EMIR OLIVARES, VÍCTOR BALLINAS Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

LA JORNADA Lunes 27 de diciembre de 2021

POLÍTICA

MARCHAN A LA BASILICA DE GUADALUPE

Demandan padres de los 43 al Ejército dar información “clave”

EMIR OLIVARES ALONSO

Los familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa volvieron a tomar las calles para demandar, una vez más, verdad y justicia por la desaparición forzada de sus hijos suscitada hace 87 meses.

En esta ocasión, marcharon a la Basílica de Guadalupe, donde el obispo emérito Raúl Vera López encabezó una misa en honor de los 43 jóvenes. En ese contexto, el prelado responsabilizó de aquellos hechos a los tres niveles de gobierno y aseveró que el Ejército “estuvo en medio”. Destacó “la firmeza” con que los padres y las madres siguen luchando, lo cual contribuye a la construcción de un México más justo.

Las familias, por su parte, plantearon varias exigencias: una dirigida a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para que entregue la información “clave” con la que cuenta a fin de esclarecer los crímenes, otra para que la Fiscalía General de la República dé celeridad a las indagatorias y la última al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que cumpla con su compromiso de esclarecer el caso.

Vidulfo Rosales, abogado de los padres, enfatizó que el año cierra “sin avances considerables”, pues las búsquedas en terreno realizadas en 2021 no dieron frutos, la FGR perdió testigos claves y tampoco concluye el trámite de extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal y quien fue la mente detrás de la llamada verdad histórica.

Ayer, al cumplirse siete años y tres meses de la desaparición forzada de los jóvenes –entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero–, los padres caminaron por la tradicional ruta de los creyentes de la Virgen de Guadalupe: de la glorieta de Peralvillo al templo del Tepeyac.

Atrás quedaron las multitudinarias marchas que se vieron en las primeras semanas tras la desaparición de los 43 jóvenes, cuando el tema ocupaba las primeras planas y la discusión pública. Pese a que hoy no se ven aquellas masivas movilizaciones, las madres y los padres no claudican en su lucha por justicia y, como cada día 26 de cada mes, unas 200 personas los acompañaron, sobre todo estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa.

Tras caminar por Calzada de Guadalupe, entre la sorpresa de los fieles católicos, quienes los confundían con “una peregrinación”, llegaron hasta la explanada del templo del Tepeyac. Se colocaron frente a uno de los balcones del santuario, donde destacaban las imágenes de la Guadalupana y de Juan Diego, junto a las que se colocaron mantas con los rostros de algunos de los normalistas desaparecidos.

Justo a las 11 de la mañana, el obispo Vera López apareció en el balcón para iniciar la ceremonia religiosa.

Dedicó unas palabras iniciales a las familias y de inmediato aseveró que los jóvenes normalistas fueron entregados por policías municipales al crimen organizado debido a que tomaron al menos un autobús en el que se traficaba droga a Estados Unidos y de esa situación “estaban al tanto” las autoridades de los tres niveles de gobierno.

“Los principales responsables de la desaparición de sus hijos son el gobierno de Guerrero, el gobierno de los municipios en los que se dio este crimen y el gobierno federal, porque también en medio estaba el Ejército mexicano”, aseveró el obispo.

El purpurado dijo que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) documentó los agravios contra los 43 normalistas y su labor dejó en claro la responsabilidad de las autoridades, por lo que pidió la intercesión de la Virgen de Guadalupe para que el gobierno “haga lo que tenga que hacer y no le dé vueltas al asunto” para esclarecer los hechos.

Al unísono, las familias respondieron con la consabida consigna: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, realizaron la ya usual cuenta del uno al 43, finalizando con el grito: “¡Justicia”, ante la sorpresa de los fieles que también escuchaban la ceremonia.

REDECORANDO ● MAGÚ

El gobierno avanza para esclarecer el caso, afi rma el titular de SG

VÍCTOR BALLINAS

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, informó al Senado que, a través de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), el gobierno avanza para esclarecer el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, “rompiendo con el pacto de silencio y evidenciando los vicios y compromisos al interior de las instituciones de procuración de justicia de la administración pasada, que han prolongado la impunidad y la injusticia”.

