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LA JORNADA Sábado 15 de septiembre de 2018
POLÍTICA
DE 20 AÑOS DE PRISIÓN, LE FALTAN 7
Alertan por liberación de pederasta y asesino de niño Enrique Busquets también distribuía pornografía infantil SANJUANA MARTÍNEZ SALTILLO, COAH.
Los exámenes sicológicos que reafirman las perversiones y la parafilia del pederasta Enrique Busquets Casanova, distribuidor de pornografía infantil, sentenciado a 20 años por el homicidio calificado de Carlitos, de 12 años, cambiaron de manera sospechosa, de un día para otro, y ahora está a un paso de salir en libertad, a pesar de faltarle siete años para cumplir su condena. Así lo afirma en entrevista con La Jornada Alejandro López Hernández, abogado de la familia de la víctima: “Queremos evitar que un depredador sexual salga a la calle. Queremos evitar una nueva tragedia. La sociedad no podría estar tranquila con sujetos de esta calaña en la calle, porque no es un mal remediable, es un hombre que maneja su sexualidad de manera perversa y patológica”. La historia de Carlitos se remonta al dos de enero de 1999 en Torreón, Coahuila. El niño fue a buscar en su bicicleta un videojuego al Centro de Inteligencia Artificial, negocio cercano a su casa en la colonia San Isidro. Pasaron dos horas y no volvía, por lo que su padre, Carlos Muñoz Franco, salió a buscarlo.
“Me dirigí al negocio de computación para preguntar por mi hijo Carlitos… toqué al vidrio y la persona que se encontraba en el interior se levantó y se dirigió a la puerta, luego le pregunté si lo había visto. El dueño del lugar, Enrique Busquets Casanova, dijo que sí, pero que ya se había ido con otros niños”. Fueron horas de angustia y zozobra para Carlos Muñoz y su esposa. Su único hijo varón, su pequeño Carlitos, no aparecía. Lo buscaron por las calles y finalmente denunciaron su desaparición. A las 11 de la noche, en la calle Cuautitlán y calzada Ávila Camacho encontraron su cuerpo. Todas las investigaciones policiacas se dirigieron entonces al negocio de videojuegos y computación, que resultó ser tapadera de la red de distribución de pornografía infantil y cuyo propietario, Busquets Casanova, fue identificado por otros testigos como pederasta, incluida su entonces esposa, Angélica María González Ríos. El fiscal del caso, Juan Chapa, investigó los hechos y determinó que Busquets Casanova asesinó al niño durante las primeras horas del dos de enero. Luego fue a comer a su casa y regresó a su negocio, hasta que salió a las ocho de la noche. Un lapso para el que ya no tuvo coartada. Su esposa declaró que más noche
regresó a su casa sin zapatos y con su camioneta cubierta de tierra. El hallazgo del cuerpo del menor fue reportado cerca del lugar.
Libertad anticipada A partir de ese momento, Carlos Muñoz Franco se dedicó en cuerpo y alma a luchar por la justicia. El asesino de su hijo fue protegido por autoridades locales y huyó a España, donde vivió cinco años, hasta que el 14 de noviembre de 2005, después de un largo proceso de extradición, fue entregado a las autoridades de Coahuila e ingresado en el Centro de Readaptación Social de esta ciudad, sentenciado por la juez María Luisa Valencia a una pena “mínima y ridícula”, según los familiares de la víctima. Trece años después, Busquets Casanova ha solicitado el beneficio de la reducción de sentencia y por consiguiente su libertad. La audiencia de ejecución de sentencia fue diferida por la juez Carlota Yadira Velázquez de Luna, para el próximo jueves 20 de septiembre. El preso solicitó en julio del año pasado pruebas del consejo técnico interdisciplinario y cuyos resultados le fueron adversos: “Desde el punto de vista criminológico, sicológico, trabajo social, seguridad y educación, los resultados fueron ne-
gativos y se desistió esperando posiblemente el cambio de gobierno”. Pero el pasado mes de mayo, volvió a solicitar dicho beneficio y sorprendentemente los resultados fueron totalmente distinto: “ni Ripley lo hubiera imaginado, los resultados son como si se tratara de una persona totalmente diferente. Pero nos dimos cuenta de la falacia y la aberración que estaban instrumentando para liberarlo y estamos actuando para evitarlo”.
