SANTIAGO NIETO CASTILLO

Retraso y reclamos en registro de candidatos para dirigir al STPRM

NÉSTOR JIMÉNEZ

El Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) inició el registro de aspirantes a la secretaría general de este gremio, vacante tras la renuncia del ex dirigente Carlos Romero Deschamps. De acuerdo con los mismos candidatos, fueron 15 los que se inscribieron ayer, pero el sindicato no ofreció un balance preliminar.

Frente al número 15 de la calle de Zaragoza, en la colonia Guerrero, volvió el clásico estilo de los procesos internos en el gremio petrolero: hubo movilización de cientos de trabajadores que portaron playeras, chalecos, gorras y hasta cubrebocas rotulados; batucada, sonido y jingles con el estilo de las campañas electorales.

También se presentaron reclamos y denuncias de “tácticas” para evitar los registros, así como reproches por falta de información sobre los requisitos, incluso amagues de portazo para ingresar al local sindical.

Uno de los primeros en llegar fue César Pecero Lozano, quien, en un escenario con bocinas que montó en la calle, emitió un mensaje luego de tardar casi dos horas dentro de las oficinas, mientras afuera ya había una fila de trabajadores que también buscaban apuntarse.

Acompañado por alrededor de unos 200 trabajadores con pancartas y lonas con su nombre, diseñados con el color guinda como base, agradeció de manera reiterada al presidente López Obrador por la reforma laboral.

Por su parte, Victoria Arredondo, otra de las aspirantes, sostuvo que la convocatoria prohíbe los actos de proselitismo, ya que para ello hay un periodo de campaña del 21 al 29 de enero.

Cristina Alonso, de la sección 44 en Tabasco, en conferencia de prensa en un hotel cercano a la sede sindical, dijo tener la confianza en que habrá una contienda transparente, aunque expuso que se han registrado amenazas a los trabajadores.

Del Monumento a la Revolución, una centena de trabajadores marcharon a la sede del STPRM encabezados por Arturo Flores. Casi al mismo tiempo llegó la senadora de Morena, Cecila Sánchez, y Fred Navarro, de la sección 35 en Tula, Hidalgo.

El ambiente festivo entre sus simpatizantes cambió luego de que a siete candidatos, incluidos ellos tres, les informaron que, debido al retraso, ya no alcanzarían a dejar su documentación y les pidieron volver al siguiente día (hoy).

Cecilia Sánchez calificó la organización del STPRM como “pésima” y recriminó: “No es posible: toda la mañana para registrar a ocho candidatos. No exhibieron la convocatoria y, como siempre, hacen todo con los pies y como a ellos les convenga”.

Tras reclamos e insultos a los encargados de dar el ingreso y tras un amague de portazo, se les permitió el acceso.

Jorge Martínez Sánchez y Edgar

▲ César Pecero, acompañado por más de 200 simpatizantes, acudió a la sede del sindicato petrolero para anotarse como aspirante a presidirlo. Foto Roberto García Ortiz

García Romero, quienes presentaron su solicitud, explicaron que el trámite tardó hora y media, y además les pidieron documentos que no estaban en la convocatoria.

El periodo de registro concluirá mañana, mientras el jueves el STPRM deberá informar quiénes cumplieron con los requisitos para contener en la votación que se realizará el 31 de enero.

Demandan vigilar consulta a trabajadores de GM-Silao

ARTURO CANO

Los dos primeros días de febrero, los más de 6 mil trabajadores de la planta de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, elegirán a su nueva representación sindical, luego de un accidentado proceso que arrancó en abril del año pasado.

Dos organizaciones cetemistas pelean la representación de los trabajadores y un contrato que, sólo en cuotas sindicales, alcanza 25 millones de pesos mensuales. A esas dos agrupaciones se sumó de última hora un sindicato cercano a la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC). El coctel lo completa el Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz (SINTTIA), que cuenta con el respaldo de sindicatos de Estados Unidos y Canadá, así como de organizaciones con tradición de respaldo al sindicalismo independiente.

SINTTIA ofreció ayer una rueda de prensa en la que demandó el cese de la intervención de la empresa a favor de los otros tres sindicatos y pidió a la autoridad laboral dar garantías para que el proceso electivo se realice en plena libertad, toda vez que los trabajadores están siendo presionados y amenazados, incluso con el despido, si favorecen una opción independiente.

Patricia Juan, asesora legal del SINTTIA, dijo q ue buscan “que la empresa se vea obligada a respetar el voto libre. Estamos pidiendo apoyo a través del mecanismo del T-MEC para que se pueda lograr que todos los trabajadores voten y que las autoridades vigilen el proceso desde ahora”.

El avance sobre el control de armas

SANTIAGO NIETO CASTILLO

En el marco del acuerdo “Entendimiento Bicentenario” entre México y Estados Unidos, al cual me he referido en otras ocasiones, el cambio de perspectiva implicó no pensar que las ilicitudes que se cometen en el país vecino tienen su origen solamente en territorio nacional, específicamente, de México hacia Estados Unidos con el tráfico de drogas, sino que, por el contrario, el nivel de violencia que tenemos en el país está marcada por el tráfico ilegal de armas proveniente de Estados Unidos hacia México. En ese contexto, cualquier acción novedosa que permita controlar el flujo de armas ilícitas hacia nuestro país generará mejores condiciones de paz, por ello es tan importante la distinción que otorgó la Asociación de Control de Armas al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la figura del canciller Marcelo Ebrard como “Persona del año en control de armas”, con motivo de la demanda presentada el año pasado por la Secretaría de Relaciones Exteriores contra los fabricantes en Estados Unidos.