López Hernández refiere, en el documento enviado al Senado –con las respuestas a las preguntas que le formularon los senadores durante su comparecencia en septiembre pasado y que no contestó en ese momento, sino que apenas la semana pasada entregó por escrito–, que en atención a las demandas de los padres y madres de los estudiantes desaparecidos se han tenido 15 reuniones de evaluación y seguimiento realizadas hasta el mes de junio en presencia del titular del Poder Ejecutivo federal, 10 reuniones de trabajo ordinarias y 30 extraordinarias en presencia de los integrantes de la comisión.

Además, abundó, se han realizado 55 jornadas de búsqueda de campo en siete municipios de Guerrero, acompañando los trabajos encabezados por la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, de la Fiscalía General de la República (FGR).

El responsable de la política interna informa a los senadores que la Covaj ha solicitado a diferentes dependencias de la administación pública federal información relacionada con el caso, contando con la recepción y análisis de documentos, dentro de los que destacan los de Sedena, Centro Nacional de Inteligencia, SSPC, entre otros proporcionados por la UIF, Secretaría de Salud, Conagua, gobierno del estado de Guerrero, CNDH y de la propia Segob.

Al tratarse de un tema de Estado, subraya el secretario, se firmó el convenio de colaboración celebrado por el Poder Ejecutivo federal, la Suprema Corte y la FGR, para evitar fragmentación de los procesos penales.

Hernández López destaca que, continuando con la ruptura del pacto de silencio, la Covaj ha realizado entrevistas con personajes claves que brindan información relevante sobre el paradero de los jóvenes.

Señala que es necesario seguir atendiendo los siguientes desafíos: continuar con la ruptura de pactos de silencio, tanto al interior de las instituciones como con personajes claves que pueden abonar al esclarecimiento de los hechos; impulsar la creación de una jurisdicción única que permita agilizar los procesos de judicialización, y continuar con el proceso de extradición de Tomás Zerón, localizado en Israel.

Repudian a ex vocero De la Cruz

SERGIO OCAMPO ARISTA CORRESPONSAL CHILPANCINGO, GRO.

Dirigentes de la Normal de Ayotzinapa repudiaron a Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre de 2014, por haberse reunido con el ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron de ordenar la desaparición de los normalistas, y de los homicidios de otros dos alumnos, perpetrados el 12 de diciembre de 2012.

“No lo aprobamos, porque se mencionó que ya se aclararon ciertas dudas, y que se resolvieron algunas cuestiones que tenían, pero no es así, están buscando la manera de aprovechar la coyuntura política; Aguirre Rivero debe de estar en la cárcel”, afirmaron.

Este domingo, al cumplirse siete años y tres meses de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa en el municipio de Iguala, se celebró un mitin en Chilpancingo, durante el cual se exigió castigo para el ex titular del Ejecutivo estatal y también se demandó imponer sentencias formales al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y a su esposa María de los Ángeles Pineda, actualmente presos en el penal de máxima seguridad en Almoloya de Juárez, estado de México.

Además, exigieron castigo para los ex funcionarios federales Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación Criminal entre 2014 y 2016, hoy prófugo en Israel; al ex procurador general de la República Jesús Murillo Karam, y al ex presidente Enrique Peña Nieto, quienes “protegieron y sembraron pruebas falsas, y encubrieron al ex gobernador Aguirre y al ex presidente municipal de Iguala”.

Piden más recursos

En el mitin, realizado en el Antimonumento a los 43 de esta capital, integrantes del colectivo Los Otros Olvidados de Ayotzinapa demandaron a la gobernadora, Evelyn Salgado Pineda, que designe como nuevo responsable de la Fiscalía General del estado a una persona que respete a los desaparecidos, “tenga sensatez y que realmente vea por la justicia, las víctimas y sus familiares”.

Asimismo, pidieron a Salgado que “elija bien al fiscal y que también el Congreso local, en el presupuesto del próximo año, considere a las víctimas, porque son muy pocos los recursos que se están destinando, tomando en cuenta que muchas madres de familia se encuentran enfermas, y debido a la pandemia muchas se vieron en la necesidad de vender sus pertenencias”.

