Alausí, un trágico llamado de atención

En Ecuador, todo proyecto —sea individual, colectivo o nacional— debe presupuestar que esta es una tierra de desastres. Los abultados registros históricos nos permiten, a estas alturas, conocer con relativa precisión el tipo de amenazas y las zonas sobre las que se ciernen. Este año ha sido despiadadamente fecundo en tragedias de origen geológico y climático, pero nada de ello ha sido nuevo. Conocemos bien que vivimos en medio de riesgo sísmico, ¿sabes cuáles son los lugares que habitualmente se inundan e identificamos las zonas que, durante siglos, han sido escenario de derrumbes y aluviones? Incluso si llegara a consumarse un terremoto de proporciones en alguna de nuestras grandes ciudades o la erupción del Cotopaxi, no sería justo hablar de una sorpresa.

Ante tragedias como la acaecida en Alausí, se suscita un comprensible deseo de encontrar culpables. No obstante, apuntar con el dedo a las autoridades por un evento de fuerza mayor es tan absurdo como querer colocar sobre los hombros de las propias víctimas la responsabilidad de la desgracia. Nadie desea ni persigue desenlaces fatídicos como estos, pero la sociedad muchas veces carece de la disciplina, la perseverancia y el grado de coordinación que se requiere para solucionar las situaciones estructurales de riesgo.

Este lamentable hecho debe servir al menos como un llamado de atención. Se requieren soluciones que involucren y beneficien a todos los sectores —Gobierno, comunidad, construcción, financiero— para empezar desde ya a prevenir otras descomunales amenazas que se ciernen sobre el país.

Crisis peruana

Como ocurre en la mayor parte de los países latinoamericanos, el pueblo peruano vive en la mascarada de la democracia, apuntalada con violentas represiones que han dejado decenas de muertos, centenares de heridos y encarcelados durante manifestaciones, protestas y paralizaciones ejecutadas por el pueblo, en repudio a las decisiones de las oligarquías limeñas y viejas clases políticas que defenestraron al presidente Castillo, por ‘ser comunista’, profesor de escuela primaria y ‘cholo’ representante del pueblo.

Se ha denunciado la inexistencia del estado de derecho, como consecuencia de la constante pugna de poderes entre Ejecutivo y Legislativo, realidad que ha conducido a que Perú tenga 12 presidentes en menos de 20 años. Se llega a la anarquía y a una especie de caos programado por la obsoleta clase política que solo ha respondido a los intereses de las poderosas oligarquías limeñas que, históricamente, han manejado la política a su antojo y conveniencia.

El politólogo peruano Alonso Gurmendi afirma que el Perú ha atravesado una degradación vertiginosa del estado de derecho y los principios democráticos, reflejado en un Gobierno que lleva ya, bajo su mando, decenas de muertos en protestas, universidades intervenidas, derechos procesales violados, organizaciones sociales perseguidas…Todo esto bajo un aura de impunidad que no parece que vaya a cambiar y que tiene el apoyo de las élites y la clase política del país. Esta es la principal amenaza. Es además preocupante cómo el discurso del ‘manodurismo’ ha calado hondo en la clase dominante, La crisis peruana se ahonda. Quizá necesite la cooperación de organizaciones latinoamericanas que permitan la reestructuración del Estado para beneficio del pueblo que debe ejercer los derechos, sin represión.

persona tiene derecho a defender sus derechos, razón por la cual los Estados deben asegurar que los abogados no sufran ni estén sometidos a persecuciones o amenazas de ningún tipo. Criminalizar la actuación profesional de un abogado constituye una grave violación al libre ejercicio de la profesión, esencial dentro de un sistema democrático.

La protección a la independencia de los abogados está determinada en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconoce el derecho a la defensa entre una de sus garantías y de forma particular a la posibilidad de “ser asistido por un defensor de su elección”.

De acuerdo a los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre la Función de los Abogados, el Estado debe garantizar que los abogados puedan desempeñar todas sus funciones profesionales sin intimidaciones, obstáculos, acosos o interferencias indebidas y que no sufran ni estén expuestos a persecuciones o sanciones administrativas, económicas o de otra índole a raíz de las sus obligaciones. Según el principio 18, los abogados tampoco deben ser identificados con sus clientes o con las causas de sus clientes.

La abogacía y su libre ejercicio son un elemento indispensable del estado de derecho, de la protección de los derechos humanos y de un siste- ma judicial independiente. El ejercicio de esta profesión contribuye a asegurar el acceso a la Justicia, la fiscalización del poder estatal, la protección al debido proceso y las garantías judiciales.

He visto durante las últimas semanas la forma en que en redes sociales se intenta atacar a colegas abogados que brindan su opinión técnica sobre temas de coyuntura política. Esto no debe admitirse bajo ningún formato.