GEORGINA SALDIERNA

A TURISMO, MÁS DEL DOBLE QUE ESTE AÑO Proyecto presupuestal plantea aumentos de 8 a 9% a poderes Legislativo y Judicial

El Congreso recibiría 16 mil 461 mdp // Recursos para Ofi cina de la Presidencia pasan de 833 a 875 mdp

GEORGINA SALDIERNA

El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 plantea aumentos de entre 8 y 9 por ciento en las asignaciones destinadas a los poderes Legislativo y al Judicial, mientras en las dependencias del Ejecutivo el incremento es variado. El mayor es para la Secretaría de Turismo, con 121 por ciento.

En contrapartida, destaca la reducción de 2.28 por ciento propuesta para la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que estuvo en el ojo del huracán durante el reciente debate sobre la reforma eléctrica.

Entre los organismos autónomos, el Instituto Nacional Electoral pidió que su presupuesto se ubique para el próximo año en 24 mil 696 millones de pesos, esto es, 25.13 por ciento más que en 2022, cuando se le asignaron 19 mil 736 millones.

La proyecto de gasto que entregó a la Cámara de Diputados el secretario de Hacienda, el pasado jueves, plantea que el Poder Legislativo tenga 16 mil 461 millones de pesos para el siguiente año, esto es, 9.6 por ciento más que en el presente. De esos recursos, el Senado tendría 4 mil 868 millones y San Lázaro 8 mil 776 millones.

En 2022, el Senado tuvo 4 mil 438 millones y la Cámara de Diputados 8 mil 45 millones de pesos; es decir, esta última tendría 731 millones de pesos adicionales el próximo año, de aprobarse el proyecto de presupuesto elaborado por el Ejecutivo.

Para el Poder Judicial, se propone un gasto de 79 mil 969 millones de pesos, 8.4 por ciento más que en 2022. La Corte obtendría 5 mil 733 millones, el Consejo de la Judicatura 71 mil 220, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 3 mil 15 millones de pesos.

En cuanto a las secretarías de Estado, las que alcanzarían mayores aumentos son las de Gobernación, con 25.7 por ciento; Medio Ambiente, 85, y Turismo, con 121 por ciento. También se encuentra la de Bienestar, con 36.4.

De esta manera, la primera pasaría de 6 mil 218 millones en 2022 a 7 mil 821 para el siguiente año. La segunda, de 40 mil 795 millones a 75 mil 627, y la tercera, de 65 mil 670 millones a 145 mil 565. Bienestar aumentaría de 299 mil 315 millones a 408 mil 290.

Además de la CFE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también verá reducir su presupuesto. El decremento propuesto es de 11.15 por ciento, toda vez que en el presente año se le autorizaron 11 mil 115 millones de pesos y para 2023 en el proyecto se le asignó un gasto de 9 mil 875 millones.

En el documento se plantea que la Oficina de la Presidencia de la República tenga un aumento presupuestal de 4.9 por ciento, al pasar de 833 millones a 875 millones.

Las secretarías de Educación y Salud registran en el proyecto aumentos en su gasto de 10.3 y 8.7 por ciento, respectivamente, mientras el de la Defensa Nacional es de 7.4, Marina 10.9 y Seguridad 6 por ciento.

Prevé Morena que el paquete económico será votado en San Lázaro en noviembre

Adelanta el PRI que lo rechazará

En la Cámara de Diputados se iniciará de inmediato el análisis del paquete económico para 2023, el cual se prevé será votado a más tardar en noviembre, informó Morena. El PRI adelantó que votará en contra de la propuesta de gasto ya que reduce los recursos para medicamentos y construcción de carreteras, pero aumenta los destinados al pago de los intereses de la deuda adquirida por este gobierno.

El PAN por su lado, consideró que el planteamiento gubernamental es demasiado optimista y está fuera de la realidad al apostar a un crecimiento económico de 2.4 por ciento, cuando los especialistas han pronosticado un porcentaje de 1.6 o 1.8.

El diputado panista Héctor Saúl Téllez, secretario de la Comisión de Presupuesto en San Lázaro, dijo que el financiamiento del gobierno se dará a través de la deuda pública, contrario a lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Añadió que es preocupante que para 2023 se estime un techo de endeudamiento de un billón 176 millones de pesos, es decir, una diferencia nominal de 260 mil 558 millones respecto de 2022, lo que representa una diferencia de 22 por ciento.

