Competencias, Procedimientos y Recursos Constitucionales

FACULTAD DE DERECHO

Competencias, Procedimientos y Recursos Constitucionales

Autor: JUAN ALEXANDER APARICIO PERNĂ?A Editorial: Nuestro Universo. Registrado bajo el Numero S.R.L 24.540

ARAGUA JULIO

FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

05 2019

CONTENIDO INFORMATIVO

Antecedentes del Control Constitucional................................................................................................... 2 El control constitucional en el mundo occidental ...................................................................................... 3 El sistema de control constitucional venezolano....................................................................................... 3 Recursos Constitucionales ......................................................................................................................... 4 Tipos de sistemas de control de la constitucionalidad.............................................................................. 4 La Justicia Constitucional ........................................................................................................................... 5 LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL COMO MECANISMO DE INTERPRETACIÓN, MÁS QUE DE GARANTÍA. ................................................................................................................................................. 6 Control difuso. ............................................................................................................................................. 6 Definición de Control Difuso ....................................................................................................................... 7 Características del control difuso ............................................................................................................... 7 Control Concentrado ................................................................................................................................... 8 Características del control concentrado .................................................................................................... 9 CONCLUSIÓN ............................................................................................................................................ 9 COLABORADORES ................................................................................................................................. 10 CIENCIA Y ENTRETENIMIENTO ............................................................................................................ 10 BIBLIOGRAFÍA ......................................................................................................................................... 11

Antecedentes del Control Constitucional El control de constitucionalidad es el conjunto de herramientas jurídicas que tiene el Estado, para asegurar el cumplimiento de las normas constitucionales mediante los procedimientos y órganos establecidos para revisión de los actos de autoridad, incluyendo normas generales, para corregir, evitar e invalidar cualquier contradicción de la Constitución con respecto a las normas de rango inferior que no hayan sido hechas en conformidad con aquellas (Principio de Supremacía Constitucional).

En los sistemas políticos europeos en el siglo XIX (Francia) solo se aceptó el control de constitucionalidad por el propio órgano legislativo o parlamento, pues era aquel quien se investía de legitimidad por su representación democrática, expresión de la voluntad del pueblo soberano, para dar su apoyo a las clases aventajadas en contra de los campesinos, lo que edificó el miedo a una dictadura judicial. Esta concepción originó y ha mantenido una actitud de absoluto rechazo en contra de la intervención del Poder Judicial para controlar los actos de las asambleas parlamentarias o legislativas.

El constitucionalismo moderno de Estados Unidos y Francia, adoptaron caminos separados a la hora de elegir sus métodos de control de constitucionalidad, en Estados Unidos, la Carta Constitucional era el acto por el que el pueblo soberano delega al gobernante, por lo que ninguna ley contraria a la Constitución puede ser válida, nacida en un clima de pacificación social, mientras que para los franceses el constitucionalismo lo dejaba en manos de la Asamblea Legislativa, órgano con el poder absoluto.

Para la protección política de las diferentes constituciones establecen responsabilidades directas en los jefes de Estado y sus equivalentes:    

España: el Rey "prestará juramento de... guardar y hacer guardar la Constitución", mientras que en Francia: el Presidente de la República vela por el cumplimiento de la Constitución".

Alemania: la Ley Fundamental confía "la legítima defensa del orden constitucional" al Gobierno.

Italia: prevé que "el Presidente de la República, antes de asumir sus funciones, jure fidelidad a la República y observancia de la Constitución ante el Parlamento reunido en sesión conjunta".

Karl Loewenstein:

padre del constitucionalismo moderno, filósofo alemán.

Considera idóneo el sistema de control político porque no se puede esperar que la Asamblea se corrija a sí misma.

Manuel Aragón Reyes:

el control político no persigue como finalidad la de controlar las producciones jurídicamente objetivadas del poder, sino la de controlar a los órganos del poder mismo, directamente sobre el órgano o sobre la actividad que despliega, de tal modo que el objeto inmediato del control político puede ser un acto político concreto o una actuación política general e incluso una norma, pero señala que al controlar ese objeto, lo que en realidad se controla es al órgano del que emana o al que es imputable.

