Pulso Regional

PODER

Estamos en el segundo quinquenio de la crisis política en Perú. Van siete años de mezquinos enfrentamientos entre políticos que solo defienden sus intereses: unos quieren apoderarse del gobierno pese a haber perdido en elecciones y otros se aferran al poder pese a su in eficiente desempeño y las denuncias de corrupción. En medio, un país con una economía que sobrevive gracias al piloto automático; y una población cada vez más gol peada por la carencia y la escasez.

A estas alturas, la crisis parece haber llegado a su pico más alto. Una tercera moción de vacancia es taba por ser presentada por la oposición congresal -que buscó la destitución presidencial desde el día 1 del go bierno de Pedro Castillo–. Se sustenta en todo lo que ha investigado hasta ahora la Fiscalía sobre los actos de corrupción del entorno más cercano del presidente, lo que incluye, en última instancia, una acusación consti tucional en contra del mandatario. Acusación que, se gún sostienen varios constitucionalistas, es inaplicable, porque el artículo 117 de la Constitución delimita con precisión los cuatros supuestos para que proceda un jui cio político contra el jefe de Estado. Ninguno de esos cuatro son corrupción u obstrucción a la justicia. Ac tuar en contravención a esa norma, sería inconstitucio nal y abriría las puertas a “interpretaciones auténticas” al gusto de los que tengan mayoría en el Congreso.

El presidente Pedro Castillo respondió pidiendo activar la Carta Interamericana de la Organización de Es tados Americanos (OEA) para “preservar su proceso polí tico, democrático e institucional del ejercicio del poder”. La OEA decidió enviar una comisión de alto nivel al país a fin de ayudar a escuchar a todas las partes y plantear qui zás una salida o algunas recomendaciones. Castillo tam bién inició una campaña para desacreditar a la desacredi tada fiscal de la nación Patricia Benavides y para bloquear toda investigación. No quiere responder a la justicia.

Sin embargo, lejos de que este mecanismo de la OEA abra las puertas al diálogo y a la búsqueda de una salida por los cauces democráticos, ha ocasionado el recrudecimiento de los puyazos entre Ejecutivo y Legislativo.

Desde afuera el Perú es visto -lo vimos en la re unión de la OEA- como un país donde ciertos grupos no quieren y no aceptan a un gobernante ajeno a las élites. Pero además observan este proceso como un camino peli groso a la destrucción de las instituciones democráticas. Mientras tanto, la propuesta de adelanto de eleccio nes con reformas mínimas para no repetir la historia de elegir impresentables ha sido mandada al archivo en el Congreso. Presidente y Legislativo se aferran a sus cuotas de poder, no hay ningún gesto de despren dimiento. Tal parece que unos y otros, sin importar el color político, creen en esa sentencia leninista: salvo el poder, todo es ilusión.

Asociación

La última.

Nota al cierre de edición

Un incendio forestal diario se registra en Cusco

Apenas es octubre y se produje ron más de 350 incendios fores tales en Cusco: un incendio cada día en promedio. El fuego des truyó más de 30 mil hectáreas de bosques y pastizales, y ocasiona ron la muerte de dos personas y animales (ovinos, vacunos y ca mélidos), y destruyeron vivien das y campos de cultivo.

El siniestro más duro de octubre ocurrió en las comuni dades del distrito de Pomacan chi (Acomayo). El incendio duró cinco días y destruyó el 90 % del Parque Natural de Reserva de Vicuñas Pumawasi (1300 hec táreas). Unos 15 ejemplares mu rieron y 185 fueron afectados. En la reserva vivían alrededor de 600 ejemplares de vicuñas. Este incendio también redujo a cenizas 2000 eucaliptos, 34,000 plantas nativas, 5,000 plantones de árbol de pino, 180 postes de cerco y 8 kilómetros de malla ganadera. En Pumawasi se que maron pajonales y vegetales que eran el alimento para la pobla ción de vicuñas.

A cientos de kilómetros al sur, un aire caliente y olor a humo puso en alerta a los pobla dores de la comunidad campe sina de Huisa Ccollana, provin cia de Espinar. El fuego corrió a campo abierto como sobre la pólvora. Soplaba fuerte el viento que agigantaba las lenguas del incendio que devoró pastizales andinos. Dejó 45 casas afecta das, se perdieron productos de pan llevar que estaban almace nados en sus ambientes de ado be, los cercos de madera de los corrales se quemaron. Cientos de animales no tuvieron alimen to por días.

En el distrito de Kuntur kanki de la vecina provincia de Canas también ardió el pasto. El fuego destruyó más de 2000 hec táreas de pastos naturales, murie ron 140 ovejas y algunas vivien das fueron incendiadas en los sectores Thusa, Choquira, Puca cancha, Laramani y Vilcamarca. Y así el fuego siguió ardiendo en las provincias, distritos y comu nidades de la región Cusco.

Correo:

Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113

1.000

Ejército persigue a organizaciones legales del Perú

que devino en una evaluación de supues tas amenazas en las regiones sureñas y lo entregó en abril.

Escribe: José Víctor Salcedo

REGLAJE. Los mails hackeados y revelados a través del Internet ponen en evidencia el papel criminalizador que está cumpliendo el Ejército en contra civiles, defensores sociales, así como de organizaciones sociales y de derechos humanos legales. Se pretende construir una narrativa que ponga a estos grupos como agentes que buscan desestabilizar la democracia.

Un grupo de hackers, conocido como Guacamaya, sustrajo y filtró más de 183 mil correos electrónicos del Ejército y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú. Ocurrió lo mismo en Chile, México, Colombia y El Salva dor. Conocida la filtración, en Chile, por ejemplo, rodaron cabezas de los jefes militares.

En el Perú hubiera pasado des apercibido si no fuera porque algunos periodistas accedieron a los correos, en contraron hechos cuestionables y los ex pusieron. La Encerrona fue uno de esos medios. Los correos filtrados muestran

que el Ejército peruano hace “reglaje” a partidos políticos, autoridades electas, organizaciones civiles y organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional, Dere chos Humanos Sin Fronteras, Instituto de Defensa Legal y CooperAcción estu vieron y -posiblemente sigan- en la mira de los militares, una práctica irregular que viola derechos y las leyes internas del país.

En los correos hay un reporte de inteligencia de inicios de año del Co mando Operacional del Sur del Ejército. Personal militar realizó un seguimiento

“Afectaciones al Estado demo crático”, es la etiqueta que le pusieron a este documento que criminaliza y es tigmatiza a organizaciones legales y a defensores sociales. El informe del Ejér cito acusa a estas organizaciones que tra bajan en el corredor minero del sur de hacer labores para «infiltran» y asesorar a la población en contra de la minería. Pretenden hacer consentir que son los responsables de impulsar acciones de protesta en zonas mineras, cuando la responsabilidad de que estos se activen recae en el Gobierno nacional y en las empresas mineras, que incumplen los compromisos asumidos en las mesas de diálogo (Ver pág. 14 y 15).

Lo que estás organizaciones ha cen es capacitar y acompañar a las co munidades campesinas o poblaciones locales en derechos y mecanismos de defensa para proteger sus derechos al te rritorio, a un medio ambiente saludable y a ser informados y consultados cuando se impulsen proyectos extractivos. Este hecho, por un lado, vulnera las normas -según Juan Carlos Ruiz, de IDL- por que no es competencia constitucional del Ejército hacer “reglaje” a organizaciones legales; y, por otro lado, sus informes sin “inteligencia” se centran en etiquetar a estos organismos como agentes de des estabilización.

Pero también siguen a personas. Por ejemplo, en esos correos aparece el nombre del ex militante del Frente Amplio, Héctor Herrera, abogado de fensor de los ciudadanos que protesta ron en contra del proyecto minero Tía María, de Southern, como un agente perturbador.

