Revista Pulso Regional

La Revista del Sur | Año 05 | #49 - Noviembre de 2021

Mientras la mayoría del Congreso allana el camino para la vacancia, comuneros y cocaleros del sur ponen en jaque al gobierno.

Sin tregua

2 / Editorial

La última.

EDITORIAL

Nota al cierre de edición

Sin equilibrio de poderes, no hay democracia El Perú lleva cinco años de constante inestabilidad política. Entre julio de 2016 y julio de 2021 el país vivió una de sus peores crisis políticas -a la que se sumaron la pandemia y la crisis económica- que condujo a la renuncia del expresidente Pedro Pablo Kuczynski; a la disolución del Congreso por Martín Vizcarra y a la vacancia de este a manos del Congreso complementario; a la asunción y renuncia forzada de Manuel Merino de Lama en menos de dos semanas, y la transición turbulenta con Francisco Sagasti.

La campaña electoral agravó esta tensión y llegó a tal nivel que los perdedores intentaron con leguleyadas desconocer las elecciones, alegando sin pruebas que hubo “fraude en mesa”. Aunque la cabeza de esa “resistencia”, Keiko Fujimori, admitió a regañadientes su derrocha por tercera vez consecutiva y reconoció a Pedro Castillo como presidente, sus seguidores y otros grupos conservadores siguen insistiendo en la idea del “fraude” y azuzan la vacancia presidencial.

Lo peligroso de esto es que esos pedidos tienen eco en un grupo de congresistas de Fuerza Popular, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País y Acción Popular (salvo algunas excepciones). A mediados de octubre, este parlamento aprobó por insistencia con 79 votos a favor, 43 en contra y 3 abstenciones la ley que regula el ejercicio de la cuestión de confianza por parte del Poder Ejecutivo.

La norma ya está vigente, pese a que la modificación de la cuestión de confianza se hizo mediante una ley ordinaria, cuando debería haber pasado por un proceso de reforma constitucional en dos legislaturas ordinarias. La norma es claramente inconstitucional por esa razón y porque afecta el principio de balance de poderes.

La interpretación hecha de la cuestión de confianza señala que el Ejecutivo solo puede usarla en materias de su competencia y no en temas relativos, por ejemplo, “a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

Los 79 congresistas ignoraron que el Tribunal Constitucional ya estableció que la Constitución no coloca ningún límite a las materias sobre las que puede hacer cuestión de confianza y que la denegación de esta puede ser de manera fáctica. Y es que de esa manera se garantiza el equilibrio de poderes. Así las cosas, el Ejecutivo queda bastante debilitado porque no puede presentar cuestión de confianza sobre ningún proyecto de ley ni sobre solicitudes de que no se censure a ministros.

A esto se suma -revelación hecha por El Foco- que un grupo de empresarios está impulsado la vacancia presidencial financiando acciones de protesta de sectores como los transportistas de carga pesada y financiando medios de comunicación. La maquinaria vacadora está en marcha.

López Aliaga perdería concesión del Hotel Sanctuary Lodge La ampliación de la concesión del Hotel Sanctuary Lodge a la empresa Perú Belmond Hoteles S.A., que tiene como accionista al excandidato presidencial de Renovación Popular, Rafel López Aliaga, tiene serios visos de irregularidad, que serían causal de nulidad del contrato.

Veamos por qué. El hotel de cinco estrellas fue concesionado en el gobierno del exdictador Alberto Fujimori a la empresa Perú OEH SA (hoy Perú Belmond Hotels SA) por 20 años.

El contrato fue suscrito el 27 de enero de 1995, por lo que debió concluir el 2015.

Sin embargo, este fue ampliado por 10 años con una adenda suscrita por la gestión del exgobernador Jorge Acurio, el 29 de noviembre de 2013. Aquella decisión fue uno de los tantos escándalos en la gestión Acurio Tito, hoy preso por corrupción en el penal de Quencoro, Cusco.

En el 2018, una comisión del Consejo Regional investigó la firma de la adenda y concluyó que esta no fue refrendada con un acuerdo regional como establece la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales. En consecuencia, esta devendría en ilegal y contri-

buiría a la posibilidad de anularla.

