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Condonación de deudas es mal negocio
Banco Central busca crear préstamos para personas sin historial crediticio
El Banco Central del Ecuador (BCE) propone crear dos nuevos tipos de crédito con condiciones más favorables para personas sin historial en el buró de crédito. El planteamiento fue enviado a la Junta de Regulación Financiera y a la Superintendencia de Bancos. Las dos nuevas categorías de crédito serán transitorias, durarán entre 18 y 24 meses, y estarán dentro de los segmentos de consumo y microcrédito, explicó el gerente del BCE, Guillermo Avellán, el 26 de julio de 2022. “Es una propuesta de inclusión financiera para quienes no han tenido antes acceso a crédito. El objetivo es otorgar financiamiento a esta población en buenas condiciones”, añadió. (JS)
Más de $500 millones costó el perdón de deudas
Pese a los alivios financieros otorgados en los últimos años, los problemas económicos y productivos se mantienen.
En las últimas tres décadas, cada tres a cuatro años, los esquemas especiales de condonación y moratoria en el pago de deudas vencidas, sobre todo con la banca pública, han sido la típica respuesta ante las continuas crisis económicas y productivas en sectores como el agro y el comercio minorista.
Sin embargo, Gabriela Torres, economista y exconsultora en organismos multilaterales, explicó que este tipo de medidas han demostrado ser ineficaces para mejorar las condiciones laborales e incluso familiares de campesinos y microempresarios.
“Las condonaciones solo esconden y borran el problema a corto plazo, pero sin real inversión en riego, acceso a tecnología y asistencia técnica, sobre todo para los agricultores, en poco tiempo la situación económica es igual o peor que antes de la medida del perdón
ACuerdoS. El 18 de julio pasado se cerró la mesa de diálogo para establecer alivios financieros.
crediticio”, dijo.
Aproximadamente, se han gastado más de $500 millones en perdonar deudas en los últimos años, pero ese dinero pudo invertirse en caminos vecinales, mejores sistemas de agua potable, maquinaria, entre otros.
Al inicio de las mesas de diálogo, el movimiento indígena tenía pretensiones desmesuradas sobre condonaciones generales y moratorias de al menos un año en el pago de intereses en todos los créditos de hasta $10.000 en el sector público y privado. Esto hubiese provocado un serio daño a sectores como el de las cooperativas.
“Al final, los acuerdos son más mesurados, pero no tocan los problemas centrales de por qué varios cultivos están desapareciendo porque ya no son rentables o por qué no se impulsa la asociatividad para eliminar intermediarios en favor de los pequeños productores. Las reestructuraciones son mejores que las condonaciones porque mantienen el compromiso de pago, pero se necesita más”, añadió Torres.
Las condonaciones le cierran la puerta de futuros financiamientos formales a los supuestos beneficiarios, los cuales tienen una alta probabilidad de caer en el chulco y endeudarse aún y en peores condiciones.
El resultado en el sector agropecuario, por ejemplo, es que su peso en el PIB nacional está estancado desde hace años. Además, se han postergado inversiones necesarias en el sector rural, lo que provoca más problemas sociales, políticos y económicos.
Banca pública entregó más de $400 millones en créditos en el último año
°Desde el 1 de junio de 2021 hasta el 7 de julio de 2022, se otorgaron aproximadamente $480 millones a través de Banecuador. Los beneficiarios fueron 105.000 personas con un promedio de $4.000 por operación “Desde el punto de vista práctico más del 80% de la cartera entregada en Banecuador es agrícola y pecuaria. Y se suma el pequeño comercio se llega al 95%”, puntualizó Iván Andrade, presidente del Directorio de la Corporación Financiera Nacional (CFN). A esos recursos ya entregados y los presupuestados desde inicios de 2022, se sumarán al menos $540 millones más en nuevas líneas de crédito acordadas dentro de los diálogos entre el Gobierno y el movimiento indígena.
Movimiento indígena quiere más
Los acuerdos entre el Gobierno y el movimiento indígena establecieron dos tipos de alivios financieros: condonación de saldos vencidos de hasta $3.000 en la banca pública; y reestructuración de saldos vencidos entre $3.000 y $10.000 tanto en la banca pública y privada.
Vilma Salgado, exgerente de la AGD y asesora de los indígenas, ha explicado que quedaron temas pendientes. Por un lado, se exigen mayores alivios de la banca privada y que se precise el alcance de las ayudas ya acordadas. Incluso algunos dirigentes buscan una reunión directa con los representantes del sector privado.
