Carta SNI

Carta pública sobre los apoyos económicos del Sistema Nacional de Investigadores del CONACyT

Dirigida a: Dra. María Elena Álvarez-Buylla Roces, Directora General del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología Dr. Mario de Leo-Winkler, Director del Sistema Nacional de Investigadores A todos los Miembros del Sistema Nacional de Investigadores y a la Opinión Pública

Estimada Dra. Elena Álvarez-Buylla Roces: Dirijo a usted esta carta pública después de varios intentos de solicitar canales formales para expresar mi descontento, como miembro del Sistema Nacional de Investigadores Sistema (SNI) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), hacia las modificaciones anunciadas recientemente al Reglamento del Sistema El SNI tiene como objetivos otorgar distinciones y estímulos económicos a investigadores laborando en México, así como evaluar programas y proyectos de investigación y educativos a nivel nacional. Según el padrón de beneficiarios disponible en el portal de información de CONACyT (hasta septiembre del 2020), de 33,165 miembros totales, el 8% están listados como “sin institución” y 3% pertenecen a alguna de las principales universidades privadas del país.

Comunicados recientes sobre el Reglamento lo describen como aspirando a un SNI “más representativo de la comunidad científica y con un enfoque humanista.” Sin embargo, aunado a la descontinuación de convenios con universidades privadas anunciada recientemente, esto significa que de acuerdo a los artículos 62 y 66 del Reglamento, más del 11% del SNI no tendrá posibilidad de recibir los estímulos económicos de los que gozan el resto de sus pares con puestos en instituciones públicas y puestos de planta.

Es preocupante que este condicionamiento sobre los estímulos afecte particularmente a investigadores sin adscripción, ya que muchos laboran en condiciones de empleo precarias e inestables, a pesar de ser evaluados con los mismos “criterios académicos confiables, válidos y transparentes” que los demás miembros. Esta condición, debe resaltarse, precede y abarca a más miembros del SNI que la preocupante pero muy reciente exclusión de los miembros de universidades privadas.

Considero que, para tener un SNI verdaderamente incluyente, el artículo 62 y su interpretación, así como el artículo 66, precisan ser reconsiderados por los siguientes motivos: 1) Aunque la situación económica actual limita los recursos públicos, inclusive en este período de austeridad es desatinado que políticas públicas afecten negativamente las condiciones personales de un importante segmento para el desarrollo y bienestar del país: la investigación de vanguardia.

2) El actual reglamento afecta sobremanera a investigadores en situaciones de precariedad laboral, sin adscripción institucional, que trabajan por horas o por proyectos, o en condiciones contractuales informales o independientes. Al continuar desamparando a estos miembros del Sistema este no resulta en un enfoque más, sino menos humanista. Esto, además, es particularmente grave durante una crisis económica con fuertes repercusiones para todos.

3) Dada la poca inversión en ciencia y tecnología a nivel país, tanto en el contexto público como en el contexto privado (menos del 1% del PIB, siendo el último lugar de la OECD en este rubro), la profesión de investigador debe ser universalmente reconocida por las políticas públicas existentes. La distribución selectiva de estímulos va en contra de la visión inclusiva, igualitaria y humanista que el CONACyT y el SNI dicen promover.

4) Dentro de los compromisos de todo miembro del SNI está formar parte de comités dictaminadores a nivel nacional, entre otras labores no-remuneradas que son de beneficio para toda la comunidad científica, para el sector educativo en general, para el desarrollo del país, y para el Conacyt mismo. La pertenencia al SNI es el resultado de una evaluación por pares y siguiendo criterios abiertos de calidad académica. Todo miembro del SNI ha sido calificado, sin importar el lugar donde labora, como un investigador activo que aporta resultados valiosos para la comunidad científica, y no para una institución en particular.

6) Involucrar a las instituciones privadas para invertir más en investigación y ciencia es una meta loable que requiere mayor cooperación a nivel institucional, pero rechazo tajantemente cualquier afectación directa a los derechos de investigadores individuales como punto de partida de decisiones políticas y presupuestales.

Puntualmente, considero urgente reconsiderar los artículos 62 y 66 del Reglamento y que estos sean modificados para asegurar que ningún investigador reconocido como miembro del SNI se vea afectado y ultimadamente discriminado por el estado de su situación laboral, referente a cualquier beneficio que se derive de la pertenencia al Sistema, incluyendo los estímulos económicos.

Adjunto finalmente el vínculo a una recolección de firmas pública en apoyo a la modificación del Reglamento. Le invito sobre todo a leer los comentarios al respecto escritos por miembros del Sistema, por la comunidad científica y por el público general.

Atentamente, Dr. Luis Reyes -Galindo Investigador independiente Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (Nivel 1)

https://www.change.org/ReglamentoSNI