Alausí, un trágico llamado de atención

En Ecuador, todo proyecto —sea individual, colectivo o nacional— debe presupuestar que esta es una tierra de desastres. Los abultados registros históricos nos permiten, a estas alturas, conocer con relativa precisión el tipo de amenazas y las zonas sobre las que se ciernen. Este año ha sido despiadadamente fecundo en tragedias de origen geológico y climático, pero nada de ello ha sido nuevo. Conocemos bien que vivimos en medio de riesgo sísmico, ¿sabes cuáles son los lugares que habitualmente se inundan e identificamos las zonas que, durante siglos, han sido escenario de derrumbes y aluviones? Incluso si llegara a consumarse un terremoto de proporciones en alguna de nuestras grandes ciudades o la erupción del Cotopaxi, no sería justo hablar de una sorpresa.

Ante tragedias como la acaecida en Alausí, se suscita un comprensible deseo de encontrar culpables. No obstante, apuntar con el dedo a las autoridades por un evento de fuerza mayor es tan absurdo como querer colocar sobre los hombros de las propias víctimas la responsabilidad de la desgracia. Nadie desea ni persigue desenlaces fatídicos como estos, pero la sociedad muchas veces carece de la disciplina, la perseverancia y el grado de coordinación que se requiere para solucionar las situaciones estructurales de riesgo.

Este lamentable hecho debe servir al menos como un llamado de atención. Se requieren soluciones que involucren y beneficien a todos los sectores —Gobierno, comunidad, construcción, financiero— para empezar desde ya a prevenir otras descomunales amenazas que se ciernen sobre el país.

Crisis peruana

Como ocurre en la mayor parte de los países latinoamericanos, el pueblo peruano vive en la mascarada de la democracia, apuntalada con violentas represiones que han dejado decenas de muertos, centenares de heridos y encarcelados durante manifestaciones, protestas y paralizaciones ejecutadas por el pueblo, en repudio a las decisiones de las oligarquías limeñas y viejas clases políticas que defenestraron al presidente Castillo, por ‘ser comunista’, profesor de escuela primaria y ‘cholo’ representante del pueblo.

Se ha denunciado la inexistencia del estado de derecho, como consecuencia de la constante pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, realidad que ha conducido a que Perú tenga 12 presidentes en menos de 20 años. Se llega a la anarquía y a una especie de caos programado por la obsoleta clase política que solo ha respondido a los intereses de las poderosas oligarquías limeñas que, históricamente, han manejado la política a su antojo y conveniencia.

El politólogo peruano Alonso Gurmendi afirma que el Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un Gobierno que lleva ya, bajo su mando, decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas…Todo esto bajo un aura de impunidad que no parece que vaya a cambiar y que tiene el apoyo de las élites y la clase política del país. Esta es la principal amenaza. Es además preocupante cómo el discurso del ‘manodurismo’ ha calado hondo en la clase dominante, La crisis peruana se ahonda. Quizá necesite la cooperación de organizaciones latinoamericanas que permitan la reestructuración del Estado para beneficio del pueblo que debe ejercer los derechos, sin represión.

bien, la sociedad civil debe ser consultada obviamente, ojalá así fuera, mas no ocurre, estos solo consultan a los que hacen opinión pública , lamentablemente no van a la fuente, es decir se hace necesario llegar hasta los verdaderos afectados que es el pueblo y la clase más vulnerable quienes gritan por una urgente solución al problema de la extorsión , la intimidación, el secuestro, la violencia; cuando los delincuentes ingresan a sus hogares, negocios, fincas; lo que es un atropello. Están caminando escandalosamente equivocados o porque no quieren ayudar al pueblo o porque no les beneficia políticamente; la Constitución de Ecuador es clara al respecto, el artículo 66 numeral 2 dice: “ La Constitución garantiza la inviolabilidad del domicilio, no se podrá ingresar en el domicilio de una persona sin autorización de su dueño o sin orden judicial”. Aquí se queda corta la Constitución ante el incumplimiento de este derecho ciudadano, debió haber agregado: “Y quien viole este derecho perderá el suyo”.

Aquí el legislador debería cargar la Constitución en la mano; y no tiene a dónde perderse, la Constitución garantiza y reconoce la propiedad privada, lo expone el artículo 321; por tanto, no es negociable con los extorsionadores este derecho, sino que hay que proteger la propiedad privada y dar al ciudadano las herramientas disuasivas para defenderse.

El artículo 11 numeral 2 de la Constitución manifiesta y garantiza que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades, por tanto, el trato de la nueva ley sobre el porte de armas debería convertirse en una oportunidad igual para todos con las excepciones correspondiente; de acuerdo con el estado mental psicólogo que la ley prevé a todo ciudadano sin taras ni traumas. Hasta que los asambleístas se curen de su mareo. Que Dios nos ampare.