A lo largo y ancho de la geografía mexicana, distintos proyectos de inversión asociados a profundas afectaciones sociales y ambientales se propagan, impulsados por un gobierno federal y gobiernos locales ansiosos de promover la inversión, el crecimiento económico y la presunta generación de empleos en sus territorios. La lógica bajo la cual se promueven este tipo de proyectos establece que cualquier inversión genera una derrama positiva sobre los territorios y las comunidades. Si se trata de una inversión de volúmenes de capital considerables, los gobiernos hacen hasta lo imposible por permitir que estos intereses realicen sus actividades. Los marcos normativos son adecuados para establecer condiciones favorables para esta inversión –fortaleciendo las prerrogativas de los promoventes de estos proyectos, frente a una baja regulación laboral, ambiental y de derechos humanos. La política fiscal, los proyectos de infraestructura pública y los programas de subsidios son orientados para favorecer estos intereses.
