Combustibles no generan ingresos al Estado El ministro de Energía y Recursos no Renovables, Carlos Pérez, durante una comparecencia en la comisión de Régimen Económico de la Asamblea, expresó que el país no recibe renta alguna por la comercialización de combustibles. Además, resaltó que con base en el consumo nacional no tenemos la capacidad suficiente para la producción de derivados de petróleo. En la actualidad se producen 70 millones de barriles y se importan derivados para compensar la demanda. “El país es deficitario en
PAÍS I
SÁBADO 21 DE JULIO DE 2018 La Hora, ECUADOR
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producción nacional de combustible, se importa diésel y naftas premium para subir la calidad de los combustibles y cumplir con los estándares que requieren los vehículos”, dijo. Esto representa un gasto anual promedio de 2.500 a 3.000 millones de dólares, lo que constituye, tomando en cuenta los últimos ocho años, un egreso estatal de aproximadamente 20.000 millones de dólares. Manuel Romoleroux, procurador de hidrocarburos, comentó que este nivel de costos pone más presión al presupuesto de Petroecuador, que por procesos de optimización se redujo en un 21,8%. (JS)
COYUNTURA. Zambrano explicó la postura de los empresarios ante la crisis.
Sectores productivos exigen concreción de plan económico
Reformas laborales, focalización de subsidios y política de Estado para inversiones son algunos puntos. “La Ley económica abre un abanico de beneficios para atraer la inversión, por lo que es una medida de confianza importantísima. Sin embargo, no es un plan económico que termine de apuntalar el combate al estancamiento en el mercado laboral y el enfriamiento del crecimiento”. Así, Pablo Zambrano, presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción, justificó la exigencia de los gremios empresariales sobre la necesidad imperiosa de establecer, por parte de las autoridades, un plan completo de acciones concretas, medibles y realizables para salir de la crisis. Este plan debería estar cimentado, según los empresarios, en la flexibilización y modernización de la normativa laboral, el establecimiento de una política de Estado de fomento de las inversiones, la reducción sostenible del gasto público y la focalización de subsidios, además del reperfilamiento de la deuda pública. “Las políticas laborales aplicadas durante los 10 años del Gobierno anterior fueron un fracaso. Nunca lograron bajar
la región que tienen subsidios generalizados y ampliados. Sin afectar a los más pobres, se tienen que aplicar correctivos en varias políticas públicas erradas”, acotó Zambrano.
las cifras de informalidad, desempleo y subempleo”, dijo Zam- Inversión brano. Otro punto importante es el esEn este sentido, los sectores tablecimiento de una política púproductivos, aunque aclaran blica de fomento a la inversión, que no están pidiendo volver a que no solo tenga que ver con assituaciones de precarización la- pectos tributarios, sino también boral, reclaman políticas claras regulatorios. Los gremios proque dinamicen el mercado, entre ductivos consideran que se debe las que se incluiría el trabajo por eliminar la híper regulación en horas y las modalidades tempo- sectores como el farmacéutico y rales a través de mecanismos de alimenticio. tercerización. Finalmente, el último factor Esto concuerda con una de del plan económico que exigen las conclusiones de la milos empresarios está relasión del Fondo Moneta- EL DATO cionado con las medidas rio Internacional (FMI) para financiar el presurelacionada a que “la in- De 2006 a 2018 puesto y canjear la deuda flexibilidad de las normas el Fisco ha desti- cara por una más barata, 47.481 laborales ecuatorianas nado a más largo plazo. millones de afecta directamente al em- dólares en subsiEn este aspecto, las dios. pleo y la competitividad”. autoridades deberían acudir a varios de los organismos multilaterales como Combustibles Asimismo, aunque reconocen el FMI y el Banco Mundial. Alque se han operado reducciones berto Acosta Burneo, analista importantes en el gasto, los em- económico, advirtió que antes presarios piden dejar las medi- de eso, primero, se debería esdas dispersas y aterrizar un plan tablecer el plan económico con a largo plazo, donde se debe es- medidas concretas. “Para enfrentar la herencia tudiar la focalización de ciertos subsidios, en especial el de los maldita del populismo correísta, el ajuste enmarcado en un plan combustibles. “Ecuador, junto con Vene- económico es inevitable y urgenzuela, son los únicos países de te”, concluyó. (JS)
COMPARECENCIA. Carlos Pérez durante su encuentro con comisión de Régimen Económico del Legislativo (Foto: Nacional Nacional).
Un recorte de hasta 500 millones se operaría en compras públicas Richard Martínez, ministro de Finanzas, anunció que como parte de la estrategia de disminución del gasto estatal, en los próximos días se detallará un conjunto de acciones para optimizar el nivel de compras públicas. En la última década, los gastos en compra de bienes y servicios aumentaron más del triple, pasando de 1.507 millones en 2007 a 5.056 millones en 2017. En los primeros meses de 2018, estos egresos ya superaron los 700 millones de dólares. Esto configura desembolsos por más de 38.300 millones en la última década. “Las compras públicas representan un gasto equivalente al 5,8% del PIB. Por eso, a través del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), se está llevando a cabo un proceso de optimización que nos haría reducir ese gasto, en al menos, 400 o 500 millones”, dijo Martínez. Además, aseveró que dentro de los esfuerzos para disminuir el tamaño del Estado, en las próximas semanas, se entrará en una fase donde se pondrá más énfasis en las empresas
ANUNCIO. Martínez dijo que en estos días darán a conocer cómo se optimizarán las compras públicas.
públicas, debido que todavía “hay mucho por hacer”. “Buscamos corregir los grandes desequilibrios económicos con los que el Gobierno recibió el país. Si no hacíamos nada, el déficit fiscal, al final del año, hubiese llegado a 8.000 millones. Ahora será de máximo 4.000 millones”, acotó. Finalmente, negó que se esté considerando subir la tarifa del Impuesto al Valor Agregado (IVA), u otros tributos, para disminuir la necesidad de las reducciones en el gasto público. (JS)