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Negligencias
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Lima, del7 al 13 DE ABRIL de 2014
Lima, del7 al 13 DE ABRIL de 2014
• Consuelo Castañeda, ciudadana que fue a la clínica Ricardo Palma para tratarse una molestia ocular, pero terminó perdiendo la vista por una negligencia médica, sufre ahora otro calvario. Los fiscales que revisaron la denuncia que interpuso a la clínica y a los médicos que la trataron, tardaron tres años para investigar su caso para finalmente emitir un dictamen de sobreseimiento. Ante tamaña burla, la anciana agraviada ha denunciado a estos malos magistrados y espera que sean sancionados como corresponde.
Consuelo Castañeda Quiroz.
Su único consuelo será hallar justicia H
ace más de siete años, en el 2006, Consuelo Castañeda Quiroz perdió la visión del Por: ojo derecho cuando Willy Retis fue “atendida” por el oftalmólogo de la clínica Ricardo Palma, Luis Tavolara Cipriani, quien en lugar de someterla a un seguimiento ecográfico de la hemorragia vítrea que estaba sufriendo, le dio simplemente quince días de reposo sin disponer la oclusión de los ojos de la agraviada. Lo que en realidad había padecido doña
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Consuelo era un desprendimiento de retina, pero ni Tavolara Cipriani ni el retinólogo especialista de la clínica, José Roca Fernández (quien no fue convocado para atenderla por razones aún desconocidas), dispusieron la inmediata intervención quirúrgica de la paciente, como así lo indican los cánones internacionales para esta clase de afecciones tan delicadas. Frente a esta situación, Consuelo denunció a la clínica Ricardo Palma. La denuncia recayó en 21 Fiscalía Provincial Penal de Lima y por ende en el 21 Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima, siendo la titular de la 21 º Fiscalía la Dra. Ana María Santiago Jiménez y el fiscal adjunto el Dr. Fredy Eloy Vizcarra Villegas, quienes dirigieron la inves-
tigación desde el 2009 hasta el 2012. Juez Justo buscó a la anciana agraviada y ella nos dio su versión de los hechos.
“LA FISCAL SANTIAGO NO ACTUÓ DEBIDAMENTE”
¿Quién le realizó la primera operación? El que me operó la primera vez fue el Dr. Rubén Tamorra Falcón, un médico de la calle que no contaba con la especialidad en retina y vítreo que era lo que estaba padeciendo. Inexplicablemente ni el gerente ni los médicos de la clínica Ricardo Palma han explicado por qué razones no me operó el especialista socio-médico, José Antonio Roca Fernández. En el proceso, la fiscal Ana María Santiago no
valoró esta prueba. ¿Cómo se llevó a cabo la investigación en la 21º Fiscalía Provincial Penal de Lima? Allí presentamos un sinnúmero de pruebas claras, precisas, objetivas y contundentes, pero la doctora Ana María Santiago, en su afán por favorecerá la clínica, no actuó debidamente como representante del Estado. Ella tenía la responsabilidad de perseguir el delito y valorar las pruebas. Es más, ni siquiera quiso ampliar mi denuncia ni mucho menos analizó con seriedad y parcialidad mi caso. Entonces, ¿por qué demoró tanto la investigación? Solo tengo una respuesta para esa pregunta: la fiscal esperaba que yo me cansara o
