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Disputas por la Comisión de Fiscalización
En los pasillos de la Asamblea suena el nombre de Roberto Cuero para reemplazar a Fernando Villavicencio.
Con el anuncio de Fernando Villavicencio de renunciar a la Presidencia de la Comisión de Fiscalización , en la Asamblea Nacional se empiezan a mover fichas sobre quién podría liderar esa mesa.
En los pasillos legislativos se rumorea el nombre de Roberto Cuero como posible carta de la bancada de UNES para presidir la Comisión.
Comps Córdova (UNES) dijo que todavía no existe nada, y que están esperando el “show” de Villavicencio. “Siempre habla, ya no nos sorprende, mientras no presente la renuncia, allí se verá otra cosa”, señaló.
Roberto Cuero fue gobernador del Guayas en 2012 durante el régimen correísta. En ese año, el Gobierno le pidió la renuncia por su supuesta responsabilidad en los casos de presunta corrupción en las comisarías de Guayaquil en julio de 2011.
¡Espaldarazo?
En una especie de espaldarazo político desde el oficialismo a la gestión de Villavicencio, haría pensar que no todo está dicho. “¿Están estrenando nuevo presidente de Fiscalización? ¡No! Clarito: esta semana esa mesa no ha sesionado. No coman cuento amigos, Fernando Villavicencio no ha renunciado y sigue presidiendo esa Comisión”, escribió a las 18:20 del 5 de octubre, Nathalie Arias, de la Bancada del Acuerdo Nacional (BANCREO), en su red social Twitter. No dio más detalles.
El mismo día, por la mañana, Fernando Villavicencio dijo en Twitter: “Miles de voces suman su respaldo a mi gestión de lucha contra la corrupción y me piden que no renuncie a la Comisión de Fiscalización. Yo no renuncio, solo renuncian los derrotados, continuaré mi trabajo desde el lugar donde me ponga el destino. Yo ya triunfé sobre los corruptos”, publicó.
El tablero
La Comisión de Fiscalización está integrada por Comps Córdova, Roberto Cuero y María Molina (UNES), Pablo Muentes (PSC), Ana Belén Cordero y Marco Troya (CREO), Fernando
REGISTRO. Sesión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
Actuación que afecta la credibilidad
°Mauricio Alarcón opinó que es necesario analizar lo venida a menos que está la palabra de los políticos que amenazan con cuestiones que no cumplen, y recordó que Villavicencio anunció la
renuncia a la Presidencia de Fiscalización (el 28 de septiembre)
“con toda una parafernalia, con una rueda de prensa; no sé con qué objetivo y ahora dice que la gente clama que se quede”. Alarcón lo calificó como “incorrecto” porque -nuevamente- esto afecta la credibilidad y la confianza que los ecuatorianos deben tener en sus autoridades. “Si amenazó con renunciar, debía concretar o abstenerse de hacer ese tipo de anuncios”. ¿Qué diferencia hay entre lo que ha hecho Villavicencio y lo que hicieron los 40 y tantos asambleístas de UNES al poner a disposición el cargo como lo hicieron en su momento?, cuestionó. Dijo que, en estos momentos, la Comisión de Fiscalización debería estar funcionando porque hay procesos de juicios políticos en marcha y están corriendo los tiempos que están establecidos en la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).
El procedimiento legislativo
°El artículo 27, inciso 9 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), faculta al vicepresidente de la comisión -en este caso a Ana Belén Cordero de la bancada de CREO- a convocar a una sesión para designar autoridades. El plazo que tienen, según la ley, es ocho días para nombrar al reemplazo de Villavicencio en caso de que se oficialice la renuncia. Villavicencio y Bruno Segovia (Independientes) y Pedro Velasco (BAN).
Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), no dice que Roberto Cuero podría llegar a la presidencia con los votos de CREO. Pero dejó ver lo que ocurrió el 29 de septiembre cuando con los votos de UNES y la abstención de CREO no se aprobó el informe de las presuntas irregularidades en la construcción de la central hidroeléctrica Coco Codo Sinclair. “Todo es posible con el oficialismo, ha sido sorprendente ver esas acciones, y se supone que es una bancada de Acuerdo Nacional”, señaló.
Para él, más allá de quien ocupe la presidencia, lo óptimo sería que quien lo haga cuente con credenciales de integridad, que no tenga cuestionamientos, y que sea una persona con ética. (SC)
La consulta busca aportar a la protección de ecosistemas frágiles
¿Está de acuerdo con que las personas, comunidades, pueblos, y nacionalidades puedan ser beneficiarios de compensaciones debidamente regularizadas por el Estado, por su apoyo a la generación de servicios ambientales?
Esta es la propuesta que plantea el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la pregunta 8 de la consulta popular que, desde el 12 de septiembre de 2022, es analizada por la Corte Constitucional (CC). Por ahora, no existe un sistema que permita entregar compensaciones e incentivos a quienes contribuyen a la conservación de la naturaleza y el ambiente.
Un servicio ambiental está en la naturaleza (agua, bosques, humedales, islas, calidad del aire, etc) y las comunidades cuidan y permiten su regeneración. La deforestación contribuye a la pérdida de servicios ambientales.
Esta enmienda constitucional busca quitar el candado constitucional para compensar a estos grupos no solo de forma económica, sino con retribuciones y compensaciones “morales”, como la entrega de becas educativas.
En otros países esta es una política de Estado. En Costa Rica, por ejemplo, se paga una tarifa a los cuidadores de los servicios ambientales en las cartillas de agua o luz.
“El Estado es el administrador de la biodiversidad y de los recursos naturales por lo que es el llamado a crear un sistema que garantice mecanismos que permitan otorgar incentivos y compensaciones económicas a quienes realicen actividades de cuidado y regeneración”, dice uno de los anexos del documento.
La propuesta busca aportar a los esfuerzos nacionales e internacionales sobre la protección ambiental, de ecosistemas frágiles y permitir el aprovechamiento de estos servicios.
En una de las transitorias de la pregunta se otorga a la Asamblea Nacional emitir las regulaciones que correspondan, en coordinación con el ministerio de Ambiente, aclaró Karen Sichel, secretaria jurídica de la Presidencia de la República.
De acuerdo con la última encuesta de Cedatos, realizada entre el 14 y 17 de septiembre de 2022, la pregunta 8 tuvo el respaldo del 76,8% de los encuestados. (SC)