Al año siguiente, el grupo de trabajo de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso, integrado por Rebeca Cruz y Armando Villanueva, presentó un informe y recomendó pedir la nulidad del contrato de concesión del hotel. El Gobierno Regional de Cusco inició el proceso, pero con displicencia. Actualmente el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia.

En tanto, a mediados de octubre pasado la Contraloría General inició una auditoría de cumplimiento al contrato de concesión y administración del hotel de Turistas Machupicchu y a la suscripción de la adenda del 2013. El organismo busca determinar de manera exhaustiva si la suscripción y retribución económica (comisión fija y variable) de la adenda del Hotel Sanctuary Lodge hasta el 2025 cumplió con las cláusulas contractuales, y la normativa y legislación correspondiente. De acuerdo a la adenda, Belmond paga una comisión fija mensual de US$ 10.000 y una retribución variable mensual equivalente al 8% sobre la suma total de sus ingresos brutos.

El Hotel Sanctuary Lodge es una mina de oro para Rafael López Aliaga.

EDITOR GENERAL: Miguel Gutiérrez Chero

COMITÉ EDITORIAL: Centro Bartolomé de Las Casas - CBC

Correo: pulsoregionalcusco@gmail.com Dirección: Barrio Profesional A-8/3er piso

EDITOR PERIODÍSTICO: José Salcedo Ccama

Centro para el Desarrollo de los Pueblos Ayllu – CEDEP AYLLU

www.pulsoregional.pe

DISEÑO Y DIAGRAMACIÓN: Cristian Yarin Trujillo

Derechos Humanos Sin Fronteras DHSF

FOTO PORTADA: El País

Asociación Pro Derechos Humanos APRODEH

pulsoregionalcusco Impreso en: ARTEYPAPEL /Av. Pardo 526, Cusco / Cel: 957 532 826 - 944 197113 Tiraje: 1.000

Informe / 3

La reforma agraria: 52 años después Escribe: Alberto García Campana (*)

ALGO DE HISTORIA. La reforma iniciada en 1969, liquidó los latifundios y procedió a lotizar las tierras. Pronto, los beneficiarios de la reforma decidieron agruparse en cooperativas agrarias y de producción y en Sociedad Agrícolas de Interés Social (SAIS). Ahora abrir mercados locales, regionales e internacionales es una tarea pendiente.

A Hugo Blanco Galdós (Paruro, 1934) se le adjudican algunos excesos en la lucha social y política, pero existe consenso en considerarlo como el gestor de la reforma agraria formalizada en el Perú el 24 de junio de 1969.

Hasta antes del inicio de los movimientos campesinos en la provincia de La Convención y específicamente en el sector de Chaupimayo, la tierra

estaba dividida en haciendas, casi todas ellas destinadas al cultivo de la caña de azúcar. De la caña se extraía en primer lugar la azúcar rubia que luego de enviarla a refinerías en Cusco y Lima se convertía en blanca, en chancaca y en aguardiente. El bagazo, que era lo que quedaba después de exprimir la caña, no tenía utilidad conocida y era echada a los depósitos de basura. Luego ya se EL PERUANO

El gobierno de la dictadura militar de Juan Velasco Alvarado fue el que concretó la reforma agraria en octubre de 1969.

valoraría su gran utilidad como materia prima para fabricar papel.

En otras provincias, como Anta y Cusco (distritos de San Sebastián y San Jerónimo), en las haciendas se cultivaba principalmente papa, maíz y trigo.

La relación, en todos los casos, era de verticalidad, arbitrariedad y abuso entre el terrateniente (hacendado) y los pongos (campesinos/comuneros).

Estos últimos recibían una pequeña extensión de terreno para uso agrícola, por parte del hacendado, y éste, a su vez, recibía como compensación el trabajo gratuito, de lunes a sábado, desde la salida del sol hasta su puesta.

En La Convención, a comienzos de los años 60’, se levantó Hugo Blanco movilizando a miles de campesinos explotados. Los dueños de las haciendas, entre ellos la familia Romainville, escaparon de los valles y se refugiaron en la ciudad del Cusco.