El Control de Constitucionalidad bajo el principio de la Supremacía Constitucional actualmente requiere un medio confiable, legítimo y legal que lo salvaguarde y ha originado un recurso que permite solicitar la nulidad o no efectividad del acto o de la norma violatoria de la Constitución, este recurso se llama Recurso de Inconstitucionalidad. Algunos autores indican que no debe llamarse genéricamente Recurso Jurisdiccional de

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Constitucionalidad, y esto es lógico porque no siempre el Control de Constitucionalidad se le asigna al Órgano Judicial.

En muchas Constituciones, tanto americanas como europeas, el Control de Constitucionalidad lo ejerce normalmente el Órgano Judicial. En cuanto al control constitucional asignado al Poder Judicial de velar por la constitucionalidad, ha sido motivado, principalmente por la poca confianza que ofrecen los Parlamentos, Congresos o Asambleas legislativas para cumplir con esta función, más aún cuando no existe una verdadera separación de poderes y el Órgano Ejecutivo normalmente tiene gran influencia sobre el Órgano Legislativo.

Sin embargo, si no existe la separación e interdependencia de poderes, pudiera ocurrir lo mismo con el Poder Judicial, por lo en ocasiones se busca establecer un control mixto, es decir intervienen tanto el Órgano Político como el Órgano Judicial.

El control constitucional en el mundo occidental El sistema de control de constitucionalidad en el mundo occidental presenta tres variaciones: el jurídico inglés, norteamericano y continental europeo.

En el sistema británico: no hay control judicial de constitucionalidad, el mismo corresponde a la tradición jurídica del derecho común, es decir, ningún juez interno, ni aún el Tribunal Superior constituido por la Cámara de los Lores, puede descalificar una ley dictada por el Parlamento ni una norma inferior, sobre la base que ello viola la Constitución, que en el caso de Gran Bretaña es consuetudinaria y no documentada.

En el sistema americano: proviene de la tradición del derecho común o “common law” y se caracteriza por ser difuso, es decir, que de acuerdo con este paradigma, todos los jueces y tribunales (sin importar su jerarquía) pueden decidir sobre la constitucionalidad de los actos de autoridad, especialmente respecto de las disposiciones legislativas, para casos concretos, con efecto inter partes y tener carácter vinculante a través de la doctrina del precedente o stare decisis (el fallo que origina este sistema nace pretorianamente en 1803).

En el sistema continental europea: se establecieron tribunales especiales encargados de revisar la constitucionalidad de las leyes, motivado que los jueces y tribunales ordinarios no pueden conocer ni decidir cuestiones de inconstitucionalidad influenciado por la corriente de Rousseau, quien postuló la supremacía legislativa como representante de la voluntad general, y la de Montesquieu quien consideraba al juez como un aplicador mecánico de la ley. Este modelo se caracterizó principalmente, por ser concentrado en un órgano constitucional, de composición es mixta e independiente de los poderes político y judicial.

El sistema de control constitucional venezolano El Recurso de Inconstitucionalidad en Venezuela se ejerce a través del Tribunal Supremo de Justicia, máximo órgano dentro de la organización Jurisdiccional Venezolana. Sus orígenes se remontan al constitucionalismo norteamericano y uno de los más grandes juristas europeos Hans Kelsen. El Control Constitucional se introduce de una manera amplia desde el comienzo de nuestra vida republicana en 1811 hasta 1857, siendo competente para esta función el Congreso, con competencia para examinar la regularidad de la ley frente al texto constitucional (control político).

La Constitución de 1858 atribuyó al Control Constitucional el carácter judicial que se mantiene hasta nuestros días, control Concentrado de la Constitucionalidad de las leyes, atribuido al Tribunal Supremo, órgano que ha tenido múltiples y extensas competencias, y se mantuvo inalterable hasta 1961 (Otrora Corte Suprema de Justicia), siendo finalmente la Constitución de 1999 la que crea un órgano de jurisdicción constitucional, representado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia para legislar en materia de Control Constitucional.