Respecto a lo que representa la amenaza de los grupos delictivos en nuestro país, retomemos el diagnóstico que ofrece la Evaluación Nacional de Riesgo 2020, que coloca al crimen organizado como uno de los principales factores de mayor riesgo de lavado de dinero en México. Siendo el tráfico de drogas la modalidad delictiva con más presencia en nuestro país, el crimen organizado se nutre de una amplia gama de delitos que le permite generar grandes recursos y, de esta manera, seguirse financiando y diversificando. A través de estos recursos pueden adquirir armas con facilidad y sin el control de las autoridades del país donde se fabrican. Actualmente se han identificado 19 organizaciones delictivas de mayor impacto, dos de ellas con alcance supranacional, lo que en gran medida se debe a su capacidad de fuego por el uso de armas que, por lo menos, en 70 por ciento son introducidas al país desde Estados Unidos de manera ilegal.

La demanda civil que la Cancillería interpuso en agosto de 2021 contra fabricantes estadunidenses de armas tiene el objetivo de hacer corresponsables a empresas manufactureras de armamento de ese país que venden directa o indirectamente a cárteles del narcotráfico sin mayor represalia y con la enorme repercusión de la violencia que existe hoy en día en México. Que el gobierno de México haya tomado cartas en el asunto es un hecho inédito; con la presentación de esta demanda se busca resarcir un daño cuantificable para las víctimas de este contexto de violencia y hacer uso de los recursos en acciones sociales que mejoren la calidad de vida de las personas que habitan en los lugares de mayor conflicto.

La importancia de recuperar activos de la delincuencia organizada debe ser parte integrante de la estrategia en materia de seguridad, procuración e impartición de justicia en nuestro país. Recordemos que, entre las acciones en el combate a la corrupción, se encuentra también la presentación de una demanda civil el año pasado en Estados Unidos por parte del gobierno de México, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, en contra de Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón Hinojosa y diversas personas físicas y morales vinculadas con operaciones financieras ilegales que fueron parte de un complejo esquema de contratación en el sector de la seguridad y defensa nacional, relacionado con el ex secretario de Seguridad Pública, y es precisamente en Estados Unidos donde se identificó un importante número de empresas y propiedades asociadas con los actos de corrupción política y lavado de dinero que integran el litigio.

Acciones como las anteriores son de enorme importancia para combatir los índices de violencia y corrupción política que existen en nuestro país, y es con voluntad política del gobierno de México que se avanza por un país mejor para las y los mexicanos.

Ex colaboradores de LEA organizan homenaje por sus 100 años vía Zoom

ENRIQUE MÉNDEZ

Postrado en la cama de su casa en Magnolia 131, el ex presidente Luis Echeverría Álvarez escuchó el homenaje que, por su cumpleaños 100, le organizaron ayer vía Zoom priístas de una generación política que surgió y se desarrolló durante su sexenio (1970-1976).

Su hija María Esther Echeverría Zuno estableció el enlace remoto que se extendió durante casi cuatro horas. El ex presidente, narraron asistentes, sólo escuchó la primera parte sentado y después fue llevado a su cama.

Su condición física le impidió responder a las palabras de Jorge de la Vega Domínguez, quien en ese sexenio fue director de la Comisión Nacional de Subsistencias Populares.

La mayor parte de las intervenciones se grabó para que Echeverría, un presidente que acostumbró discursos extensos, escuchara las intervenciones en otro momento. Ayer sólo pudo enviar un saludo con la mano.

María Esther Echeverría agradeció la presencia y las palabras de ex colaboradores de su padre, el afecto que le demostraron y les ofreció transmitirle sus mensajes. En el domicilio de San Jerónimo también estuvieron presentes los otros hijos del ex mandatario, Mary Carmen, Alfonso, Benito y Pablo.

De la Vega Domínguez comenzó con un repaso de los logros de ese gobierno; continuó Sergio García Ramírez –entonces procurador capitalino– y cerró quien fue director de Difusión de la Presidencia, Mauro Jiménez Lazcano.

Al enlace se conectaron, entre otros, Augusto Gómez Villanueva, ex secretario de la Reforma Agraria; Porfirio Muñoz Ledo, ex secretario del Trabajo; Pedro Joaquín Coldwell, ex gobernador de Quintana Roo y ex secretario de Energía.

También Everardo Moreno Cruz, ex subprocurador General de la República; Francisco Javier Alejo, ex secretario del Patrimonio Nacional, así como la senadora y ex gobernadora de Tlaxcala, Beatriz Paredes Rangel; Silvia Hernández, ex dirigente de la juventud; Héctor Mayagoitia Domínguez, ex subsecretario de Educación; Eugenio Anguiano Roch, primer embajador de México ante la República Popular China; Jorge Nuño, ex director de la Universidad del Tercer Mundo; Alfredo Ríos Camarena –apresado en el sexenio de José López Portillo—; Julio Faesler, fundador del Instituto Mexicano de Comercio Exterior, y el empresario Julio A. Millán.