Improductivo periodo de sesiones en San Lázaro; pendientes, 699 de 739 iniciativas

Cuestan 74.5 mdp al año los asistentes de los presidentes de las 51 comisiones

ENRIQUE MÉNDEZ

El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados definió como prioridad para 2022 aprobar las reformas constitucionales en materia eléctrica y político-electoral, y precisó que avanzará en las negociaciones con las otras bancadas con objeto de que puedan ser votadas.

Además, presentó un balance positivo del periodo de sesiones que concluyó hace dos semanas, para señalar que ha “privilegiado el diálogo y consenso entre todas las fuerzas parlamentarias”.

No obstante, dicho periodo se caracterizó por ser el menos productivo de inicio de una legislatura, debido a la falta de trabajo en las 51 comisiones, que en su mayoría se instalaron hasta noviembre.

De las 739 iniciativas presentadas entre el 1º de septiembre y el 15 de diciembre siguen en el tintero 699, así como 476 puntos de acuerdo.

La falta de dictámenes contrasta con la burocracia asignada a cada una de las 51 comisiones. A partir de un acuerdo del Comité de Administración, se confirmó la estructura con que cuenta cada uno de los presidentes de comisiones.

Con ello, se autorizó la contratación de un enlace técnico, así como dos asistentes parlamentarios: 153 funcionarios que cuestan 74.5 millones de pesos al año en salarios, más aguinaldo.

El comité también aprobó que cada comisión cuente con un fondo fijo mensual de 14 mil pesos, esto es un gasto de 739 mil 500 pesos; además, un servicio de cafetería por cada reunión de trabajo y de comida para sus integrantes una vez al mes.

Se incluyó, asimismo, el derecho de diputados que sean secretarios de comisiones a contratar un asesor con plaza de enlace parlamentario, por 35 mil 520 pesos mensuales.

Las comisiones con más diputados como secretarios de comisión son la de Hacienda, con 22, y la de Presupuesto, con 19, y hay otras en las que son más reducidas, como la de Diversidad Sexual y Marina, donde son sólo seis y ocho, respectivamente.

Y por cada una de las 51 comisiones, la cámara asigna a sus presidentes dos secretarias y dos trabajadores administrativos, sindicalizados o de base.

Asimismo, Ignacio Mier, coordinador de Morena, informó que se avanza en las asambleas informativas para explicar la iniciativa presidencial en materia eléctrica, que continuarán en enero y febrero.

El legislador reconoció la madurez y voluntad política de la Junta de Coordinación Política de abrir el debate a los foros públicos que inician en enero, ejercicio que “representa un gran esfuerzo de conciliación para escuchar todas las voces que tengan algo que decir a favor o en contra”.

RECUERDA AMLO LA LUCHA DE DESMOND TUTU

▲ El Presidente rememoró a Desmond Tutu, arzobispo sudafricano y Premio Nobel de la Paz 1984, por su fallecimiento, acaecido ayer en Ciudad del Cabo. En un mensaje en Twitter, el mandatario recordó su lucha contra el apartheid y que fue “compañero de lucha de Nelson Mandela contra el racismo”. Asimismo, mencionó: “Una de sus frases es lapidaria, pero contundente y cierta: ‘si eres neutral en situaciones de injusticia, has elegido el lado del opresor’”. Foto María Luisa Severiano

Ve mejoría económica 28.9% de los derechohabientes: Infonavit

De acuerdo con mediciones del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), 28.9 por ciento de sus derechohabientes considera que la situación económica del país es mejor que hace un año, mientras 66.3 por ciento espera que ésta mejore a lo largo de los próximos 12 meses. Al presentar los resultados de la Encuesta de Necesidades de Crédito y Vivienda correspondiente al último trimestre del presente año, explicó que, con base en este ejercicio demoscópico, 27.4 por ciento percibe también una mejoría de la economía en el hogar y 51.7 por ciento espera mejores condiciones en el próximo año.

El Infonavit también presentó el reporte más reciente del Índice de Intención de Adquisición de Vivienda (IIAV), medición que comenzó a difundirse en el presente año y que alcanzó su máximo nivel, con 37.4 puntos, es decir, un aumento de 2.3 puntos respecto al periodo anterior.

Por medio de un comunicado consideró que el incremento “es consistente con un mayor sentimiento de estabilidad laboral y un aumento en el indicador del ingreso mensual, como parte de la reactivación económica del país”.