El Control Constitucional ha contado con dos tipos de control: 1. El Control Preventivo de la Constitucionalidad de las leyes, caracterizado por ser un control interorgánico en el que intervienen el poder judicial y el poder ejecutivo a través del Veto Ejecutivo. Tuvo su aparición en la Constitución de 1864, la cual pone como

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característica resaltante la de ser una Constitución Federal. 2. El Control Difuso de la Constitucionalidad que en nuestro Derecho no tiene origen ni desarrollo constitucional sino legal. El Código de 1897 lo regula, al conferirle a los jueces de cualquier nivel y ubicación territorial, la potestad para inaplicar, en un juicio entre particulares, sometido a su jurisdicción, una norma legal que consideren inconstitucional, disposición que actualmente permanece invariable. A partir de 1999 con el Texto Fundamental de ese año adquiere rango Constitucional este tipo de control consagrado expresamente en el Artículo 334.

Uno de los principales aportes que esta Constitución de 1999 le brinda a la Democracia y al Estado Social de Derecho lo representa la Justicia Constitucional, cuyas bases están contenidas en el Artículo 7 de la Constitución, el cual prevé de manera expresa el Principio de la Supremacía Constitucional, al sujetar a todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público a la Constitución como norma suprema y el fundamento prístino del ordenamiento jurídico.

Nuestro texto constitucional, establece un sistema integral de control constitucional en el que convergen las dos formas tradicionales de control constitucional: el Control Difuso o Estadounidense y el Control Concentrado o Europeo. Aunado a esto preserva la consagración de la Acción Popular de Inconstitucionalidad, aunque no regulándola pormenorizadamente porque este desarrollo lo hizo la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales de 1988.

Recursos Constitucionales La Constitución Nacional en su artículo 27 contempla el derecho al amparo en su artículo 27, aparte de todos los derechos expresados en la misma, aquellos inherentes a la persona que no figuren expresamente en la Constitución o en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, en un procedimiento oral, público, breve, gratuito y no sujeto a formalidad, y la autoridad judicial competente tendrá potestad para restablecer inmediatamente la situación jurídica infringida o la situación que más se asemeje a ella. El procedimiento de amparo puede ser interpuesto por cualquier persona, y es un derecho que goza de tal preferencia que no puede ser afectado ni siquiera por la declaración del estado de excepción o de la restricción de garantías constitucionales.

Tipos de sistemas de control de la constitucionalidad En el proceso de expansión y evolución de los sistemas clásicos de control de constitucionalidad, el difuso y el concentrado, resulta difícil establecer una tipología única, puesto que existen tantos sistemas de control de la constitucionalidad como modelos político-constitucionales existen. La explicación más cercana al fenómeno de control de la constitucionalidad, ha sido el progresivo, pero, ilimitado proceso de ampliación de las competencias de los Tribunales Constitucionales o Cortes Supremas, en casi todos los sistemas de control de la constitucionalidad, que ha impactado definitivamente su estructura.

Las Cortes Supremas y Tribunales Constitucionales han comenzado a ocuparse sistemáticamente del control de la constitucionalidad de las leyes, además de otras situaciones como: el impeachment (Estados Unidos, Venezuela); resolución de conflictos electorales (Estados Unidos, caso Bush vs. Gore); habilitación de referendas (Italia y Venezuela -1999-); omisiones legislativas (Venezuela), jurisdicción en materia de derechos humanos, en sede interna y supranacional (Alemania, España, Venezuela); control preventivo de leyes (Chile, Ecuador, Venezuela); control de tratados internacionales (España, Alemania, Venezuela); resolución de conflictos entre órganos federales (Alemania); revisión de sentencias (España, Alemania, Venezuela); amparos constitucionales (España, Alemania, Venezuela); interpretación constitucional abstracta (Venezuela); avocamiento (Venezuela), entre otras .

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El insigne procesalista Piero Calamandrei, comenta esta vasta variedad de sistemas de justicia constitucional, ensayando una primera clasificación de los sistemas de justicia constitucional, o como él los llamaba, sistema de control de legitimidad constitucional, conforme a los siguientes criterios: 1. Por su objeto: formal y material 2. Por el órgano que lo ejercita: judicial (difuso) o concentrado (autónomo) 3. Por la legitimación: incidental (pre-judicial) y principal (directamente) 4. Por la extensión: general (erga omnes) y especial (inter partes) 5. Por sus efectos: declarativo (ex tunc) y constitutivo (ex nunc).