Asimismo, se sumaron Alejandro Carrillo Castro, ex director de la Reforma Administrativa; Salomón Nahmad, organizador del primer Congreso Nacional Indígena en 1974; Abelardo Carrillo, ex gobernador de Campeche, así como Enrique Efrén Mayorga, quien formaba parte de las juventudes del sector popular del PRI, e incluso el abogado Juan Velázquez, que le llevó la defensa en el proceso que se le siguió por genocidio.

▲ Echeverría Álvarez escuchó las intervenciones postrado en su cama. La imagen corresponde a una entrevista en su casa de San Jerónimo en julio de 2004. Foto Carlos Cisneros

Consigna SCJN a ex integrantes de municipio de Chiapas por desacato

EDUARDO MURILLO

Después de cuatro años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) volvió a ejercer su facultad constitucional de consignar a autoridades que han incurrido en desacato a sentencias judiciales en juicios de amparo.

El máximo tribunal ordenó proceder contra los ex integrantes de un municipio de Chiapas la semana pasada y ahora analizará si procede una sanción similar contra autoridades de Michoacán.

Cuestionado al respecto, el ministro presidente, Arturo Zaldívar, señaló que esta facultad de la SCJN es casi única entre los tribunales constitucionales del mundo, pero aun así sigue habiendo muchas omisiones en el cumplimiento de sentencias del Poder Judicial Federal. “Tenemos que procurar un cambio en la cultura. Mientras no haya una cultura de legalidad y de constitucionalidad, en que todas las autoridades del país y también los particulares respetemos las decisiones de los jueces y procuremos darles cumplimiento, pues vamos a seguir con este problema”, señaló Zaldívar durante un encuentro con reporteros de la fuente la semana pasada.

La SCJN recibió esta facultad desde la reforma constitucional en materia judicial de 1994 y durante sus primeros 24 años únicamente se aplicó en contra de 18 funcionarios.

Fue hasta enero de 2018 que el pleno de ministros, en una sola semana, ordenó la consignación y destitución de 38 funcionarios y 25 ex servidores públicos, todos de nivel municipal o administrativo de la Ciudad de México, el estado de México, Puebla y Tabasco.

Desde entonces, la SCJN no había vuelto a ordenar consignaciones por desacato, hasta que la semana pasada determinó detener a los ex integrantes del ayuntamiento de Bella Vista, Chiapas, por desacatar un amparo en materia laboral.

El siglo de Luis Echeverría

JULIÁN ANDRADE*

Luis Echeverría cumplió 100 años. El ex presidente de la República es un personaje peculiar y con un legado incierto, sujeto aún a la discusión y la revisión pública.

Dos sucesos y un problema estructural son esenciales para dimensionar lo que ocurrió en su mandato y aun antes: el desenlace del movimiento estudiantil de 1968, la irrupción violenta del grupo paramilitar de Los Halcones en 1971 contra estudiantes y el desarrollo de una estrategia criminal para combatir a las diversas guerrillas y a la disidencia en lo que se conoce como el periodo de la guerra sucia.

El 2 de octubre aún gravita en nuestra vida pública, porque el uso de fuerzas públicas para reprimir y asesinar a estudiantes, soldados y paseantes en Tlatelolco dejó una herida que aún no sana, ello a pesar de esfuerzos de carácter jurídico e incluso político en los últimos años.

Más aún porque las falsedades que cobijaron el operativo sangriento se han ido desmontando con el tiempo, en particular las que pretendían dotar de un carácter de conspiración comunista a lo que en realidad fue una movilización genuinamente estudiantil y que pudo ser procesada de otra forma.

Tres años después, en el Casco de Santo Tomás, en la Ciudad de México, la irrupción de un grupo de corte paramilitar mostró que las pulsaciones autoritarias se mantenían y se iban fortaleciendo.

Echeverría ordenó o permitió a lo largo de su mandato la discrecional casi absoluta de las áreas policiales.

Lo que vino después fue la consecuencia de decisiones políticas que tuvieron un alto costo y muestra de los trazos generales de aquel periodo.

Es una historia terrible cuyas repercusiones se expresaron en los problemas para contar con una policía confiable y profesional, ya que la utilización de la Dirección Federal de Seguridad (DFS) con fines ilegales y represivos significó el advenimiento de estructuras delincuenciales dentro del propio Estado.

Les ordenaron enfrentar a las guerrillas más allá del marco legal y a cambio les permitieron participar en los mercados ilegales. Se montaron áreas de espionaje cuyos objetivos fueron personajes relevantes de la vida política y social. La degradación institucional llegó, por ello, a niveles insostenibles.

Para el Ejército, el daño también resultó severo, pues tuvieron que pagar con culpas que muchas veces no les correspondían y generaron desconfianzas que aún ahora persisten.

Quizá por ello los presidentes que sucedieron en el cargo a Echeverría tuvieron que definir una postura sobre lo que harían derivado de los problemas que se generan por la desaparición forzada de cientos de personas, así como por la persistencia de diversas violaciones a los derechos humanos en ese periodo.

El presidente José López Portillo impulsó un proyecto de reforma política que dio paso a la participación de la izquierda en el Congreso, legalizando al Partido Comunista Mexicano (PCM) y facilitando una Ley de Amnistía que permitió la salida de luchadores sociales, estudiantes y guerrilleros que permanecían en prisión.

Por supuesto que no fue una concesión gratuita, sino una estrategia de modernización del propio sistema político para procesar las contradicciones que tuvieron una de sus más altas expresiones en 1968.