Los trabajadores con ingresos de entre 8 mil 621 y 12 mil 930 pesos mensuales, es decir, de dos a tres salarios mínimos, son los que reportan mayor interés por comprar una vivienda. El instituto apuntó que con base en las actuales reglas de operación, para este sector el Infonavit aplica una tasa de interés de entre 5.70 y 8.86 por ciento.

Los trabajadores con ingresos entre 21 mil 551 pesos y 25 mil 860 pesos representan el segundo segmento con mayor crecimiento en su intención de compra de vivienda. De la Redacción

Las vueltas de la noria

ARTURO BALDERAS RODRÍGUEZ

En unos días se iniciará el nuevo año y para mala fortuna de millones de personas, en la nación más rica del planeta, la población de menores recursos tendrá que seguir regateando el acceso a la salud y otros beneficios sociales indispensables para su vida diaria. La situación no es nueva, ya que data de décadas.

En los años 30 se abrieron las posibilidades de superar esas carencias (New Deal de Roosevelt), pero a los pocos años la situación volvió a ser crítica, hasta que en los años sesenta nuevamente se entreabrió una puerta que alivió parcialmente la vida de millones mediante una serie de medidas de justicia social (La Gran Sociedad de Johnson). Pero la apertura fue efímera y volvió a cerrarse con el deterioro en la vida de cada vez más estadunidenses. Hasta que Barack Obama tuvo que superar los obstáculos de la oposición para que por lo menos 30 millones de estadunidenses fueran incorporados a los servicios de salud, muchos de ellos niños que carecían de ella. Pero, una vez más, el tiempo y los obstáculos levantados por los sectores más conservadores impidieron a Obama avanzar en sus planes de incorporar a varios millones más al sistema de salud y garantizarles otros beneficios sociales. Con la llegada de Donald Trump, la noria dio una vuelta más y, con el apoyo del Partido Republicano en el Congreso, la opción abierta por Obama nuevamente se cerró. Cuatro años después, el gobierno de Joseph Biden ha enviado al Congreso una propuesta para hacer de los servicios de beneficios sociales un proyecto inclusivo no exclusivo, erradicar la pobreza entre los menores de edad y garantizar una vida digna a sus familias. Pero la historia se repitió y quienes en el Congreso representan a las clases más pudientes una vez más anularon esa posibilidad. En esas están nuevamente millones de estadunidenses.

En los últimos meses, Biden y la exigua mayoría del Partido Demócrata en el Congreso deberán hacer frente a la negativa del Partido Republicano que, con el insólito apoyo de un senador demócrata, ha dejado en el limbo la aprobación de su paquete de beneficios sociales. Estos descalabros han puesto de relieve una realidad que los demócratas y Biden se han negado a reconocer: su partido no tiene 50 senadores, sino 49 y un renegado que, en términos prácticos, se ha convertido en un republicano más. Por esta razón será imposible aprobar ésta y otras propuestas que contribuyan a paliar la pobreza.

A decir de más de un observador político, el Partido Demócrata es también responsable de sus tropiezos en el Congreso. Su incapacidad para aquilatar la importancia de haber logrado la aprobación de un gasto de casi 2 trillones de dólares para reparar la decaída infraestructura del país y la inexplicable falta de oficio con el fin de explicar más claramente los innumerables beneficios que el plan significará para toda la nación. Y en ese mismo contexto, demostrar que su manejo de la pandemia ha sido el correcto, a pesar de la reticencia de los gobernadores en los estados que gobiernan los republicanos a implementar las medidas necesarias para evitar su propagación.

Con este cuadro de fondo, y una imagen que los pinta como un partido que no puede resolver las diferencias entre su ala progresista y su ala moderada que, por extensión, repercuten en la solución de los problemas más ingentes del país. Para el Partido Demócrata será un hándicap en contra al iniciar el año 2022, en el que se celebrarán elecciones para renovar el Congreso.

Si logran demostrar que los republicanos son los responsables de coartar el avance de las medidas en favor de la mayoría y pueden superar sus desacuerdos internos, estarían en posibilidad de revertir una situación que hoy no les es favorable del todo.