Mauro Cappelletti en 1968 presentó una nueva tipología de los sistemas de control de la constitucionalidad:

1. La estructural, referida al sujeto habilitado para controlar la ley 2. La procesal, relativa al acceso a los Tribunales 3. La relativa a los efectos de la sentencia, en la que yuxtapone el modelo difuso al concentrado, relegando el control preventivo a la francesa al ámbito del control político.

También, estableció las siguientes divisiones:

1. Control difuso (americano) y concentrado (austriaco) 2. Control incidental (Estados Unidos y Austria tras la renovación constitucional de 1929, seguida de la de 1975, así como Alemania e Italia) y control directo (Austria).

3. Control con eficacia declarativa (Estados Unidos), y control con eficacia constitutiva (Austria).

La Justicia Constitucional la Constitución de 1999, en materia de revisión o reforma constitucional, estableció tres procedimientos distintos, según la importancia de las modificaciones a la Constitución: las “enmiendas”, para cuya aprobación se estableció la sola participación del pueblo como poder constituyente originario manifestado mediante referendo aprobatorio; la “reforma constitucional”, para cuya aprobación se estableció la participación de uno de los poderes constituidos, —la Asamblea Nacional— y, además, del pueblo como poder constituyente originario manifestado mediante referendo; y la “Asamblea Nacional Constituyente”, para cuyo funcionamiento se estableció la participación del pueblo como poder constituyente originario, de dos maneras, primero, para la elección de los miembros de la Asamblea Constituyente, y segundo, manifestado mediante referendo.

La justicia constitucional se ha estructurado como una garantía adjetiva al derecho fundamental del ciudadano a la supremacía constitucional, y como el instrumento jurídico para canalizar los conflictos entre la voluntad popular y los actos de los poderes constituidos. En esta forma, como lo señaló Sylvia Snowiss en su análisis histórico sobre los orígenes de la justicia constitucional, ésta puede decirse que surgió como un sustituto a la revolución,4 en el sentido de que si los ciudadanos tienen derecho a la supremacía constitucional, como pueblo soberano, cualquier violación de la Constitución podría dar lugar a la revocatoria del mandato a los representantes o a su sustitución por otros, en aplicación del derecho de resistencia o revuelta que defendía John Locke.

En caso de opresión de los derechos, de abuso o de usurpación, la revolución era la solución o la vía de solución de conflictos entre el pueblo y los gobernantes. Sin embargo, como sustituto de la misma fue que precisamente surgió con el constitucionalismo moderno, el poder atribuido a los jueces para dirimir los conflictos constitucionales entre los poderes constituidos o entre éstos y el pueblo. Esa es, precisamente, la tarea del juez constitucional, quedando configurada la justicia constitucional como la principal garantía al derecho ciudadano a la supremacía constitucional.

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LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL COMO INTERPRETACIÓN, MÁS QUE DE GARANTÍA.

MECANISMO

DE

En la actualidad la justicia constitucional, en especial en su diseño kelseniano, surge ante una situación de crisis de la idea de constitución, como un mecanismo más para afianzar y garantizar los principios y valores constitucionales, y muy significativamente los derechos fundamentales y los derechos de las minorías frente a las mayorías parlamentarias. La introducción de mecanismos de justicia constitucional responde a la idea de crear un “garante de la Constitución”, ante posibles situaciones de crisis o de debilidad constitucional. Ello explica en buena medida ese gran protagonismo que los tribunales, cortes o salas constitucionales han tenido en el proceso de renovación del constitucionalismo latinoamericano vivido en las últimas décadas, para cerrar décadas de autoritarismo y regímenes de facto.

