Relocalización de los menores.

[Pick the date] «AddressBlock»

RELOCALIZACIÓN DE MENORES

Ave. Ponce de León 808 Miramar, San Juan, Puerto Rico 00924 (787) 721-3358

COLEGIO DE ABOGADOS Y ABOGADAS DE PUERTO RICO

RELOCALIZACIÓN DE MENORES La relocalización de menores a los Estados Unidos se ha convertido en un tema importante en Puerto Rico, luego del paso de los fenómenos naturales que afectaron a la isla durante el mes de septiembre de 2017. Después del Huracán Irma y el Huracán María, por la falta de los servicios esenciales como el agua y la luz, y ante la escasez de muchos artículos de primera necesidad, muchas familias decidieron relocalizarse en los Estados Unidos.

El derecho en Puerto Rico protege los derechos constitucionales de los progenitores de ejercer la custodia y patria potestad que ostentan sobre un menor. No obstante, el Estado puede limitar esos derechos en aras del interés apremiante de éste, de proteger el bienestar de ese menor. La Ley 102 de 15 de mayo de 2018, (de ahora en adelante Ley 102 de 2018), conocida como Guía Uniforme para Casos de Relocalización del Padre Custodio, establece los requisitos que tomarán en consideración los tribunales ante la petición de un progenitor para la relocalización de menor bajo su custodia.

La Ley 102 de 2018, expresa en su Exposición de Motivos que dicha ley fue promulgada en un momento en que en Puerto Rico no contaba con unos criterios uniformes en nuestros tribunales que le permitieran al juzgador “emitir una decisión justa”.

Dice además la Exposición de Motivos que dicha legislación “busca salvaguardar el principio que rige los asuntos de menores en Puerto Rico; el cual es el mejor bienestar del menor.”

Es importante expresar, que al momento en que se promulgó la Ley 102 de 2018, el Tribunal Supremo de Puerto Rico aún no se había expresado en cuanto con el estándar requerido por los Tribunales de Primera Instancia para autorizar de la relocalización desde nuestra jurisdicción, a los diferentes estados de los Estados Unidos. Sin embargo, algunos casos resueltos en el Tribunal de Circuito de Apelaciones ya habían establecidos parámetros que servían de guías para resolver las controversias entre las partes. Según el Tribunal Apelativo en Rivera Castillo, López Velázquez, Ex Parte, 2009, TA, KLAN200801143, Sentencia de 27 de mayo de 2009, el norte a seguir al tratar de resolver las controversias entre partes es determinar lo que sirva los mejores intereses del menor. Los criterios para determinar el mejor bienestar de un menor, según el TA en ese caso, se encuentran en Nudelman v. Ferrer, 107 D.P.R. 495 (1978), Los asuntos que los Tribunales del Circuito de Apelaciones encontraron medulares y que la Ley 102 de 2018 adoptó como requisitos para la autorización de la relocalización, son los siguientes: 1. Preferencia del menor en aquellos casos donde tenga derecho a ser oído; 2. Relación del menor con el padre no custodio; 3. Relación del menor con las personas interesadas y la forma en que éstos llevan a cabo su derecho de visita; 4. Periodo de tiempo que el menor lleva residiendo en la residencia principal y los lazos emocionales que lo une a ella; 5. Oportunidades de desarrollo, tanto emocional, como físico y educacional; 6. Impacto que tendrá el traslado en su desarrollo; 7. Disposición del padre custodio o tutor de permitir al otro padre no custodio o persona interesada de ejercer su derecho a visita, relacionarse con el menor y custodia compartida en los casos que aplique; 8. Potencial de cambio en la vida del padre custodio o tutor y del menor; 9. Posibilidad económica del padre no custodio o persona interesada de ejercer su derecho a visita para relacionarse con el menor;

10. Grado de responsabilidad del padre no custodio o persona interesada en sus obligaciones para con el menor; 11. El Tribunal podrá ordenar el realizar un estudio social del área al cual planean mudar al menor. Este estudio, entre otras cosas, deberá incluir un análisis de la criminalidad del área interesada; 12. Lugar donde el menor va a estudiar, nombre e información completa de la escuela: dirección, teléfono, maestro del menor y nombre del director; 13. En caso de que el menor no tenga edad suficiente para asistir a la escuela, nombre del cuido e información completa en el que estará el menor o en caso de que sea una persona particular información completa de la misma; 14. Lugar de trabajo, nombre e información general del padre custodio o tutor legal: teléfono, dirección y nombre del patrono; 15. Información de las personas adicionales al padre custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser el caso; 16. Información del casero en los casos donde la residencia sea alquilada; 17. Certificación de empleo o estudios; 18. Se observará la recomendación del trabajador social en cuanto al efecto que esto tendrá en el menor; 19. El seguro médico que tendrá el menor; y 20. Cualquier otro factor que el juzgador entienda necesario, tomando como principio la equidad entre las partes.

A continuación, incluimos casos analizados por el Tribunal de Circuito de Apelaciones de Puerto Rico que recogen los requisitos establecidos por la Ley 102 de 2018.

López Morales v. Pizarro Osorio, KLAN0200488, Resolución de 28 de junio de 2002; Alioto Tarantino v. Millan Reyes, 98 TCA 1255, KLCE9800718; López Morales v. Pizarro Osorio, KLAN0200488, Resolución de 28 de junio de 2002; Colón Guevara, Serrano Aguayo v. Ex Parte, 2009 TA 4939, KLAN00-0993, Sentencia de 18 de diciembre de 2009; Morales Duran v. Sierra Formisanu, 2005 TCA 3390, KLCE0501369, Resolución de 7 de octubre de 2005; Avilés Rosa v. Santiago, 2009 TA,1705 KLCE200801715, Sentencia de 19 de mayo de 2009; Colberg Lugo v. Rita Rovira Rodríguez, KLAN 201300992, Sentencia de 31 de octubre de 2013; Chardón v. Feliciano Vélez, 2001 TCA 1700, KLCE0100815, Resolución de 21 de agosto de 2001.

La ley 102 de 2018, establece un protocolo para solicitar la relocalización en casos que ya estén establecidas las relaciones filiales. Ese protocolo comienza con la notificación a la parte no custodia de la intención de relocalización. Dicha notificación debe ser realizada 30 días antes de la fecha de la relocalización. La notificación debe incluir toda la información relacionada con el lugar y motivo de la relocalización, los estudios y/o el cuidado del menor, el empleo del progenitor con custodia y la información de las personas adicionales al progenitor custodio o tutor legal con las que vivirá el menor, de ser el caso. De no cumplirse con la notificación y el progenitor con custodia relocalizarse sin la autorización del tribunal o del progenitor que no tiene la custodia, este último podrá solicitar remedios ante las autoridades por violación al Código Penal de Puerto Rico o mediante solicitud de desacato ante el Tribunal.

El protocolo exige que el progenitor que no tiene la custodia exponga su posición respecto a la solicitud de relocalización, a través de correo certificado, en un término no mayor de 20 días, a partir del recibo de la notificación.

En los casos que no exista un caso de relaciones filiales en los tribunales las partes progenitoras podrán llegar a un acuerdo extrajudicial. El acuerdo deberá consignarse en una declaración jurada, firmada por ambas partes. La declaración jurada deberá contener toda la información requerida en la Ley 102 de 2018, para considerar la petición de relocalización, y una expresión detallada de cómo se llevaran a cabo las relaciones filiales.

(Para mayor información consulte a un abogado)