el año 2007 y que constituyen un esfuerzo de consenso por cuanto en su elaboración participaron partidos políticos, personalidades y expertos convocados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo). [192.] Esta política asigna igual importancia y esfuerzo a las acciones de prevención, de represión y de rehabilitación, pues constituyen un todo congruente y armónico. Las medidas de prevención y de reducción de la violencia y del delito se deben emprender desde una perspectiva democrática en la que se potencie el libre ejercicio de los derechos y libertades de las personas con la más amplia participación social e interinstitucional (en especial de los gobiernos locales en el ámbito preventivo y de convivencia) y con el fortalecimiento técnico, científico y humano de las áreas de justicia y seguridad pública del gobierno central. En concordancia con una visión que sea eficaz en el área de la represión, es importante contribuir a reparar el tejido social y a promover acciones que favorezcan la integración de los sectores poblacionales en riesgo delictivo mediante estrategias que reúnan y articulen voluntades, energías y recursos del país. [193.] La política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia se fundamenta en tres premisas: a) las acciones son parte de un sistema integrado donde el Estado implementa la política desde las instituciones gubernamentales, pero con participación ciudadana; b) los esfuerzos deben basarse en la complementariedad de las instituciones y de las políticas públicas y c) debe ser sostenible e irreversible y no coyuntural. Asimismo esta política se basa en principios rectores como la legalidad, la igualdad y la justicia social, el rescate del enfoque de los Acuerdos de Paz, la equidad de género, la transparencia y rendición de cuentas, la participación ciudadana, la unificación y localización, la conducción estratégica institucional, entre otros. [194.] La política nacional de justicia, seguridad pública y convivencia está compuesta por cinco ejes: a) control y represión del delito; b) prevención social de la violencia y del delito; c) ejecución de penas y medidas: sanción, rehabilitación y reinserción social; d) atención a víctimas y e) reforma institucional y legal. Estos componentes se concretarán en la acción institucional, de modo que se traduzcan en estrategias de funcionamiento y de administración que favorezcan su concreción. Además se pondrán en marcha políticas de buen uso y manejo de recursos materiales, de profesionalización de recursos humanos, de efectiva gestión en la adquisición de bienes y servicios y de desarrollo tecnológico institucional.
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