En algunos casos las situaciones de "debilidad constitucional" se prolongan demasiado tiempo y se espera que los tribunales constitucionales frenen ataques a la constitución, que pudieran acabar con la libertad. Como ejemplo tenemos la ejemplar reacción que tuvo la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, reaccionando frente al intento de autogolpe de estado del Presidente Serrano, reacción que contribuyó decisivamente al fracaso del mismo y, por tanto, al mantenimiento del sistema democrático. En Perú para la defensa de la constitución y del sistema democrático, el régimen del Presidente Fujimori no tuvo reparo en forzar la expulsión de parte de los jueces constitucionales, expulsión solamente reparada mediante su reintegración a los cargos en una decisión que imponía no sólo la justicia humana sino la propia credibilidad de los valores constitucionales.

No se trata ya sólo, ni siquiera primordialmente, de "proteger" la constitución frente a embates autoritarios, sino de protegerla frente a eventuales lesiones que no cuestionan el sistema constitucional en sí, buscando adecuar éstos a la propia evolución de la sociedad, garantizando la misma a través de su interpretación.

Control difuso.

El control difuso tiene sus antecedentes en la Supremacía Constitucional, con antecedentes en Hamilton, donde la argumentación presentada por John Marshall en el caso Masbury , se constituye en una de las más sólidas defensas del control judicial de constitucionalidad, al sostener que la capacidad del Poder Judicial de negar la validez a una norma legislativa no implica superioridad de los jueces respecto de los legisladores, sino que al ratificarse la preeminencia de la Constitución, que es el documento que más fielmente refleja la voluntad soberana del pueblo, se reafirma el peso de la voluntad popular.

En lo dicho anteriormente, el presidente del Tribunal John Marshall resolvió este dilema al decidir que el Tribunal Supremo no estaba facultado para dirimir este caso al dictaminar que la Sección 13 de la Ley Judicial, que otorgaba a la Corte estas facultades, era inconstitucional porque ampliaba la jurisdicción original del Tribunal de la jurisdicción definida por la misma Constitución. Al haber decidido no intervenir en este caso en particular, el Tribunal Supremo aseguró su posición como árbitro final de la ley.

Había nacido el control judicial sobre la conformidad de las leyes a la Constitución. Las conclusiones de la sentencia son tan claras y convincentes que continuamente son recordadas las palabras del Juez Marshall: “o la Constitución controla cada acto del legislativo contrario a ésta o el legislativo puede alterar a propia discreción la constitución con una ley ordinaria”.

Si la primer parte de la alternativa es cierta, una ley contraria a la Constitución no es una ley; si la última parte es la verdadera, las constituciones escritas son tentativas absurdas por parte del pueblo de limitar un poder que, por su naturaleza misma, no puede ser limitado […] Ciertamente, todos aquellos que han elaborado las constituciones escritas, las contemplaron como formando la ley fundamental y suprema de la nación, y consecuente, la teoría de cada uno en tal gobierno de ser que una ley de la Legislatura repugnante a la Constitución es nula .

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A partir del fallo Marbury vs. Madison se inicia el desarrollo jurisprudencial y doctrinario del judicial review o control judicial (difuso) sobre la constitucionalidad de la legislación, que se va a convertir en el pilar fundamental del sistema constitucional norteamericano, siendo uno de sus rasgos más sobresalientes su origen jurisprudencial y no constitucional.

Definición de Control Difuso La expresión Justicia Constitucional es un concepto material que equivale al control judicial de la constitucionalidad de las leyes y demás actos estatales y siempre ha sido ejercido en Venezuela por todos los tribunales y todas las jurisdicciones.

Alfonso Rivas Quintero define el control difuso como: “El mecanismo de rango constitucional que ordena a todos los jueces del país, haciendo abstracción de su jerarquía, asegurar la integridad de la Constitución Nacional …...”

Eloy Lares Martínez afirma que:

El control difuso “autoriza a los jueces de toda jerarquía para desaplicar las leyes cuando las juzgan contrarias a la Constitución….”

