La CFN usada al antojo de Moreno y Correa

Exportaciones petroleras crecieron 64% en 2021

Las exportaciones petroleras dejaron al país, en 2021, un total de $8.607 millones, según cifras del Banco Central del ecuador (BCe). en comparación con 2020, el aumento es de $3.357 millones, es decir, un incremento del 64%. Los mayores ingresos se deben a los precios del petróleo en 2021, gracias a la reactivación económica global tras la pandemia de COVId-19. en 2020, el precio del petróleo cayó hasta -$27 por la falta de actividad económica y problemas en la cadena de suministro. en volumen, el año pasado se exportaron 41,6 millones de barriles de crudo Napo; 59,6 del crudo Oriente; 15,5 millones de fuel oil y 676 mil de vacuum gas oil.

IMpaCTo. La institución ha pedido parte de sus activos y patrimonio en los

CFN fue otro botín político en los gobiernos de Correa y Moreno

Entre 2014 y 2019, se entregaron créditos sin sustento, los cuales ahora suman más de 4.700 millones en cartera incobrable y vencida.

La Corporación Financiera Nacional (CFN) es otro ejemplo de cómo el manejo político, y no técnico, puede generar grandes perjuicios a una entidad pública. Los créditos otorgados discrecionalmente y sin garantías ahora se han transformado en una cartera incobrable y vencida que produce crecientes gastos.

Esos gastos, a través de las llamadas provisiones, pasaron de $120 millones a $418 millones en los últimos tres años. La situación, además de reducir los activos de la institución y generar pérdidas, también ha provocado que los recursos públicos sirvan para financiar a un pequeño grupo de beneficiarios.

A continuación, se detallan las principales claves de la crisis en este banco estatal: 1.-En 2021, la CFN cerró con una pérdida económica de $240 millones. Esa pérdida es consecuencia directa de los crecientes costos relacionados con una cartera entregada en medio de múltiples irregularidades y cálculos políticos 2.- Actualmente, de un total de $704 millones de cartera con problemas, $286 millones ya han sido declarados definitivamente como incobrables (se han agotado todas las instancias administrativas y legales). Por otro lado, $418 millones están vencidos y se busca cómo recuperar al menos una parte. El nivel de morosidad en la CFN es casi 10 veces mayor que en los bancos privados del país. 3.- Hay en marcha 1.185 juicios en coactiva por $390 millones de la cartera vencida. El 48% de ese monto judicializado, es decir, $190 millones, corresponde a procesos de cobro que se iniciaron en el actual Gobierno desde junio de 2021 a la fecha. 4.- Entre 2014 y 2019 hubo un festín de créditos sin sustento técnico ni el mínimo de garantías. Entre las irregularidades encontradas están la falta de documentación que justifique los flujos financieros de los clientes (indicador para fijar cuotas de pago); nula verificación de deudas acumuladas de los solicitantes, asignación de fondos a perfiles que no cumplían los requisitos básicos, e incluso informes legales que avalaban la entrega de financiamiento a empresas con accionistas vinculados a casos de presuntas estafas. 5.-El 80% de los créditos mal otorgados, y que ahora son parte de los $418 millones de cartera vencida, se concentra en los sectores de la industria manufacturera ($165 millones) y a la agricultura ($163 millones). 6.- Uno de los casos emblemáticos del manejo político de los préstamos de la CFN es el de los $75 millones entregados a los nuevos administradores de la hacienda La Clementina; luego de que fuera expropiada al empresario Álvaro Noboa, bajo el argumento de que se le debían cobrar deudas con el SRI. Esa nueva administración, con vinculaciones políticas en el gobierno de Rafael Correa, hizo caer casi a cero la producción de la hacienda, la cual en sus buenas épocas generaba millones de cajas de banano al año. 7.- En el caso de la cartera completamente incobrable de $286 millones, el 57 % se concentra también en la industria manufacturera y la agricultura; un 15% adicional en el sector de alojamiento y servicios de comidas y otro 14% en la construcción. 8.- Dentro de los múltiples problemas con los que se han encontrado las autoridades para recuperar cartera es que se pretende pagar con la entrega de bienes que son difíciles de revender o sacarles alguna utilidad. Además, sobre todo en Guayaquil, los deudores consiguen acciones de protección del sistema judicial para frenar los procesos coactivos. 9.- Las autoridades de la CFN están siendo fuertemente cuestionadas porque han transparentado las cifras del desfalco a la institución, pero no develan los nombres de los beneficiarios de los créditos incobrables y vencidos. La razón, según el Iván Andrade, presidente de la institución, es que el artículo 353 del CódigoMonetario y Financiero establece el sigilo bancario sobre los depósitos, captaciones y créditos del sistema financiero. 10.- Otra de las irregularidades detectadas es que los créditos entregados fueron a pocas manos. Del total de cartera de $1.500 millones, el 80% benefició a 500 clientes, los cuales no representan ni la cuarta parte de los usuarios de la CFN. 12.- El reto hasta 2023 es que se consolide la fusión con Banecuador, se recupere la mayor parte posible de la cartera con problemas, y se transparenten todos los costos de los malos manejos del pasado. 13.- Desde organismos de control como la Superintendencia de Bancos no se ha emitido ningún tipo de sanciones sobre la gestión de cartera en la CFN. 14.- Los responsables directos de los créditos incobrables y vencidos son María Soledad Barrera, presidenta de la institución entre 2014 y 2016; Santiago León, presidente durante seis meses en 2017; y Juan Carlos Jácome, cabeza de la CFN entre 2018 y 2019. 15.- Entre 2014 y 2019, no solo se entregaron créditos sin sustentos, sino que también se maquillaron los balances de la institución para aparentar que se tenían buenas utilidades y cifras financieras óptimas. Esa es una de las conclusiones de un informe de auditoría de Deloitte. (JS)