Miguel de la Madrid, por su parte, impulsó un cambio en las estructuras policiales al desaparecer a la DFS y sentar las bases para la profesionalización de las áreas de seguridad, en particular las de inteligencia nacional.

El sexenio de Luis Echeverría tiene que ser evaluado justamente por las determinaciones que se definieron hace 50 años. Muchos de los temas y litigios persisten en la actualidad porque no se ha resuelto el problema central de la impunidad.

Echeverría quería trascender en el mundo, ser un referente y acaso lo logró, pero no como él hubiera querido. Es el costo de la historia, sin duda, la evidencia de que las cuentas se tienen que rendir tarde o temprano.

Graco Ramírez pactó con el narco, denuncia Cuauhtémoc Blanco

El gobernador de Morelos aseguró que hay registro de sus acuerdos con Santiago Hernández, El Carrete

EDUARDO MURILLO

El gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, afirmó que su antecesor, Graco Ramírez, pactó con el narco, y aseguró que hay registro de los acuerdos que él y su entonces secretario de Seguridad, Alberto Capella, negociaron con Santiago Hernández Nazari, alias El Carrete, líder del grupo criminal Los Rojos.

El líder del grupo criminal Los Rojos admite que negoció con Alberto Capella

Luego de acudir a la Fiscalía General de la República (FGR), donde presentó una denuncia de hechos contra quien resulte responsable de las amenazas en su contra, así como de las acusaciones de que coopera con el crimen organizado, Blanco hizo los señalamientos contra los ex funcionarios.

“Estos personajes siempre han sido protegidos de ex gobernadores, existen audios y grabaciones de que Graco y Capella pactaron, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, porque mi personalidad no me lo permite”, afirmó el gobernador.

Sostuvo que existen registros donde Hernández Mazari, alias El Carrete, admite que negoció con Ramírez y Capella, y pidió a la FGR que investigue estos indicios.

Añadió que policías, jueces y otros funcionarios de Morelos sí han pactado con el narco y de ahí la campaña en su contra.

Sostuvo que ha dado instrucciones a todos los integrantes de su gobierno de no negociar con el narco en “la mesa de coordinación que cada día tenemos en Morelos, se ha mencionado que no pactamos con el narcotráfico, que no concertamos con gente que le ha hecho daño al estado”.

El mandatario estatal reiteró que las fotografías donde aparece junto con líderes de varias organizaciones criminales, se las tomó sin saber quiénes eran, y que ocurrieron durante alguno de actos públicos a los que asistió.

Cuauhtémoc Blanco llegó a las instalaciones de la FGR acompa-

▲ El mandatario estatal a su salida de las instalaciones de la fiscalía en la Ciudad de México. Foto Alfredo Domínguez

ñado de su abogado, Alfonso Pérez Daza, ex consejero de la Judicatura Federal, quien sostuvo que pidieron que la FGR investigue también todas las denuncias contra el gobernador, incluso la promovida por el Congreso local, ya que dijo, la fiscalía estatal no tiene facultades para hacerlo.

Ministra de la SCJN propone se revoque el amparo a Javier Duarte

EDUARDO MURILLO

Imputa FGR a 17 ex funcionarios penitenciarios

CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO

La Fiscalía General de la República (FGR) imputó a 17 ex funcionarios del sistema penitenciario federal acusados de uso indebido de atribuciones, por causar daño al erario al interferir en licitaciones con un valor superior a los 270 mil millones de pesos. Tres de ellos responsabilizados de asociación delictuosa. El caso se trata de las licitaciones para la construcción y administración por empresas privadas de los reclusorios federales en Durango, Oaxaca, Morelos, Coahuila, Chiapas, Guanajuato, Sonora y Michoacán, para los cuales, según la FGR, se pagaron sobreprecios.

En la carpeta de investigación, el Ministerio Público Federal considera que los imputados, con sus accio-

Causaron daños al erario por un monto superior a 270 mil millones de pesos

nes y omisiones, habrían causado el daño al erario.

En marzo del año pasado en este mismo proceso se libró una orden de aprehensión en contra de Genaro García Luna, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública federal, en el gobierno de Felipe Calderón.

Durante una audiencia virtual que se llevó a cabo ayer ante un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Sur, participaron sólo 17 de los 21 acusados, ya que Jannet Miriam Martínez Sánchez notificó que tiene covid-19, de ahí que, dijo que sus abogados estaban también contagiados.

En el caso del ex director administrativo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), Javier Haro de Alva, fue declarado inimputable. Sus abogados notificaron que su cliente estaba sujeto a un proceso de interdicción, es decir presentaron un dictamen de que es impedido para tomar decisiones legales por sí mismo, debido a una condición física o mental.

Según las fuentes consultadas, el Ministerio Público acusó a los funcionarios del sistema penitenciario de seguir con el esquema que creó Genaro García Luna, a quien le atribuyen el daño económico al patrimonio, aunque los ex servidores públicos mantuvieron ese esquema y en él se detectaron irregularidades en la contratación, adjudicación y construcción de los ocho Centros Federales de Readaptación Social que costaron 270 mil millones de pesos al erario.

