A. URRUTIA Y E. OLIVARES

LA JORNADA Jueves 23 de junio de 2022

POLÍTICA

SOLICITARÁ QUE PARTICIPE LA FGR La comisión de la verdad, símbolo de la reconciliación: AMLO

Abrirán los archivos y las instalaciones militares para conocer los detalles de la llamada guerra sucia // La justicia es obligatoria, admite el Ejecutivo

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

Durante el acto oficial de apertura de archivos e instalaciones militares a la comisión de la verdad de la guerra sucia, que definió como un evento doloroso, pero lleno de significado y esperanza, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que esta medida será fundamental para la reconciliación nacional. “No se le puede dar vuelta a la hoja así nada más, tenemos que conocer toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva a haber represión”.

Desde el Campo Militar número uno, ante víctimas y familiares de éstas (incluidos los parientes de militares fallecidos en esa época), reconoció al secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, su “verdadera lealtad” por acatar la instrucción presidencial detrás de la decisión de conformar esta comisión: que no se oculte nada absolutamente. Cero impunidad, aclarar los hechos y que en no mucho tiempo se tenga el relato completo de lo sucedido para honrar la memoria de quienes murieron.

Pronunció un discurso en el que explicó las razones de quienes apelaron a la lucha armada para buscar la transformación del país: “lucharon por una patria justa, libre, independiente, no tuvieron la posibilidad de hacerlo más que con los métodos que podían llevar a cabo, con las movilizaciones y en algunos casos con las armas, porque no había manera de buscar una transformación, un cambio, de hacer valer la justicia ante el predominio de un régimen autoritario, antidemocrático”.

Sin embargo, acotó las responsabilidades enfatizando que ninguna acción se realizaba sin una instrucción del mando civil, quien tiene la atribución principal. “En la represión del 68, la orden de reprimir ¿la dio Marcelino García Barragán, secretario de la Defensa, o Gustavo Díaz Ordaz? –¿Y la Fiscalía General de la República, presidente Andrés Ma-

Ninguna acción se realizaba sin una orden del mando civil

nuel? –le preguntaron. –Habrá también la participación de la fiscalía. Aunque es un órgano autónomo, respetuosamente le vamos a pedir que participe.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, habló de la importancia de poder “mirar de frente a la historia para abrir una ruta de cambio, de ruptura con un pasado doloroso”.

Tras recordar que en ese campo militar operó la Brigada Blanca, anunció que en el plan de trabajo de la comisión se determinó el acceso a bases militares en Chihuahua, Nuevo León, Oaxaca, Jalisco y Guerrero. Abrir los archivos de distintas unidades, como el estado mayor de la Secretaría de la Defensa, de la Policía Militar, de la Base Aérea Militar de Pie de la Cuesta y también del Estado Mayor Presidencial, entre otras.

Encinas detalló que el plan contempla entrevistas y recibir testimonios de personal de la Sedena que cuente con información referente a los hechos, por lo que la comisión y la secretaría determinaron llamar a testificar a personal activo y en retiro de las fuerzas armadas. Instó a la FGR a sumarse al esfuerzo para que las 245 carpetas de investigación que tienen “ya no sigan con el sueño de los justos”.

Familiares de víctimas tomaron el Campo Militar

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

Tuvieron que pasar décadas de exigencias y luchas, pero por fin se les abrieron las puertas del Campo Militar número uno, emblema de la represión y las desapariciones cometidas durante la guerra sucia. Ante la jerarquía castrense, Micaela lanzó casi una elegía a su padre, Lucio Cabañas, narró su última batalla y exigió: “Aquí, en este lugar donde muchos desaparecieron, quiero justicia para el asesinato de mi padre”.

En momentos incomodos (sobre todo cuando interrumpieron su discurso con gritos y para mostrar pancartas reclamando justicia en la propia base militar), el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, escuchó las recriminaciones. “Hoy llegamos cargando a cuestas la dignidad de nuestros muertos y desaparecidos”, expuso Alicia, hija de Alicia de los Ríos, presa en ese Campo Militar en 1978 y desaparecida en los vuelos de la muerte de Acapulco.

Concluida la apretada exposición de la visión rebelde, vendría la historia oficial que expuso Sandoval, quien comenzó por enumerar sucesos que patentizaron la agitación social: el asalto al cuartel Madera, los movimientos estudiantiles de 1968 y 1971, y las movilizaciones armadas en Guerrero: “el Estado mexicano en su momento adoptó políticas y medidas en algunas regiones que buscaron garantizar la seguridad, el orden constitucional y el restablecimiento del estado de derecho”.