Ni desde el Ejército ni desde el Ejecutivo nacional han explicado este exceso de las fuerzas del orden al reali zar seguimiento a organizaciones socia les, líderes sociales y políticos. No es la primera vez, sostiene Oracio Pacori de DHSF, que el Estado vigila a defensores sociales en las regiones del sur. Ahora hace lo mismo con las organizaciones que trabajan en la defensa de los dere chos humanos. “En un estado democrá tico no podemos admitir este tipo de ac ciones, que no ayudan a solucionar los conflictos sociales”, dijo.

En efecto, en años pasados tam bién se puso en evidencia una práctica similar. Hubo casos de seguimiento a de fensores sociales, dirigentes comunales, periodistas y organizaciones que traba jan con las comunidades.

Guacamayaleaks: “Reglaje” a defensores de derechos humanos

según el Ejército, cuentan con el asesora miento de organismos no gubernamenta les.

El mote de anti

El pasado 6 de octubre, a través del pod cast La Encerrona y en redes sociales, se conoció que la organización Hacktivista Guacamaya sacó a la luz pública secretos de gobiernos y ejércitos latinoamericanos, en particular del Perú. Sobre este hecho escribe el argentino Cristian Ascencio: “Los hackers los espiaron a ellos, pero ellos [el Ejército] nos espían a nosotros”.

Los hacktivistas filtraron al me nos 100 gigabytes de información. En

esa base de datos se ve un informe del Ejército peruano que dice “afectaciones al Estado democrático”. Allí aparecen descritas organizaciones políticas, di rigentes y periodistas locales. También están incluidos en los informes de inte ligencia organizaciones no gubernamen tales, entre ellas, Amnistía Internacio nal, Derechos Humanos Sin Fronteras de Cusco, el Instituto de Defensa Legal IDL, CooperAcción y otros a quienes se les atribuye que realizan acciones de capacitación y asesoría de las diferentes organizaciones campesinas para “efecti vizar medidas de protesta”.

El Ejército del Perú califica a las organizaciones sociales, comunidades y sus dirigentes como “actores de la amena za” que “promueven un cambio de mode lo económico y una nueva Constitución”, y para el cumplimiento de estos fines,

Debemos empezar desmitificando la eti queta “anti”, incluso en el lenguaje de los funcionarios del Estado que con facilidad declaran y acusan a personas que asumen el rol de dirigentes o representantes de organizaciones sociales. Las empresas extractivas también tienen un ánimo de estigmatización de personas que protes tan cuando es evidente los impactos y afectaciones en sus cuerpos y en el medio ambiente.

Recordemos el informe del Re lator Especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, Mi chel Forst, quien cita: “Los defensores de los derechos sobre la tierra y los derechos ambientales se ven particularmente afec tados por esta práctica. En vez de que sus reivindicaciones se entiendan como cues tiones de respeto de los derechos huma nos, con frecuencia se describe pública mente a los defensores como ‘opositores al desarrollo’ y ‘grupos radicales anti mi nería’ y se los acusa de defender intereses egoístas o corruptos, puesto que intentan impedir la explotación de recursos eco

Escribe: Helio Cruz Chuchullo (*)

“El grupo Guacamaya espío a los ejércitos, y por eso descubrimos que los ejércitos nos espían a nosotros” (Connectas.org).

El Ejército pretende que las organizaciones de derechos humanos sean vistas como enemigas de la democracia.

nómicos, desviar parte de las ganancias procedentes de esa explotación hacia las comunidades afectadas o cambiar el mé todo de extracción de los recursos”.

Antes de que el Estado se forme una opinión sobre el rol de la promoción de derechos humanos inician con las eti quetas “anti”, lo que no contribuye a cons truir herramientas de solución de conflic tos socio ambientales. En el departamento de Cusco, en las provincias de Espinar, Chumbivilcas y Paruro no hay un discur so en contra de la actividad minera sino de exigencia de garantías de consulta previa, procesos de consentimiento, participación ciudadana, transparencia de la informa ción ambiental y acceso a reparación por los impactos y afectaciones que produce la explotación de recursos naturales.

El espionaje a organismos no gu bernamentales que trabajan en el ejercicio y promoción de derechos humanos en territorios de comunidades campesinas y nativas en el Perú, ha sido permanente. Antes apareció en los informes de inteli

gencia de la Policía, también filtrados por hackers, poniendo en riesgo la seguridad personal de los integrantes de las ONG y también de las personas defensoras de derechos humanos que asumen un rol de representación social.

El espionaje constituye el abuso del poder estatal que al parecer no tiene límites. Esta forma de persecución es una amenaza a la democracia representativa y a los valores democráticos que con mucha dificultad se ha construido en los últimos 20 años. Las Fuerzas Armadas al parecer no entienden su rol en el Estado. En vez de concentrar esfuerzos con la paz social, la seguridad y el respeto de la Constitu ción, actúan contra la democracia y la Constitución que tanto dicen defender.

La Constitución (artículo 168) se ñala que las “Fuerzas Armadas organizan sus reservas y disponen de ellas según las necesidades de la Defensa Nacional, de acuerdo a Ley”. La Ley del Ejército del Perú expresa como competencia que “… controla, vigila y defiende el territorio na

ANDINA

cional, de conformidad con la ley y con los tratados ratificados por el Estado, con el propósito de contribuir a garantizar la independencia, soberanía e integridad te rritorial de la República”.

La información hackeada es más bien de “espionaje” porque aborda hechos derivados de la situación de conflictividad socio ambiental, donde tienen competen cia la Policía, la Fiscalía, ministerios del Poder Ejecutivo, Defensoría del Pueblo y Gobiernos locales, que al menos en Es pinar y Chumbivilcas tienen desplegados un conjunto de actividades.

Entonces, surge la duda ¿A quién o quiénes transmitirá esta información de personas y ONG fruto del reglaje?, ¿para qué el trabajo del Ejército? De acuerdo a la difusión los hackers, al momento de descargar la información del Ejército también veían a otros usuarios haciendo el mismo papel.

La Constitución (artículo 44) ex presa que “son deberes primordiales del Estado: defender la soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de los dere chos humanos; proteger a la población de las amenazas contra su seguridad; y promover el bienestar general que se fun damenta en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado de la nación”.

En línea con lo expresado en la Constitución, el Ejército debe contribuir con desarrollar esos deberes del Estado, sin embargo, su actuación pone en riesgo a las personas que ha comprometido en sus informes, mucho más al catalogarlas de “amenaza a la democracia”.

El ejercicio abusivo del poder debe tener contrapeso, debe ser sometido a fiscalización. El autoritarismo que se de riva de una vigilancia o reglaje sin man dato judicial, actuar como espías sin que los resultados contribuyan a la democra cia y al estado de derecho, hacen todo lo contrario: alientan el conflicto social am biental, continúan con la confrontación de los pueblos con empresas extractivas y no ayudan a canalizar soluciones mediante mecanismos de diálogo. El Estado desde hace décadas actúa a contracorriente de las inversiones.

No se debe permitir esta forma de persecución estatal, sea del ejército u otra institución, incluso la privada. La sociedad debe exigir el esclarecimiento pese a que el ministro de Defensa salió a minimizar el hackeo, no puede ima ginarse cuánta información se puede encontrar en más de 100 gigabytes. El ministro no tiene la menor idea del ries go que representa. Se debe investigar e identificar a los responsables de esta for ma de seguimiento ilegal que se le hace a personas e instituciones defensoras de derechos humanos.

Las personas defensoras de dere chos humanos están en situación de es tigmatización y criminalización, negados por el Estado. Pero sus luchas son por rei vindicaciones sociales, justicia y repara ción.

Este es uno de los documentos del Ejército filtrados por los hackers.

(*) Coordinador Área Legal DHSF.

Desde el Ministerio de Defensa no aclaran el porqué del “reglaje”.

Te espío porque te temo

Se tiene miedo que el país advierta que las comunidades locales alrededor de esos enclaves siguen siendo pobres, al contra rio de la propaganda que auguraban el pa raíso económico. Se tiene miedo que las comunidades se organicen, porque para llevar adelante los emprendimientos ex tractivistas es necesario que los grupos locales estén desinformados y desorgani zados.

