JESSICA XANTOMILA

INFORME PRELIMINAR DE RELATORA

El desplazamiento interno afecta más a los pueblos indígenas: ONU

JESSICA XANTOMILA

Al concluir su visita oficial a México, la relatora especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre los derechos humanos de las personas desplazadas internas, Cecilia Jiménez-Damary, aseveró que si bien en el país las causas del desplazamiento forzado “son diversas y multifactoriales”, entre ellas están distintos tipos de violencia, “a menudo originada por el crimen organizado, a veces relacionadas con los proyectos de desarrollo, la minería y tala ilegal o por conflictos electorales, religiosos y agrarios”. Alertó que 40 por ciento de los episodios de desplazamiento registrados en 2020 afectaron a pueblos indígenas.

En conferencia, la relatora –la primera en esta materia que realiza una visita oficial al país– expuso que a pesar de que no hay cifras oficiales de desplazados internos, datos proporcionados por la sociedad civil estiman que van de 350 mil a 400 mil y se concentran en “estados que son emergentes, que tienen mayores grados y niveles de pobreza”.

Refirió que la mayoría de las víctimas “con quienes platiqué me han informado que son directamente atacados o amenazados por el crimen organizado, por lo tanto, tienen que irse de sus casas, ya que las queman”.

En la presentación de sus observaciones preliminares, luego de reunirse del 29 de agosto al 9 de septiembre con víctimas, organizaciones civiles y funcionarios federales y estatales en la Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas y Guerrero, la relatora afirmó que otras causas del desplazamiento forzado son “el cambio climático y los desastres, agravados por la discriminación, que tiene impacto diferenciado para las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad”.

Advirtió que la presencia de niños y adolescentes se mencionó en la mayoría de los episodios de desplazamiento de 2020. “Recibí información de que algunos de ellos y ellas son víctimas directas del reclutamiento forzado de grupos armados”. Subrayó que la mayoría de las víctimas también son mujeres.

La experta lamentó que a pesar de que las comunidades indígenas representan 10 por ciento de la población total de México, sean las más afectadas. “Sufren impactos diferenciados” por su situación de vulnerabilidad, la falta de acceso a los mecanismos de protección “con pertinencia cultural” y el racismo.

Jiménez-Damary agradeció la apertura del Estado al escrutinio internacional e indicó que el fenómeno requiere atención integral que incluya “medidas de prevención, atención y protección”, y exhortó a crear un registro federal de desplazados.

Instó al Senado a avanzar en los trabajos para contar con la ley general en la materia, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados.

Compromiso del gobierno mexicano: Encinas

En una reunión previa con la relatora, el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, manifestó el compromiso del gobierno mexicano para revisar “de manera detallada” el informe final que presentará la especialista en junio de 2023, y “darle seguimiento puntual y pormenorizado desde todas las instancias que componen al Estado mexicano”.

Afirmó que esta visita se enmarcó en la estrategia del gobierno “para visibilizar esta temática que había permanecido invisible en el pasado”.

Padres de los 43 exigen concretar las 82 órdenes de arresto que faltan

CAROLINA GÓMEZ MENA

Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa criticaron que pese a haber más de 80 órdenes de aprehensión libradas, sólo haya un detenido, a poco más de tres semanas de darse a conocer el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en ese caso.

En la ceremonia de selección del cartel para recordar los ocho años de la desaparición de los estudiantes, María Martínez Zeferino, madre de Ángel Hernández Martínez, expresó a La Jornada que “son 83 órdenes que salieron, y sólo hay un detenido (el ex procurador Jesús Murillo Karam). Eso da coraje. Nos dijeron, cuando entregaron el informe, que ‘al rato o mañana empiezan las detenciones’, y no hemos visto nada.

“Queremos ya las detenciones, y que se siga investigando mientras no tengamos indicios de que nuestros hijos ya no están; ellos siguen vivos. No vemos claro; que se investigue a los militares, ellos son los responsables.”

Cristina Bautista Salvador, madre de Benjamín Ascencio Bautista, señaló en el mismo sentido que a casi ocho años de aquel 26 de septiembre de 2014, es poco el avance. “Ya hay nombres, pero todavía no hay aprehensiones. Nuestra exigencia es que ya sean detenidos todos los culpables y que nos digan dónde dejaron a nuestros hijos”.