Con sobriedad matizó, en un acto de contrición institucional, asumiendo que “determinadas acciones implicaron lamentablemente que un sector de la sociedad se viera afectado por sucesos que se alejaron de los principios de legalidad y humanidad, valores que nunca pueden estar separados de la vida institucional”. Por ello, ofreció el compromiso del Ejército por “sumarse decididamente” al esclarecimiento de los hechos.

Homenaje con aval de López Obrador

No hubo aplausos ni expresiones ante tan insólito ofrecimiento de las fuerzas armadas. El general dio un giro para hacer un guiño a la tropa, con el aval presidencial y con énfasis soltó: “con orgullo les expreso que el propio mandatario autorizó inscribir los nombres de militares fallecidos con motivo de los hechos del pasado en el Monumento a los Caídos de las Fuerzas Armadas (…)”.

El anuncio rompió con la solemnidad del acto. Desde el fondo se escuchó la consigna acuñada entonces y coreada ahora como reproche, en protesta ante la pretensión de honrar a los militares caídos durante la represión a la insurgencia social: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!”

Fue entonces cuando mostraron con más vehemencia las pancartas que llevaban reclamando justicia, exigiendo: “si no entra la justicia, de nada sirve entrar” o “¿Dónde están?”, con fotografías de sus desaparecidos y reclamando la presencia de la FGR.

El general elevó la voz y apresuró el final de su discurso ante la inconformidad desatada: “como un tributo y un sentido homenaje a los soldados que cumplieron con su deber aún a costa de su vida...”

La tensión se disipó con el inicio del discurso de López Obrador.

ONU aplaude la decisión CLASE MUNDIAL ● MAGÚ

En el contexto del inicio de actividades de la comisión para la verdad y la justicia de la llamada guerra sucia, la Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos saludó la orden del presidente Andrés Manuel López Obrador de abrir el Campo Militar número uno y sus archivos para que se haga toda la investigación necesaria y se conozca la verdad, así como el compromiso asumido para que los trabajos no queden “en la superficie o en la simulación”.

En redes sociales destacó que es fundamental que en este marco, las fuerzas armadas y las autoridades encargadas de la persecución de los delitos “observen las obligaciones internacionales que todas las autoridades del Estado mexicano tienen frente a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos”.

También reconoció a las víctimas, familiares y sobrevivientes que han mantenido viva la exigencia “de verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición”.

Recordó que en el reciente informe sobre su visita a México, el Comité contra la Desaparición Forzada instó a garantizar que la comisión para el acceso a la verdad, el esclarecimiento histórico y el impulso a la justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990, tenga “acceso ilimitado a los campos y bases militares que operaron como lugares de privación de libertad, así como a los archivos estatales que sean relevantes”.

Despliegan militares en Chihuahua para dar con el asesino de los jesuitas

El dominio de la delincuencia en la zona viene de cuando había contubernio autoridades-maleantes, afi rma AMLO

ALONSO URRUTIA Y EMIR OLIVARES

Elementos del Ejército se desplegaron en la zona serrana de Chihuahua, donde ocurrió el asesinato de dos sacerdotes jesuitas para contribuir en las investigaciones, la búsqueda y rescate de los tres cadáveres que se llevaron quienes perpetraron el homicidio, informó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Es una zona marginada y “desde hace tiempo muy infiltrada, penetrada, dominada por la delincuencia”.

Por la noche, el Instituto Nacional de Migración emitió, a petición de la Fiscalía General de Chihuahua, una alerta migratoria a nombre de José “N”, presunto implicado en los homicidios de las tres personas. Agregó que se informará a las autoridades respectivas de los movimientos de ingreso-salida de la citada persona.

El mandatario detalló que conforme a una versión que ofreció un sacerdote de ese poblado, además de los tres cuerpos se llevaron a dos o tres personas, entre ellas a la esposa del civil que asesinaron en la iglesia. “Lo que queremos es encontrar los cuerpos, también a las personas que se considera que pueden estar con vida, que no fueron asesinadas y detener a los responsables. Eso es lo primero, lo fundamental”.

Expresó sus condolencias a la Compañía de Jesús y ratificó que se tiene plenamente identificado al autor material. Describió que la versión que se tiene es que iban a ejecutar a una persona “salieron los sacerdotes, se supone que para evitar que lo remataran, que lo mataran, y los asesinaron a los dos, la misma persona, de acuerdo al testimonio que existe de otro sacerdote”.

Señaló que si bien los homicidios son competencia de la Fiscalía General del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República contribuyen en el caso. Se ha solicitado que las instancias estatales emitan ya la ficha para liberar la orden de aprehensión contra el asesino (al que no identificó por su nombre) quien está ligado al homicidio de un turista estadunidense ocurrido en 2018.