En Anta, años después, otro dirigente, Esteban Puma, encabezó las tomas de tierras. La reforma agraria iniciada en 1969, liquidó los latifundios y procedió a lotizar las tierras.

Pronto, los beneficiarios de la reforma decidieron agruparse en cooperativas agrarias y de producción y en Sociedad Agrícolas de Interés Social (SAIS).

Sin embargo, lo intempestivo de la reforma -que los campesinos/ comuneros pasen de semiesclavos a propietarios de la tierra- dificultó el mantenimiento de los niveles de producción agrícola. Los instrumentos tecnológicos de producción de las haciendas habían sido desmantelados y se tuvo que recurrir nuevamente a la chaquitaklla y al arado, al molino manual y al azadón.

Hoy, 52 años después de la reforma agraria impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la asociatividad se convierte en un imperativo para generar mercados, además de la industrialización de los productos. Abrir mercados locales, regionales e internacionales es otra tarea pendiente. Es aquí a dónde debería orientarse la llamada segunda reforma agraria. (*) Catedrático de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (Unsaac).

4 / Informe MIGUEL GUTIÉRREZ

Los productores piden que se les apoye con industrialización, asistencia técnica, financiamiento, obras viales, etc.

Las promesas que trae la segunda reforma agraria

POLÍTICAS DE ESTADO. A 52 años de la reforma agraria impulsada por el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, la asociatividad se convierte en un imperativo para generar mercados, además de la industrialización de los productos. Es aquí justamente a donde está orientada la llamada segunda reforma agraria, porque tiene como prioridad a la agricultura familiar, el proceso de industrialización, asistencia técnica y apoyo en créditos a los pequeños productores. Todo un desafío.

“La segunda reforma agraria tiene que garantizar la seguridad alimentaria”, dijo Walter Torres, presidente de la Federación Agraria Revolucionaria de Cusco (Fartac), el 4 de octubre pasado, desde el estrado instalado en la explanada del complejo inca de Sacsayhuaman.

Aquel día, el presidente Pedro Castillo, acompañado del entonces primer ministro Guido Bellido, el ministro de Agricultura, Víctor Raúl Maita, y los titulares de otras carteras, presentó la denominada segunda reforma agraria.

“Necesitamos que se favorezca a los productos y que los intermediarios no sean los que más se beneficien con nuestro trabajo”, dijo en esa misma ceremonia el representante de rondas campesinas, Hugo Topara. Sucede que, por ejemplo, el productor vende al intermediario o acopiador un kilo de papa a S/ 0.50 en la chacra y este lo revende en los mercados a S/ 2.50. Superar este problema demanda, sin embargo, mejorar las vías de comunicación que faciliten la salida de la producción a los mercados,

lo que es parte de la propuesta de la segunda reforma agraria.

El planteamiento del gobierno se centra en nueve ejes dirigidos a fortalecer la agricultura familiar, impulso del cooperativismo y la asociatividad, la industrialización, el impulso de una banca de fomento agrario, programa de siembra y cosecha de agua, carreteras para mejor conectividad y fondo de la mujer rural. De igual forma, habla de la creación de mercados donde los productores puedan vender sus productos, franja de precios para proteger la producción nacional frente a importaciones, etc.

La agricultura familiar El ministro del Midagri, Víctor Raúl Maita Frisancho, explicó que como parte de la reforma se ejecutarán políticas y herramientas para fortalecer la agricultura familiar, el acceso de los productores a los mercados, consolidar los niveles de articulación dentro del Estado para mejorar la productividad, y asistencia técnica para los productores.

La agricultura familiar, pese a los impactos de la pandemia de la Covid-19,

Informe / 5 cumple con suministrar el 70 % de alimentos de las mesas de los hogares y es fuente de trabajo de más de 2.2 millones de trabajadores agrícolas, contribuyendo a la creación indirecta de empleo en la transformación y comercialización de productos.