Sostuvo que “como madres y padres, la exigencia es que avancen con las investigaciones, que entreguen información de las fuerzas armadas; ellos saben y han obstaculizado la verdad. Van a ser ocho años de lucha, de estar sufriendo, de no poder dormir, de no poder estar en nuestras comunidades y con nuestras familias.

“Por el amor que le tenemos a cada uno de nuestros hijos, nos mantenemos en pie de lucha, unidos hasta alcanzar la verdad y saber qué pasó con ellos. No nos detendremos hasta ver en la cárcel a todos los responsables: todos ellos deben ser castigados.”

Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete, afirmó que la desaparición de sus hijos “ha destruido a nuestras familias”, y sentenció: “No vamos a descansar hasta saber la verdad, hasta saber dónde están”.

Agregó que elegirían el cartel

▲ Una comisión de los padres de los normalistas eligió ayer, entre 14 participantes, el cartel para conmemorar los ocho años de su desaparición. Foto Guillermo Sologuren

“que nos llegue al corazón, el que sintamos que nos representa como padres y madres luchando por la verdad y justicia”.

De los 14 afiches finalistas, la comisión de padres presente en el acto seleccionó el que presenta los rostros de los estudiantes sobre una imagen de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

El 12 de septiembre comienza la jornada de lucha previa al nuevo aniversario, que incluye acciones en Guerrero y la Ciudad de México, entre ellas la “gran marcha del 26 de septiembre”.

Se realizarán otras movilizaciones en la Alameda Central, el Monumento a la Revolución y a las afueras de la embajada de Israel, para exigir la entrega de Tomás Zerón, ex titular de la de la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República.

Morena en el Senado llama a emprender acciones legales contra Lilly Téllez

ANDREA BECERRIL

Héctor Vasconcelos, senador de Morena, pidió a los integrantes de su bancada valorar las vías legales disponibles para contrarrestar las calumnias, difamación y daño moral al presidente Andrés Manuel López Obrador en que incurrió la panista Lilly Téllez al acusar al Ejecutivo federal de tener acuerdos con el crimen organizado.

“Es una barbaridad que la senadora haya sostenido que el gobierno actual es un gobierno de narcos, sin prueba alguna”, aseveró. Por ello, aclaró, durante la discusión de la madrugada de ayer, cuando la mayoría de Morena y sus aliados aprobaron cambios para fortalecer a la Guardia Nacional, él intervino y demandó interponer algún recurso legal.

Por separado, las senadoras morenistas Malú Micher, Gloria Sánchez y Antares Vázquez, así como Cora Cecilia Pinedo, del Partido del Trabajo, expresaron su respaldo a Vasconcelos, quien fue también insultado por Téllez, y aseguraron que la mesa directiva y la junta de coordinación política de esa cámara deben tomar las medidas necesarias para impedir que Téllez y otras legisladoras de Acción Nacional (PAN) utilicen la tribuna para denigrar y denostar.

“Además de su trayectoria diplomática y el gran trabajo legislativo que ha desarrollado al frente de la Comisión de Relaciones Exteriores, el senador Vasconcelos es un caballero, que jamás ha faltado el respeto a nadie y no se debe tolerar la forma soez, discriminatoria, en que Téllez se refirió a él”, recalcó Micher.

Sostuvo que Téllez, al igual que todos los senadores, tiene libertad de expresar sus opiniones en tribuna, pero no de insultar ni difamar al Presidente y a los legisladores de Morena. “El problema es que ella no hace política, sino shows en busca del rating”.

Vázquez resaltó que sí procede una denuncia por difamación contra Téllez, ya que los panistas interpusieron contra ella un recurso en ese sentido y se le siguió un proceso.

Pinedo aseguró que Vasconcelos tiene la razón, porque no es posible que la panista sostenga, sin prueba alguna, “acusaciones temerarias” contra el gobierno de López Obrador y denigre al Senado, al rebajar el debate y provocar confrontaciones.

Vasconcelos comentó que era tal el griterío en el salón de plenos la madrugada de ayer, que no escuchó los insultos de Téllez en su contra. Eso, dijo, es lo de menos: “lo que me ofendió es la calumnia, difamación y daño moral al Presidente de la República, y es lo que no podemos permitir”.