La revelación de la vigilancia sobre or ganizaciones ciudadanas efectuada por el Ejército Peruano no es una excepción. Similares situaciones se registraron en el pasado, así como en los países vecinos. Expresa el sesgo autoritario que anida en nuestra vida política, pero también deja en evidencia otro aspecto clave: es un es pionaje motivado por el temor de quienes saben que carecen de argumentos e ideas.

En efecto, la vigilancia, control, espionaje e incluso infiltración de orga nizaciones ciudadanas se repiten desde hace años en América Latina. En Perú basta recordar el modo en que se vigilaba a un grupo local en Cajamarca, Grufides, en el contexto de los debates alrededor de la minería en 2006. Marco Arana, que en aquellos años era la figura más visible de la institución, fue etiquetado como el “Diablo” por quienes lo espiaban, y Gru fides era el “Infierno”. Los que realizaban esa tarea trabajaban para una empresa de seguridad privada, que a su vez era finan ciada por otra compañía de seguridad, Forza, que brindaba servicios a la minera Yanacocha. Esa intervención de las lla madas compañías militares y de seguri dad privadas se repite en Colombia.

Ese caso peruano fue un escánda lo, pero con el paso del tiempo se debili tó, hasta que en 2019 el fiscal responsable archivó el caso sin haber citado a nadie de Forza. La lección en esas y otras situa ciones muestra que esos espionajes pro liferan también por la impunidad que les brinda el propio Estado.

En los países vecinos se puede re cordar que, en Argentina, la Gendarmería espiaba a las organizaciones ciudadanas y a sus líderes. Conocido como “Proyecto X”, esas tareas incluyeron la infiltración en movilizaciones y en reuniones, las que parecería que se mantuvieron hasta por lo menos 2017 a pesar de las denuncias. En Brasil ocurrieron situaciones similares, incluyendo la infiltración de informan tes dentro de movimientos sociales que denunciaban la construcción de mega represas y que reportaban al servicio de la Agencia Brasileña de Inteligencia. En Ecuador, de modo similar se vigiló e in filtró al colectivo Yasunidos, quienes se enfocaban en detener la explotación pe trolera en la Amazonia.

Un repaso de estos y otros casos muestra que el espionaje ocurrió tanto

bajo gobiernos conservadores como pro gresistas. Desde el poder, sea desde una vertiente ideológica como de otra, se ca lló o se toleraron esos procedimientos. El Estado terminó siendo funcional a las empresas extractivistas, y éstas aprove chaban lo que podría describirse como una “tercerización” del espionaje al dejar lo en manos de empresas subcontratadas, de policías o militares. Además, el Estado mantuvo la incapacidad judicial penalizar a los responsables.

Son prácticas que violan múltiples derechos y que al mismo tiempo deterio ran la democracia. Por esa razón se deben acompañar las denuncias que hacen las organizaciones peruanas, tales como las que expresó Cooperacción, y apoyarlas solidariamente.

Más allá de esto, no debe dejarse de advertir otra cuestión que está en jue go y que es de la mayor importancia. Se espía a las organizaciones que denuncian los impactos de los extractivismos porque se les teme. Se tiene miedo que se conoz can los efectos sociales y ambientales negativos, ya que los extractivismos solo pueden prosperar cuando se los oculta.

Se tiene miedo que se sepa que las aguas están contaminadas o que hay en fermos graves, porque el desconocimien to es lo que blinda a los extractivismos.

Los defensores de los extractivis mos repiten que controlan efectivamen te la contaminación, brindan puestos de trabajo, promueven la mejora económi ca, y que, por ello, solo una minoría está en contra. Si eso fuera cierto, que apenas unos pocos enfrentan los impactos de esos emprendimientos, seguramente ni las em presas ni los políticos se molestarían en lidiar con ellos. Serían tan pocos que no tendría sentido vigilarlos, espiarlos o in filtrarlos.

Pero sucede exactamente lo con trario. Es por esa razón, que el hecho de montar esos dispositivos de control y vi gilancia es una demostración de la fuerza y amplitud que han adquirido las alertas ante los extractivismos, y la relevancia que tiene toda la evidencia científica y cotidiana sobre sus impactos. No son ni pocos, ni ignorantes. Son muchos, están organizados, se sienten respaldados por informaciones y experiencias.

Si te espían, es porque lo que pre gonas es tan importante que desde los sa lones del poder empresarial y político se tiene que organizar y financiar esas vigi lancias. Ese espionaje es, en su esencia, una demostración de temor y debilidad.

(*) Artículo publicado originalmente en Noticias SER.

Escribe: Eduardo Gudynas / Investigador en el Centro Latino Americano de Ecología Social-CLAES (*).

La tradición de hacer “reglaje”

Armadas y su funcionamiento no tienen ningún protagonismo en el orden inter no, salvo casos muy definidos de las ex cepciones en casos de emergencia (art. 137 de la Constitución).

Años atrás, cuando trabajaba en la Ge rencia de Gestión de Recursos Natura les y Medio Ambiente de un Gobierno regional, informaron que un experto en seguridad sería nuestro gerente. Desde luego el equipo pensó que sería en ex perto en desastres naturales, pero el era un ex marino y tenía conocimientos en interceptaciones de comunicaciones, se guimientos y otros medios para realizar “reglajes” a opositores políticos locales.

¿Extraño? No si recordamos el papel de la Marina de Guerra y su rol con la CIA durante el gobierno de Juan Velasco y, de modo más actual, todo el “reglaje” polí tico que realizaba Vladimiro Montesinos durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ha sido, es y sigue siendo una práctica común en muchas instancias del apara to estatal. Hoy se repite en los casos que

se han detectado de manera fortuita por el hackeo del grupo Guacamaya de in formación del Ejército. La respuesta del Ejército es el Comunicado MINDEF 112022, del 7 de octubre de 2022, en el que solo señala su preocupación por el hac keo, pero de sus prácticas nada.

El artículo 165 de la Constitu ción Política de 1993 señala que “las Fuerzas Armadas… tienen como fina lidad primordial garantizar la indepen dencia, la soberanía y la integridad te rritorial de la República”. En el artículo 166 precisa que “la Policía Nacional tiene por finalidad fundamental garan tizar, mantener y restablecer el orden interno”. En todo caso, cabe en los mar cos de seguridad con el Poder Judicial por investigaciones que realiza. Se de fine entonces que el rol de las Fuerzas

Siendo una práctica estatal que se repite, es indispensable ingresar a de batir y penalizar esta práctica no autori zada por órgano competente. A 200 años de independencia y 12 Constituciones Políticas, no hemos logrado organizar un aparato administrativo que permita cumplir con el respecto a los derechos fundamentales de las personas que están expresados, principalmente, en los dife rentes incisos del artículo 2 de la Consti tución Política de 1993.

Debe quedar claro que se ha de jado de asumir la responsabilidad políti ca de los ministros de Estado, además de las responsabilidades administrativas y penales que puedan tener en el ejercicio de su función. Frente al “reglaje estatal” de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Daniel Barragán Coloma, debe renunciar inmediatamente, y se debe nombrar a un nuevo ministro de Defen sa, que presente al Consejo de Ministros y a la ciudadanía las acciones que tomará para terminar con estas prácticas.

Mientras los defensores y defensoras de derechos humanos sin víctimas de asesinatos, el Ejército les hace seguimiento ilegal.

Escribe: José Romero Quiroz / Abogado, Centro Bartolomé de Las Casas.

Perú en un callejón sin salida

Escribe: José Víctor Salcedo

CRISIS. El presidente Pedro Castillo espera sobrevivir a este nuevo proceso iniciado por la oposición política, empresarial y social para sacarlo de palacio de gobierno. Nadie sabe si el camino correcto y efectivo para destituirlo sea la vacancia o la suspensión. El jefe de Estado acusó la preparación de un golpe de estado y convocó la intervención de la OEA, que decidió respaldarlo y activar ese mecanismo. La permanencia de Castillo se jugará dentro y fuera del país. Para el 5 de mayo han convocado a una protesta nacional.