Allan Brewer Carías: el control difuso: “es una institución que permite a cualquiera de las partes en un proceso solicitar la inaplicación de una ley que se estime inconstitucional, en cuyo caso el juez puede aplicar con preferencia la Constitución e inaplicar la ley en el caso concreto, teniendo por supuesto, la decisión, efectos inter parte”

Características del control difuso El control difuso en Venezuela tiene rango constitucional, en virtud de su consagración en la Constitución de 1999 en su artículo 334, ya que desde su origen y hasta 1999 tenía un rango legal. En ese sentido presenta las siguientes características:

1. Es un sistema desconcentrado de control judicial de la constitucionalidad, en virtud del cual, todos los jueces están facultados para revisar la legitimidad constitucional de las leyes para desaplicarlas.

2. Es un mecanismo de control de la constitucionalidad, en virtud del cual se le otorga a todos los jueces de la República, sin importar su jerarquía, la facultad de desaplicar una norma que colidiere con el texto constitucional.

3. Tiene efectos inter partes y no “erga omnes”; el juez que ejerce el control difuso, no anula la norma inconstitucional, sino que se limita a desaplicarla en el caso concreto en el que consideró que los artículos de la ley invocada, o hasta la propia ley, coliden con la Constitución.

4. Puede ser ejercido de oficio ya que el juez no tiene que esperar la solicitud por las partes para la desaplicación de una norma inconstitucional.

5. No anula la ley constitucional sino que se desaplica al caso concreto.

6. Es un control incidental y especial puesto que se parte del supuesto de que las normas no son inconstitucionales y por lo tanto no coliden con la Constitución.

7. No afecta la vigencia de la ley, lo cual es consecuencia de la extensión de los efectos de la desaplicación de la norma inconstitucional entre las partes y no erga omnes.

8. La extensión de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad hacia el pasado, esto es, producir efectos ab initio del acto impugnado o con efectos ex trunc.

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Control Concentrado En Venezuela existe un sistema mixto de control de la constitucionalidad, que es a la vez difuso y concentrado.

El control de la constitucionalidad de las leyes en Venezuela, como control concentrado, se atribuye a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgano que lo ejerce paralelamente al funcionamiento del sistema difuso de control.

La Sala Constitucional puede declarar la nulidad total o parcial por inconstitucionalidad de las leyes nacionales y demás actos con rango de ley de la Asamblea Nacional, así como también la competencia para declarar la nulidad total o parcial de las constituciones y leyes estadales, de las ordenanzas municipales y demás actos de los cuerpos deliberantes de los estados y municipios dictados en ejecución directa de la Constitución y que colidan con ésta, así como los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional que igualmente contraríen a la Constitución y aquellos dictados en ejecución directa e inmediata de la Constitución, dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del poder público, está establecida de forma explícita, en el artículo 336 de la Constitución.

La Constitución prevé un control judicial concentrado de la constitucionalidad de todos los actos del Estado, delegado de forma inequívoca a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en el artículo 334 constitucional. Pero además, el artículo 20 del Código de Procedimiento Civil faculta a todos los Tribunales de la República competentes, en los casos concretos que resuelvan, para declarar la inaplicabilidad de las leyes y otros actos normativos del Estado si estiman que éstos son inconstitucionales. Se trata de la consagración legal del control difuso de la constitucionalidad de las leyes.

También, el artículo 3 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales consagra la procedencia de la acción de amparo contra normas, cuando la violación o amenaza de violación de los derechos fundamentales derive de una norma que contradiga la Constitución, en cuyo caso, la autoridad judicial competente tiene atribución para precisar la inaplicación de la norma impugnada.

Por consiguiente, el sistema venezolano de control de la constitucionalidad de las leyes y demás actos del Estado, es muy amplio desde que combina los controles concentrados, el difuso de la constitucionalidad de las leyes y la protección del amparo constitucional. En cuanto al control concentrado de la constitucionalidad, la Constitución de 1999 lo establece como facultad propia del Tribunal Supremo de Justicia tal como se desprende de la letra del Artículo 266 numeral 1: “Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: Ejercer la Jurisdicción Constitucional conforme al Título VIII de esta Constitución...”