¡QUÉ DECEPCIÓN! ● HERNÁNDEZ

Identifi ca IMSS a patrones que suelen dar de baja en diciembre a trabajadores

NÉSTOR JIMÉNEZ

Por segundo año consecutivo, el gobierno identificó a patrones que durante diciembre históricamente dan de baja a sus empleados ante los institutos Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) para recontratarlos en enero del siguiente año.

En un comunicado, el IMSS señaló que entre noviembre y diciembre de 2020, se perdieron 277 mil 820 puestos de trabajo, de ellos 68.8 por ciento fueron trabajadores registrados como permanentes. Y para enero de 2021 fueron recontratados por su misma empresa 86 mil 575 empleados, de acuerdo con la dependencia.

“Las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores”, subrayó el instituto.

Agregó que si bien existen contrataciones temporales legítimas, “lo cierto es que muchos de los trabajadores dados de baja en diciembre y recontratados en enero están registrados por los patrones en el IMSS como permanentes. Estas bajas son una práctica totalmente irregular”.

Sin embargo, en la información difundida, el IMSS no dio los nombres ni el número de los patrones y empresas identificados.

En virtud de lo anterior, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y el Infonavit enviaron misivas a los patrones y empresas identificadas de incurrir en estas prácticas a fin de que revisen si el manejo de su plantilla laboral se encuentra acorde con la normativa vigente y eviten acciones que afecten los derechos de sus trabajadores mediante la elusión ilegal de las obligaciones en materia laboral y de seguridad social.

Aseveró que el incumplimiento de estas obligaciones tiene consecuencias legales que puede poner en riesgo las finanzas de las empresas e incluso llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y penales.

Datos sobre el empleo formal elaborados desde 1997 por la STPS y el IMSS asientan que con excepción del sector de la agricultura, ganadería, silvicultura, pesca y caza, el resto de los sectores económicos realizan despidos cada diciembre.

La construcción es el ramo donde más recortes se dan cada fin de año. Por ejemplo, de noviembre a diciembre de 2020, pasó de generar un millón 577 mil fuentes de trabajo, a un millón 487 mil, es decir, casi se recortaron 90 mil plazas. El último bimestre de 2018 fue el que mayor reducción ha reportado con 125 mil 894 fuentes laborales menos.

Por el contrario, el sector agropecuario creció de noviembre del año pasado con 746 mil 512 fuentes de empleo formal a 757 mil 997 para diciembre.

Con información de Emir Olivares

Reforma laboral: hasta hoy, sólo promesa la resolución de confl ictos en 45 días

JARED LAURELES

A dos años de su puesta en marcha, la reforma laboral contiene “recovecos jurídicos” que impiden la pronta resolución de conflictos laborales, frenan la posibilidad de conciliar en menos de 45 días –como prometían las autoridades– y dan margen a las empresas para recurrir a “trampas y marrullerías” y alargar los juicios, provocando el desgaste de los trabajadores.

Abogados laborales también advierten que la creación de tribunales laborales no lleva a la desaparición inmediata de las juntas de Conciliación y Arbitraje (JCA), porque tienen la obligación de resolver antes los “cientos de miles de asuntos” que tienen y están pendientes en el modelo anterior.

Alberto Ramírez García, especialista en derecho laboral en la Universidad Obrera de México, señaló que la reforma de 2019 –que ya opera en 21 estados del país– “tiene buenas intenciones”, pero el sistema de conciliación “contiene un rasgo ajeno a la conflictividad laboral”, por lo que anunciar el fin de “los juicios laborales interminables, no es así, ni por excepción”.

Con el nuevo modelo de justicia laboral el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) y los tribunales laborales adscritos al Poder Judicial sustituyen a las JCA, que han cerrado “sus puertas para nuevos asuntos”.

Las juntas, indicó, durarán todavía varios años, porque “se quedan con un rezago de casos” y tendrán que resolver hasta el último y descartó que esto ocurra en los próximos tres años de la presente administración.

Con 27 años de experiencia, el litigante estima que se trata de casi un millón de asuntos pendientes en las JCA. Tan sólo la Junta Federal (JFCyA) tiene un universo de 500 mil casos, entre individuales y colectivos, además están los de las instancias locales, donde sólo la Ciudad de México y el estado de México “son las entidades más fuertes”, unos 200 mil expedientes.

