Gobierno y farmacias privadas: una alianza contra la corrupción

sociedad miércolES 09/03/2022

En una semana Guillermo Lasso define su decisión sobre el aborto

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, hará pública la próxima semana su decisión sobre la norma aprobada por la Asamblea Nacional respecto al aborto por violación. “Por responsabilidad, tengo que llenarme de razones para firmar un documento. Lo que les puedo decir es que estoy trabajando, pensando en ustedes, pensando en todos los ecuatorianos y la próxima semana, con mucho gusto haré pública la posición mía respecto de ese proyecto de ley”, dijo Lasso. En el proyecto de ley que reglamenta el aborto por violación se determinan, por ejemplo, los plazos para que una víctima de violación pueda interrumpir un embarazo. (AVV)

Una ‘mano’ privada para frenar corrupción en las medicinas

La estrategia busca erradicar la corrupción en los hospitales, donde -según las autoridades- se embodegan los medicamentos.

Sobre los medicamentos en la red pública de salud hay dos versiones: la de los pacientes que en plantones protestan por no tener sus tratamientos y la de las autoridades que dicen se ha abastecido a los hospitales.

Sin embargo, ambos discursos coinciden en algo: a la interna de los hospitales existe corrupción; incluso, dos médicos de Guayaquil son investigados por ‘guardarse’ medicinas.

La solución que plantea el Gobierno tiene como principal herramienta la externalización de farmacias, cuya primera etapa arrancará el 21 de marzo de 2022, según el Ministerio de Salud.

“Con este documento podrán acudir a cualquier farmacia privada para retirar las medicinas recetadas de forma gratuita y completa”, señala el Ministerio de Salud. Después, la farmacia cruzará datos con el Gobierno que cancelará los montos. Esta dinámica se 135 implementará de forma paulatina en vahospitales rias fases. La primera tiene el se llevará a cabo en Ministerio seis hospitales: Quide Salud to (Eugenio Espejo y

Pública. Luz Elena Arismendi), Guayaquil (Abel Gilbert Pontón y General Monte Sinaí), Portoviejo (Especialidades de Portoviejo) y Cuenca (Vicente Corral Moscoso). En esta primera fase se espera verificar el funciona-

¿Cómo funcionará?

Este plan consistirá en que los pacientes que asistan a consulta externa de hospitales públicos -luego de la atención médica- reciban las indicaciones de sus medicamentos, a través de una receta electrónica.

ProBLEmÁTICA. En muchos hospitales públicos del país se encontraron medicinas caducadas en bodegas.

miento del sistema desde las casas de salud.

A partir de mayo, se completarán las siguientes fases de implementación que incluirán progresivamente los hospitales especializados, generales, básicos y centros de salud tipo C. Mientras que en julio lo harán los restantes centros de salud tipo A y B y puestos de salud de acuerdo a criterios de externalización.

¿Dónde están las medicinas?

Desde 2020, los plantones por la falta de medicinas e insumos han sido constantes en el país. En agosto de 2021 se declaró en emergencia al sistema de salud del MSP, con lo que se pudo realizar compras bajo la figura de régimen especial, con un presupuesto de 20 millones de dólares. Durante un conversatorio con medios de comunicación, Ximena Garzón, ministra

Vamos a eliminar el lleve y la sapada en la compra de medicinas”.

GuILLErmo LASSo,

PrESIdEntE.

de Salud, detalló que se han adquirido 154,6 millones de unidades de medicamentos para las nueve zonas del país.

Esto comprendería un abastecimiento del 80% en los hospitales. Sin embargo, según Garzón, esto debe ir de la mano con cambios administrativos, pues han identificado hospitales donde las medicinas están embodegadas y no se entregan pese a tenerlas. Los nombres de estas casas de salud no se pueden dar por la complejidad de los casos. Sin embargo, Garzón ha ma-

Hay profesionales que no prescriben los medicamentos. mandan a comprar al paciente teniendo insumos”. En el IESS también reclama desabastecimiento

°En Quito, el 3 de marzo de 2022, pacientes con enfermedades inflamatorias intestinales realizaron un plantón en las afueras del Hospital Carlos Andrade Marín(HCAM), del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

“Hay quienes hace 12 meses no tienen su tratamiento o lo consiguen a medias”, dijo Galo García, vocero de los manifestantes.

Una caja de medicinas puede costar $80 y un tratamiento completo llega hasta los $5.000.

En otras ciudades el panorama es igual. Por ejemplo, en Loja, no hay tomógrafo. (AVV)

nifestado que los conflictos se dan no solo en grandes provincias.

Otro problema es la falta de ejecución presupuestaria, inclusive hay casas de salud donde ni siquiera se ha ocupado el 10% de presupuesto. (AVV)

Mineros ilegales exigen la devolución de las maquinarias

El Ministerio de Gobierno, con apoyo de Fuerzas Armadas, decomisó alrededor de $22 millones en maquinaria, a los mineros ilegales de Yutzupino. Ellos emitieron una acción de protección para que se les devuelva todo.

Hasta el viernes 11 de marzo de 2022 se sabrá si las retroexcavadoras serán devueltas a los acusados de minería ilegal en el río Jatunyacu, en la provincia de Napo. El juez de la Unidad Judicial Penal del Tena, Luis Eduardo Mendoza Chávez, debe decidir si da paso a la Acción de Protección interpuesta por los dueños de la maquinaria incautada.

En los operativos del 13 de febrero, en las comunidades de Yutzupino, El Ceibo y Silverio Andy se decomisaron alrededor de 148 retroexcavadoras utilizadas para extraer, ilegalmente, oro. También se retuvieron 97 motores de succión de agua, 84 motobombas, un camión, 7 teléfonos celulares, 3373 galones de combustibles, 7 envases de sustancias químicas, 12 motores y 1.040 dólares.

El 23 de febrero de 2022, los dueños de las máquinas utilizaron el recurso legal de la acción de protección con el fin de que les sean devueltas las retroexcavadoras. La audiencia del 24 de febrero fue suspendida. El juez pidió más pruebas sobre el hecho.

Para el abogado de los 12 colectivos que luchan contra la contaminación de las aguas de los ríos de la provincia, Andrés Rojas, la acción de protección no es procedente. Las máquinas deberían per-

manecer en manos de la Fiscalía para las investigaciones.

Colectivos responsabilizan a autoridades de Napo

El Ministerio de Gobierno confirmó a LA HORA que el proceso está en etapa de investigación fiscal, por lo que todavía no se hacen públicos los nombres de los responsables del desastre ecológico en la Amazonía, que destruyó uno de los principales afluentes del Río Napo. Según cálculos de José Moreno, representante del colectivo Napo Ama La Vida, en la isla que se formó en medio del río Jatunyacu, trabajaban alrededor de 2 mil personas en la exel dato Se extraían alrededor 500 gramos diarios de oro, valorado en 25 mil dólares. tracción artesanal y a pequeña escala. Para Rojas, al extraer oro en un lugar sin tener el permiso para hacerlo ya se convierte en una actividad ilegal. Cada retroexcavadora necesita al menos 5 personas que la operen. Según un video compartido en redes sociales, por el periodista Hernán Higuera, hubo personas que se oponían a los controles militares en la zona.

Minería ilegal se expande sin control

La minería ilegal es un delito contemplado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en el artículo 260.

¿Cuánto cuesta una máquina?

°De acuerdo al Ministerio de Gobierno, cada una de las retroexcavadoras tiene un valor mínimo de 150 mil dólares. Es decir que, solo en maquinaria pesada hay una inversión de más de 22 millones de dólares. Si a esto se le suma el valor de motobombas y los motores de succión de agua, se comprueba que el dinero que se maneja desde la minería ilegal es mucho más alto.

Para el Ministerio de Gobierno “una inversión así solo puede ser realizada por empresas o personas con capital, obviamente no vinculada a la minería artesanal” DAÑO. Se calcula que se construyeron 300 piscinas en el río Jatunyacu. (Foto: Holger Michler)

La sanción para los responsables sería prisión de cinco a siete años por extraer, explotar, explorar, aprovechar, transportar y comercializar, sin permisos de la autoridad competente, recursos mineros.

De acuerdo con Monitoring of the Andean Amazon Project, entre octubre de 2021 y febrero de 2022 la minería ilegal se expandió por 70 hectáreas dentro de la Concesión minera Confluencia (Código 400408) y Anzu Norte (Código 400443), de propiedad de Terraearth Resources, empresa ecuatoriana de capital chino que funciona en el país hace 20 años. Están dentro del proyecto Tena, que son un total de 7125 hectáreas para actividad extractiva de minerales.

Para José Moreno el daño fue a más de 145 hectáreas con alrededor de 300 cráteres en el río.

En un comunicado en su página de Facebook, Terraearth Resource asegura que, si bien la concesión les pertenece, al no tener todavía licencia ambiental “no ha participado ni ha autorizado estas actividades mineras ilegales, rechazando rotundamente comentarios que nos vinculan siendo estos totalmente falsos”.

Este diario intentó comunicarse con voceros de la empresa pero hasta el cierre de esta edición no fue posible.

Colectivos reclaman falta de acción

Para el abogado del grupo Napo Resiste, Andrés Rojas, podría haber la sospecha de una complicidad entre los ilegales y la empresa concesionaria porque podría ser un “negocio redondo al seguir extrayendo el material sin responsabilidad de remediación ambiental ni declaración de impuestos”.

Colectivos como Napo Ama la Vida y Napo Resiste también acusan de negligencia a los funcionarios públicos como el Gobernador de Napo, Wilfrido Villagomez, por no poner denuncias al daño ambiental de los ríos de su provincia a pesar de que en noviembre de 2021 ya se le informó de la entrada de maquinaria a la zona de Yutzupino.

Rojas dijo que el problema es que al momento de incautar la maquinaria, esta no estaba en funcionamiento sino guardada en fincas aledañas a la zona de explotación, por lo que, de no comprobarse que fueron utilizadas en la explotación del río Jatunyacu, podrían ser devueltas a sus propietarios.