En este sentido, Marco Rodríguez, presidente ejecutivo subrogante de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador (Asobanca), ha puntualizado que no se puede establecer el número de beneficiarios y los montos, porque eso dependerá de las solicitudes que hagan los
el dato
durante lo más duro de la pandemia, siete de cada diez dólares de la cartera total de microcrédito se refinanciaron a través del sector financiero privado.
CIFRa 2%
del total de $36.000 millones de cartera de crédito en el sector privado está vencido. eso equivale a $720 millones.
clientes.
Asimismo, recordó que, si bien las reestructuraciones se establecieron en montos vencidos de entre $3.000 y $10.000, el sistema financiero privado está abierto a refinanciar operaciones por debajo o por encima de esos valores, sin necesidad de que eso se haya incluido en los acuerdos.
“Durante la parte más dura de la pandemia se hizo una reestructuración de aproximadamente $10.000 millones. Aproximadamente el 36% de la cartera de la banca. Mirando caso por caso las necesidades de los clientes. A la presente fecha, $3.450 millones siguen siendo objeto de refinanciamiento y reestructuración. Más de 300.000 clientes son beneficiarios”, aseveró.
Otro punto pendiente, y que inquieta a los indígenas, es establecer mecanismos para que las tasas de interés lleguen a niveles mucho más bajos de los actuales. Pero, este tema se sale del enfoque de la mesa de diálogo.
En este contexto, Salgado ha declarado que, los acercamientos con el Gobierno fueron valiosos e interesantes, pero para evitar que se reavive el conflicto, y para tratar nuevas medidas, se deberían implantar nuevas reuniones entre las partes por lo menos una vez por año. (JS)
Periodistas llaman a vetar la ‘reforma mordaza’ que busca el correísmo
El artículo 43 elimina la posibilidad de que las universidades tengan medios de comunicación.
ACTIVIDAD. Periodistas en el ejercicio de su profesión.
Se quiere aplicar un “control totalitario” a los periodistas y a los medios de comunicación. Con esta advertencia, Cristóbal Peñafiel, presidente de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), hizo un llamado “urgente” a Guillermo Lasso, presidente de la República, para que se pronuncie por un veto total al proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), que fue aprobado en la Asamblea, y cuyo texto está en su despacho desde el 25 de julio.
Al pedido de la UNP se sumaron la Federación Nacional de Periodistas del Ecuador (Fenape), el Colegio de Periodistas de Pichincha (CPP) y la Asociación de Periodistas Deportivos de Pichincha (APDP).
Peñafiel afirmó que existen elementos que hacen pensar que la norma está dirigida a seguir intentando un control de la prensa para “hacerle caer en errores”, y procurar el cierre de medios como ya ocurrió en gobiernos anteriores, dijo.
Tema sensible
Para Peñafiel uno de los
°En la carta que la Fenape envió al Presidente de la República el 25 de julio de 2022 señala que los artículos 11 y 12 de la reforma hacen referencia a la responsabilidad ulterior de los periodistas y abren la posibilidad de que sean enjuiciados civil y penalmente por sus opiniones. Además, el artículo 17 le da al Estado la potestad de calificar la veracidad o no de las noticias, lo cual mina la libertad de prensa. El proyecto aprobado con 75 votos afirmativos, 21 negativos y 30 abstenciones, no representa a los principios de libertad de prensa, comunicación y opinión, se resalta en el oficio.
Rechazo de manera contundente el informe de minoría, es una ley regresiva que vulnera los derechos a la libertad de expresión y restaura la capacidad de sanción y control a los medios y periodistas, así como la censura por parte del Estado”.
RuTh PERugAChI,
PREsidEntA dEl ColEgio dE PERiodistAs dE PiChinChA
temas más sensibles, que se incluye en la reforma aprobada por la mayoría correísta y sus aliados en la Asamblea, es la eliminación de la opinión como parte del contenido comunicacional. “Se busca quitar el derecho a pensar y expresar la opinión que cada uno tiene”, enfatizó. El artículo 43 de la LOC también elimina la posibilidad de que las universidades que tienen facultades de periodismo tengan medios de comunicación en los que sus estudiantes puedan realizar sus prácticas y comenzar sus carreras profesionales. “Esto significa un control totalitario a los medios”, añadió el titular del gremio.
Agregó que la “reforma” recoge las mismas prácticas atentatorias a la libertad de expresión y de prensa de su “nefasta antecesora; la Ley de Comunicación aprobada en 2013, durante el régimen de Rafael Correa y que está plagada de vulneraciones al derecho inalienable del ser humano a la libertad de expresión”.