Durante la audiencia, Óscar Moreno Villatoro, ex director general de administración del OADPRS, junto con dos acusados, solicitaron la palabra y rechazaron las imputaciones en su contra. Otros cuatro manifestaron que los delitos de que se les acusa estaban prescritos y le pidieron al juez que analizara esta situación, no obstante, el impartidor de justicia respondió que eso sólo podría determinarlo hasta que se desahogaran las pruebas. La audiencia continuará este martes a las 10 de la mañana.

Entre los señalados como posibles responsables está Celina Oseguera Parra, quien era directora del penal de Almoloya de Juárez durante la fuga de El Chapo Guzmán, en 2015. También el general Sergio Alberto Martínez Castuera, ex director del Heroico Colegio Militar y ex comandante de Fuerzas Especiales del Ejército mexicano, que fue coordinador de prisiones federales. La ministra Margarita Ríos Farjat propuso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) revocar el amparo que obtuvo el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, que le permitió apelar su condena de nueve años de prisión y buscar recuperar las propiedades que le fueron decomisadas.

Como se recordará, en septiembre de 2018 el ex mandatario se declaró culpable por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita, al optar por un procedimiento abreviado en el juicio que se le siguió.

Esto implicaba que Duarte tendría una condena reducida, que se fijó en nueve años de prisión, además de la incautación de 41 inmuebles que adquirió con recursos desviados del erario estatal.

Sin embargo, días después los abogados de Duarte presentaron un documento ante el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el Reclusorio Norte donde supuestamente su cliente apelaba su sentencia, pero el propio ex mandatario presentó luego un documento de su puño y letra desistiéndose de esta apelación.

Por ello el juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte desechó la apelación, decisión contra la cual se interpuso un nuevo amparo.

Fue entonces cuando la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pidió a la SCJN atraer el caso, debido a que no hay antecedentes sobre el tema.

En su proyecto de resolución, la ministra Margarita Ríos Farjat propone revocar el amparo promovido por los abogados de Duarte y regresar el caso al tribunal colegiado para que vuelva a analizar el asunto.

Trabajadores de Conagua cierran ofi cinas y bloquean avenidas en diversas entidades

Protestan por cambio de la sede central a Veracruz y falta de equipo para realizar su trabajo en campo

Trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) protestaron ayer en distintas entidades con la demanda principal de respeto a sus derechos ante el traslado de empleados a Veracruz. Con el cierre de instalaciones de la comisión y bloqueo de avenidas, colocaron mantas en las puertas de los inmuebles con la exigencia de “respeto absoluto a nuestras condiciones generales de trabajo”.

Como parte de los compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador, la Conagua trasladará sus operaciones a Veracruz, proceso que comenzó en 2020. En la Ciudad de México, trabajadores cerraron la avenida Insurgentes sur, a un lado

Comisión llama al sindicato a privilegiar diálogo para resolver las diferencias

de Ciudad Universitaria, donde se hallan sus oficinas centrales.

Algo similar hicieron en los inmuebles de la comisión en Veracruz, Yucatán, Jalisco, Nuevo León, Colima, Mexicali entre otras entidades. Además, demandan basificación, equipo de trabajo y respeto a sus condiciones generales de trabajo.

En Monterrey, los manifestantes bloquearon el acceso principal a las instalaciones, ubicadas sobre las Avenidas Churubusco y Constitución, y colocaron pancartas con sus exigencias en el portón principal.

En Cuernavaca, solicitaron equipo como: guantes, cubrebocas, chamarras, impermeables y pantaloneras, entre otros, para que puedan hacer su trabajo en arroyos, ríos, y barrancas, el cual no les han otorgado desde hace tres años.

Por otra parte, agremiados al sindicato colocaron cartulinas con las quejas en las instalaciones de la dirección local de la Conagua en la Plaza América de la capital de Puebla.

Mario González Maldonado, secretario general del Comité Ejecutivo sección 37 de la Semarnat, señaló que la directora de Conagua en Puebla, Beatriz Torres Trucios, no ha tenido la capacidad de resolver las demandas de los trabajadores, a pesar de que lleva cuatro meses en el cargo.

Ante la protesta de los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Semarnat (SNTSemarnat), la Conagua señaló en un comunicado que ha llamado a la dirigencia sindical para privilegiar el diálogo como instrumento y dar solución a las diferencias, y que ha mantenido los canales de comunicación abiertos para atender todas las inquietudes de los agremiados. Explicó que tanto en el proceso de descentralización como en otras inquietudes planteadas por el SNTSemarnat, “los derechos de los trabajadores sindicalizados han sido y seguirán siendo respetados”. Agregó que a través de la Subdirección General de Administración de la Conagua, de los Organismos de Cuenca y direcciones locales en todo el país, se ha sostenido un proceso permanente de diálogo con la

▲ Caos vial durante la mañana en las inmediaciones de las oficinas centrales de la comisión en la Ciudad de México. Foto Tomada de Twitter

dirigencia sindical, “con la que se llevan a cabo reuniones para atender sus demandas”. Angélica Enciso L., reportera, Antonio Heras, Yolanda Chio y

Rubicela Morelos, corresponsales

Recomienda Conacyt bajar a 50% importación de glifosato en 2022

DE LA REDACCIÓN

El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) recomendó para este año a las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales y de Salud la importación de 50 por ciento menos glifosato del que se adquirió en 2021, con lo cual la cuota máxima de compras del exterior es de 8 millones 263 mil kilogramos del herbicida formulado y de 628 mil 615 kilogramos de glifosato técnico.