No se sabe cuánto tiempo más logrará sobrevivir el presidente Pedro Castillo Terrones. Después de los dos intentos fa llidos de vacancia, ahora se han puesto en marcha varios procesos con el objeti vo de destituirlo.

Castillo Terrones está siendo cercado desde diferentes flancos por acciones legales (seis investigaciones preliminares desde ascensos en las fuerzas armadas hasta obras presunta mente adjudicadas de manera ilícita) y

otros no tan legales (acusación consti tucional).

Una nueva moción de vacancia alista la oposición, por iniciativa del congresista morado Edward Málaga; la acusación constitucional de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, por causales que no están enmarcados en el artículo 117 pretende ser usada para sacarlo del cargo; las delaciones de quienes hasta hace poco fueron sus hombres de con fianza estrechan el cerco sobre su posi ble participación directa en hechos de corrupción.

Tampoco está descartada una posible modificación de la Constitución para debilitar la protección presidencial o el cambio del reglamento del Congre so para reducir los votos para la vacan cia o un proceso para suspender al jefe de estado. El abogado y analista Oscar Matutti Sánchez consideró que, en este escenario y estando pendiente la resolu ción del Tribunal Constitucional, parece más posible la suspensión del presidente.

La estrategia

El presidente Castillo espera salir airoso de este tercer momento. Pero no se le ve tan convencido como en los anteriores intentos que hubo para sacarlo de palacio de gobierno. El 20 de octubre, el mismo día de su cumpleaños, Castillo dio un mensaje a la nación para defenderse con

El presidente Pedro Castillo Terrones, acorralado por denuncias e intento de destitución, se victimiza para seguir sobreviviendo.

lectura titubeante y rostro desencajado. Fue el mensaje televisado más largo de sus cortos 15 meses de gobierno. Acusó a la oposición conservadora, a los grupos económicos y a los medios de comuni cación de alentar un “golpe de estado” desde el día uno en que asumió la presi dencia.

Castillo acusó a la fiscal de la nación, Patricia Benavides, de jugar en pared con el Congreso para iniciar un juicio político, con base a la acusación constitucional por delitos de corrupción y organización criminal.

En aquel mensaje también in formó que había solicitado la activa ción de la Carta Interamericana de la Organización de Estados Americanos (OEA) para “preservar su proceso po lítico, democrático e institucional del ejercicio del poder”. La OEA respaldó al gobierno de Castillo y decidió enviar una comisión de alto nivel al país. Eso generó rechazo de la oposición política, que tildó de intromisión la postura del organismo internacional. No obstante, esa actitud de los opositores al gobier no fue calificada de contradictoria, por

que en 2021 ellos mismos acudieron a este organismo con su denuncia falsa de fraude electoral.

El entorno de Castillo también inició una campaña para desacreditar a la fiscal de la nación Benavides y para blo quear toda investigación. Encontraron su punto débil en las decisiones que tomó para desmantelar la investigación de los cuellos blancos y la que involucra a su hermana por liberar narcotraficantes a cambio de sobornos. Presentaron denun cias ante el Congreso y la Junta Nacional de Justicia. Esto, sin embargo, no quita que el presidente, tanto como la fiscal, no quiere responder a la justicia.

Difícil camino

Vacar al presidente no es fácil. Son ne cesarios 87 votos. La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Consti tucional, Lady Camones Soriano, dijo que entregará el informe de procedencia o improcedencia de la acusación contra Castillo a más tardar en tres meses, a fi nales de diciembre. Camones pertenece a la bancada de Alianza para el Progreso

(APP). Fue censurada de la presidencia del Congreso por haber puesto la mesa directa del parlamento al servicio del dueño de este partido, César Acuña. APP lleva el proceso con la sangre en el ojo.

La acusación constitucional de la fiscal Benavides dividió a los exper tos. Algunos señalan que, aunque es su atribución, este requerimiento debería ser archivado porque el presidente solo puede ser acusado por cuatro delitos es tablecidos en el artículo 117 de la Cons titución: traición a la patria, disolver el Congreso (salvo en los casos estable cidos en la Carta Magna), impedir las elecciones, e impedir el funcionamiento de los organismos electorales. La acusa ción de Benavides es por organización criminal y corrupción. No encaja en es tos supuestos constitucionales.

El docente del Derecho Constitu cional de la Pontificia Universidad Polí tica de Lima, Omar Cairo, lo dice: “La denuncia es inconstitucional porque la Fiscalía está buscando que se enjuicie al presidente por delitos que no se contem plan en el artículo 117”.

La fiscal Benavides argumentó que la denuncia se ampara en el artícu lo 99 de la Constitución, que faculta al Congreso para acusar al presidente y otros altos funcionarios de “todo delito que cometan en el ejercicio de sus fun ciones”, y en concordancia con la Con vención de las Naciones Unidas contra la Corrupción.

Fuero externo

La permanencia o salida del presidente será debatido dentro y fuera del país. En el interior se prevé una fuerte confron tación Congreso y Ejecutivo. Matutti Sánchez consideró que, aunque ambos poderes están confrontados parece que juegan para permanecer en sus cargos. Afuera, el gobierno buscará el respaldo de la comunidad internacional. Matut ti Sánchez dijo que ningún organismo internacional va a resolver esta crisis, aunque sus opiniones pueden influir en las decisiones que tomen algunas ins tancias.

El especialista prevé que la crisis se agudizará mucho más y arrastrará al país a niveles sin precedentes de desins titucionalización. “No hemos caído al fondo de la crisis, podemos caer más bajo todavía. El problema es que vamos a tener un país en el que no valga la pena vivir. Entonces, ese es el punto alarman te. No tenemos un país estable y esto podría llevarnos a una crisis sin fin. Y si queremos recuperar la estabilidad debe mos propiciar espacios de encuentro en tre todos los actores democráticos y así componer nuestro país”, explicó.

La OEA evaluará la crisis en el país y realizará un informe.

Mientras tanto, los más radica les y conservadores opositores a Cas tillo han convocado a una jornada para pedir su salida el 5 de noviembre. Será una buena ocasión para medir el ánimo ciudadano respecto a lo que pasa en las esferas del poder político.

El Congreso se resiste al adelanto de elecciones generales. Solo quieren vacar.

La Plaza Mayor de la Ciudad Imperial, que siempre bullía de turistas, estuvo vacía durante varios meses de la pandemia. Ahora vuelven

los días de la

DÍAS DE CUARENTENA

No solo trajo muerte y tristeza. La pandemia de la Covid-19 también obligó, como en una novela distópica, a un encierro sin plazo. Era, nos decían, la única forma de evitar el contagio y la muerte. Era un virus desconocido y no había vacuna. En los días de cuarentena, Cusco se convir tió –por lo menos durante dos mesesen una ciudad silenciosa, como aban donada. Voltear la mirada a aquellos días, ayuda a entender la magnitud del efecto de la peste. El periodista gráfico Luis Castillo, con esta muestra fotográfica, nos muestra ese silencio que todavía nos estremece.

FOTOS: Luis Castillo.

permitía salir a la calle.

Algunos ciudadanos salían a buscar trabajo, porque el dinero escaseaba.

La gente solo salía a comprar o a trabajar en actividades esenciales.

La Policía se encargaba del control.

Segundos afuera: los que completan la fórmula

Mirándose en el espejo

Son muchos los casos en los que la pa labra lealtad fue reemplazada por el tér mino traición. Echándole una mirada al Gobierno Regional del Cusco, se verá que en la gestión del Partido Naciona lista – Gana Perú, se produjo el distan ciamiento entre el entonces presidente regional Jorge Acurio y el vicepresiden te René Concha. Faltando un año para que culmine su mandato, Acurio Tito fue vacado del cargo debido a un proce so judicial que arrastraba desde el tiem po en que fue alcalde residente de una obra en la Municipalidad Provincial de Calca.