OpiNióN

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viErNES 18 dE fEBrErO dE 2022 La Hora ECuAdOr O

La impaciencia en la contraria suerte es un mal más amargo que la muerte.

FéLIx MaRÍa DE SaMaNIEGo (1745-1801), MoRaLISTa ESpañoL

uno no puede ser feliz mientras no entienda que la vida es triste.

pEaRL S. buCk (1892-1973), ESCRIToRa ESTaDouNIDENSE

MILICa paNDzIC

Una lenta recuperación

La recuperación económica y social avanza lentamente. A pesar de que en el año 2021, en Ecuador la economía creció aproximadamente 4% y se generaron 350 mil empleos adecuados, esta recuperación fue insuficiente para llegar a los niveles prepandemia.

El vicepresidente de Riesgo Soberano de Moody’s —además de resaltar que en el país no se ha visto algo que transforme la economía o que sea distinto a antes de la pandemia, que las reformas económicas todavía no se han dado y que se está esperando la reforma laboral— indica que para 2022 ya no se verá un efecto rebote, por lo que será más difícil crecer económicamente. Esto es consistente con las estimaciones de CEPAL, que indican que la región desacelerará su ritmo de crecimiento en 2022 a 2,1%, luego de haber crecido 6,2% promedio el año pasado.

Por otro lado, la recuperación social sigue estancada. Según el informe anual Panorama Social de Latinoamérica, pese a la recuperación económica experimentada en la región durante el 2021, los niveles relativos y absolutos estimados de pobreza y de pobreza extrema se han mantenido por encima de los registrados en 2019, lo que refleja la continuación de la crisis social. En esa línea, en Ecuador, las tasas de pobreza y pobreza extrema siguen siendo mayores a las tasas prepandemia, ubicándose en 27,7% y en 10,5% respectivamente.

A la economía ecuatoriana le tomará por lo menos tres años alcanzar las cifras de PIB previo a la pandemia, y más tiempo aún para recuperar los indicadores sociales como la pobreza y el empleo, según estimaciones de la Consultora Multiplica. Mucho dependerá de la capacidad de integrar exitosamente reformas que estimulen el crecimiento económico con políticas de protección social. Caso contrario, el país seguirá viviendo los efectos prolongados de esta crisis y el mayor peso lo cargarán los más vulnerables.

¿Quién impide recuperar lo robado?

De nada sirvió el arduo trabajo que llevó a cabo la Procuraduría General del Estado para elaborar su proyecto de Ley Orgánica de Repetición. Tras ocho meses de dilaciones y excusas, la Comisión de Justicia negó el informe para primer debate. El anhelo de la ciudadanía de poder algún día recuperar para el Estado todos esos recursos perdidos por culpa de la corrupción y la incompetencia tendrá que seguir esperando.

Queda pendiente la necesidad de establecer un marco legal verdaderamente disuasivo que ponga freno a la ligereza y la mala fe en el manejo de los recursos públicos.

El país entero se hubiese beneficiado de un amplio debate al respecto —incluso de las reformas pertinentes—, pero bajo el pretexto de una supuesta inconstitucionalidad y con la conformación de la comisión a su favor, el correísmo bloqueó la propuesta.

Con ello, evitan que los miembros de la plana mayor de su movimiento tengan que responder con sus propios bienes en los procesos que los acechan.

