles de pesos, los cuales equivalieron a 1.2 por ciento de la primera”. Pero no sólo eso: también se detectó que los pagos por trámites de modificación de títulos y por la modificación misma no son verificados por la autoridad, de ahí que no se pueda saber si pagan o no, o si lo hacen de manera correcta.
ES NECESARIO ANALIZAR LOS REQUISITOS PARA LA ENTREGA DE CONCESIONES, LAS OBLIGACIONES DE QUIENES LAS OBTIENEN
Lo que el informe muestra es que las venas del saqueo minero en México siguen abiertas. No sólo por lo laxo de la legislación aplicable, sino también por las omisiones de las autoridades en vigilar que se cumpla. Esto, como es natural, tiene sus repercusiones. Cada día aumentan las protestas sociales por la devastación ambiental causada por la minería en diversas partes del territorio nacional, lo mismo que por los contratos leoninos firmados con los dueños de las tierras bajo las cuales se encuentra el codiciado mineral, o los daños a la salud que el uso de sustancias químicas provoca. Ejemplos sobran, aunque destacan las protestas indígenas porque, al introducirse en sus territorios sin su consentimiento, destruyen el entorno social donde viven y ponen en peligro su existencia como pueblos. Eso debería ser razón suficiente para emprender una revisión profunda a la legislación y las políticas mineras. No se puede seguir haciendo como si nada pasara. Es necesario analizar los requisitos para la entrega de concesiones las obligaciones de quienes las obtienen, especialmente en materia de protección ambiental y de salud de quienes viven en las zonas donde se instalan, los pagos por derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales y los impuestos por comercialización de los mismos. Esas son razones suficientes para iniciar un cambio de fondo en esta actividad, pero si alguien necesita un argumento más, hay que decir que el mineral es propiedad de todos los mexicanos y las trasnacionales mineras se lo están llevando sin dejar ningún beneficio al país. ■
MARTES 28 DE FEBRERO DE 2012
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Venezuela hoy LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO esde los 12 años, Alejandro Aguiar fue pescador en isla Margarita. Salía a alta mar y llevaba la pesca a Curazao. Pescaba atún, lisa, carie (sierra chica), corocoro, sardina, bagre, pargo, mero. Las campañas duraban mes y medio o dos meses. Regresaba a tierra oliendo a mar. En isla Margarita o se es pescador o se trabaja en el ferry, o en los barcos, o de taxista. Aunque últimamente hay empleos en el turismo, la gente de mar es gente de mar siempre. Alejandro era uno de esos. Pasados los 60 años el señor Aguiar dejó de pescar. El mar es muy traicionero y hay que tenerle cuidado por más que se haya pasado la vida en él. El mar es dueño y señor de sus espacios. Él solo se gobierna. Los pescadores saben cuándo es el momento de decirle adiós y así tuvo que hacer Alejandro. Para sobrevivir cuando se retiró de la pesca, el señor Aguiar hacía redes para los pescadores jóvenes y cuidaba lanchas y barcos de otros. Tenía 70 años y no poseía nada aparte de sus atarrayas y sus redes. Su único futuro era seguir viviendo así, hasta que el gobierno lo pensionó. Nunca había cotizado a un instituto de seguridad social ni a un fondo de pensiones, pero había trabajado siempre. Después de casi dos años de gestiones fastidiosas, el gobierno bolivariano lo incluyó en el seguro social y comenzó a recibir una pensión. El horizonte de su vida, y el de su familia, cambió. El gobierno de Hugo Chávez no sólo dio pensiones a los adultos mayores. También eliminó la pesca de arrastre, dañina como es, y decidió apoyar a los pescadores familiares. Los empresarios de las arrastradoras pusieron el grito en el cielo y se le echaron encima. Lo pescadores artesanales lo apoyaron. La historia de Alejandro Aguiar no es excepcional. Según los resultados del último censo recientemente difundido, en Venezuela hay 50 personas dependientes por cada 100 en edad de trabajar. Muchos laboraron toda su vida o son madres que sacaron adelante