Lealtad. Esa es una palabra poco cono cida y menos comprendida por quienes acompañan a los elegidos. En campaña, todas son sonrisas, abrazos, juramentos de seguir juntos en las buenas y en las malas, casi como en los matrimonios. Pero algo sucede entre la noche y el amanecer. Algo que no son discrepan cias políticas y menos apegos doctrina rios.

Hubo algo que se interpuso en tre el jefe y su lugarteniente, entre el mandamás y su asistente. Y entonces la

férrea unión forjada en la definición de las fórmulas, terminó pulverizada con el fuego del rencor y el odio de la envi dia.

Pertinente es el momento para echarle una mirada a los segundos en las fórmulas que encabezan Werner Sal cedo por un lado y Edy Cuéllar por el otro. O será mejor decir a “las segun das”, porque en ambos casos son mu jeres las que aspiran a secundar a los gobernadores.

Con Acurio fuera, asumió la presidencia Concha Lezama, y cuando muchos pensaban que proseguiría con la línea trazada por el titular, el exvice rrector de la Unsaac hizo todo lo con trario. Empezó a despedir a los colabo radores más cercanos de Acurio, mandó al tacho los proyectos en estudio, revisó los contratos y advirtió a todos que el suyo no sería un gobierno en continui dad, sino una gestión nueva.

Otra fórmula que no funcionó en el gobierno regional del Cusco fue la que integraron Hugo Gonzáles y Mario Ochoa, quienes postularon bajo las ban deras de Unión por el Perú, en alianza con Ollanta Humala. Las denuncias so bre acuerdos bajo la mesa con algunos

FÓRMULA COMPLETA. En los tres últimos periodos, los gobernadores y vicegobernadores regionales, que en un inicio compartieron un mismo proyecto, rompieron sus relaciones y se convirtieron casi en enemigos a muerte. Han sido experiencias no tan buenas en las planchas elegidas en Cusco. Una mirada a las dos fórmulas que pasaron a segunda vuelta es una necesidad.

Si Werner Salcedo Álvarez, de Somos Perú, fuera sentenciado, lo reemplazaría Noely Esmeralda Loayza Lívano.

Escribe: Alberto García Campana

empresarios terminaron distanciando a Gonzáles Sayán y a Ochoa Vargas. Al final de su mandato, los dos fueron con denados a prisión. En el penal de Qen qoro, las rencillas entre ambos se agudi zaron, pues mutuamente se culpaban de haber promovido actos de corrupción.

En la gestión regional que aca bará el 31 de diciembre próximo, las peleas en la cabeza fueron frecuentes y ventiladas públicamente. El goberna dor Jean Paul Benavente se enemistó casi mortalmente con la vicegoberna dora Delia Condo, llegando inclusive a formularse recíprocamente denuncias penales. Hoy, si se ven en la calle, se guramente se lanzan miradas de odio y desprecio.

Fueros municipales

Con el propósito de ganarse a la vie ja guardia académica, el candidato del movimiento Tawantinsuyo a la alcaldía provincial del Cusco, Víctor Boluarte, llevó como primer regidor y teniente alcalde al antropólogo Ricardo Valde rrama. Suspendido Boluarte Medina, asumió la cabeza de la gestión edili cia Valderrama, quien alejó a los cer canos colaboradores de su antecesor y se rodeó de personas de su confianza, a quienes incluso exigió que hablaran y entendieran el idioma quechua como requisito para trabajar en el gobierno municipal.

Víctor Boluarte no fue diplo mático en censurar la gestión de Valde rrama, pues en más de una ocasión dijo que el antropólogo se había distancia do del proyecto inicial del Movimiento Tawantinsuyo y que promovía una con ducta personalista.

Fallecido Valderrama y restitui do en su cargo Boluarte, también los cercanos a Valderrama fueron echados de sus puestos y volvieron triunfantes al gobierno municipal los allegados a Bo luarte Medina.

Pero, tal vez, fue en la Municipa lidad de Wanchaq en la que se produje ron los mayores desencuentros, pues el alcalde elegido David Mormontoy dejó la posta a William Peña, quien pronto marcó distancia de su antecesor. Con licencia para postular a la elección en octubre pasado, Peña fue sustituido por la regidora Milagros Valverde, quien se entregó en cuerpo y en alma a desacre ditar a Peña, acusándolo inclusive de utilizar los bienes municipales en favor de su candidatura.

Así llegan al final de su manda to, en frentados como Caín y Abel, los que alguna vez compartieron un mismo proyecto político. Algún interés terminó provocando el divorcio.

Si cae Salcedo…

En unas semanas más, Werner Máximo Salcedo Álvarez y Edy Edward Cuéllar Margholt, disputarán la gobernatura re gional en segunda vuelta, al no haber

superado ninguno de ellos el 30 % en la primera ronda.

De Salcedo se tiene información que arrastra varias denuncias por su puestos actos contrarios a la ley entre ellas, por incumplimiento de obligacio nes alimentarias y violencia psicológica y por peculado, según información de la Asociación Civil Anticorrupción. Esto quiere decir que en el curso de su mandato podría ser acusado y eventual mente sentenciado, con lo cual debería quedar inhabilitado y en consecuencia dejar el cargo.

Esta posibilidad impone una mirada a la integrante de su fórmula, es decir, a quien eventualmente podría asumir la gobernación regional. Ella es Noely Esmeralda Loayza Lívano, tiene 33 años de edad, es bachiller en Dere cho por la Universidad Inka Garcilaso de la Vega de Lima y cuenta con una maestría en Derecho Civil y Comercial por la Universidad Andina del Cusco.

Y por el lado de Edy Cuéllar, la candidata a vicegobernadora es Miriam Rocío Rodríguez Centeno de Gonzá les. Según su hoja de vida, ella tiene 41 años de edad, en su formación acadé mica tiene el bachillerato en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universi dad Católica Santa María de Arequipa, así como cursos de especialización y maestría en las universidades naciona les Agraria de La Molina y Mayor de San Marcos

Evidentemente, los títulos pro fesionales y los grados académicos ca recen de sustento si quien los ostenta

no exhibe una trayectoria reconocida al servicio de la sociedad. Y éste parece ser un caso de esos, pues las candidatas a vicegobernadoras regionales del Cus co no arrastran mayores cuestionamien tos legales, pero tampoco evidencian una trayectoria destacada en el campo social.

Mirar el bosque

Como ha sucedido desde hace varias décadas, los electores cusqueños so lamente hemos fijado la mirada en la cabeza y no hemos observado el cuer po. Hemos mirado el árbol y no hemos visto el bosque. Nos hemos preocupa do en identificar al candidato a gober nador y no nos hemos preocupado en saber a quién, como vicegobernadora y a quiénes, como consejeros, llevaba ese postulante. Y desde luego, tampoco le hemos prestado atención al plan de gobierno.

Y lo mismo sucede en las muni cipalidades. Conocemos ya a los alcal des provinciales y distritales elegidos, y no sabemos siquiera el nombre de quie nes son los primeros regidores. Y serán estos, los tenientes alcaldes, quienes asumirán las mayores responsabilida des si es que los titulares son vacados, suspendidos o si deciden abandonar sus cargos.

Tan nocivo como votar siempre por el mal menor, es no mirar la lista completa. Aquí es donde aparecen las mayores sorpresas y sin duda las enor mes decepciones.

La vicegobernadora de Edy Cuéllar es Miriam Rocío Rodríguez Centeno.