La agricultura familiar es la fuente de alimentos para casi todos los peruanos. Y son las comunidades las que preservan y practican este tipo de actividad ancestral, que, además, ayuda a cuidar el ecosistema. Actualmente existen más de 7.500 comunidades: 6.277 campesinas y 1.322 nativas, según datos del INEI. Las comunidades no solo albergan una proporción importante de productores sino también controlan una importante superficie agropecuaria.

Con la segunda reforma, el Gobierno también busca que el Agrobanco incremente su patrimonio en S/ 200 mi-

llones y con ello pueda cubrir a más zonas productoras de la agricultura familiar del país, lo que sería reforzado con el ingreso del Banco de la Nación a la entrega de créditos agrarios.

Desde la explanada de la Fortaleza Inca de Sacsayhuaman, el presidente Pedro Castillo anunció otras dos medidas que se implementarán en el corto plazo.

Se trata de la conformación de un Gabinete de Desarrollo Agrario y Rural y la creación de un Fondo de la Mujer Rural, que incluirá programas de apoyo técnico, empresarial y social a las 70.000 mujeres de la agricultura familiar.

Proveedores del Estado Tras la presentación de la reforma agraria, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) dio algunos pasos para la implementación de las medidas anunciaMIGUEL GUTIÉRREZ

das. El 21 de octubre, inició el plan para promover las compras estatales de la agricultura familiar para lo que se registraron 3.029 organizaciones de pequeños productores que podrían convertirse en potenciales proveedores de alimentos del Estado.

Con ese fin el gobierno publicó el Decreto Supremo 164-2021 sobre la Política General del Gobierno 2021-2026, donde se establece impulsar los programas de compras estatales para promover la seguridad alimentaria, combatir el hambre y la desnutrición. Según la norma, los productores de agricultura familiar podrán vender alimentos a las instituciones que manejan los programas de apoyo o asistenciales como Qali Warma, Cuna Más, Programa de Complementación Alimentaria, entre otros. Estas entidades deberán adquirir alimentos provenientes de la agricultura familiar hasta el 10% de sus compras anuales en 2022, hasta el 20% en 2023 y, a partir del 2024, como mínimo el 30%.

El reto de hacer cambios

Campesinos escucharon al presidente Pedro Castillo anunciar la segunda reforma agraria en Sacsayhuaman.

Uno de los ejes de la propuesta es la construcción de proyectos de siembra y cosecha de agua.

Esteban Escalante Solano, del Área de Derechos Colectivos y Medio Ambiente de Derechos Humanos Sin Fronteras (DHSF), organización que forma parte de las instituciones que buscan apoyar la construcción de esta reforma, consideró -en un artículo escrito recientemente- que el gobierno de Castillo asumió el reto de hacer frente a la deuda con los pequeños productores del campo. “Parte del valor histórico del esfuerzo de la segunda reforma agraria está justamente en recoger y motivar este proceso de movilización, ya que ahí también se construye ciudadanía”, escribió.

Para Escalante, luego de la primera reforma agraria y de la reestructuración de las cooperativas, los productores optaron masivamente por distintas formas de vinculación a los mercados. “En una larga y compleja historia de la que fueron parte comunidades, familias, federaciones, cooperativas, programas de extensión agropecuaria, ONG, municipios, empresas, etc. Se combinó un tremendo esfuerzo de aprendizaje de la tecnificación contemporánea con formas propias de trabajar la tierra, criar las plantas, manejar los espacios, aprovechar el agua (no sin conflictos ni contradicciones)”, analizó.

Respecto a las críticas sobre que aún no hay un norte claro para cumplir esta promesa, el especialista dice que uno puede intuir que este norte pareciera ser más la construcción de un mercado interno que la apuesta exportadora, más la industrialización de la producción que el nivelar el piso entre saberes técnicos y campesinos (simplificando la distinción), más el apoyo empresarial que el fortalecimiento de la comunidad, más la sostenibilidad ambiental que el extractivismo.

“Quienes señalan que hay algunas lógicas importantes pero ausentes, como el enfoque de ordenamiento territorial, tienen razón y hay quienes planteamos eso como propuesta”.

6 / Informe

MIGUEL GUTIÉRREZ

Tres de cada diez pequeños agricultores son mujeres y casi todas han sido abandonadas y olvidadas por las instituciones del Estado.

