Las reformas pendientes al Código de la Democracia

Esta campaña nos recordó las urgentes reformas que requiere el Código de la Democracia. De nada sirve esperar a estar a las puertas de un nuevo proceso. Le corresponde ahora a la ciudadanía exigir cambios porque la clase política jamás procederá, por sí misma, contra sus propios intereses.

En los últimos meses, el país observó impotente cómo pulularon candidaturas con financiamiento misterioso. Por vacíos legales y falta de claridad en la asignación de competencias –¿y voluntad?–, la Justicia y la Función Electoral no actuaron a tiempo.

Como siempre, vendrá el CNE tras la elección a patalear, cuando el daño a la democracia ya está hecho; se requieren reformas que detengan y sancionen desde un inicio a los infractores.

Tampoco se puede continuar operando con límites de gasto, financiamiento público y esquemas de control pensados para la política del siglo pasado. Se necesita un control real del origen del dinero utilizado en la calle, medios y plataformas; un financiamiento más libre, pero con minuciosa fiscalización.

Quizás sea el momento —en nombre de la legitimidad— de imponer requisitos más rigurosos para las candidaturas de alcaldes y prefectos, incluir una segunda vuelta o dividir los grandes distritos en varias alcaldías. Por último, se requiere un Tribunal Contencioso Electoral más transparente, resuelto y competente. Es intolerable que la máxima autoridad en tiempos de campaña haya hecho tanto por manchar su credibilidad, como aguantar la decisión sobre los derechos políticos de Jorge Yunda, en Quito, mientras se bajó de un tumbo a Yadira Bayas en Santo Domingo, a 17 días de las elecciones.

La democracia es perfectible, pero no se arreglará sola ni lo harán quienes lucran de ella.

Petróleo al desnudo

La riqueza petrolera es potencial de creación y desarrollo. En algunos países funciona para beneficio de los ciudadanos, como en Noruega, México, Nueva Zelanda, etc.; en otros, crea magnificencia y lujo, en otros se diluye en armas y guerras, tragedia que produce también este mineral.

En la Amazonía comenzaron los problemas desde el inicio de la exploración. Nacieron conflictos con sus habitantes, gente de culturas ancestrales que viven en esas selvas que por lógica legal debe reconocérseles como propietarios sin escrituras. La ley sostiene que quien habita o vive en un territorio por más de 20 años adquiere la posesión, independientemente que tenga o no títulos.

Es el caso de los Waorani y otras etnias y pueblos que moran allí; sin embargo, el Estado, buscando aprovechar la riqueza, tomó esas tierras rompiendo el equilibrio del bosque. Ciudades como Orellana y Nueva Loja no existían. Comenzaron como campamentos petroleros. Los nativos reclamaron compensación por la destrucción del bosque y se hicieron tratos para proveerles algunos pequeños beneficios.

El conflicto del bloque 16 se da por incumplimiento del Estado al no honrar un acuerdo que ellos tienen desde tiempos de Maxus, para que la comunidad reciba algunos beneficios en compensación al daño ambiental. Petroecuador, actual operador, no cumplió y creó el conflicto. Así es como una pequeña historia olvidada aparece en la prensa como un conflicto donde los Waorani llevan la parte negra.

La mayoría de ciudadanos desconocen esto, que implica que los habitantes ancestrales del ‘Sacha’ están de vuelta y reclaman sus derechos, lo que insinúa un escenario de complejidad para los mestizos de diferentes cruces incluidos europeos. No debemos soslayar lo que está ocurriendo y donde los derechos de los nativos están siendo visualizados con intensidad.

reformas planteadas en el referéndum, elegir autoridades locales y también vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Nos corresponde decidir sobre la extradición de ecuatorianos involucrados con el crimen organizado transnacional; garantizar la autonomía de la Fiscalía General del Estado; disminuir el número de asambleístas; imponer requisitos para la creación y permanencia de partidos y movimientos políticos, evitando su absurda proliferación; que los vocales del Consejo de Participación

Ciudadana sean elegidos por la mayoría absoluta de la Asamblea, luego de un proceso meritocrático de selección; crear un subsistema de protección hídrica, como parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y , el pago de compensaciones por servicios ambientales prestados por personas, colectivos y comunidades. Como es usual, lastimosamente en nuestro país, la politiquería se ha tomado el debate, simplificando su complejidad a votar ‘No’ o ‘Sí’ en las ocho preguntas, como rechazo o apoyo al actual Gobierno. Lo que corresponde en uso responsable y legítimo de nuestros derechos ciudadanos, es analizar cada pregunta y votar conforme al mérito de su contenido, pensando si la alternativa que elijamos mejorará o no la vida de los ecuatorianos, evitando satisfacer el capricho de quienes intentan manipularnos.

En cuanto a la elección de prefectos, alcaldes, concejales y miembros de las juntas parroquiales, debemos comprender la importancia de contar con autoridades honestas y compe- tentes, que gestionen de manera transparente y eficiente nuestros intereses y cumplan a cabalidad funciones que influyen directamente en nuestra calidad de vida: el agua, el alcantarillado, la gestión de residuos, los espacios públicos, la seguridad, la movilidad, la creación de empleo; en fin, lo que nos importa en la vida diaria y que depende de ellos. Procuremos no equivocarnos, un mejor presente y un futuro de esperanza para nuestros hijos está en nuestras manos.