MINUTOS CON: B2 ANGÉLICA PORRAS
VOCAL TEMPORAL DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
Hemos detectado tres documentos de la Presidencia y de la Judicatura en los que se les ordena a los jueces que está prohibido que el Estado pierda en algún conflicto judicial”.
tiempo lectura 15 min.
LUNES 02 DE JULIO DE 2018 La Hora ECUADOR
I
El nuevo Consejo de la Judicatura tiene como objetivo rescatar la independencia judicial.
DESPACHO. La vocal María Angélica Porras ocupa una oficina en el piso 13 del edificio del Consejo de la Judicatura.
‘HUBO UNA INTROMISIÓN DEL EJECUTIVO EN LA JUSTICIA DE LA MANERA MÁS DESCARADA’
E
s viernes temprano y, a pesar de que el día anterior no almorzó y que por tres días seguidos sesionó, Angélica Porras, vocal temporal del Consejo de la Judicatura, atiende una entrevista a las 08:00. Es profesora en la Universidad Andina Simón Bolívar y abogada litigante. Fue representante de los trabajadores en el Consejo Directivo del IESS y delegada en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Ahora, por encargo del Consejo de Participación transitorio, ocupa un espacio en el Consejo de la Judicatura. En diálogo con La Hora explica cómo encontró a la Judicatura después de 10 años de correísmo.
¿Cuál es el fin común de la Judicatura transitoria?
Rescatar la independencia judicial. Durante 10 años se secuestró la Función Judicial en manos del Ejecutivo. Esto supuso la ausencia de transparencia de los procesos. Por ejemplo, los concursos se calificaban tres veces. Eso permitía cambiar constantemente los puntajes. No se sabe quién quedó en qué lugar. En el poco tiempo que van en la Judicatura, ¿cómo la encontraron?
Caótica, con un manejo muy arbitrario, no solo en el nombramiento de jueces, sino en los bienes, en las contrataciones, en las capacitaciones. Existe información contradictoria. Por ejemplo, hay tres núme-
ros diferentes del número de personas contratadas. Hay varios contratos que no han sido auditados. ¿Esto se evidencia en todos los niveles de la Judicatura?
Sí. La parte más organizada es el servicio de justicia. Pero también hay serios problemas por la arbitrariedad de las evaluaciones y de ciertos coordinadores. Hasta ahora hemos detectado tres documentos, de la Presidencia y de la Judicatura, en los que se les ordena a los jueces que cuando participe el Estado en algún conflicto judicial, está prohibido que se le haga perder. Eso es una intromisión del poder Ejecutivo en la Justicia de la manera más descarada.
¿Van a revisar los casos de los jueces que fueron destituidos bajo el error inexcusable?
Tenemos un problema muy serio porque esos casos ya fueron decididos por la Judicatura y muchos ya prescribieron. Hay una serie de límites legales. Si bien existe un sinnúmero de problemas por resolver, ¿fue un error tomar una decisión sobre los fiscales provinciales temporales?
Me parece que sí, pero fue posible subsanar. Varios factores influyeron: la premura y no haber considerado el espacio para impugnaciones. Se hizo la consulta sobre qué hoja de vida tenían estos fiscales. Los que fueron cuestionados tenían su hoja de vida perfecta. Por esto, debe haber una etapa de impugnaciones porque resulta De todo lo que han encontrado, ingenuo pensar que luego de 10 años de intromisión del Ejecuti¿qué es lo más grave? Hemos detectado algunos pun- vo en la Justicia, la información corresponde a la tos. Necesitamos Resulta ingenuo pen- realidad. hacer una audisar que luego de 10 toría seria sobre años de intromisión las contratacioEl presidente de nes porque hay del Ejecutivo en la justicia, la Judicatura, serios indicios la información corresponde Marcelo Merlo, de corrupción, a la realidad.” señaló que se precomo posibles supone que la insobreprecios de las construccio- formación que hay en la Judicatura nes de los complejos o del siste- es legítima. ma ‘Justicia 2.0’. Es cierto. Hay un principio de Una segunda cuestión es la derecho que dice que todos los evaluación de los jueces y de los actos de los funcionarios públiconcursos con los que llegaron. cos se presumen legítimos. Pero Un tercer problema tiene que ver la realidad es otra. Lo óptimo secon la formación y la evaluación ría partir de que todo está bien, a los jueces, sin recurrir a la per- pero no lo está. secución porque hasta ahora se utilizó el famoso error inexcu- ¿Comparten esta postura los cinco sable de una manera totalmente vocales o existen divergencias? tergiversada. Hay divergencias. Pero eso es
saludable, es bueno porque nos permite profundizar el debate. ¿Cuál es la dinámica que tienen en el pleno?
Prima la responsabilidad compartida. Nos sentimos comprometidos. Hay mucho respeto y realmente los puntos se debaten. Siempre se trata de llegar a un consenso. Quizá nos estamos demorando más, pero es necesario tomarse el tiempo que sea. ¿Cuáles han sido las mayores discrepancias?
Las relativas al nombramiento de fiscales. Ahora tenemos que enfrentar la designación de los delegados provinciales y los cocursos. El doctor Merlo sugirió que sean las universidades las que propongan nombres para las direcciones. ¿Comparte este criterio?
No del todo. Me parece muy importante que la academia se pronuncie, pero las organizaciones sociales y la ciudadanía también deben tener esa oportunidad.
¿Plantean reanudar el concurso de fiscales?
Hay que retomar las designaciones, en lo que se pueda y alcancemos. ¿Qué va a pasar si normamos? El próximo Consejo de Participación va a cambiar la norma. Además, no sería una alternativa dejar un concurso a medias. Los concursos que se retomen tienen que terminarse. ¿Cómo van a cumplir con todo?
Con comisiones, según la experticia o interés de cada vocal, con
Me parece muy saludable el disenso porque se puede lograr mejorar los procesos” metas específicas, con el plazo máximo de cuatro o cinco meses. En la Judicatura hay alrededor de 1.000 personas. Manos no faltan. ¿Qué comisión quisiera usted?
Me gustaría trabajar el tema de los concursos. También la evaluación a los jueces. ¿Qué plantearía en los concursos o en la evaluación?
Que la función de juez no es ganar un concurso con un puntaje. El juez tiene que estar constantemente capacitándose. Segundo, eliminar la arbitrariedad en las calificaciones. Si va a haber una entrevista, que no estoy de acuerdo que haya, no se puede calificar. Hay que reformular las preguntas que están pensadas en aprenderse de memoria la Ley. Eso es irrelevante. Lo que importa del juez es que sepa justificar sus decisiones y que sea probo. ¿Cómo se manejará la evaluación a los funcionarios dentro de la institución?
Es un tema que no se ha discutido, pero es muy serio. Ya se han separado a algunas personas. Durante 10 años se generaron no solo lealtades, sino incluso complicidades. Hay que nombrar director general y delegados provinciales. Hay que cambiar las direcciones: financiera, administrativa, de la escuela judicial, de transparencia, de control disciplinario. Después de las investigaciones, ¿van a enviar información a las instancias pertinentes?
Hay que enviar inmediatamente. Imagínese en 10 años de imposibilidad de cuestionamiento, lo que se hacía aquí nadie podía cuestionar. Cosas buenas seguro hay, pero cosas no tan buenas hay un montón y es necesario denunciar. (AGO)