Téllez resaltó que en la política de gasto se continuará otorgando suficiencia presupuestaria a los proyectos prioritarios, mientras en otras áreas como salud, seguridad y educación no se ve un crecimiento real. Añadió que su bancada estudiará con seriedad el paquete económico para proponer cambios y que “las prioridades de la población” sean atendidas.

Por su lado, la dirigencia nacional del PRI explicó que no se apoyará el proyecto de presupuesto de egresos porque disminuye los recursos para compra de medicamentos y la construcción de carreteras en la mayoría de los estados. Además, se destina más dinero a pagar intereses de la deuda que a programas sociales.

Destacó que en el paquete económico el gasto corriente aumenta tres veces, lo que pone en evidencia “la falsa austeridad del gobierno”.

Tras estimar que “Morena nuevamente le da la espalda a las familias mexicanas, apuntó que se destinan más recursos para el Tren Maya que a la atención de problemas urgentes como la falta de medicamentos.

Los diputados de Morena, Erasmo González, y del PVEM, Luis Armando Melgar, informaron que el análisis de la propuesta del Ejecutivo se inicia de inmediato, tras calificar el paquete de realista y equilibrado entre ingresos y egresos.

Señalaron, además, que el paquete es responsable y está encaminado al bienestar de las familias. Georgina Saldierna

“Sufi ciente”, el gasto de 2023 propuesto por el Ejecutivo para la UNAM: Graue

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue Wiechers, consideró que el presupuesto presentado por el Ejecutivo para la institución en 2023 es “suficiente” para que la máxima casa de estudios pueda cumplir sus “labores sustantivas” el año entrante.

Al participar en la ceremonia de inauguración de la nueva Unidad de Extensión Universitaria de la UNAM en Oaxaca, el funcionario estimó que las labores de docencia, investigación y difusión de la cultura que el organismo educativo está obligado a cumplir pueden llevarse a cabo con los fondos que le destinaría el gobierno federal.

De acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023, la UNAM contaría con 18 mil 104 millones de pesos, lo que significa un aumento de mil millones respecto de los fondos que tuvo este año.

A pregunta sobre los recursos que se le otorgarían a la universidad y otras instituciones, Graue señaló que “nunca será suficiente un presupuesto para la educación”, aunque confió en que el Poder Legislativo será sensible a las necesidades del sector.

Los mencionados recursos, abundó, permitirán continuar con el crecimiento planteado para la UNAM y terminar obras en proceso.

En el auditorio de la nueva Unidad de Extensión Universitaria UNAM-Oaxaca, el rector aseguró que en ese inmueble se fomentará la convivencia, dentro y fuera de la academia, con las instituciones de educación superior locales y, en particular, con la Universidad Au-

▲ El rector Enrique Graue Wiechers y el gobernador Alejandro Murat Hinojosa recorren el recién inaugurado edifi cio de la Unidad de Extensión Universitaria UNAMOaxaca. Foto UNAM Global

tónoma Benito Juárez de Oaxaca.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Institucional de la UNAM, Patricia Dávila Aranda, informó que en la actualidad hay aproximadamente 45 académicos y académicas de la institución en Oaxaca, quienes desarrollan proyectos de investigación con una diversidad de enfoques y disciplinas en diferentes partes de la entidad.

A la ceremonia acudió el gobernador del estado, Alejandro Murat. De la Redacción

LOS DE ABAJO Seguridad pública

GLORIA MUÑOZ RAMÍREZ

“H OY ES UN día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho, a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución y socava a sus instituciones”.

Con esta declaración más de 250 organizaciones del colectivo Seguridad sin Guerra se opusieron en diciembre de 2017 a la Ley de Seguridad Interior promulgada por el entonces presidente Enrique

Peña Nieto, la cual, advirtieron, militarizaba el país y abría la puerta a violaciones de las garantías de los ciudadanos. Vinieron marchas multitudinarias de repudio a la ley, la mayoría reprimidas por el gobierno del presidente priísta.

Los análisis en medios de comunicación, espacios académicos y de la sociedad civil desmenuzaron las implicaciones de dejar en manos del Ejército la seguridad pública.

