En México, cerramos el año 2021 con la visita del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el reconocimiento oficial de más de 90 mil personas desaparecidas y un cálculo aproximado de 42 mil personas fallecidas sin identificar, desaparecidas en el laberinto burocrático que se construye entre los servicios médicos forenses y los panteones municipales.
Aunque la práctica de la desaparición forzada tiene más de 50 años existiendo, tanto en el ámbito nacional como en el internacional; el crimen no fue reconocido como tal sino hasta 1978, en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, y apenas en 2006 la Asamblea General de la ONU adoptó la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. En México, sin embargo, fue hasta 2017, cuando el trabajo de denuncia y exigencia de justicia de las familias de las miles de víctimas logró la publicación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas.