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POLÍTICA
El lunes 19 de junio se celebró la audiencia preparatoria de juicio contra 18 procesados por presunto peculado en el caso de los helicópteros Dhruv. El juez de la Corte Nacional de Justicia, Luis Rivera, dictó sobreseimiento a favor de los procesados.
Entre los investigados se encontraban altos mandos políticos y militares del gobierno de Rafael Correa; sin embargo, para el juez Rivera no hubo dolo ni perjuicio económico. La fiscal Diana Salazar anunció que apelará la decisión del magistrado.
El viernes 16 de junio, la Corte Constitucional, en sesión extraordinaria, conoció y resolvió las causas 1-23-UE y 2-23-UE, relacionadas con los decretos-ley de urgencia erconómica emitidos por el presidente Lasso.
El máximo órgano de control constitucional emitió dictamen favorable sobre el decreto-ley de reforma tributaria, pero no dio paso al documento sobre las zonas francas.
Estas iniciativas fueron enviadas por el presidente Guillermo Lasso, tras la disolución de la Asamblea Nacional, también conocida como muerte cruzada.
Con respecto al primer caso, por unanimidad, la Corte emitió dictamen favorable del Proyecto de Decreto-ley denominado Ley Orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar; también conocida como reforma tributaria.
Sobre la segunda causa, por unanimidad, se emitió el dictamen desfavorable en cuanto al Decreto Ley Orgánica Reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo por considerar que sus disposiciones irrespetan el artículo 148 de la Carta Magna.
La investigación relacionada con este caso se reactivó en diciembre de 2020, cuando la Fiscalía pidió que se reabra la investigación previa por el presunto cometimiento de un delito en la compra de los helicópteros.

Según la tesis de la Fiscalía, el proceso de contratación para la compra de las aeronaves por parte del Estado habría estado viciado desde la fase preparatoria hasta su ejecución.
Cuatro de las siete aeronaves se accidentaron entre 2009 y 2015. Ese caso tiene relación con el asesinato del general Jorge Gabela, quien advirtió irregularidades en la compra de esas aeronaves.