Por lo tanto -señaló- es una inconstitucional regresión en derechos, y sus auspiciantes muestran el inocultable propósito de volver a la “ley mordaza”, a la persecución a periodistas que incomodan al poder y a la “corrupción institucionalizada”.
Esta “reforma mordaza”, además, viola flagrantemente los preceptos de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre Libertad de Expresión, normativa que es parte del ordenamiento jurídico del Estado ecuatoriano; y de la Declaración sobre Libertad de Expresión y de Prensa de la CIDH, documento del que Ecuador es suscriptor.
Es necesario recordar que las Relatorías de las Naciones Unidas y de la CIDH para la Libertad de Expresión ya observaron al Estado ecuatoriano por el no acatamiento de estas normas, dejando en mal predicamento a nuestro país en el contexto internacional.
Peñafiel anticipó que la UNP denunciará ante organismos internacionales este nuevo atentado a la libertad de expresión y a la libertad de prensa como un ataque a la democracia.
La UNP recordó el compromiso realizado por Guillermo Lasso, para construir políticas que garanticen la libertad de expresión y el desarrollo de una actividad periodística libre de ataduras y amenazas.
Buscar un equilibrio
Carlos Macías, vicepresidente de la Fenape -miembro asociado de la Federación Internacional de Periodistas (FIP)- opinó que de darse un veto del presidente, la Asamblea no podría volver a tratar una reforma a la ley en el transcurso de los 12 meses. Argumentó que, en ese tiempo, se debería empezar a construir una “verdadera” ley que tenga equilibrio entre lo que es comunicación, información, derechos y obligaciones tanto de periodistas, medios y comunidad.
Consideró que en el esfuerzo de organizarse en mesas técnicas de trabajo debería estar involucrada la academia, la sociedad civil, los periodistas, los propietarios de los medios, las relatorías de derechos humanos que tienen experiencia en comunicación.
“La Ley aprobada en la Asamblea se convierte en un retroceso de muchos años en la lucha para el libre ejercicio profesional y la libertad de expresión”, dijo, tras recordar que el artículo 5 de la normativa podría permitir una sanción civil y penal solo por el hecho de contar historias.
En el despacho del presidente de la República ya se encuentra un oficio remitido por la Fenape en el que se solicita aplicar el veto total de acuerdo con el artículo 138 de la Constitución.
Ley regresiva
Ruth Perugachi, presidenta del Colegio de Periodistas de Pichincha, afirmó que esperaba otra respuesta de Marcela Holguín, primera vicepresidenta de la Asamblea.
Recordó que Holguín también se desempeñó como periodista y conoce muy bien de las dificultades por las que atraviesa un colega en el ejercicio de su profesión, y muchos de los cuales incluso reciben amenazas y ponen en riesgo sus vidas al investigar actos de corrupción.(SC)
Asamblea es notificada por agresiones directas a la prensa
Estigmatización, obstrucción, ciberacoso… Las faltas de la asamblea hacia los medios fueron expuestas en una carta del consejo de comunicación.
NotificacióN. Virgilio Saquicela, presidente de la nueva mayoría de la Asamblea, recibió la carta del Consejo de Comunicación.
El tirón de orejas a la Asamblea Nacional llega en un momento en que, puertas adentro, ha debatido sobre lo que es mejor para la prensa y la libertad de expresión.
Con 75 votos aprobaron un informe de minoría que contiene las reformas a la actual Ley de Comunicación. Reformas que, según los parlamentarios que dieron el ‘sí’, protege a la prensa, la hace más plural, enmienda errores y es necesaria.
Aunque en realidad, según organismos especialistas en libertad de expresión, es una nueva mordaza. Y su aprobación atentaría contra los estándares internacionales sobre la libre circulación de las ideas.
Justamente cuando la Asamblea espera por la respuesta del presidente Guillermo Lasso sobre esa propuesta legal, si envía el veto anunciado, el Consejo de Comunicación dio un sacudón al Parlamento.
En una carta de dos páginas, firmada por Jeannine Cruz, presidenta del Consejo, se señala a la Asamblea como agresora de la prensa. La misiva fue redactada ayer y enviada al presidente de la nueva mayoría, Virgilio Saquicela.
Las alertas
El Consejo de Comunicación ha recopilado siete alertas por agresiones a la prensa, consumadas entre enero y julio de este año, en la que están involucrados funcionarios legislativos. “Una constante en estas agresiones es el carácter estigmatizante de los enunciados proferidos contra la prensa”, escribió Cruz.