En un comunicado el consejo explicó que esta medida forma parte del proceso de disminución escalonada de importaciones de glifosato que culminará en 2024 con su prohibición total, según lo establece el artículo tercero del decreto presidencial emitido el 31 de diciembre de 2020 cuya finalidad es la eliminación gradual del uso del uso del químico en el país.

Precisó que un litro de glifosato grado técnico es 2.67 veces más concentrado que un litro de glifosato formulado y que la recomendación toma como base los resultados de investigaciones científicas, así como consultas con distintas autoridades, que confirman la disponibilidad en México de alternativas viables para el manejo de arvenses, en distintos cultivos y escalas de producción, que permiten prescindir por completo del uso de glifosato.

Agregó que diferentes dependencias del gobierno federal han “desplegado diversas iniciativas con la finalidad de difundir, promover y capacitar a productores y productoras en el manejo de bioinsumos, nutrición y conservación del suelo y el agua”.

Recordó que el glifosato es el herbicida más usado en el mundo para el control de arvenses y en México se aplica en cultivos de maíz y de cítricos, pero se le ha relacionado con la contaminación del agua y los suelos, por inhibir la reproducción de microorganismos benéficos para la fertilización de la tierra y reducir la población de insectos y polinizadores, factor de alto riesgo para la soberanía alimentaria, dado que 19 por ciento de la producción agrícola nacional depende directamente de la polinización de las abejas.

Cafi cultores reprochan vacío institucional en venta del grano

ANGÉLICA ENCISO L.

Caficultores pidieron la intervención del gobierno federal, ya que aun con los altos precios internacionales del aromático, en las regiones se les paga menos, sobre todo de parte de empresas como Nestlé y Agroindustrias Unidas de México (Amsa), lo cual sucede debido a que hay un vacío institucional.

La Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) señaló que los productores de café han ido recuperando la producción después de varios años de afectaciones por la plaga de la roya y se han enfrentado por años a bajos precios del grano. En el ciclo anterior éstos subieron cuando ya habían vendido la gran mayoría de su café, indicó.

Añadió que los precios altos que se presentaron los últimos meses generaron grandes expectativas para el comienzo de la cosecha del ciclo 2021-22, una vez que a principios de diciembre del 2021 los precios en la Bolsa subieron a un poco más de los 250 dólares las 100 libras y el diferencial positivo del café convencional de exportación se mantuvo en alrededor de los 30 dólares las 100 libras.

Explicó que en zonas como la región de Huatusco, en Veracruz, de acuerdo con la encuesta de precios que levanta la Comisión de Seguimiento de los Precios del Café de la entidad se llegó a pagar el año pasado un kilo de café cereza en 18.60 pesos y en la región de Coatepec- Xalapa en 17.50 pesos.

Grandes empresas pagan menos a los productores

Sin embargo, en diciembre comenzó un descenso de los precios ante la expansión de la variante ómicron y “por la toma de ganancias de los especuladores en la Bolsa. A fines de diciembre los precios internacionales tuvieron una caída de 24.25 dólares, lo cual llevó a una baja de unos 2.40 pesos por un kilo de cereza”.

Posteriormente los compradores disminuyeron sus precios de adquisición en un promedio de 3.20 pesos por kilo de cereza en la región de Coatepec-Xalapa. La baja adicional en diferentes poblados fue de 50 centavos a 1.90 pesos por kilo y la reducción de precios continuó hasta que terminó 2021.

La CNOC agregó que las secretarías de Economía y de Agricultura no intervienen porque “sus funcionarios son protectores de los intereses de las compañías” y llamó a que haya “una mayor intervención desde la Presidencia para corregir esta situación y más cuando todos los días se dice que ya se acabaron las políticas que favorecían los abusos y privilegios”.

Farsa y tragedia en EU

MIGUEL TINKER SALAS* Y VICT OR SILVERMAN**

Hace un año escribimos un ensayo “Golpe de estado de EU” que analizaba los dramáticos eventos del 6 de enero y la toma del Capitolio en Washington por los seguidores del entonces presidente Donald Trump. Un año después, consideramos lo que ha cambiado tras la elección de Joe Biden y qué se anticipa en EU durante 2022. Aunque nos gustaría ser más optimistas, la situación que se avecina no nos lo permite. Ante un golpe hollywoodesco, que cobró vidas, EU vive entre una farsa y una tragedia.

Al concluir un año, el icónico Chamán Q Anon está preso (sin sus cuernos) y los manifestantes y paramilitares derechistas que ondeaban banderas de los estados confederados se han dispersado. En la Cámara de Representantes un comité “investiga” los eventos del 6 de enero, pero tras un año no ha fijado culpabilidad. El procurador del país recién ordenó el arresto de 11 personas asociadas con los grupos paramilitares, acusándolas de sedición.

Hoy un presidente del Partido Demócrata ocupa la Casa Blanca y su “partido” supuestamente controla el Congreso y el Senado, pero la agenda liberal que Biden propuso se ha paralizado. En el país que por décadas se proyectaba como el modelo democrático para el mundo, hoy su llamada democracia enfrenta graves retos. Biden se ha distinguido por su debilidad. Su administración ha sido incapaz de movilizar a su propio partido o aliarse con sectores populares para impulsar su agenda. Por tanto, la agenda progresista que prometió Biden, incluyendo una reforma migratoria que beneficiaría a millones de personas, ha quedado estancada. Si las encuestas son creíbles, lo más probable es que los republicanos ganen control de la cámara baja de Congreso en las elecciones de noviembre 2022 y de nuevo habrá un gobierno dividido en EU. Ese resultado le abre la puerta a Trump, quien podría regresar como presidente en las elecciones de 2024. Mientras entre los demócratas predomina la recriminación, la derecha, incluyendo los paramilitares, se movilizan y cobran fuerza política.