La decisión de la Comisión de Justicia de la Asamblea refleja fielmente las convicciones y los procederes de quienes durante más de una década administraron los recursos del Estado con absoluto desparpajo y que, desde entonces, se dedican a tiempo completo a tapar sus huellas y asegurar su impunidad.

A pesar de que podría no tratarse de un desenlace definitivo, vale que, de cara a las próximas elecciones, todo votante alcance a medir quiénes son los que sistemáticamente entorpecen el trabajo de la Justicia.

paCo MoNCaYo GaLLEGoS

Juegos de guerra

En estos días de tantas tribulaciones para nuestro país, pasan casi desapercibidos los juegos de guerra de europeos y norteamericanos asociados en la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), por una parte, y la Rusia de Putin por otra, en disputa por el control de la estratégica región de Ucrania. Si no fuese por la gravedad de estas confrontaciones, que bien podrían llevar a una calamitosa crisis económica y política global —con el agravante de una pandemia que no da tregua—, la actuación de los líderes de las grandes potencias podría provocar risa o, tal vez, conmiseración. Tampoco ha sido lúcido el comportamiento de los grandes medios de comunicación que, con una gran ligereza, difundieron la inminencia de la invasión rusa, con fecha incluida. Algo que, por el más elemental sentido común, jamás iría a suceder.

Pero así son los juegos del poder. La Guerra de Irak del 2003, duró de 2003 a 2011. En aquella ocasión, se intentó legitimar esta absurda invasión con el supuesto desarrollo de armas de destrucción masiva por parte del gobierno de Sadam Husein. Los medios de comunicación daban por cierta la presencia de esas armas, pero, consumada la invasión, el mundo observó que jamás existieron. Secuela de la ocupación fue el surgimiento del feroz Estado Islámico de Irak y el Levante, empeñado en una ‘guerra santa’, con pretensiones de formar un califato universal.

La Unión Soviética invadió Afganistán, en apoyo a un gobierno títere. Los ‘luchadores por la libertad’ (muyahidines) armados, equipados y sostenidos por Estados Unidos derrotaron a los soviéticos. Entre los líderes afganos surgió Osama bin Laden, que se convertiría en el enemigo número uno de los Estados Unidos. Después de los criminales atentados del 11- S, Estados Unidos lanzó, el 7 de octubre de 2001, la operación ‘Libertad Duradera’, para evitar que ese país siguiese patrocinando actos terroristas. 20 años después, el 30 de agosto del 2021, dejó Afganistán en manos de los talibanes.

Los vientos de guerra se han alejado, pero el problema interno de Ucrania sigue allí, esperando una solución justa y negociada, que solo podrá alcanzarse con el apoyo y vigilancia de la comunidad internacional y no por las prácticas de Putin y la OTAN.

pmoncayog@gmail.com

Seguro social

Una vieja película de ciencia ficción planteaba una sociedad en la que, pasados los 30 años de edad, los habitantes debían ser eliminados para mantener el entorno equilibrado y tener un hijo era un crimen. Hoy, la vida sobrepasa los 80 años y el mantenimiento de la fuerza trabajadora, que construyó el mundo actual, se ha convertido en un problema.

La solidaridad obliga a la generación joven a aportar, como lo hicieron antes los actuales jubilados, para mantener el sistema de salud y jubilación. El Estado es, además, el responsable de equilibrar cuentas y mantener óptima la estructura. Sin embargo, la visión individualista de la fuerza de trabajo actual no le permite entender su futuro —que se concretará con el tiempo, cuando termine su tiempo activo—.

Los sistemas privados de pensiones no necesariamente son buenos y eficientes; Chile lo demostró. Enfrentamos una situación que tiene que ser técnica y éticamente operada para alcanzar los objetivos de protección.

Nuestro sistema de seguridad social, al que desde hace 40 años le vaticinan una quiebra, sobrevive pese a las grandes oleadas de corrupción que medraron y medran desde sus entrañas. La riqueza del IESS es enorme en bienes raíces e inversiones, pero misteriosamente nadie ha podido cuantificarla; el tema no se resolverá hasta terminar con el sistema mafioso de dentro y en el del Estado.

El dinero de la seguridad social es objetivo de privados y públicos. La cantidad de recursos monetarios y bienes que se operan son enormes, incluido los servicios de salud donde las trampas enriquecen a unos. El Hospital Carlos Andrade Marín se trastrocó por corrupción interna asociada a la externa y lo mismo sucede con los fondos en la parte inmobiliaria. Los intentos por mejorar el sistema no logran resultados y las buenas intenciones de algún honesto administrador de turno se diluyen en la pugna con fuerzas internas como externas.

eduardofnaranjoc@gmail.com

Medio de comunicación liberal, laico, agnóstico e inclusivo. Respetuoso y defensor de los Derechos Humanos, el Estado de Derecho y la Democracia.

