La Jornada, 10/22/2011

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tro nos cuidamos nosotros mismos”. Sin embargo, dice, los soldados hacen rondines y se van sin detener la tala ni a los criminales. Sobre los paramilitares explicó que “son policías vestidos de civil y trabajan para el crimen organizado y el narcotráfico”. Mencionó que han hablado con el gobernador michoacano, Leonel Godoy, “hemos pedido protección, justicia para nuestros asesinados y desaparecidos; vivos se los llevaron, vivos los queremos; castigo para quienes ejecutaron, asesinaron a nuestros comuneros y la reconstitución de nuestro territorio... de las 20 mil hectáreas que nos robaron... No han hecho nada para resolver nuestros problemas”. –¿Les quitaron la tierra?

“HEMOS PEDIDO AL GOBERNADOR JUSTICIA PARA NUESTROS ASESINADOS Y NO HACEN NADA”

–Primero ellos entran y talan la madera. El otro grupo que llega viene haciendo la quema de los residuos de cada árbol y entonces en esos lugares, con los grupos armados que mantienen un cerco de protección para ellos, nuestros comuneros no pueden subir al cerro y entonces también nos roban la tierra... Vemos que están en esa dinámica porque lo hemos comprobado; en Uruapan tenemos a una asociación de aguacateros que están extendiendo su territorio para el cultivo, entonces en nuestra comunidad es lo que querían hacer, en otros lugares han despojado terrenos, cerros completos... a mano armada –afirmó. Por su parte, un hermano de Jesús Macías Hernández, quien desapareció el pasado 10 de febrero luego de visitar unas oficinas de Procampo en Paracho, informó que un día antes de que se lo llevaran hubo un enfrentamiento con un rapamontes en el cerro. Detuvieron una camioneta, “la bajaron a la plaza y el dueño de esa camioneta le dijo a mi hermano que del jueves no pasaba y así fue”. Indicó que dos meses después de la desaparición de Jesús le pidieron a los familiares dinero para devolverlo, por lo que juntaron cierta cantidad que depositaron en una cuenta bancaria. A él –quien pidió reserva de su nombre– lo amenazaron en Paracho y a otro hermano lo secuestraron unas horas para que no denunciaran la desaparición de Jesús. Sin embargo, se presentó la demanda en Cherán y en Morelia, la Procuraduría de Justicia estatal se quedó con las fichas del depósito que se hizo, “pero no han investigado”, lamentó.

SÁBADO 22 DE OCTUBRE DE 2011

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PATRIMONIO FORESTAL AMENAZADO

Imperan el clandestinaje y la falta de competitividad debido a la inseguridad

Alta incidencia de delitos en zonas de bosques, aseveran productores y ONG ■

La extracción de madera en ocasiones es protegida por el crimen organizado

ROSA ROJAS Enviada

La inseguridad en el país “le ha venido a dar la puntilla” a la actividad forestal en México, sumida en un caos en el que impera el clandestinaje y la falta de competitividad, coinciden industriales, productores campesinos, investigadores y organizaciones no gubernamentales, que subrayan que las políticas neoliberales de abandono al campo y apertura comercial ocasionaron la caída de la producción de 12 millones de metros cúbicos de madera a finales de los años 90, a poco más de 6 millones en 2010. Adicionalmente, tras la firma de sendos tratados de libre comercio, primero con Estados Unidos y Canadá, y luego con Chile, se “inundó” el país con madera e insumos forestales más baratos. Ahora la industria nacional cubre sólo un tercio de la demanda interna, el resto son importaciones, generando un déficit en la balanza comercial de 5 mil millones de dólares. Ello pese a que en México existen unas 55.5 millones de hectáreas de bosques y selvas –entre 75 y 80 por ciento propiedad de ejidos y comunidades indígenas– de los cuales 21.6 millones tienen un potencial productivo que, en 2001, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat)