Los ocho estados de la primera etapa de la reforma laboral –iniciada el 18 de noviembre de 2020– concentraban 68 mil 770 expedientes en trámite, de los cuales 73.1 por ciento están en rezago, de acuerdo con datos oficiales.

Lesly Corona Hinojosa, maestra en derecho laboral, refiere en entrevista que “hay asuntos desde 2005 que están activos; revisa los boletines y ves la cantidad de casos con tanta antigüedad.

“Los juicios laborales no son como las matemáticas; esto a veces se torna subjetivo, hasta abstracto. Impusieron un nuevo procedimiento (con los centros federales de conciliación) que, siendo equilibrados, en este momento que empiezan están siendo ágiles, pero cuando llegue la carga fuerte (de casos) será muy preocupante porque en este momento ya hay un rezago”, indicó Ramírez García.

Contrario a lo que la Secretaría del Trabajo afirmó en noviembre pasado al anunciar el arranque de la segunda etapa de la reforma laboral, los abogados coinciden en que aun con el nuevo modelo, el coyotaje y la chicana (marrullerías y trampas) “son muy difíciles de erradicar y van a seguir sucediendo”.

Corona Hinojosa apunta que al enfocar la atención en los centros de conciliación, las JCA “están teniendo falta de personal y de recursos, y los mismos funcionarios no saben qué pasará con sus empleos”.

“Esto motiva que quieren beneficiarse recibiendo sobornos. Y lo tengo que decir porque así es: el asunto que avanza es al que más dinero le ponen, porque ya no están teniendo presupuesto (las juntas)”, comentó.

Ejemplo de ello es la JFCyA, cuyo presupuesto se ha reducido, de 915.3 millones de pesos, en 2018, a 743.8 millones aprobados en el Presupuesto de Egresos para 2022.

Explica que antes “el coyote no era un estudioso en derecho” y representaba al trabajador sólo por saber “cómo funcionaba la autoridad”. Ahora, el requisito es contar cédula que lo acredite como licenciado y esta actividad “se limita nada más a la captura de clientes para diferentes despachos”.

Cerveza, principal producto agroalimentario que exporta México

DE LA REDACCIÓN

El acompañamiento del gobierno a los productores y sector agroempresarial, su amplia red de tratados comerciales y sus altos estándares de inocuidad y calidad alimentaria, han colocado a México en el séptimo lugar mundial en exportación, con la comercialización a 192 naciones, algunas tan lejanas como la República de Mauricio, donde consumen levaduras y cerveza mexicana, señaló la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

Apuntó que la cerveza es el producto agroalimentario mexicano que más se exporta, al llegar a 130 países. Hasta septiembre, dijo, se habían vendido 3 mil 142 millones de litros y entre los principales destinos figuran Estados Unidos, Australia, Canadá y Sudáfrica.

En segundo lugar se ubicó el tequila, con ventas por 177 millones de litros a agosto pasado. Esta bebida llega a destinos lejanos como Nueva Zelanda, Kenia, Filipinas, Islas Vírgenes Británicas, Qatar e Irak.

De acuerdo con Agricultura, el país más pequeño al que México exporta es Liechtenstein, que el año pasado consumió aguacates, jugos y extractos vegetales mexicanos.

Refirió que uno de los puntos más lejanos que demandan productos mexicanos es Mauricio, una pequeña isla en el océano Índico, a más de 800 kilómetros al este de Madagascar, y a la que el país vende levaduras, preparaciones de malta y cerveza.

El titular de Agricultura, Víctor Villalobos Arámbula, ha subrayado que, en sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos, México posee un estatus sanitario del más alto nivel, que es reconocido internacionalmente y lo ha posicionado como el séptimo exportador mundial de productos agroalimentarios, pesqueros y acuícolas.

“Los números y los récords son importantes y nos motivan a seguir creciendo, pero nunca olvidamos que detrás de las cifras de comercio exterior hay historias de éxito de empresas, productores y personas que son el rostro de la transformación del campo mexicano”.

Además de los mercados tradicionales de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, México exporta a 42 países de África, entre ellos Argelia, Sudáfrica, Kenia y Nigeria, los cuales compran principalmente trigo, preparaciones de malta, garbanzos, maíz blanco y cerveza.