Asamblea enfrentada al orden constitucional

La irresponsabilidad de la mayoría de la Asamblea Legislativa de perseguir el enjuiciamiento del presidente Guillermo Lasso deja a la Corte Constitucional (CC) en una situación delicada. De dictaminar la admisibilidad del pedido, la CC estaría enterrando hasta las más ingenuas ilusiones de justicia y razón en nuestro sistema político. De negarla —que es lo que debería hacer—chocará de frente con la voluntad de las mayoría de las fuerzas políticas, lo cual podría conllevar un alto costo material y humano. Estaría, además, afianzándose en su rol tutelar en la política nacional, de dueña de la última palabra; un papel para el que no fue concebida, pero que cada vez le asignan con mayor frecuencia. Esta es una crisis absurda y prefabricada. Como un puñado de fuerzas políticas —que juntas son más fuertes que el Gobierno, pero de las que ninguna es lo suficientemente poderosa como para imponerse por sí sola— y un Legislativo desprestigiado carecen del coraje necesario para convocar a elecciones anticipadas, buscan crear un juicio político de la nada para así deshacerse del presidente sin verse ellos afectados. Saben que con la correlación actual de fuerzas no hay mucho que puedan hacer por su agenda, mientras que el Ejecutivo sí tiene aún los recursos y el margen de acción necesarios para conquistar espacios.

Le caberá a la mayoría de la Asamblea decidir entre azuzar a las masas contra el orden constitucional y abrir la puerta a ese diálogo en aras ‘acuerdo nacional’ que el presidente, derrotado, planteó tras las últimas elecciones. El país no puede pasar los próximos dos años sumidos en esta parálisis.