Mujeres rurales: manos que alimentan al mundo Escribe: Luz Gladis Vila Pihue - Activista indígena.

OLVIDADAS. Las desigualdades de género y el acceso limitado a préstamos, el descuido de su salud y su educación afectan severamente a las mujeres rurales. Asimismo, la crisis económica y alimentaria causada por la pandemia, y el cambio climático han agravado su situación. El Estado mantiene una deuda histórica con ellas.

El 15 de octubre se recuerda el Día Internacional de la Mujer Rural. Es un día para mirar, reflexionar y pensar sobre la situación de las mujeres rurales y el inmenso aporte en el desarrollo de sus familias, comunidades y el país.

¿Quiénes somos las mujeres rurales en el Perú? Somos las mujeres campesinas, originarias o indígenas que

vivimos en el campo y nos dedicamos a la agricultura y la ganadería, principalmente, y en menor proporción a la artesanía y otras actividades.

Según la FAO, dos de cada tres trabajadores de la agricultura familiar son mujeres. De acuerdo al INEI 2019, las mujeres rurales conducen el 30 % de la actividad pecuaria del país y más de

3 millones 460 mil mujeres viven en zonas rurales, muchas de ellas no tuvieron la oportunidad de aprender a leer y escribir, condición por la cual son excluidas del mercado laboral y económico.

En el 2017 el analfabetismo afectaba al 8.7 % de mujeres peruanas de más de 15 años (tres veces más que la cifra de hombres). En la zona rural la cifra subía a 23.5 %.

De acuerdo con el área de residencia, las mujeres que trabajan en el área rural son las más vulnerables a nivel socioeconómico. El informe de ENDES 2017 señala que en las zonas rurales los embarazos de madres adolescentes ascienden al 23.2 % frente al 10.7% en las zonas urbanas. Según el censo de 2017, 777 mujeres, entre 12 y 14 años, fueron madres.

La violencia las rodea En el Perú, según la encuesta ENDES 2017, las mujeres rurales han sufrido algún tipo de violencia familiar alguna vez en la vida por parte del esposo o compañero en un 64.1 %, de esta cantidad los casos de violencia física representan un 59.6 % en la zona rural y 48 % en la zona urbana.

Informe / 7

A pesar de estas estadísticas y situaciones, las mujeres rurales, campesinas, originarias y/o indígenas, contribuimos de manera importante en el desarrollo de nuestra familia, nuestras comunidades y el país, especialmente con el trabajo en actividades agrícolas y pecuarias. Sin embargo, nuestros derechos se siguen vulnerando de manera frecuente.

Si bien se evidencia una alta participación de las mujeres rurales en actividades económicas, estas actividades agrícolas y ganaderas en su mayoría son de micro comercialización, de subsistencia y autoconsumo. Esta situación se ha ido agudizando en la pandemia, porque las productoras no pudieron realizar las cosechas y tampoco lograron vender sus productos, por lo que la producción de la campaña agrícola siguiente se redujo por falta de semillas y abono. A esto se suma los efectos del cambio climático que afecta sus siembras y crianza de animales.

La participación de las mujeres es fundamental para el desarrollo de la agricultura y ganadería, así como para preservar los conocimientos, las tecnologías y proteger el ecosistema.

Por ello es fundamental valorar la resistencia y el aporte de las mujeres rurales por la defensa de sus derechos y sus territorios, porque son fuentes de vida y permiten que las mujeres sigan alimentando a sus familias, al país y al mundo. Son las mujeres las que cuidan, fortalecen y sostienen la vida familiar, comunitaria y territorial. En este proceso, nuestras lenguas originarias o maternas son primordiales, porque encierran conocimientos claves para la ciencia.

Además, las mujeres rurales somos las guardianas de las semillas, de la biodiversidad y proveemos de alimentos a nuestras familias, las comunidades, el país y el mundo, por lo que queremos seguir con esta tarea, pero necesitamos políticas públicas más coherentes, viables y con enfoque intercultural.

Las exigencias

Exigimos respeto a nuestras diferencias, a nuestras culturas, a nuestra forma de pensar, de sentir y de hacer las cosas. Sobre todo, exigimos el reconocimiento de nuestros derechos individuales y colectivos.