La Presidenta del Consejo de Comunicación no detalla los casos en su carta porque el protocolo del Consejo busca evitar futuras agresiones. Sin embargo, LA HORA conoció que se trata de casos como el del asambleísta correísta Walter Gómez. El legislador se refirió a este Diario, en un tuit, como “prensa coprofílica”. Adjuntó una imagen de la portada del 22 de julio pasado, en la que se informó sobre el cambio en las autoridades de la Asamblea y la aprobación del informe de la Ley de Comunicación.
Gómez, quien también fue consejero del Consejo de Participación Ciudadana en el régimen de Rafael Correa, luego de manifestar que los periodistas gustan de las heces, ratificó su apoyo al proyecto legal que lastima la libertad de expresión. “La @ BancadaUNESec claro que la apoyamos xq no frena la libertad d expresión ni de la prensa, solo la vuelve responsable” (SIC), escribió.
Fuentes del Consejo informaron que a este caso de estigmatización se suma uno en contra del portal La Posta, dos de ciberacoso, dos más por obstrucción al trabajo periodístico -uno a La Historia- y uno de imposición de contenido. De las siete agresiones, dos son a medios impresos y cinco a medios digitales.
Un recordatorio
Cruz pidió a Saquicela que recuerde a los asambleístas que el trabajo de la prensa contribuye al control democrático, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios.
Le recordó también que la crítica o cuestionamientos a los funcionarios “deben gozar de un mayor margen de apertura en un marco amplio de debate por referirse a asuntos de interés público”. Además, que los enunciados de los funcionarios tienen “carácter oficial si se realizan en ejercicio de la investidura que estos ostentan”.
Finalmente, el Consejo pidió que los funcionarios legislativos actúen apegados a los estándares interamericanos de libertad de expresión y que estos se incluyan en los procesos de formación de la Escuela Legislativa, la Unidad de Técnica Legislativa y las demás instancias de la Asamblea Nacional. Y se pusieron a las órdenes para colaborar en fortalecer, a través de capacitación, las capacidades de los funcionarios legislativos sobre la libertad de expresión.
En el Consejo de Comunicación esperan por la respuesta del presidente de la nueva mayoría. (Jc)
país
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aís política
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justicia
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economía
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tecnología
gloBal
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Latinoamérica vive una crisis de prevención y pierde liderazgo en respuesta al VIH
CIUDAD DE PANAMÁ. Latinoamérica vive una “crisis de prevención” del VIH y está “perdiendo el liderazgo” en la respuesta al virus, pero “está a tiempo” de recobrarlo y de lograr la meta de “acabar con el sida como un problema de salud pública en 2030”, afirmó la directora regional de Onusida, Luisa Cabal. Citó datos del informe ‘En Peligro’, difundido este 27 de julio de 2022 por el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/sida (Onusida), según el cual en 2021 Latinoamérica registró “110.000 nuevas infecciones y 2,2 millones de personas vivían con virus”. Si se comparan las cifras de 2021 con las de 2010 la variación es de alrededor del 5%, aseveró la funcionaria. EFE
La pandemia dejó lecciones para la seguridad social
La región debe buscar alternativas para mejorar y fortalecer los sistemas de protección.
MaDrID Los efectos de la pandemia son “una lección que debemos aprender” en Latinoamérica, una “oportunidad” para invertir en “mejorar y fortalecer” los sistemas de salud y de protección social, que “demostraron su debilidad”, según la secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), Gina Magnolia Riaño.
“En muchos de nuestros países, si no estás afiliado a la seguridad social, no tienes prestaciones de salud y en la OISS aspiramos al estado de bienestar que se defiende en Europa”, señaló Riaño.
Dentro de las áreas de la OISS, Riaño destaca la lucha por “promover la igualdad entre hombres y mujeres” dentro de los sistemas de seguridad social, porque las mujeres “han sido muy perjudicadas tras la pandemia” y solo en América Latina cuatro millones de ellas todavía no han recuperado sus empleos.
A pesar de la situación que la pandemia dejó en Latinoamérica, con un 33% de las muertes totales del mundo y 22 millones de personas en situación de pobreza, lo que queda ahora es “un desafío”.
Accesos a los servicios de salud, a prestaciones asistenciales y económicas que ExpErta. La secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social, Gina Magnolia Riaño, señala que los efectos de la pandemia en la región.
sean suficientes para garantizar una vida digna y garantizar la “cobertura universal” seguirán siendo “los grandes desafíos” de la OISS para que nadie “se quede atrás”.
Garantizar cobertura
La OISS está compuesta por los 22 gobiernos de la comunidad iberoamericana y por 150 instituciones que gestionan la seguridad social y la protección social.