La movilización no paró y, casi un año después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la ley al declararla inconstitucional.

Faltaban días para que Peña Nieto dejara la Presidencia, y se fue sin concretar en la Constitución lo que de cualquier forma ya había iniciado su antecesor panista Felipe Calderón: la militarización de un país que se estaba desangrando entre la violencia del crimen organizado y de las fuerzas castrenses.

LA INVALIDACIÓN DE la Ley de

Seguridad Interior peñista se dio precisamente un día antes de que el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador, presentara el plan de creación de la nueva Guardia Nacional (GN). Casi cuatro años después, lo que en el peñismo fue rechazado con contundencia, se consolidó ayer con el traspaso de la GN a la Secretaría de la Defensa Nacional, hecho considerado por la alta comisionada interina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-

Nashif, como “retroceso para la seguridad pública basada en los derechos humanos”. Las reformas con que se transfiere el control operativo, presupuestario y administrativo, advirtió la representante de la ONU, dejan a México sin una fuerza policial civil a nivel federal, situación preocupante, pues “las fuerzas de seguridad pública deben estar subordinadas a las autoridades civiles”. Rechazar la militarización y no olvidar que las fuerzas armadas han sido y son protagonistas de ejecuciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, sin que su participación en la seguridad pública haya disminuido la violencia en el país, es lo que toca, igual que hace cinco años, con los priístas de entonces.

INE pagó 1,901 mdp en 8 años por liquidación de personal

FABIOLA MARTÍNEZ

Durante el periodo 2014-septiembre de 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) pagó mil 901 millones de pesos a personal que decidió retirarse del organismo.

El monto, en favor de 6 mil 295 trabajadores, procede del Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral, cuya base monetaria no ha sido afectada bajo ninguna circunstancia.

Los casi 2 mil millones referidos son adicionales a los pagos que debe hacer por ley y normas internas, así como en casos de retiro.

La información anterior se incluye en la respuesta del titular del Órgano Interno de Control (OIC) del INE, Jesús George Zamora, a los comentarios emitidos en la reciente sesión del Consejo General, el miércoles pasado, en la que –con distintos matices– consejeros aseguraron que el contralor y su equipo son partícipes de los beneficios que critican.

En una carta dirigida al consejero Ciro Murayama, quien presentó más datos en contra del modo de operar del OIC, se detalla que 69 por ciento de los finiquitos fueron hechos en los últimos cuatro años.

En principio, el OIC aduce que las indemnizaciones a ex integrantes de su oficina no constituyen un porcentaje representativo, pero al mismo tiempo sugiere un “análisis profundo” respecto de las altas indemnizaciones y que éstas procedan sólo cuando el INE ordena el despido.

Entre otros puntos, Murayama señaló que a raíz de la remoción de 31 de los 38 directivos del OIC, se ha pagado 41.5 millones de pesos por compensaciones en términos de relación laboral, ante lo cual George admite la conveniencia de revisar los objetivos del fideicomiso.

“Son acertadas sus expresiones de ‘boquete presupuestal’, ‘alta rotación laboral’ y ‘menor acumulación de experiencia’ en todo el instituto, que son provocadas por políticas de este tipo adoptadas en la normativa del INE”, dijo el contralor.

Se debe considerar, agregó, que el INE paga otras cantidades en casos de retiro: seguro de separación individualizado, cuyo gasto fue de mil 103.6 millones de pesos, de 2018 a 2021. También ha pagado al Issste, en el mismo periodo, por seguros de retiro y de cesantía en edad avanzada, así como por vejez 252 millones.

El presupuesto para el año entrante, reiteró la sugerencia a los

▲ El titular del Órgano Interno de Control del INE respondió al Consejo General, el cual aparece en imagen de archivo. Foto Roberto García Ortiz

directivos y consejeros para que “reconsideren” mil 394 millones de pesos (de una petición total de 14 mil millones).

También, que la previsión presupuestal del instituto esté debidamente sustentada con investigaciones de mercado, cotizaciones, precios de referencia o antecedentes de gasto, a fin de evitar arbitrariedades o solicitudes de recursos sin justificación, más aún cuando el organismo electoral está sujeto a un marcado escrutinio público.