que el delito al fin prescriba. Tiempo después emitió un dictamen de “sobreseimiento” (suspender un proceso por falta de causas que justifiquen la acción de la justicia), con fecha 21 de marzo de 2012. En mi opinión la fiscal Santiago actuó con maldad, pues quería que la clínica esté muy bien servida al dictar esa resolución que los exime de responsabilidad tanto a esa entidad como a los médicos responsables. ¿Qué motivación cree usted que tuvo la fiscal Santiago para actuar así? No lo sé, pero estoy absolutamente segura de que esto no ha sido gratis ¿Qué dice exactamente el dictamen? La resolución tiene más de 10 páginas, pero en ellas se narra hechos distintos a la realidad. Lo que querían eran que se prescriba de oficio, ya que la negligencia se dio el 16 de octubre de 2006, y como la pena es de 3 años y más la mitad de esta; o sea, 4 y 6 meses, la prescripción debía darse el 16 de abril de 2011. El dictamen tiene como fecha el 21 de marzo del siguiente año. ¿Cuánto tiempo duró la investigación en la fiscalía? Se pasaron cuatro años investigando y en todo ese tiempo se dieron una serie de irregularidades. Es por eso que decidí denunciar a los fiscales Ana María Santiago y Fredy Eloy Vizcarra Villegas ante la Oficina Desconcentrada del Control Interno. Quien estuvo a cargo de esa denuncia fue la Dra. Bernardita Téllez Pérez, esto fue en el mes de mayo del año 2012. La queja recayó en el expediente Nº 368-2012. También denunció a ambos fiscales por prevaricato… Así es. Esa denuncia consta en el expediente Nº 266-2013. La primera de ellas, sin hacer investigación alguna, fue archivada por la Dra. Téllez Pérez. Apelé esa decisión ante la Fiscalía Suprema de Control Interno, comisión “E”, presidida por la Dra. Janina Tapia, quien haciendo espíritu de cuerpo archivó definitivamente la denuncia, pese a la abundancia de pruebas que se había adjuntado.
MÉDICOS EN LA MIRA
¿A quiénes más incluyó en sus denuncias? En la denuncia Nº 84-2012 incluí, por los delitos de desobediencia y resistencia a orden oficial, sustracción y persecución penal, encubrimiento real, falso testimonio y fraude procesal, a Eduardo Huarhua Cañas, Eloy Loaiza Sierra, Julio César Llerena Benavides y Sonia Mallapoma Poves, médicos de la clínica que se negaron a ratificarse a pesar de los tantos y frecuentes requerimientos que le hiciera el 21º Juzgado Penal de Lima. Sólo se ratificaron cuando estaban seguros que el delito había prescrito. Lo peor de todo es que cuando lo hicieron dijeron ser médicos generales y que
El Dr. Luis Tavolara Cipriani fue uno de los primeros que cometió una grave negligencia contra la señora Consuelo. Clínica Ricardo Palma, lugar que le trae ingratos recuerdos a doña Consuelo.
La Dra. Ana María Santiago Jiménez y su entonces fiscal adjunto Fredy Eloy Vizcarra Villegas, han sido denunciados por la agraviada. “En todo momento han buscado favorecer a la clínica”, se queja Consuelo Castañeda.
Lo que en realidad había padecido doña Consuelo era un desprendimiento de retina, pero ni Tavolara Cipriani ni el retinólogo especialista de la clínica, José Roca Fernández (quien no fue convocado para atenderla por razones aún desconocidas), dispusieron la inmediata intervención quirúrgica de la paciente, como así lo indican los cánones internacionales para esta clase de afecciones tan delicadas. no contaban con la subespecialidad en retino vítreo, que era mi caso. ¿Cuánto tiempo pasó para que esos médicos se rectificaran? Tres años, cuando lo legal es a los 30 días hábiles y cuando es complejo, como en mi caso, son 15 días adicionales. Esto revela que el informe de esos galenos eran falsos, elaborados por otros galenos, además de injustos porque se valieron de la Sociedad Peruana de Oftalmología, una entidad privada, con intereses particulares, pues algunos de sus integrantes son socios de la clínica Ricardo Palma, como el Dr. José Antonio Roca Fernández, especialista en retina quien me practicó la segunda operación porque la primera no fue exitosa. ¿Cuándo denunció a los médicos? La denuncia contra ellos fue presentada el 21
YA ERA HORA