Biden es fiel creyente el culto del consenso, el famoso bipartidismo entre republicanos y demócratas que imperó durante la guerra fría. Biden y algunos demócratas no reconocen que EU ha cambiado, el bipartidismo ha muerto, si es que existió. El país está fracturado, incluyendo divisiones de clase, raciales, étnicas, regionales, religiosas y culturales; 74 por ciento de los republicanos aún insisten en que Biden es un presidente ilegítimo y que Trump ganó las elecciones. En los estados que controlan, los gobiernos republicanos han desmantelado el proceso electoral tratando de reducir el impacto del voto obrero, latino y afrodescendiente. Un sondeo reciente señala que el porcentaje de personas dispuestas a recurrir a la violencia para lograr sus objetivos políticos ha aumentado significativamente. Históricamente, estas fisuras sociales han sido manipulados por líderes de los ambos partidos políticos, pero el contexto en que operan ha cambiado.

La crisis que enfrenta la democracia en EU no es problema de personalidades, más bien es una condición sistémica. En EU no existe el voto directo para presidente, más bien prevalece un colegio electoral creado por hacendados esclavistas en el siglo XVIII. Esto implica que los cambios en el control del Congreso y la presidencia dependen de un pequeño grupo de votantes en algunos distritos y estados claves. Por tanto, aun cuando Biden ganó el voto popular por más de 7 millones, si hubieran participado 43 mil votantes más en sólo tres estados (Arizona, Georgia y Wisconsin), Trump sería el presidente. El sistema de poder en el Senado es antidemocrático y en la practica se utiliza para vetar los derechos de la gran mayoría. Senadores de estados relativamente pequeños, como Joe Manchin (Virginia del Oeste) y Kyrsten Sinema (Arizona) se niegan apoyar una agenda social, destacan los límites de la democracia en EU.

Trump manipuló el descontento social, producto del neoliberalismo, que había empeorado la vida de millones de personas, para ganar la presidencia. Como en otras partes del mundo, la globalización sólo enriqueció a una élite. Biden y sus asesores entendieron esa realidad, planteándose como un candidato progresista que gano el voto popular, aun cuando no de forma aplastante. Asumiendo la presidencia, propuso legislación que rompió con algunos de los esquemas existentes entre algunos sectores demócratas, incluyendo un plan de rescate económico de 1.9 trillones de dólares, y un proyecto de infraestructura de un trillón de dólares. Su agenda social no se ha materializado.

Al principio Biden priorizó la pandemia y se aumentó el número de vacunados. El ómicron evidenció que el gobierno no tenía plan ante la nueva variante. Biden también menospreció la inflación que aumentaba paulatinamente mientras los salarios permanecían congelados. El descontento social se ha hecho palpable especialmente entre sectores obreros.

Esto ocurre cuando la Reserva Federal ha indicado que planea aumentar la tasa de interés varias veces durante lo que será un año electoral. Si los demócratas no logran algún éxito en los próximos meses perderán la cámara baja del Congreso y el Senado.

Biden ha cumplido un año en la presidencia, pero el impacto del 6 de enero sigue palpable. Si en 2024 Trump perdiera la elección presidencial es probable que no acepte los resultados como lo hizo en el 2021. De nuevo movilizaría a su base. La ultraderecha que participó en la insurrección de 2021 ha crecido en poder, y hoy controla gran parte del Partido Republicano. Lo que sucede en EU hace repensar la famosa expresión de Carlos Marx, los grandes hechos de la historia aparecen dos veces, una vez como farsa y la otra como tragedia. *@migueltinkersalas Departamento de Historia, Pomona College **@victorsilverman, Fulbright/García Robles Cátedra de Estudios de EU, ITAM

Biden menospreció la infl ación que crecía mientras los salarios seguían congelados Acción popular y la revuelta estudiantil

LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO

El presidente Luis Echeverría Álvarez estaba fuera de sí. En el Auditorio Salvador Allende de la Facultad de Medicina de la UNAM, increpaba a los estudiantes que le chiflaban y abucheaban. Intercalados en su discurso de inauguración de clases, lanzaba frases como: “¡Jóvenes del coro!, ¡Así gritaban las juventudes de Mussolini y de Hitler! ¡Fascistas!” Finalmente, ante la intensidad de la protesta en su contra, tuvo que poner pies en polvorosa por la puerta de atrás del recinto, en medio de una lluvia de mentadas. Mientras los alumnos trataban de darle alcance, un tepalcate lo descalabró.

Ese 14 de marzo de 1975, estaba fresco en la memoria estudiantil el papel de Echeverría en la masacre de Tlatelolco, su responsabilidad en la matanza del 10 de junio de 1971 y los centenares de asesinatos, desapariciones forzadas y torturas de su gobierno, en los primeros años de la guerra sucia. El viento de ira y rebeldía juvenil soplaba incontenible en los campus. En la UNAM, el rector Guillermo Soberón se había sumado a las filas de la cruzada anticomunista del mandatario.