De ahí la necesidad de que los montos solicitados para cada actividad tengan razonabilidad, “más allá de discursos complacientes”.

Prevé STPS invertir 2.5 mil millones para nuevo modelo laboral en 2023

JARED LAURELES

Para 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) perfila una inversión de 2 mil 503 millones 107 mil pesos con el fin de avanzar en el cumplimiento del nuevo modelo laboral, que prevé la negociación colectiva, conciliación entre empleadores y sindicatos, así como impartición y procuración de justicia en la materia.

Dentro del proyecto de Presupuesto de Egresos para 2023, se prevé una asignación de 861 millones 737 mil 841 pesos para el programa Subsidio a las Entidades Federativas para la Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral –que este año tiene asignados 711 millones 292 mil pesos–; se trata de un incremento de 21.1 por ciento respecto a lo aprobado en 2022.

En el caso del Servicio de Conciliación Federal y Registros Laborales tendría un incremento de 8.7 por ciento, al pasar de 577 millones 55 mil 526 a 627 mil 281 766 pesos.

A través de estos dos programas presupuestarios, la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral y el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral orientarán sus acciones para dar cumplimiento a la reforma constitucional de 2017 y a las modificaciones de la Ley Federal del Trabajo de 2019.

El próximo 3 de octubre se pondrá en marcha la tercera y última etapa de esa reforma en 11 estados, que concentran el 60 por ciento de los litigios, ya que registran la mayor conflictividad laboral, entre ellos Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México.

De acuerdo con el proyecto, el presupuesto de la STPS ascendería a 27 mil 118 millones 736 mil 621 pesos, un incremento de 1.7 por ciento, respecto a los 25 mil 384 millones 375 mil 970 pesos, aprobado en 2022.

El gasto propuesto a la Cámara de Diputados destaca un paquete de mil 14 millones de pesos para la impartición y procuración de justicia laboral. Del total, 788 millones 51 mil 382 correspondería a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, un ligero incremento respecto a los 743 millones 845 mil 647 pesos de este año.

También se proyecta la asignación de recursos de 629 millones 326 mil 928 para la ejecución nacional de acciones de promoción y vigilancia de los derechos laborales, así como 45 millones para conciliación entre empleadores y sindicatos, y 31 millones 747 mil para el registro de agrupaciones sindicales.

Para Jóvenes Construyendo el Futuro, uno de los programas insignia de la presente administración, se solicitan 23 mil 90 millones 451 mil pesos, por encima de los 21 mil 196 millones previstos en este año. La Comisión Nacional de Salarios Mínimos alcanzará 40 mil 62 millones.

Sindicato de Volkswagen hará otra consulta

JARED LAURELES

Por tercera ocasión, el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz Volkswagen someterá a votación de sus casi 7 mil afiliados la revisión contractual original acordada con la empresa en julio pasado, que prevé un incremento global de 11 por ciento.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social anunció que Volkswagen México y el gremio acordaron una nueva consulta, el lunes 12 de septiembre en la planta en Puebla.

El jueves, ante un tribunal federal laboral, la comisión revisora sindical acordó con la empresa postergar la huelga, que vencía ayer, para el 14 de septiembre a las 11 horas.

Las partes “acordaron aceptar la propuesta” de la STPS, en una reunión ayer, de someter a consideración de los trabajadores que los incrementos al contrato colectivo sean aplicados de manera retroactiva al 20 de julio, cuando se firmó el convenio y no al 18 de agosto, cuando venció el documento, afirmó la dependencia.

Especialistas en materia sindical, Alberto Romero, de la Universidad Obrera, y Héctor de la Cueva, coordinador de Cilas, consideraron que la nueva consulta es “absolutamente inusual” porque en el último ejercicio se logró que la votación fuera avalada por 50 por ciento más uno de los afiliados al sindicato.

“Sería llevar prácticamente a una tercera votación la misma negociación, sólo que con un elemento adicional, lo que sienta un precedente complicado para futuras negociaciones de cualquier sindicato y empresa”, apuntó De la Cueva, asesor de los trabajadores en General Motors, de Silao.

EL TIEMPO CORRE Y NO SE ACLARAN LOS ASESINATOS DE MIROSLAVA BREACH Y JAVIER VALDEZ