Alerta en la frontera

Superar la crisis

Coches

bomba, atentados, asesinatos en masa, caos, descontrol, en fin, el Ecuador está atravesando por el peor momento de su historia en lo referente a la inseguridad que amedrenta a toda su población, sin que nada o nadie pueda parar o frenar esta conducta que ha ganado espacio.

Al contrario, se convierte en una herramienta para salir de la pobreza, ocupar distinción por el poder económico que se obtiene, ya que, en las sociedades modernas, no importa cómo se adquiera, lo que cuenta es demostrarlo, en sociedades de cristal que abrirán las puertas; es más, busca apoderarse del poder estatal para que campee la impunidad y sus malhechores puedan ingresar al país sin ningún pudor, haciéndose las víctimas y tener a toda la población sometida al imperio del caos y la fechoría. Ese es el castigo que tocará vivir, por no razonar y dejar que un grupo de forajidos sin el mínimo respeto ni la correcta moral lleguen a ocupar las riendas de la hacienda pública.

Ya no es cuestión del desempleo o de la falta de oportunidades, hoy la delincuencia ha adquirido otra matiz social compuesta de prácticas y creencias que desdibujan principios y creencias sociales, como el señalar que todas las personas poderosas deben asesinar para alcanzar sus objetivos y, al hacerlo se logra demostrar su potencial, lo que representa grandes avances para la humanidad, este análisis, lo hizo Mijail Petróvich, en su novela publicada en 1874. Organizarse para generar actos delictivos sin importar la vida de personas inocentes, no puede ser justificado por la falta de trabajo, el nivel de compromiso, seguridad, apego que les brinda este tipo de organizaciones que están de la mano con sectores políticos, hacen que personas de cualquier posición, social, económica, religiosa, busquen estar en la burbuja inmoral generada por el castigo de desunión y solidaridad entre ecuatorianos.

ANA CHANGUÍN VÉLEZ

@achanguin

Un dictamen para reflexionar

Elpasado viernes, la Corte Constitucional emitió un dictamen no favorable respecto del proyecto de decreto ley de urgencia económica que buscaba condonar deudas de créditos estudiantiles. La Corte argumentó que se trata de un problema que requiere solu-

El incidente que se produjo en la frontera con Colombia constituye una oportuna lección para nuestras fuerzas. Luego de que soldados ecuatorianos detuvieran a habitantes de una reserva indígena por presunta posesión de varios kilos de cocaína, Colombia protestó ante lo que juzgaban una incursión de su territorio.

Los militares protagonistas lucían convencidos de que estaban en territorio ecuatoriano; sin embargo, ni la Cancillería ni el Ministerio de Defensa de Ecuador se pronunciaron sobre esa diferencia de criterios. En contraste, llamó la atención la airada reacción colombiana y la velocidad con la que su narrativa se impuso en los medios internacionales . Una diversidad de elementos —la soberanía, el indigenismo, el ambientalismo, el antimilitarismo—, movilizaron a diferentes sectores de la opinión pública colombiana. ciones a largo plazo y que iniciativas similares habían sido propuestas anteriormente sin considerarse urgentes.

Se suponía que la operación había pasado por todas las instancias necesarias de comunicación y coordinación con el país vecino. Sin embargo, no se puede subestimar la amplia divergencia de criterios que existe dentro de la sociedad colombiana —incluso en gobernanzas locales con respecto a la nacional—, la escasa presencia de su Estado en muchas zonas y la penetración del crimen organizado en muchas estructuras políticas. Ello implica que, si se actúa imprudentemente, cualquier iniciativa ecuatoriana puede ser malinterpretada e instrumentalizada.

Es inevitable que, conforme la lucha contra la inseguridad se profundiza, el Ecuador se vea obligado a hacer sentir su presencia en la frontera más frecuentemente. Para ello, el entendimiento con el Estado vecino debe ser impecable y permanente.

Aparentemente, la constante crisis política que padece el país, deberá concluir con la realización de las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas, que deben efectuarse el próximo 20 de agosto, o quizá empiece otra crisis cuando el elegido se posesione en noviembre, para ejercer el poder solo un año y medio, ya que en 2025 debe terminar el actual mandato. En esa misma fecha se realizará la primera consulta popular solicitada por la ciudadanía que conforma el colectivo Yasunidos que busca la prohibición de explotación petrolera en el protegido Parque Nacional Yasuní. Además, en el Distrito Metropolitano de Quito tendrá lugar otra consulta popular para que el elector decida si permite o prohíbe la explotación de la minería metálica, ubicada en el Chocó Andino, al noroccidente de la capital de los ecuatorianos.

Se debería pensar, obligatoriamente, en la realidad socioeconómica del pueblo sumido en la pobreza, y que necesita recursos para superar la deplorable situación, pero también es indispensable pensar, en si esos recursos, serían administrados con honradez, o desaparecerían en las faltriqueras de los corruptos que no se cansan de enriquecerse con los recursos del Estado y el sistema de explotación imperante. Es indispensable reformar las leyes existentes para que permitan castigar, con total energía, a los corruptos que estuvieron o están enquistados en todos los niveles del Estado.

Si se razonara en la total problemática nacional, la ciudadanía tendría el deber moral de pensar en la validez de su voto y otorgarlo a la persona que en realidad se merezca por sus cualidades y no por sus apariencias y discursos. En consecuencia, es indispensable encontrar todas las razones que decidan el voto ciudadano, si se quiere paz y progreso.

La Corte destacó que la cartera vencida que el proyecto buscaba abordar lleva más de una década y que no se justifica la necesidad de introducir una nueva regulación que no pueda esperar a la posesión de las nuevas autoridade s. Incluso los efectos del proyecto de decreto ley no serían inmediatos debido a la necesidad de emitir un reglamento, y que esto excedería los plazos de transición política, por lo que ya estaría instalado el nuevo Parlamento.

El artículo 148 de la Constitución dispone que la Corte debe emitir un dictamen previo de constituci onalidad sobre los proyectos de decretos ley de urgencia económica que sean expedidos por el Presidente de la República hasta la instalación de una nueva Asamblea Nacional. La Corte tiene la responsabilidad de examinar si existe correspondencia entre el proyecto de decreto ley y la calificación de urgente en materia económica; ya que su contenido necesariamente debe atender a un tema económico urgente, pues, de otra forma, la propia emisión del proyecto de decreto ley sería contraria a la Constitución.

Debemos valorar y respetar el trabajo de la Corte Constitucional como parte del sistema democrático y del Estado de Derecho. Si la Corte “acolitaba” con un dictamen favorable por tratars e de una problemática sensible, hubiera constituido un precedente peligroso en contextos de

Asambleas disueltas, permitiendo que se gobierne abusivamente con decretos leyes. Es imperativo que el Gobierno proponga soluciones concretas que aborden esta situación no de manera extraordinaria, sino como parte de sus obligaciones permanentes. También es una opción que el Ejecutivo prepare un proyecto de ley sobre la misma temática, aunque deba dejar su entrega pendiente hasta que se instale la nueva Asamblea Nacional. Porque hoy ese Poder no es sino un edificio vacío y con luces apagadas.