Su mayor aporte es la creación del Convenio Multilateral Iberoamericano de la Seguridad Social, que “no existe en ninguna otra región del mundo” y ya está en vigor en doce países.
“Estamos en una región intensa en migraciones, en el conjunto de Iberoamérica tenemos al menos 40 millones de migrantes, que van de un país a otro. La migración laboral ha ido aumentando, la gente va a buscar mejores oportunidades en otros países y la labor de este convenio es dar cobertura y garantizar la protección social a esos trabajadores”, explica.
Solo cuatro de cada diez trabajadores están afiliados a la Seguridad Social en Latinoamérica, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero varía por países, con mayores coberturas en Chile, Uruguay, Argentina o Costa Rica.
Desde la OISS impulsan la coordinación para que si un trabajador afiliado a la Seguridad Social española, por ejemplo, se marcha a trabajar a un país latinoaméricano o viceversa, pueda “llevar sus derechos con él y garantizarse una prestación”. EFE
Nicaragua ahonda persecución a las oenegés
MaNaGUa La Asamblea Nacional de Nicaragua, de mayoría oficialista sigue en su lucha sin cuartel contra las oenegés. Este 27 de julio de 2022 canceló las personalidades jurídicas a 100 oenegés para alcanzar un total de 1.168 organizaciones no gubernamentales ilegalizadas desde las masivas protestas antigubernamentales de 2018, que el presidente Daniel Ortega calificó de “golpe de Estado fallido”.
“La Asamblea Nacional aprobó el decreto de cancelación de personalidades jurídicas a 100 Asociaciones y Fundaciones que violaron el marco jurídico que regula a las Organizaciones sin Fines de Lucro. Esto al no presentar sus estados financieros, donaciones previas provenientes del exterior y sus directivas se encontraban acéfalas”, explicó el Legislativo.
En lo que va de 2022 la Asamblea Nacional ha ilegalizado 869 oenegés, y un total de 1.058 desde diciembre de 2018, bajo el contexto de la crisis sociopolítica que vive el país centroamericano.
Algunas de las afectadas defendían los derechos humanos, los intereses de indígenas, mujeres o niños, conservaban el medioambiente, garantizaban alimentos para personas pobres, promovían el acceso a viviendas, facilitaban el acceso a la educación, entre otras actividades. EFE
Gobierno chileno es investigado por gasto en proceso constituyente
SaNtIaGO DE CHILE. La Contraloría de Chile abrió una investigación contra el Gobierno sobre el gasto público de cara al plebiscito constituyente del próximo 4 de septiembre de 2022, tras las acusaciones de “intervencionismo” de varios grupos de derecha.
El contralor, Jorge Bermúdez, explicó a los medios que esta investigación busca “determinar el correcto uso de los recursos públicos en este período” y podría eventualmente derivar en acciones como “un sumario, una denuncia a otra institución o un juicio de cuentas”.
Hace una semana, un grupo de diputados del ultraderechista Partido Republicano solicitó a la Contraloría investigar al Gobierno por hacer campaña a favor de aprobar la nueva Constitución, la segunda acusación de este tipo en menos de una semana contra el progresista
prOCESO. El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha recibido dos acusaciones por parte de grupos de Derecha.
Gabriel Boric.
Unos días antes, otro grupo de parlamentarios de Renovación Nacional y Evópoli (derecha) interpuso una acusación similar acusando al Ejecutivo de Chile de haber incumplido la prohibición que rige sobre la administración del Estado de hacer campaña en favor de cualquiera de las dos opciones del plebiscito. EFE
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Publica en
Santo Domingo, Julio 28 de 2022
CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA CÍA. EJECUTTRANS S.A.
De conformidad al Art. 236 de la Ley de Compañías y del Estatuto Social, se convoca a los señores accionistas de la Compañía EJECUTTRANS S.A. a Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en las instalaciones de la Compañía ubicado en la Av. Tsafiqui y Abraham Calazacón, para el día Miércoles 03 de Agosto del 2022 a las 10:30 a.m., para tratar el siguiente orden del día:
ORDEN DEL DIA:
1. Constatación del Quórum. 2. Elección y posesión del Presidente de la Compañía. 3. Elección y posesión del Gerente de la Compañía. 4. Elección y posesión del Comisario de la Compañía. 5. Elección y posesión de los miembros de las comisiones de Asuntos Jurídicos y Sociales. 6. Receso para elaborar el acta, reinstalación, lectura y aprobación del acta y clausura.
Se convoca de manera especial e individual al señor abogado Patricio Villagómez M. Comisario de la Compañía, domiciliado en la Av. Abraham Calazacón y Rio Yanuncay.
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