Ante las innumerables denuncias de negligencias médicas, casi todas recogidas y difundidas por los medios de comunicación, por fin el Ministerio de Salud ha tenido una reacción frente a estos penosos casos. Por eso, el jueves 3 de abril dispuso el cierre temporal de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal y Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica de la clínica San Pablo, ubicada en el distrito de Santiago de Surco. Esta medida es producto de las observaciones hechas al funcionamiento de esas áreas, durante una inspección extraordinaria realizada por la Dirección de Salud (Disa) Lima Sur, el pasado 28 de marzo. Consideramos que el ministerio debiera permanentemente intervenir a estas clínicas que se aprovechan de la salud de todos los peruanos y trabajan con precios sobrevaluados (los precios de los medicamentos en sus farmacias rozan las nubes). Enhorabuena que la autoridad de este sector realice este tipo de intervenciones que, dicho sea de paso, debería darse en todas las áreas de todas las clínicas. de febrero de 2012, ante la 25º Fiscalía Provincial. La titular era la Dra. Miluska Romero Pacheco, quien sin previa investigación la declaró improcedente y la rechazó de plano, por lo que elevé mi queja a la Primera Fiscalía Superior que despacha la Dra. Rosario López Wong. Luego de escucharme sobre las irre-
gularidades de sus colegas, esa fiscal declaró fundada en parte la queja y ordenó ampliar la investigación. Del mismo modo, denuncié ante la 25º Fiscalía Penal de Lima a los médicos peritos del Instituto Nacional de Oftalmología (INO) designados por el Ministerio de Salud a solicitud del 21º Juzgado Penal para que me hagan una evaluación y emitan un informe de si hubo o no mala práctica. La Dra. Adelaida Montes Tiznado, de igual forma, denunció a estos malos médicos Jorge Velazco Quiroga, Guillermo Reátegui Escalante, Elmer Dueñas Agüero y otros quienes haciendo abuso sus funciones me atropellaron indolentemente, pues no querían recibirme el oficio para evaluarme, me daban plazos largos para los exámenes, me hicieron gastar mucho dinero para las evaluaciones y exámenes y se demoraron en entregar y remitir las pruebas. Como verán, no había autoridad que haga valer mis derechos y a la fiscal Ana María Santiago no le importaba mis reclamos. ¿En qué estado se encuentran sus procesos? El fiscal Julio Gutiérrez Aragón, de la 36º Fiscalía Provincial Penal, ante la denuncia que interpuse a quince médicos de la clínica Ricardo Palma y a más de 3 enfermeras por los delitos de asociación ilícita para delinquir, falsificación de documentos, falsedad ideológica y falsedad genérica, las archivó totalmente. No que me quedé con los brazos cruzados y presenté mi queja ante la Primera Fiscalía Superior que la declaró fundada y ahora se encuentra en el 54º Juzgado Penal de Lima. Pero el bondadoso fiscal, igual que Ana María Santiago, solo ha denunciado a las enfermeras y al Dr. Luis Tavolara Cipriani que tiene 84 años. ¿Qué es lo que viene ahora? He emprendido una lucha para demostrar que los médicos en su mayoría son indolentes, que solamente buscan jugar con la salud de los ciudadanos, no les importa si mueren o quedan discapacitados como fue mi caso. A mí ciertos médicos de la clínica Ricardo Palma me malograron la vida dejándome discapacitada. Pero lo peor de todo es que por denunciar a estos malos profesionales de la salud, he recibido llamadas malévolas amenazándome de muerte e intento de secuestro. En caso de que le pasara algo, ¿a quién responsabilizaría? De todo lo que me pueda ocurrir voy a responsabilizar a la fiscal Ana María Santiago y a su entonces adjunto Fredy Eloy Vizcarra Villegas, por no haber actuado de acuerdo a ley. Algunos de los implicados quisieron incluso conciliar conmigo en INDECOPI, pero yo no quiero dinero, solo tengo sed de justicia. Pese a todo, seguiré luchando y denunciando a los inmorales e ineptos. w