Mesas de diálogo no solucionan conflictos en corredor minero del sur

Escribe: José Víctor Salcedo

Volvieron a activarse los conflictos so ciales en el corredor minero del sur. Solo en la tercera semana de septiembre hubo bloqueos en Challhuahuacho (Co tabambas), Colquemarca (Chumbivil cas), Ocoruro (Espinar) y Ccoyabamba (Paruro). El común denominador de las protestas fue el malestar por la demora en la solución de sus demandas por parte del gobierno nacional y las mineras (Las Bambas y Glencore) y el incumplimien

to de los compromisos asumidos. Después de unos días de bloqueo, las organizaciones sociales dieron treguas. Fue una especie de aviso al gobierno y a las empresas mineras que operan entre ambas regiones de que, si el desinterés en resolver las agendas locales continúa, existe el riesgo de que las protestas se reactiven y obliguen a la suspensión de sus operaciones.

Hasta septiembre, Cusco y Apurí mac ocupan el segundo y tercer lugar en el

ranking de regiones donde se han contabi lizado más conflictos sociales con 18 y 16 casos, respectivamente. De ese total de 34 problemas identificados por la Defensoría del Pueblo, 23 (13 en Cusco y 10 en Apu rímac) están relacionados con actividades extractivas, principalmente, con las ope raciones de MMG Las Bambas, Hudbay Perú y Glencore Antapaccay.

Según la Defensoría, hay conflic tos activos y otros latentes. En el corredor minero hay un grupo de casos que pese a la instalación de mesas de diálogo no ha podido ser resuelto. Justamente en esta ruta, donde operan las tres empresas mi neras mencionadas antes, hay malestar en las poblaciones porque las tratativas están estancadas y no se han logrado soluciones a las plataformas de lucha.

Cusco y Apurímac

El distrito de Challhuahuacho (Cotabam bas-Apurímac) tiene una mesa de diá logo que busca resolver 12 puntos desde el 2019. Son un conjunto de pedidos a la minera MMG Las Bambas referidos a la generación de puestos de trabajo, con tratación a empresas locales, firma de un convenio marco, instalación de fitotoldos, etc. Han transcurrido cuatro años y no se ha cumplido ninguno de los compromisos, según un pronunciamiento de las organiza ciones sociales.

El gobierno instala mesas de diálogo y los informa como grandes logros para resolver los conflictos. Sin embargo, esas mesas no solucionan los problemas.

REACTIVACIÓN. Una veintena de mesas de diálogo se instalaron en los últimos años en las provincias de Cusco y Apurímac por donde pasa el corredor minero del sur. Pocos avances hubo en estos espacios de conversación. No hay soluciones ni se atendió las agendas sociales. Es latente el riesgo de que los conflictos vuelvan a activarse en cadena y obliguen a las empresas mineras a suspender sus operaciones.

Asimismo, en junio pasado, des pués de casi 50 días de protestas, se ins taló una mesa de diálogo y grupos de tra bajo con las comunidades de Fuerabamba, Choaquere, Pumamarca, Huancuire, Chila y Chuicuni. Los comuneros ocuparon te rrenos de la minera Las Bambas y blo quearon el corredor minero. Reclamaban que la minera cumpla con entregar terre nos, hacer obras, contratar mano de obra local, etc. En este espacio tampoco hubo muchos avances.

En Chumbivilcas (Cusco), a varios kilómetros de Challhuahuacho, la pobla ción de la provincia decidió bloquear la vía minera porque el gobierno incumplió la ejecución de 15 proyectos de inversión y la minera no atendió los acuerdos de re uniones pasadas. Después de dos días, die ron una tregua de 15 días, que vence el 5 de noviembre.

Como el corredor estaba bloquea do, Las Bambas decidió abastecerse con combustible usando la ruta alterna que pasa por la provincia de Paruro. Una fila de camiones cisterna hacía ese trayecto cuando la población decidió impedir que

esas unidades vehiculares sigan circu lando. Los pobladores de Ccoyabamba y Hurinsayac Hanansayac Ccollana Ayllu Pomate señalan que el paso de los enor mes vehículos daña la pista Cusco- Ran raccasa-Chumbivilcas. Meses atrás hubo el compromiso de la minera de asfaltar to dos los tramos donde hay viviendas, pero no cumplió.

Similar situación se registra en Espinar. Las once comunidades de la zona de influencia del proyecto Integra ción Coroccohuayco, de Glencore Anta paccay, están molestos porque no se ha reiniciado el proceso de consulta previa para evaluar la viabilidad de la iniciativa minera. Podrían reiniciar la huelga sus pendida el año pasado en cualquier mo mento, según Flavio Huanqque, dirigente de la Asamblea Multicomunal por la Con sulta Previa en Esinar.

“Hay un notorio interés de parte de los funcionarios de la entidad promo tora, el Minem, quienes parecen empe ñados en llevar adelante este proceso como si fuera un acto meramente admi nistrativo, de manera que no se reconoz

ca los derechos colectivos de las comu nidades”, dijo el dirigente.

Pero en Espinar también hay otros temas pendientes de solución: reformula ción del Convenio Marco con Glencore, atención a las personas contaminadas con metales tóxicos, remediación de los im pactos ambientales, etc. Un nuevo conflic to activo está vinculado a la entrega de un bono de S/2000 a los pobladores con dine ro del Convenio Marco, porque el alcalde Lolo Arenas no la quiere implementar con celeridad.

Tres factores

Surge entonces una pregunta, ¿por qué no funcionan las mesas de diálogo?, ¿por qué no ayudan a resolver los conflictos? El so ciólogo y experto en temas extractivos y medioambientales, José Antonio Lapa Ro mero, sostiene que las mesas dialogo fun cionan o no funcionan dependiendo de qué ángulo quiera verse.

Decimos -señala Lapa Romero- que no funcionan porque tienen largos periodos de creación y, sin embargo, no cumplen la finalidad para la que fueron creados: resol ver los conflictos como en la provincia y las comunidades de Espinar relacionados con Glencore, y Cotabambas y Challhuahuacho vinculados a Las Bambas.

Las actas firmadas no se cumplen. Los bloqueos en el corredor minero volverán.

Para el especialista, tres razones explican esa suerte de fracaso de las mesas de diálogo: la razón estatal y gubernamen tal, la razón empresarial, y la razón socie tal. La primera está relacionada, en primer lugar, a la precariedad y la parcialización de las instituciones estatales, que ha lle vado a la legitimación de los intereses del capital minero en los espacios de diálogo. Priorizan los compromisos de inversión estatal a cambio a desactivar el conflicto o como parte de la negociación a cambio de estabilidad social, lo que lleva a identificar la vocación cosmética o formal del Estado de actuar para que nada cambie. No bus can resolver las causas que están dentro y detrás de las mesas de dialogo. Otro aspec to es que la inestabilidad política del go bierno influye en el cambio permanente de funcionarios que impide que las repuestas sean eficaces, permanentes y oportunas, y el seguimiento débil.

La razón empresarial está vincula da a la compresión de las mesas de diálo go como un mecanismo institucionalizado de conseguir algo de estabilidad política y social donde se ven forzados a participar, pero siempre preferible y deseable evitar. Las empresas entienden a las mesas como espacios diferenciados donde prestan ma yor eficacia cuando afecta directamen te sus intereses y prestan escasa eficacia aquellas que no tienen mayor efecto sobre su dinámica empresarial.

Y la razón societal se relaciona con la fragmentación de intereses en las mesas de diálogo y los procesos de negociación que genera un campo mayor de maniobra del Estado y el capital. La lógica económi ca predominante de los actores que lleva a abrir un espacio mayor para la cooptación y negociación de intereses individuales, grupales o colectivos.

Sur andino, escenario de conflictos sociales

de origen. La pandemia ha sido clave en el aumento de este retorno y asentamiento en el interior del país.

Escribe: Lorena Prieto (*)

Vivimos un período de crisis política. He mos visto renuncias y vacancias en el Po der Ejecutivo, disolución del Congreso y el inicio de la pandemia Covid-19. Reciente mente se presentó una denuncia constitu cional contra el presidente Pedro Castillo, acusándolo de liderar una organización cri minal. Es la primera vez que esta figura se utiliza contra un presidente en funciones. Dicha crisis política, sumada a las conse cuencias de la pandemia, invisibilizan los conflictos sociales en el país, sobre todo en las regiones del sur.