En el marco del bicentenario y para avanzar hacia la igualdad de oportunidades con identidad cultural es necesario centrarse en algunos puntos principales. A saber.

para las mujeres rurales con enfoque intercultural y lingüístico, así lograremos que las mujeres sigamos contribuyendo a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria.

• Avanzar en la implementación de un sistema integral de cuidados con pertinencia cultural para las mujeres rurales.

• El acceso al sistema de salud integral con enfoque intercultural.

• Acceso a la propiedad y titulación de tierras.

• Espacios seguros de atención con pertinencia cultural para casos de violencia familiar.

• Fortalecer los espacios de representación comunitaria y política de la mujer rural andino-amazónica.

Como vemos aún hay brechas.

Quedan tareas pendientes que cumplir, pero también existe la esperanza de cambio de fondo, desde nuestras raíces culturales, desde nuestra existencia, desde nuestras experiencias de vida y de lucha.

Las mujeres rurales seguiremos contribuyendo al desarrollo de nuestro país, exigiendo el pleno ejercicio de nuestros derechos individuales y colectivos, porque sin las mujeres no hay democracia y sin las mujeres rurales no hay seguridad y soberanía alimentaria.

Es tiempo de avanzar en un diálogo intercultural en el que tu aporte y mi aporte sean fundamentales para proteger nuestra casa mayor que es el planeta Tierra y seguir resguardando nuestras semillas, nuestra biodiversidad, para las futuras generaciones. Warmikunaqa kachkanikuraqmi/ Aún existimos las mujeres rurales.

MIGUEL GUTIÉRREZ

Las mujeres rurales abastecen con productos los principales mercados, pero no son valoradas.

MIGUEL GUTIÉRREZ

• Para que exista una verdadera segunda reforma agraria se debe empezar reconociendo a la mujer rural y su aporte como un actor clave.

• Acciones diferenciadas porque las mujeres protegemos y cuidamos la tierra, seleccionamos y guardamos las semillas, gestionamos el agua desde nuestra mirada mujer en conexión con la madre tierra pachamama.

• Que se implementen programas de alfabetización y capacitación permanente

Este grupo trabaja más en la chacra, porque los varones buscan otro tipo de trabajo.

8 / Informe

La vacancia vuelve a rondar palacio de Gobierno

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, parece que quiere seguir los pasos “vacadores” de su correligionario Manuel Merino de Lama.

Escribe: Aarón Medina (*) PADRE PRESIDENCIALISTA, HIJA PARLAMENTARISTA. La paradoja en el pensamiento de Enrique Chirinos Soto y su hija Patricia Chirinos muestra cómo se ha torcido el análisis para debilitar el cargo de presidente. La aprobación de la ley que interpreta la cuestión de confianza allana el camino de la vacancia y eso es un peligro para la democracia.

Patricia Chirinos (la hija) nos dejó un discurso en el Parlamento sobre el debate de la aprobación por insistencia de la Ley 31355, que “interpreta” y regula la cuestión de confianza. Esa figura es una herramienta constitucional con la que el presidente de la República puede hacer valer la política general de Gobierno, y que sirve

como defensa en el juego de pesos y contrapesos en las relaciones con el Congreso.

En su disertación, la congresista de derecha indica, con mucha emotividad, que el Congreso debe restablecer el estado de derecho y recuperar el equilibrio de poderes.

Resulta anecdótico el jacobino discurso de la legisladora, en tanto recordamos que el

asambleísta constitucional que incorporó la cuestión de confianza (como la entendemos ahora) en las últimas dos constituciones fue, justamente, su padre: Enrique Chirinos Soto.

Chirinos, padre Patricia y constituyente, decía en el debate sobre la aprobación de la Constitución de 1993: “En la práctica, el presidente, puede hacer cuestión de confianza de lo que quiera”.

Han pasado veintinueve años de las participaciones de Chirinos Soto en el Congreso Constituyente Democrático y, tanto la clase política como la academia constitucional, no han cuestionado el supuesto desequilibrio de poderes o la afectación al estado de derecho por cómo estaba regulada la cuestión de confianza.