Hay presencia de la Secretaría de la Defensa, suficiente presencia, porque es una zona dominada por una banda delincuencial y es una región donde en 2008, ya había ocurrido el asesinato de 13 personas en la comu-

▲ Vehículos del Ejército llegan a Cerocahui. Foto Ap

nidad de Creel, recordó. –¿Cuánto es suficiente presencia? –Lo que se requiera. –¿Son dos personas las que están secuestradas? –No, son más. Se habla de cuatro o seis, incluido los tres que se consideran que fueron asesinados.

Más adelante, en el contexto de una crítica a los miembros del Poder Judicial recriminó: “esto no surgió ahora, viene de tiempo atrás, cuando existía contubernio completo entre autoridades y la delincuencia. ¿O el señor acaba de empezar su carrera delictiva? No, y seguramente fue tolerado. Esto lo saben bien los jesuitas y los que viven en Urique, cómo se fue creando toda esta organización y el contubernio con autoridades”.

Exigen la comparecencia del fi scal y del titular de seguridad estatales

JESÚS ESTRADA CORRESPONSAL CHIHUAHUA, CHIH.

El Congreso de Chihuahua exigió la comparecencia del fiscal general del estado, Roberto Javier Fierro Duarte, y del secretario de Seguridad Pública estatal, Gilberto Loya Chávez, para exigirles que implementen una estrategia de seguridad para la entidad, con atención urgente a la región serrana, y respecto al asesinato de los sacerdotes jesuitas en Urique.

El coordinador del partido Morena, Cuauhtémoc Estrada Sotelo, dijo que solicitó la reunión con ambos funcionarios a fin de que durante la sesión de la Diputación Permanente, del próximo lunes, respondan sobre la escalada de asesinatos y masacres en los municipios de Cuauhtémoc, Ciudad Juárez, Urique y la zona sur de la entidad

Emplazó a que los funcionarios expliquen cómo y dónde operan las corporaciones de seguridad del gobierno del estado. “Tenemos en Chihuahua igual número de elementos de la Guardia Nacional (GN) y de la Secretaría de Seguridad estatal, y tenemos zonas en el estado donde sólo vemos a la Guardia Nacional y no vemos a la Policía Estatal”, comentó.

“Es obvio que los resultados en materia de seguridad no son favorables; nadie en el estado podría pensar que hay una actuación correcta de los cuerpos de seguridad.

“Como Congreso estatal debemos exigir información sobre cuáles estrategias están implementando, y no sólo en la línea discursiva, no basta que la gobernadora, el fiscal y los encargados de las corporaciones se paren y nos digan que todos vamos a estar bien, eso no basta”, puntualizó.

Estrada Sotelo rechazó que la situación de seguridad pública esté focalizada en regiones, “es un problema ya generalizado en Chihuahua, y el asesinato de los dos sacerdotes en Urique, ha sido la gota que derramó el vaso, es muy preocupante lo que está ocurriendo”.

En respuesta, Mario Vázquez Robles, coordinador de los panistas, aceptó que debe revisarse la estrategia de seguridad; sin embargo, la autoridad responsable es el gobierno federal. “Es importante que se reconsidere toda la estrategia en materia de seguridad pública, es obvio que es un fracaso en México, y en Chihuahua nos duele mucho.

Urge crear planes contra el crimen de forma conjunta: Adán Augusto López

DE LA REDACCIÓN

Durante una reunión con empresarios y actores sociales en Tijuana, Baja California, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, refrendó al obispo de la ciudad Francisco Barrón Moreno, el apoyo del gobierno “por el lamentable asesinato de los dos sacerdotes jesuitas en Chihuahua”. Momentos después, en el encuentro encabezado en di-

La SSPC incrementará las aportaciones federales para la entidad

cha ciudad bajacaliforniana, llamó a generar estrategias conjuntas entre todos los sectores para atender la incidencia delictiva.

El martes, luego de informarse sobre el asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, en el interior de la iglesia de Cerocahui, en el municipio serrano de Urique, en la Sierra Tarahumara de Chihuahua, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, también condenó el asesinato y anunció el acompañamiento de las autoridades para esclarecer este caso.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó una modificación al convenio relativo al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados para Chihuahua, emitida ayer en el Diario Oficial de la Federación, en la que solicita a la entidad un incremento de recursos con este objetivo de 98 millones 108 mil pesos para el ejercicio 2022, para llegar a la suma de 395 millones de pesos convenidos para este rubro.

SALIR DE LA TRAMPA ● EL FISGÓN