Según el reporte de septiembre de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, a nivel nacional hay 211 conflictos sociales. De este total, 152 son activos y 59 latentes. En la región sur hay conflictos

en Cusco, Puno y Apurímac. La mayoría tienen que ver con la minería.

Migración y retorno

¿Cuál es el contexto de la zona sur del país? La migración siempre existió y no es algo novedoso en la región. Una primera gran ola migratoria ocurrió alrededor de los años cincuenta. Personas de la Sierra decidieron ir a la Costa, sobre todo a Lima, con el objetivo de progresar y mejorar sus condiciones de vida. En los años seten ta y ochenta se produjo una segunda ola como consecuencia del conflicto armado. Fue una migración forzada. En este nuevo siglo se dio un proceso migratorio de re torno: ciudadanos regresaron a sus lugares

Existen dos tipos de migración a causa de la pandemia: migración retornan te y migración inversionista. Dentro del primer tipo tenemos por un lado una mi gración que se asienta en su ciudad de ori gen, y, por otro lado, retornantes móviles que se quedan temporalmente. El retornan te observa que puede obtener un beneficio mayor en la minería y decide asentarse por las facilidades que tiene este sector en la zona. Además, esta migración ha impulsa do pequeños emprendimientos como res taurantes o tiendas de alimentación en las principales vías de la región. Otro cambio, a consecuencia de este retorno, está rela cionado con el aumento de población en las pequeñas ciudades y, ligado a este, el incremento del alcoholismo y la prostitu ción.

El segundo tipo de migración se considera inversionista, porque viene de regiones como Puno o Puerto Maldonado. Estos migrantes se dedican a invertir en la minería en distritos como Grau o Cota bambas (Apurímac).

La minería

Los conflictos con la minería siguen sien do un problema por el aumento de las ac tividades de empresas transnacionales. Las transnacionales y la comunidad son actores en disputa por el territorio, como en los ca sos de Las Bambas (Cotabambas) y Anta paccay (Espinar). Pero también aumentó la minería informal y artesanal, complejizando aún más los conflictos sociales en la región.

Los conflictos sociales más complicados están relaciones con la actividad minera de grandes empresas. Varios de estos tienen que ver con Las Bambas.

ZONA CON PROBLEMAS. Los conflictos relacionados con la minería siguen siendo un problema pendiente de solución. Las Bambas (Cotabambas) y Antapaccay (Espinar) son dos ejemplos de disputa entre transnacionales y comunidades. Paralelamente, también aumentó la minería informal y artesanal, complejizando aún más los conflictos sociales en la región.

Tanto en Apurímac como en Cus co se percibe un incremento de estos dos tipos de actividad minera. En los dos últi mos años se evidenció el aumento de estas mineras y la ausencia de autoridades que frenen sus actividades en zonas de Grau, Cotabambas y Antabamba.

Por ejemplo, hace quince años, los comuneros en Andahuaylas llegaron a un acuerdo para desarrollar y mecanizar la minería artesanal. Actualmente, se han convertido en empresarios. En esta misma zona se está instalando una procesadora para facilitar el traslado de materia prima. Esto es preocupante por las consecuencias medioambientales y los efectos negativos en la salud humana. En minería artesanal hay dos perfiles de inversores. El primero es ejercido por migrantes de Puno y el se gundo por inversores de la Costa y Corea.

En Chumbivilcas (Cusco) el pro blema estaba relacionado con las empresas mineras. Actualmente, se suman otros ac tores que producen un mayor impacto en la comunidad. A futuro no se tiene la ex pectativa de hablar de comunidad, porque hay un aumento de grupos empresariales y asociaciones. Además, los comuneros for jan alianzas con inversores provenientes de Puno, Arequipa y Espinar, con quienes se reparten el cincuenta por ciento de la in versión. Parte de los minerales extraídos se vende a empresas formales que compran el material y lo distribuyen a su procesadora.

Un aspecto que preocupa está rela cionado con la participación del narcotrá fico. Este grupo utiliza la actividad econó mica de la minería para blanquear dinero y aprovecha las rutas por Abancay y Chum bivilcas debido a la poca presencia de con troles de la fuerza pública. Asimismo, hace poco tiempo se formó la federación de mi neros en Abancay con la intención de con cretar una ley de minería y que se reviertan las concesiones mineras de las empresas a favor de esta asociación, para que la explo tación provenga de estos actores.

A causa de la minería, la agricultu ra pierde espacio, sobre todo en Antabam ba y Grau. A pesar de los intentos de re cuperar ciertos productos como la quinua, la minería es un obstáculo porque mueve más dinero. No obstante, existe una excep ción: en Andahuaylas la agricultura tiene un peso importante debido a la calidad de terreno que posee.

Elecciones 2022

Pasó un mes desde las elecciones del 2 de octubre. En el periodo pre electoral, el pa norama fue preocupante, debido a que los mineros estaban buscando representación nacional y congresal. Los candidatos y candidatas no debatieron sobre minería a pesar de ser conscientes del impacto que esta tiene. Fue evidente que preferían no tomar postura para evitar confrontación y favorecer su actividad; a excepción de Chumbivilcas donde todos los candidatos se pronunciaron a favor de la minería.

En Apurímac, el virtual goberna dor regional, Percy Godoy Median (Fren te de la Esperanza), no tuvo claridad en

su campaña respecto a la minería. Godoy tuvo propuestas en el tema minero, pero nada concreto sobre los problemas relacio nados con la carretera minera del sur y los conflictos sociales en Cotabambas, donde MMG tiene varios proyectos. Además, Godoy habló de iniciar acciones para pre venir y delimitar áreas para la explotación minera, pero un Gobierno regional no tiene competencia para hacerlo.

En Cusco habrá segunda vuelta entre Werner Salcedo (Somos Perú) y Edy Cuéllar (Inka Pachakuteq). En la provincia de Espinar ganó Cludy Rosmery Laguna (Autogobierno Ayllu). Laguna asumirá la alcaldía porque el candidato Rolando Con dori y la candidata a primera regidora fueron declarados improcedentes. Esta organiza ción fijó posición sobre la actividad minera y fue clara al cuestionar la intromisión de la minera Antapaccay en el proceso electoral.

En las regiones han obtenido re presentación los movimientos regionales, mientras que los partidos nacionales tie nen poca presencia en el poder. Por otra parte, se está visibilizando un elemento fundamental que es la cultura de la corrup ción. Tanto candidatos como la sociedad no están alejados de esta cultura, debido

a que está normalizada. Por ejemplo, los candidatos en las regionales de Apurímac presentaron denuncias y procedimientos judiciales. Por eso, los gobernadores, al caldes provinciales y distritales manejan intereses particulares y no comunes. Asi mismo, hay organizaciones encubiertas del fujimorismo dentro de las regiones, quizás no han presentado candidatos fujimoristas directamente, pero tienen alianzas y están presentes en sus candidaturas.

Por último, está empezando a surgir una corriente que apuesta por endurecer el manejo de los conflictos sociales. Se está hablando de apoyar la inversión y de ga rantizar las actividades extractivas. Pero no se discute los riesgos que implican el creciente proceso de criminalización de la protesta, que se traduce en la persecución judicial a los defensores y a las defenso ras socioambientales. Cuando esto sucede las autoridades guardan silencio y las or ganizaciones políticas, como los políticos, tampoco se pronuncian. Esto se está refor zando y en el Congreso hay presencia de conservadores que creen más en la inver sión que en los derechos de las personas.

(*) APRODEH.

OJOPÚBLICO

tiempo en las regiones del sur.

¿La degradación de la tierra es un problema social?

rra podría entenderse también como un problema social, ya que este se define en relación con el uso que le da la sociedad, siendo más beneficiosa para unas que para otras.