Ese día –cuenta el matemático José Santos– “una multitud reunida en la explanada de la rectoría, nos dirigimos hacia medicina para expulsar a Echeverría. Huyó con la cola entre las patas, pedrada de por medio”. En la protesta, se encontraban integrantes del Frente Popular Independiente (FPI), organizados en frentes de activistas de varias facultades, impulsado por los grupos maoístas, Acción Popular (AP) y Estrella Roja u Organización Revolucionaria Compañero (https://bit. ly/3A3aW6G).

Santos estudiaba entonces en la Facultad de Ciencias. De joven, su familia se trasladó a vivir a Ciudad Nezahualcóyotl. Él boleó zapatos, vendió chicles y jabones, trabajó de albañil, en una panadería y una curtiduría para sufragar los gastos de libros y útiles escolares. En 1971, entró a la primera generación del CCH Naucalpan. En Neza, formó con sus amigos el colectivo Ricardo Flores Magón y un club deportivo. Participó en la lucha contra el pulpo camionero. Y, en esas andanzas, conoció las obras de Mao Tse-tung.

“Empezamos a leer las cuestiones de China –cuenta José–. Nos empezó a gustar la forma en que Mao hablaba, su famoso libro de citas y otros folletitos con su pensamiento.” Ya en la facultad, se incorporó a AP.

Acción Popular se fundó el 14 de septiembre de 1973, con militantes radicales, formados en el CNH del 68 y los comités de lucha del periodo 1969-73 (no confundir con el Movimiento de Acción Popular, que celebró su asamblea fundacional en enero de 1981, y con el que tuvo grandes choques). Se sumó a la lucha por la autogestión y la autonomía en facultades y escuelas de la UNAM y del IPN (Ciencias, Economía, Veterinaria, Sicología, Arquitectura, Físico-Matemáticas, Ciencias Biológicas, Esime, ESIA). También apoyó e impulsó el movimiento de las casas de estudiantes.

Aglutinó activistas de la ciudad y del campo en torno al periódico Lucha Obrera Popular y la consigna “¡hacia la revolución democrática, popular y antimperialista!”

Sus integrantes promovieron y participaron en las huelgas en Tula, Lido, Cactus, General Electric, Duramil, Panam, Pan Aviación, Morganite y la fundación de sindicatos universitarios independientes. En Zacatecas, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Puebla y Tlaxcala auspiciaron movimientos campesinos por la recuperación de tierras y mejores condiciones de comercialización. En el movimiento social, construyeron agrupaciones como la Unión de Colonos, Inquilinos y Solicitantes de Vivienda 11 de Noviembre.

A raíz de la muerte de Mao (9/9/76), convocaron a un evento en el auditorio de la Facultad de Ciencias, en homenaje al dirigente chino. “Estuvo lleno –cuenta Santos, quien fue miembro del estrado en la ceremonia–. Llegaron grupos que no nos conocían. Algunos que no tenían expresión pública creían que eran los únicos. Compañeros que después fueron militantes, preguntaron si éramos maoístas, y decían que ellos también. Eso nos dio la proyección como fuerza maoísta e hizo que otros simpatizaran y militaran con nosotros, como el ingeniero Javier Fuentes (https://bit.ly/3tE65Ye)”.

AP fue parte central de un archipiélago de organizaciones maoístas que se fusionaban, rompían y volvían a unirse sin desvincularse de las luchas populares. En 1976 fundó el Frente Popular Revolucionario (FPR), después de separarse del FPI. Ese año arrancó un proceso de convergencia entre ellos, la Organización Comunista Cajeme y Acción Comunista (ML), en este proceso surge el Partido Comunista de México-ML, del que ya no participó AP.

Una delegación de tres dirigentes su yos visitó China durante dos meses, en 197980. Ellos habían mostrado su adhesión a la República Popular. Según Santos, “nos dieron trato de jefes de Estado y entre muchas cuestiones que aprendimos fue que no teníamos que ser dogmáticos, sino aplicar el maoísmo de acuerdo con las condiciones concretas de nuestro país, siempre servir al pueblo”.

El Movimiento Comunista Revolucionario se fundó en mayo 1979, con la participación del FPR, el periódico El Rebelde, publicado a partir de 1975, con presencia en Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco, y la Alianza Campesina Revolucionaria, que distribuía la publicación Ya es Hora, y luchaba por la tierra en Tamaulipas, Jalisco, Michoacán y Veracruz. El proyecto no duró más de dos años.

En diciembre 1984, se unificaron AP y la Organización Popular RevolucionariaGrupo Obrero Revolucionario, con la aspiración de convertirse en baluarte de los marxistas-leninistas. Realizaron congresos con decenas de delegados.

Finalmente, AP-Marxista Leninista enfrentó grandes dificultades para resolver sus contradicciones internas y los cambios en el país, que no siempre pudo resolver adecuadamente. Heredera del movimiento estudiantil de 1968-76 que chocó de lleno con el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, su huella puede verse en multiplicidad de organizaciones sociales y luchas populares que perduran hasta hoy. La corriente de Santos, al lado de activistas de diversos orígenes, sigue organizada en el Partido Revolucionario del Pueblo (PRP). Twitter: @lhan55

Martes 18 de enero de 2022 DE ENMEDIO

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