estimó en su Programa Estratégico Forestal para México 2025, en unos 30 millones de metros cúbicos de madera. La venta clandestina de madera, cuya extracción y transporte es protegida en ocasiones por el “crimen organizado”, como lo ha denunciado desde el 2008 la comunidad purépecha de Cherán, Michoacán, representa “al menos otro tanto” de lo que se produce legalmente, coincidió la mayoría de los entrevistados. Incluso el director de la Comisión Nacional Forestal, Juan Manuel Torres Rojo, reconoció tácitamente, en entrevista, la incidencia de la inseguridad en zonas forestales, que afortunadamente ha afectado en forma mínima al personal de la dependencia a su cargo, aunque comentó –sin entrar en mayores detalles– que sí han debido “rescatar” en algún momento a algunos de sus contratistas. No todo es saldo rojo sin embargo: hay aún organizaciones de campesinos e indígenas sobrevivientes de lo que, en los años 80, llegó a considerarse la vanguardia del manejo forestal comunitario a nivel mundial, cuyas organizaciones productivas cuentan incluso con aserraderos, estufas para el secado de la madera y contactos para su comercialización –paradigmáticos llegaron a ser San Juan Pueblo Nuevo, en Michoacán; El Bal-

cón, en Guerrero, y El Largo, en Chihuahua–, si bien el estancamiento o la quiebra de muchas empresas campesinas produjo desempleo y migración, facilitando la penetración del narcotráfico y otras actividades ilegales en algunas regiones. También ha disminuido la deforestación, que, según la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), bajó de 235 mil hectáreas anuales entre 2000 y 2005 a 155 mil en 2010. El ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Maderera y actual consejero de la misma, Miguel Carpizo McGregor, puso en duda esa información:

UNO DE LOS PROBLEMAS PARA COMBATIR EL HAMPA EN ZONAS RURALES ES LA FALTA DE ACTUACIÓN POLICIAL

“Usted sabe que uno de los problemas más fuertes que hay para combatir el hampa en la zona rural es que la policía municipal no actúa como debe porque (los hampones) la tienen acosada o comprada, como sea; igual pasa mucho con los agentes estatales. La Policía Federal hace su trabajo, igual que el Ejército. Si

ellos, que traen armas, con preparación policiaca y castrense, se enfrentan con enemigos tan drásticos, ¿qué sucede con la gente de la Profepa que están muy limitados?”, cuestionó. Los operativos de la Profepa, afirmó Carpizo, aunque los apoyan policías federales y estatales, fallan la mayoría de las veces porque cuando llegan ya no hay nadie “y sigue precisamente ese contubernio y se permite que entren por carretera los camiones con madera ilegal”, que se vende en madererías o se usa para fabricar muebles que se venden en la calle o millones de huacales para empaque de frutas y verduras. Subrayó que en estados como Michoacán, Guerrero, Durango, Oaxaca y Chihuahua “hemos tenido situaciones drásticas, muy difíciles; acaban de matar a un compañero maderero en Durango, Arturo Pérez Gavilán, lo balacearon... y esa situación hace que la gente amedrentada, intimidada, haga lo que los hampones quieren... les pagan derecho de piso, derecho de paso, todo eso incrementa los costos, independientemente de los camiones ya cargados con madera que nos roban a la entrada de establecimientos, además de la inseguridad en general, porque somos sujetos de extorsiones constantemente”.

Elevados costos de producción

La vida de los cheranenses comienza a regularizarse, luego de haber tomado ciertas medidas ■ Foto Rosa Rojas

El director de Conafor reconoció la dimensión del problema del clandestinaje, atribuyéndolo a los altos costos de producción y burocratismo, pero además a que los industriales quieren pagar la madera “al precio que sea. Entonces vamos a cambiar el programa de manejo con los productores, que puedan extraer los excedentes de una manera más barata... y que los industriales se comprometan a pagar a precios de mercado, no queremos castigarlos”, afirmó. Miguel Ángel García, de la organización Maderas del Pueblo del Sureste, señaló que “falta voluntad política” para atacar el problema, porque se sabe quiénes compran madera clandestina y deberían hacer operativos, “hacer inventarios en aserraderos, y vamos a ver aquí toda la madera que hay, de dónde viene y se tiene que fundamentar su extracción legal, aplicar la ley con rigor”, además de que podría involucrarse a ciudadanos ambientalistas como inspectores ciudadanos.


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