La compañera que denuncia es revictimizada sin que la “institucionalidad” se haga garante de sus derechos. Sucede que algunos de los funcionarios públicos se burlan de las Mujeres Trans por su aspecto, las insultan por expresar su identidad de género, les dan información errada sobre el proceso de denuncia o simplemente no se las dan, las hacen esperar más que a las otras personas que ahí se encuentren, las atienden con desprecio, las ignoran, dicen que “solo atienden en horario de oficina”. Para SF, durante todo el proceso de denuncia y acceso a la justicia por parte de las Mujeres Trans son objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes, de manera constante y sistemática, motivados por la discriminación basada en la identidad de género de esta población. En muchos casos, este contexto de discriminación que se da en las instituciones de justicia puede llegar a influir en la decisión que debe tomar el funcionario público de iniciar y continuar el proceso de investigación penal, tanto como la imparcialidad de los operadores(as) de justicia que intervienen en los procesos y la impunidad de los casos que se denuncian –y de los que no llegan a conocimiento de las autoridades-. Al respecto, en el 2011 la CIDH realizó un informe en esta materia y señaló: “[C]uando las víctimas acuden a las instancias estatales de denuncia. –policía o fiscalías principalmente- se encuentran, generalmente, con un ambiente de discriminación basado en género. La presencia de estereotipos y prejuicios que existen entre operadores/as de justicia provo-
ca que se le otorgue poca veracidad a la versión de la víctima, se le culpabilice, se justifiquen los hechos por la actitud o el comportamiento de la víctima, o por sus relaciones sentimentales anteriores, se cuestione la honra de la mujer o se utilice un vocabulario sexista.”[27] En este sentido, generalmente la “culpa recae sobre las Mujeres Trans víctimas de violencia y violaciones de DDHH”, a través de argumentaciones cargadas de prejuicios orientados a criminalizar las identidades Trans. Por lo tanto, la respuesta judicial tiende a ser sesgada. De esta manera, se encuentra que los servidores públicos, desde agentes de policía, fundamentan su actuación en prejuicios e imaginarios sociales discriminatorios y sexistas que señalan a las Mujeres Trans como delincuentes, pervertidas, malas, es decir, culpables de la violencia que se ejerce contra ellas mismas. Incluso se llega a afirmar que “se lo merecen”. Se registraron casos en los que las Mujeres Trans son víctimas de robo y lesiones personales por parte de particulares, y cuando acuden a la policía por ayuda son detenidas, partiendo de su presunta culpabilidad. Posteriormente, son obligadas a realizar tareas como el aseo de la Estación y los vehículos de los agentes, a ofrecer favores sexuales a los mismos, comprar elementos de aseo para los lugares en donde son detenidas, entre otras, para poder obtener su libertad.
[27] CIDH, Acceso a la jus cia para mujeres víc mas de violencia en Mesoamérica. 9 de diciembre de 2011, párr. 181. 93