Instrucción fiscal por peculado bancario El presunto delito se habría cometido en el ya cerrado Banco de los Andes. El juez séptimo de Garantías Penales de Pichincha, Pedro Troya, avocó ayer conocimiento del inicio la instrucción fiscal en contra del presidente ejecutivo del Banco de los Andes, G.D.I. y otras diez personas, por el presunto delito de peculado bancario, que es tipificado y sancionado por el Art. 257 A del Código Penal, con penas que pueden ir de 1 a 5 años de prisión y multas de hasta 952 dólares. La fiscal Susana Rodríguez fue la encargada de formular los cargos contra los once sospechosos, señalando que por denuncia del liquidador del Banco de los Andes, Patricio Torres, se tuvo conocimiento de los créditos vinculados que provocaron el cierre de la entidad bancaria, que perjudicó a unas 12 mil personas por un monto de 17 millones de dólares. Según la Fiscal, el representante legal del Banco de los Andes habría realizado algunas transacciones bancarias en beneficio de sus empresas y también habría pagado algunas obligaciones personales con esos créditos vinculados. Además, dijo que la entidad bancaria contaba con 212 accionistas y, dentro de los cuatro principales, está el procesado con más del 50% de las acciones, con lo cual controlaba el 81% del capital del Banco.
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Detalles de la exposición del Juez °
El juez Pedro Troya expuso que seguirá con la competencia en el presente caso, hasta su pronunciamiento en el momento procesal oportuno. Sobre tipo penal, dijo que la legislación es clara respecto que la investigación pre-procesal y procesal está a cargo de la Fiscalía, que es quien acude al juez para sustentar su petición y, en este caso, la fiscal Susana Rodríguez ha sido enfática en señalar que los ciudadanos procesados es por el presunto delito de peculado bancario (Art. 257 A del CP); por tanto, no hay contradicción sobre el delito que se investiga. Respecto de la nulidad solicitada por la defensa, dijo que no es el momento procesal oportuno para resolver el tema o realizar un análisis sobre las afirmaciones de los abogados y que se lo hará cuando corresponda.
CASO. En junio de 2012, se realizó la audiencia de apelación sobre el caso del Banco de los Andes (Foto: Archivo La Hora).
Exposición
tante legal del Banco. Se refirió además a un informe También se expuso que la pericia de auditoría de la Superincontable, elaborada por tendencia de Bancos en el Dolores Pazmiño, quien El Dato que se dice, entre otras cosas, analizó los créditos, revela que el presidente El presunto deli- que los créditos se otorgaron sin las garantías suficienejecutivo del Banco au- to contempla que puetes, en unos casos y en otros torizó los créditos, entre penas den ir de 1 a 5 estos, a una de sus em- años de prisión y inexistentes para garantizar multas de hasta la operación crediticia. presas que administra 952 dólares. con su hija, y otras en las que funge como gerente Situación general. La fiscal Susana Rodríguez pidió La Fiscal agregó que la pericia que se inicie la instrucción fiscal concluye que se trasgredió la ley por el delito tipificado en el Art. y que los créditos son vinculados 257 A del Código Penal (peculacon dos empresas del represen- do bancario) y solicitó además
go del proceso, durante la audiencia condenatoria, mostró la versión de un amigo de las tres mujeres que fueron detenidas por este caso. En el escrito se detalla cómo habrían matado a la joven progenitora y consta que los órganos de la menor iban a ser vendidos en Perú, por 5 mil dólares. Hecho
Dos meses después del plagio, la progenitora, de 19 años, fue hallada sin vida un día después, en un recodo del río Daule, provincia del Guayas. En el lugar se vivieron escenas de dolor del joven esposo de la oc-
medidas cautelares que están contempladas en el Art. 160, numerales 4 y 10 del CPP, esto es que se presente regularmente en la judicatura y la prohibición de salida del país. Ramón Rodríguez, abogado defensor del titular del Banco de los Andes, en liquidación, comenzó por reclamar el fuero de corte provincial para su cliente, por su condición de oficial general de las FF.AA. El defensor dijo que la indagación se inició con anterioridad a la vigencia del Código Orgánico de la Función Judicial, por el
cual se derogó la disposición que otorgaba fuero a los oficiales de las FF.AA. Alegó también que un informe de la Superintendencia de Bancos da cuenta de que en este caso no hay créditos vinculados ni otras acciones fraudulentas y lo que se habría producido es lo establecido en el Art. 576 del Código Penal (quiebra bancaria). También arguyó que su cliente ya fue juzgado por este mismo hecho. En mayo de 2011 se dio la audiencia de formulación de cargos y, en octubre del mismo año, el fiscal se abstuvo de acusar, luego de lo cual vino el sobreseimiento para el procesado, pero luego se presenta otra denuncia por los mismos hechos y da lugar a este proceso.
Juzgados con itinerarios diferenciados
Sentencian a 25 años a implicadas en secuestro y muerte GUAYAQUIL • El Tribunal Primero de Garantías Penales del Guayas sentenció a 25 años de reclusión mayor a tres mujeres implicadas en el asesinato de Patricia Pillasagua Villamar y el secuestro de su hija, Naomi, hecho suscitado el pasado 9 de junio del 2012, en la ciudadela Martha de Roldós, en el norte de la ciudad. Tras una larga investigación la Policía Judicial, en conjunto con la Fiscalía del Guayas, se logró rescatar a la menor y detener a Karla Vergara, Yesenia Santana y María Contreras, a quienes se las declaró autoras materiales e intelectuales del crimen. Gladys Murillo, fiscal a car-
jusTiCiA
ILUSTRACIÓN. El plagio y el asesinato contempla penas drásticas.
cisa que lloraba junto al cadáver. Un mes después, la Unidad Antisecuestros rescató a la infante, entonces de tres meses. El 11 de julio la entregaron a sus padres, en un acto organizado por la Gobernación del Guayas.
En los juzgados penales, que funcionan en el Edificio Jácome, ubicado en la Av. 10 de Agosto, cerca al sector de La ‘Y’, norte de Quito, se está haciendo costumbre que la atención a los usuarios comience a partir de las 09:00. Esto, pese a que en la puerta de ingreso a esas dependencias hay un letrero, muy visible, del Consejo de la Judicatura que informa que la atención comienza a las 08:00. Los guardias de seguridad y, en ocasiones también la Policía, son los encargados
de informar que el ingreso, incluido abogados y públicos en general, es desde las 09:00, por disposición de la “coordinadora” (sin especificar al responsable de la medida). Ayer no fue la excepción e incluso se prohibió el ingreso de la prensa a una audiencia pública, aduciendo que era orden de dicha “coordinadora”. Ante esto, el juez Pedro Troya medió en el incidente y autorizó el ingreso ratificando que las audiencias son públicas, exceptuando las que determina la ley.