a sus hijos y que, en los últimos años de su vida, se encuentran sin ingresos para sobrevivir. Para ellos se creó una pensión universal. Durante los 13 de años de gobierno chavista se ha duplicado la inversión social. Y los resultados están a la vista. La Unesco declaró a ese país libre de analfabetismo. Venezuela es el segundo lugar en América Latina y el quinto en el mundo en incremento de la matrícula escolar. El rendimiento en los salones de clase ha crecido, en parte, porque 4 millones de niños reciben dos comidas al día gratuitamente. Ningún menor pisa un aula con el estómago vacío. Hoy día los servicios sanitarios llegan a todo mundo, no se necesita trabajar en alguna institución para ser beneficiario. Tienen una cobertura de 80 por ciento de la población. Tratamientos como la quimioterapia y las diálisis, que son muy costosos, son gratuitos. Sin embargo, existen algunos problemas. Con el apoyo de los médicos cubanos hay atención primaria en prácticamente todos lados, pero faltan hospitales. En las clínicas faltan camillas. El servicio es insuficiente y está saturado. El salario mínimo es de poco más de 360 dólares al mes y los trabajadores del sector público reciben además un ticket alimentario por casi 420 dólares. A pesar de la crisis, el desempleo se mantuvo en 8 por ciento. En el sistema estatal de abasto alimentario (tiendas Mercal), entre 22 y 24 productos de la canasta básica pueden ser adquiridos con 80 por ciento de descuento. Los resultados de esta política están a la vista. Venezuela es el país latinoamericano menos desigual. La desigualdad, medida por el índice de Gini, es de 0.39 por ciento. La pobreza extrema se redujo a 7.1 por ciento, cuando antes de la llegada de Chávez al poder era de 17 a 20 por ciento, y la pobreza total cayó de 70 a 26.7 por ciento. Este crecimiento del bienestar de los trabajadores y los sectores más pobres no ha acabado con los sectores pudientes. Veinte por ciento de la población más rica disfruta de 44 por ciento de la riqueza nacional, cuando antes se apropiaba de 57 por ciento. Hay mucho dinero en Venezuela y el nivel de consumo es muy alto. Las tiendas están siempre llenas. Abundan los vehículos caros y las tiendas de ropa de marca. Las residencias de lujo se cotizan en montos similares a los de las principales ciudades del planeta. La oposición asegura que el país se desindustrializa, la inflación se desboca y el gobierno reparte la renta petrolera vendiendo dólares baratos, aumentando la nómina pública y otorgando subsidios. Rabiosa porque ha perdido el manejo de la renta petrolera, considera que la inversión en la mejoría de las condiciones de vida de la población, los salarios dignos y garantizar la soberanía nacional son gastos superfluos. A pesar de los vaticinios catastrofistas que desde hace 13 años se anuncian, la economía venezolana sigue creciendo. En 2011 el PIB creció 4.2 por ciento. Ciertamente, 2009 y 2010 fueron años malos, pero el escollo ha sido superado. La crisis llegó a Venezuela más tarde que al resto del mundo, pero eso no implicó, a diferencia de Estados Unidos y Europa, que la pobreza y el desempleo aumentaran. La inflación promedio durante el chavismo es de 22.2 por ciento, ciertamente un porcentaje muy elevado. Sin embargo, es significativamente inferior a la que se tuvo en las administraciones anteriores. La cultura de la inflación no la creó Chávez; cuando él llegó ya estaba allí. Impresionante es el crecimiento de la industria de las telecomunicaciones. Venezuela es país de conectados. Durante 2011 el sector contribuyó al PIB con 6.6 por ciento. Hay 3.5 millones de líneas asociadas a planes de Blackberry. Las líneas en uso de la telefonía móvil alcanzan 28.8 millones de suscriptores: 98 líneas activas por cada 100 habitantes. Hay 11.8 millones de usuarios de Internet. Detrás de la frialdad de cifras y estadísticas se encuentran decenas de miles de historias como las de Alejandro Aguiar. Esas historias muestran que hay un camino alternativo al neoliberalismo. Esas historias explican la adhesión popular al chavismo. ■