El Control concentrado ejercido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, tiene dos vertientes ya que en principio es un control de la constitucionalidad a posteriori, ejercido mediante una acción popular, luego de que la ley cuestionada haya entrado en vigor y haya producido efectos y el previo (a priori), a petición del Presidente de la República antes de la promulgación de las leyes aprobadas por la Asamblea Nacional. En ese sentido, tenemos: 1. El control a posteriori de la constitucionalidad de las leyes: la acción popular de inconstitucionalidad.

2. La actio populares y el carácter principal del proceso: puede ser requerida por cualquier persona natural o jurídica, que goce de sus derechos.

3. Los actos del Estado sometidos a control Conforme a la Constitución: actos de Estado podrían ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad: las leyes nacionales , de la Asamblea Nacional, leyes estadales, Ordenanzas Municipales, los actos con rango de ley dictados por el Ejecutivo Nacional y los actos dictados por cualquier otro órgano estatal en ejercicio del poder público.

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Los motivos de la acción en cuanto a los motivos de la acción popular de inconstitucionalidad o la posibilidad de suspensión temporal de los efectos de la norma impugnada en caso de violación de derechos fundamentales, debe limitarse a declarar la nulidad o no de la ley, acto o artículos impugnados, y, en consecuencia, declararlos nulos o declara sin lugar el recurso.

Características del control concentrado El control concentrado de la constitucionalidad en Venezuela presenta las siguientes características:

1. Rango Constitucional: el control concentrado de la constitucionalidad se encuentra establecido expresamente en el nuevo texto constitucional en su artículo 336 (rango constitucional).

2. Carácter Universal: en sentencia de 25 de junio de 2002, caso Luís Cova Arria, expresó que “...en el régimen venezolano no existen actos del Poder Público que puedan escapar del control jurisdiccional.

3. Objetivo: la acción de inconstitucionalidad no se interpone contra el órgano del Estado que hubiese adoptado o promulgado la ley cuestionada por inconstitucionalidad.

4. No tiene Caducidad: la inconstitucionalidad del acto cuestionado no tiene caducidad (puede ser interpuesta en cualquier momento).

5. Efectos erga omnes: es oponible frente a todos y no solamente para aquellos que intentaron la acción.

6. Acción Popular: la inconstitucionalidad puede ser requerida por cualquier persona natural o jurídica .

7. Se concentra en un solo órgano: el control concentrado de la constitucionalidad sólo puede ser ejercido por ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (artículos 335 y 336 CRBV) 8. La decisión tiene carácter de cosa juzgada: la decisión no puede ser objeto de una revisión, ni modificada ni por el órgano encargado para dictar dichas sentencias.

9. Jurisprudencial: el juez constitucional ha perfilado los caracteres de este sistema de control y determinado la relevancia de mantener incólume el sistema de control concentrado de la constitucionalidad en Venezuela.

10. Regulación Provisional: el sistema está regulado provisionalmente en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia.

CONCLUSIÓN Para garantizar un equilibrio político, social y económico se debe controlar la aplicación correcta de la constitución, garantizar elecciones libres y justas, una efectiva representatividad democrática; pluralismo político; efectiva participación democrática en la gestión de los asuntos públicos; transparencia administrativa efectivo acceso a la justicia; efectiva garantía de respeto a los derechos humanos, ajustado al principio de legalidad.

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COLABORADORES

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CIENCIA

Y

ENTRETENIMIENTO SUDOKU

CHISTE

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BIBLIOGRAFÍA De Henríquez N. El Sistema de Control de La Constitucionalidad en Venezuela Brewer-Carias A. El juez constitucional vs la supremacía constitucional.

Asamblea Nacional de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. (1999) González A. (2009). Bases Fundamentales del Derecho Procesal Constitucional Venezolano.

Universidad Monteávila.

Madrid R. Las Competencias de la Sala Constitucional. Revista de Derecho y Sociedad. http://www.ulpiano.org.ve/revistas/bases/artic/texto/DERYSO/3/deryso_2002_3_13-48.pdf (Consulta en Línea) Madrid R. Derecho Procesal Constitucional. http://www.badellgrau.com/byg/upl/files/DERECHO %20PROCESAL%20CONSTITUCIONAL%20%20Rafae%

20Badell%20Madrid.pdf

(Consulta

en

Línea)

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