El delito de pornografía México ocupa el primer lugar en consumo de pornografía infantil, según la Policía Federal, y el pasado dos de agosto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que se podrá castigar hasta con 15 años de prisión a la persona que produzca, comercialice y distribuya pornografía en México, un delito que en el caso de Busquets Casanova no ha sido tomado en toda su dimensión por el Poder Judicial. El abogado López Hernández es un experto jurista y profesor de derecho penal, por lo que considera que el diagnóstico que pretende liberar a Busquets Casanova es “abyecto; sin ninguna terapia, sin ningún fundamento ni lógico ni jurídico: aparece primero negro y ahora blanco. Dentro de la crimi-
▲ Alejandro López Hernández, abodago de la familia de Carlitos, asesinado a los 12 años por el dueño de una tienda de videojuegos. Foto Sanjuana Martínez nalidad, Busquets tiene factores endovenosos y de su sique que no pueden variar su personalidad”. Peor aún, alerta sobre la posibilidad de una red de pornografía infantil que opere desde el penal donde cumple condena: “Él instalaba negocios como una especie de cortina de humo para dedicarse a la producción y distribución de la pornografía infantil. O reclutaba, inducía o seducía a menores. Nosotros tenemos la certeza de que quiso abusar de Carlitos, él se resistió y fue el motivo por el cual lo privó de la vida”. La experiencia del caso le lleva a recordar la protección de las autoridades y la existencia de una red de pornografía infantil integrada por hombres poderosos: “Del expediente, desaparecieron constancias de la averiguación, estaban metidos ministerios públicos, delegados, procuradores y políticos de alto rango. Espero que esto no se repita y que no lo liberen. Veremos si la justicia toma el camino de la legalidad o prefiere cometer una aberración, una injusticia”.
Crecen mil por ciento solicitudes de refugio en un lustro FABIOLA MARTÍNEZ
Al cierre de 2018, México recibirá casi 23 mil solicitudes de refugio, cifra superior en más de mil por ciento a 2013, señaló la Secretaría de Gobernación (SG). “De las mil 200 solicitudes de refugio que se tenían a inicios del sexenio, esta cifra se ha incrementado más de mil por ciento, al pasar a 14 mil 603 en 2017. Se prevé que al cierre de 2018 se registren cerca de 23 mil solicitudes”, informó la subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SG, Patricia Martínez Cranss. El Gobierno de la República –dijo– mantiene la voluntad de apoyar a los refugiados como lo ha hecho
por años de manera tradicional, postura que además ha manifestado en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Durante la develación del boleto del Metro conmemorativo al Día Mundial de los Refugiados, dijo que el propósito es trabajar para atender este tema hasta el final de la actual administración. Desde la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) se apoya a estas personas con servicios de salud, educación y empleo, destacó. Según datos de Comar, en 2013 fueron atendidas mil 296 solicitudes de refugio, un año después ascendieron a 2 mil 137 y en 2015 se contabilizaron 3 mil 424. Para 2016 este flujo se multiplicó hasta alcanzar los 8 mil 788 intere-
sados en obtener esta protección del Estado mexicano y como lo mencionó la subsecretaria, para 2017 se alcanzó un nivel de casi 15 mil peticiones, casi idéntico al de los primeros ocho meses del año en curso. Es así que la previsión de las autoridades de Gobernación hace referencia a un escenario sin precedentes, en el sexenio y de los más altos en la historia del país. No obstante, se desconoce el porcentaje de trámites concluidos y el porcentaje de respuestas positivas para los migrantes. Si en el 2013 la mayor demanda de protección fue de ciudadanos procedentes de Honduras, El Salvador y Cuba, actualmente la lista es encabezada por hondureños, ve-
nezolanos y salvadoreños; tan sólo de enero a agosto, la proporción fue de 6 mil 523, 3 mil 487 y 3 mil 64 casos, respectivamente. Una referencia, en cuanto a los sudamericanos mencionados, es que en 2013 sólo hubo una solicitud y, a partir de 2017 se multiplicaron las peticiones. Ayer, la subsecretaria reconoció la colaboración de las autoridades capitalinas, en este caso del Sistema de Transporte Colectivo Metro, para promover acciones de apoyo a quienes por la violencia física y política en sus países de origen migran a México en busca de mejores oportunidades. La coordinadora General de la Comar, Elizabeth Cataño Navarro, dijo que este organismo está com-
prometido con el apoyo y acogida de los extranjeros que llegan a México en busca de un reconocimiento como migrantes y refugiados. El director general del Metro de Ciudad de México, Jorge Jiménez Alcaraz, comentó que los refugiados y desplazados enriquecen la cultura de los mexicanos. La expedición de los boletos conmemorativos para su difusión entre los usuarios del Metro será de cinco millones. En este acto estuvieron también el comisionado del Instituto Nacional de Migración Gerardo Elías García Benavente y el subsecretario de la Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental del Gobierno capitalino, Joaquín Meléndez Lira.