JUSTICIA B4
Eterno juicio a Mahuad
LUNES 11 DE JULIO DE 2011 La Hora, ECUADOR
El caso tiene una larga historia de incidentes procesales. Son 11 años sin sentencia. Un nuevo incidente procesal de- de emergencia, que no reuniría tiene otra vez la posibilidad de los requisitos legales, porque no llegar a un desenlace en el jui- existía ningún caso de eminente cio contra el expresidente Jamil agresión externa, guerra, ni graMahuad, acusado de peculado ve conmoción interna o catáspor el feriado bancario de 1999. trofes naturales, como lo exigía El conjuez Enrique Pacheco fue la Constitución vigente en esa recusado, pese a que se había fecha. Durante dos años, Mahuad dictado ya autos para resolver o no tenía quién le juzgase emitir sentencia. y ahora el juicio está en En octubre de 2008, manos del conjuez Enriel fiscal general Wasque Pacheco, luego de que hington Pesántez acuAÑOS ha durado este se excusara el también só a Mahuad de autor proceso. conjuez de la Segunda del delito de peculado Sala de lo Penal de la Cordentro del juicio que te Nacional, Luis Quiroz, investiga el feriado bancario del 5 de marzo de 1999 quien declaró ser amigo de May el posterior congelamiento de huad y dijo no poder seguir en las cuentas, decretado seis días el trámite. Previo a la excusa de Quiroz, el más tarde. El Fiscal llegó a la conclu- juez Raúl Rosero había renunciasión de que el feriado se adop- do al cargo. La historia de excusas tó basado en una declaratoria data de la época del presidente de
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Se le puede juzgar en ausencia °
Este juicio se tramita con el Código de Procedimiento Penal de 1983 y según el Art. 254, si al tiempo de dictar el auto de apertura del plenario, el sindicado estuviere prófugo, ordenará la suspensión de la etapa del plenario hasta que el encausado sea aprehendido o se presente voluntariamente. No obstante, el art. 121 de la Constitución vigente a la fecha, dispone que las penas y la acción para perseguir los delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito son imprescriptibles.
la desaparecida Corte Suprema de Justicia (CSJ), Roberto Gómez Mera y de varios magistrados que lo subrogaban. La Segunda Sala de lo Penal de la CSJ, con fecha 21 de julio de 2008, tuvo que negar el pedido de revocatoria que interpuso el magistrado Marco Guzmán, al fallo de la misma Sala por el cual se señalaba que Guzmán es competente para conocer la causa contra Mahuad.
PERSONAJE. El expresidente, durante una conferencia en EE.UU.
José Vicente Troya, en ese entonces presidente subrogante de la CSJ también se excusó argumentando que su familiar en primer grado de parentesco de afinidad, Mario Prado Mora, fue abogado defensor del procesado. Víctor Granda, uno de los denunciantes, criticó el nuevo incidente y dijo que la recusación no tiene “pies ni cabeza” y que se busca di-
latar el juicio. “El juez debería sancionar a los abogados de la defensa, porque están litigando de mala fe”. A decir de Granda, el conjuez Enrique Pacheco fue recusado porque tendría parentesco con el otro denunciante en este caso, Jorge Rodríguez, exvocal de la desaparecida Comisión Anticorrupción, lo cual ya fue aclarado por la Corte cuando no le aceptó la excusa a Pacheco.
POLICÍA. El coromel César Carrión, durante una de las audiencias.
Contraloría trabaja en la glosa contra Carrión En cuatro páginas, la Contraloría General del Estado (CGE) notificó al exdirector del Hospital de la Policía, César Carrión, los resultados del análisis del examen especial a la utilización de los bienes públicos en el Hospital Quito Número 1 de la Policía Nacional, durante las jornadas de protesta del 29 de septiembre al primero de octubre de 2010. El contador del hospital con oficio 2011-225-CONT-HQ, de fecha 6 de junio de 2011, proporcionó el detalle de los contratos y pagos realizados, por arreglo de daños ocasionados
el 30 de septiembre, los que suman de 93.038,75 dólares. Según se especifica en el informe, el hospital de la Policía Nacional al no contar con pólizas de seguros para proteger a los bienes contra diferentes riesgos, ocasionó la erogación de recursos financieros para el arreglo y reposición de los daños sufridos a los bienes e instalaciones hospitalarias por la cantidad de 93.038,75 dólares. La Contraloría analizó que los directivos del hospital incumplieron normas de control interno de custodia y de control interno.