Escribe: Bladimir Martínez (*)

Los residuos electrónicos generados en los países desarrollados o del primer mundo durante el 2019 ascienden a 350 buques trasatlánticos, que cruzan mares con des tino a países en vías de desarrollo, cuyas regulaciones son más flexibles en cuanto a este tipo de basura. A partir de la premisa anterior, es pertinente cuestionarse si el en riquecimiento de los países desarrollados o del primer mundo se traduce en degrada ción de la tierra y el ambiente en los países en vías de desarrollo.

Por poner un ejemplo concreto: mientras que Finlandia, Islandia y No ruega ofrecen las mejores condiciones de vida para sus niños, con buenas viviendas, acceso seguro a servicios básicos y exce lente calidad de agua y aire, en Colombia o México se registran los peores desem

peños en cuanto a calidad de aire, a pe sar de ser los que menos contaminan. En México, por cada mil menores se pierden una media de 3,7 años de vida saludable a causa de la polución. Por contraste, en Finlandia, apenas se pierden 0,2 años por mil niños, a pesar de que si todo el mundo consumiese a su ritmo serían necesarios casi cuatro planetas (Dale, 2022).

Entonces, la degradación de un territorio, sus ecosistemas, sus bosques, su agua, puede significar la acumulación y ganancia de otro territorio vecino o de otros actores sociales. Estas interacciones no se reducen a escalas de vecindad [como se puede observar en los párrafos anterio res], sino también a escalas regionales, na cionales, continentales e incluso globales. Por lo anterior, la degradación de la tie

DHUMA

Uranio y litio

Es previsible contemplar que los residuos electrónicos generados a partir de los lla mados “minerales de transición” regresa rían a sus países de origen como basura. ¿Es está una transición justa para los paí ses exportadores? A pesar de las numero sas vulneraciones de derechos humanos en Latinoamérica vinculadas a la actividad extractiva, y de los cuestionamientos en torno a los hallazgos de litio y uranio en Puno (4.7 millones de toneladas de carbo nato de litio de alta pureza y 124 millones de libras de uranio).

El gerente general de Macusani Yellowcake mencionó que las reservas en contradas en Puno albergan más litio que Bolivia, Chile y Argentina, y que en el fu turo instalarían una refinería en Carabaya para producir carbonato de litio en gra do de batería. Sin embargo, es imperante mencionar que el hallazgo de litio está vin culado a más de 124 millones de libras de uranio encontrados en las mismas zonas.

Existe el riesgo de que ambos minerales, al existir en relación directa, -explotar uno no podría hacerse sin ex poner al otro- también emerja la radioac tividad del uranio, un gran problema en torno al cual las políticas públicas, legis lación y estrategias deben girar. Además, la producción de baterías de litio es un paso que aún no se pudo lograr en el lla mado triángulo de litio.

Asimismo, las concesiones de los proyectos de uranio y litio estarían super puestas sobre áreas con reconocimien to público de patrimonio cultural de la nación. Pero hay otras zonas donde hay vestigios culturales históricos de tiempos inmemoriales, pero que aún no cuentan con estudios. En medio de la expectativa, existe otro problema vinculado al glaciar de Quelccaya que tiene más de 300 años de haberse formado, cuya extensión fue con cesionada en su totalidad.

A pesar de las evidentes dudas en torno a estos hallazgos, la necesidad de avanzar para explotar ambos minerales es imperante para continuar con la lla mada transición energética de los países desarrollados o del primer mundo, por lo que es pertinente preguntarnos si la explotación de ambos minerales en más beneficiosa para los territorios locales o para otros países.

(*) Equipo técnico de DHUMA-Puno.

LITIO Y URANIO EN PUNO. Las concesiones de los proyectos estarían superpuestas sobre áreas con reconocimiento público de patrimonio cultural de la nación. Hay otras zonas con vestigios culturales históricos. La explotación podría poner en riesgo a este ecosistema y a las poblaciones del lugar.

Gobierno y Las Bambas dejan sin docentes a estudiantes de Huancuire

MIGUEL GUTIÉRREZ

EFECTOS. En el colegio integral 50798 de la comunidad de Huancuire estudian más de 200 estudiantes de inicial, primaria y secundaria. Hasta hace poco estaban relativamente bien, pero después de junio el Grupo Edutec, de Las Bambas, decidió suspender el convenio que permitía hacer mejoras en la institución y pagar un bono a los docentes. A causa de eso, tres docentes ya han renunciado.

Clotilde cursa el quinto grado de secun daria en la institución educativa integral 50798 de la comunidad campesina de Huancuire del distrito de Coyllurqui, de la provincia de Cotabambas (Apurímac).

El colegio es un local precario, de aulas deterioradas por el paso de los años, sin acceso a Internet ni señal de teléfono. Huancuire es una de las comu nidades de la zona de influencia directa de la mina Las Bambas, de la compañía china MMG.

Después de la suspensión de la bores por la pandemia, los chicos volvie ron a clases este año. Todo empezó bien porque había un convenio suscrito el año pasado con el Grupo Edutec, operador

de la minera Las Bambas, para apoyar en las mejoras del colegio y pagar un bono a los docentes.

Sin embargo, debido a las protestas so ciales de junio pasado en contra de Las Bambas, a la que se sumó Huancuire, Edutec decidió poner fin al convenio y suspender el apoyo comprometido. Tres docentes renunciaron porque no estaba garantizada la entrega del bono. “No es justo que no podamos tener docentes ni un buen local educativo, ni un comedor”, dijo Clotilde.Álvaro Quispe Montañez, direc tor del colegio integrado de Huancuire, consideró que esa fue una represalia de la empresa. “Esto no nos afecta a noso

tros, sino a los niños que no pueden reci bir una buena educación”.

Por eso la directiva declaró en emergencia la educación en este colegio. “Se ha roto el convenio, no tenemos apo yo de Las Bambas ni del Gobierno. Al romperse el convenio, al no cumplir los compromisos, está perjudicando a los es tudiantes y a los maestros. Muchos han renunciado. Estas son las condiciones a las que nos someten, precarias, en mal estado. No podemos hacer nada para me jorarlo”, explicó Quispe.

Son más de 200 estudiantes afectados por la decisión de Edutec de suspender el convenio. Hace poco, los muchachos hicieron un plantón en el lo cal educativo. ¡Profesores renuncian por falta de pago!, ¡queremos Internet para estudiar mejor!, fueron algunas de las frases escritas en los carteles.

El director del colegio Álvaro Quispe Montañez trabaja en Huancuire desde el 2007. Después de quince años, no ve mejoras ni en la infraestructura educativa ni en los sueldos de los profe sores, ni en las condiciones de los estu diantes. “Cuando llegué estaba igual que ahora. La empresa y el gobierno no han hecho”. Y todo indica que las cosas se guirán así.

Los alumnos hicieron un plantón para pedir a las autoridades y a la minera que cumplan sus compromisos y mejoren su colegio.

C u s t o d i o s d e l a g u a

Las familias de la comunidad campesina de Huanaco en el distrito de Livitaca, provincia de Chumbivilcas (Cusco), están preocupadas por la posible afectación del medio ambiente y de tres ríos. Huanaco es una comunidad ubicada en la zona de influencia de la actividad minera de Hudbay El 9 de octubre pasado se realizó la segunda visita a la comunidad para culminar el análisis de la línea de base ambiental en los ríos Minasnio, Huancané y Tunsuma. En la primera visita se analizó los ríos Condoroma, Salado, Huarcaraya y Quishio. Se analizó las condiciones del cuerpo de agua en temperatura, PH, oxígeno disuelto, alcalinidad total, dureza total y turbidez. Asimismo, se realizó el análisis d e m a c r o i n v e r t e b r a d o s c o m o b i o i n d i c a d o r e s ambientales, que fueron recolectados con una red surber y colecta manual. Los bichos encontrados fueron clasificados e identificados a niveles de clase, orden y familia.

FOTOS: DHSF.