Directora Nacional GABRIELA VIVANCO SALVADOR

Editores Regionales JULIA GUERRA - FRANCISCO VARELA

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12 ciclistas han muerto en las vías de Quito en un año

Este fin de semana la capital acoge un campeonato ciclístico, aunque a diario no se respeta esta actividad. Entre 2020 y 2021 se registraron 12 fallecidos en siniestros.

El 18 y 20 de febrero de 2022, Quito será la sede Campeonato Nacional de Ruta 2022 de ciclismo, un hecho que suena contradictoria en una ciudad donde decenas de ciclistas han tenido que salir a las calles para pedir seguridad en las vías.

Esto luego de que la deportista ecuatoriana, Miryam Núñez, fuera atropellada por un vehículo que se dio a la fuga. Ella es parte de las estadísticas que muestran los peligros a los que están expuestos quienes practican este deporte, tanto de manera profesional, como amateur.

La organización Bmotion, cuyos miembros participaron en la manifestación por la seguridad vial, señala que entre 2020 y 2021, 12 ciclistas han muerto por atropellamientos. Además, se registran 101 siniestros de tránsito, en los que los deportistas se han visto perjudicados.

La cifra, en el mismo periodo pero a escala nacional, muestra que 54 personas han perdido la vida de esta manera y que Quito representa el 20% de esas muertes.

Anabel Merizalde, ciclista urbana, dice que Quito no ha trabajado en fomentar el respeto a las vías. “Tenemos ciclovías, pero los carros se pasan por encima. La cultura vial no existe”, señala.

Pedalear se incrementó un 650%

Las políticas de seguridad que Anabel menciona son indispensables, más cuando en la capital esta práctica se incrementó durante la pandemia de 2020.

Según el informe Quito Cómo Vamos, el número de ciclistas en Quito subió en un 650% durante la emergencia sanitaria. Antes los quiteños hacían un promedio de 30.000 viajes diarios en bicicleta. Ahora se registran

CIFRaS. El número de ciclistas en Quito subió en un 650% durante la emergencia sanitaria (2020).

196.000.

Merizalde considera que ni siquiera se ha socializado la importancia de quienes transitan las ciudades “en medios no contaminantes” y que aportan incluso en “la reducción del tráfico”.

Inseguridad no solo vial

Otra problemática es el aumento de robos de bicicletas y la falta de un protocolo específico para este tipo de delito. Solo en 2020 se registraron aproximadamente 150 asaltos a ciclistas, aunque existiría un subregistro ya que muchas personas no realizan la denuncia.

La falta de datos muestra

El Dato

Antes de la pandemia (2020), los quiteños hacían un promedio de 30.000 viajes diarios en bicicleta. Ahora se registran 196.000. la poca importancia a este deporte. Según la Policía Nacional, se registran las denuncias pero no como ‘robo a ciclistas’ o como ‘bicicletas robadas’ sino como delito de ‘robo a personas’, por lo que no tendrían detalle de esta problemática.

Ruta Viva, Simón Bolívar, Parque Metropolitano Guangüiltagua, Chaquiñán, Ilaló, Lumbisí son puntos donde los deportistas piden mayor presencia policial. (aVV)

Reglamento del aborto por violación en manos de Guillermo Lasso

El reglamento del aborto por violación alcanzó 75 votos en la Asamblea Nacional y tendrá que enviar el texto para la revisión del presidente de la República, Guillermo Lasso.

Lasso adelantó que vetará el texto aprobado por el Legislativo “si excede lo dispuesto por la Corte Constitucional” aunque no ha detallado si su veto sería parcial o total. De ser total, el reglamento no podría volver a tratarse en un año.

Pero, aunque Lasso vetara la ley, la decisión de la Corte Constitucional, de abril de 2021, de despenalizar el aborto por violación sigue vigente. El reglamento sin embargo, es necesario para articular una atención oportuna a las víctimas de agresión sexual que deciden abortar. acceder a un aborto era uno de los principales nudos críticos de la norma. El reglamento que consiguió 75 votos, y así fue aprobado, señala que se permite que una mujer víctima de violencia sexual se practique un aborto hasta las 12 semanas para quienes tienen más de 18 años y 18 semanas para las niñas, adolescentes y mujeres que viven en la ruralidad y en las nacionalidades indígenas. (aVV)