Lo que antes no se veía Por lo menos, cuatro periodos parlamentarios se desarrollaron sin advertir la supuesta asimetría constitucional en la división de poderes que, supuestamente, generaba el ejercicio de la cuestión de confianza. Los cuestionamientos, entonces, a la cuestión de confianza son recientes. O, mejor dicho, los ataques a la cuestión confianza son producto de la crisis política.

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Al contrario de los argumentos de la hija de Chirinos, la cuestión de confianza fue regulada en los artículos 132 y 133 de la actual Carta Magna como una expresión del presidencialismo fujimorista que imperó en el constituyente de 1992.

En la Constitución de 1979 se requería tres negatorias de la cuestión de confianza para disolver el Congreso, en la de 1993 se exigen dos negativas de la confianza planteada para tener la capacidad de disolver el Congreso.

Nos guste o no, en el Perú existe un modelo semipresidencialista como régimen político. Y para ello, la mayoría en el Congreso Constituyente Democrático de la Constitución de 1993 hizo los esfuerzos para hacerlo mucho más presidencialista, impulsando, por ejemplo, la reelección presidencial.

Es decir, cuando el fujimorismo y sus aliados logran estar en el ejecutivo son perfectamente presidencialistas (como Chirinos papá) y cuando les toca

dirigir el Parlamento son parlamentaristas (como Chirinos hija). Habría que decir también que la reciente ley aprobada por el Congreso para regular la cuestión de confianza carece validez jurídica por ser inconstitucional.

El Ministerio de Justicia acusa, mediante una demanda de inconstitucionalidad, que la Ley 31355 es inconstitucional por la forma y por el fondo. Es decir, que la ley de interpretación y desarrollo sobre la cuestión de confianza ha pisoteado el procedimiento de reforma constitucional (vulnerando el principio de rigidez constitucional) y que, en ese camino, ha disuelto principios constitucionales básicos de nuestra norma fundamental, como el principio de separación de poderes.

O sea, la crisis política ha dado un salto, es decir, se ha agudizado y se ha convertido en una crisis constitucional.

Ya no se encuentra en riesgo únicamente la gobernabilidad democrática, sino que ANDINA

Congreso le puso candado a la cuestión de confianza para evitar su disolución.

El presidente Castillo parece no darse cuenta de todo lo que pasa.

ANDINA

nos encontramos ante una posible desnaturalización del orden constitucional. Lo que sigue, entonces, es el caos.

El desborde de la crisis Pero, ¿qué esconden las aparentes incoherencias familiares-constitucionales de “los Chirinos” para fortalecer ahora al Parlamento (o debilitar al Ejecutivo)?

La crisis política–institucional que se inicia en el 2016 con la derrota de Keiko Fujimori ante Pedro Pablo Kuczynski ha tenido tres desbordes hasta el día de hoy: la disolución del Congreso (2019), la vacancia presidencial (2020) y el debilitamiento institucional, más allá del Ejecutivo, con la interpretación autentica de la cuestión de confianza que acaba de aprobar el Congreso (2021).

Los tres desbordes de la crisis política que la convirtieron y convierten en crisis constitucional mantienen un elemento en común: la captura del sillón presidencial. Con la intención de llegar a palacio de gobierno, al no poder hacerlo por la vía democrática-electoral, el Congreso pretendió primero manejar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional para que “constitucionalicen” los actos del Congreso y, segundo, alienta el uso en forma inconstitucional de la vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, desnaturalizándola y aplicándola como un procedimiento parlamentario de elección de congresistas como presidente de la República.

Y tercero ha desequilibrado el equilibrio de poderes, lo que en la práctica es atentar contra el modelo republicano de Gobierno.

En esa línea, teniendo en cuenta que el objetivo de la derecha peruana es generar una etapa de crisis constitucional, el Congreso empezó a negar la importancia y supremacía del Tribunal Constitucional y su jurisprudencia. Ahora, el Congreso aprobó una ley que desarrolla la Constitución pero que le da espalda a las sentencias constitucionales sobre la teoría política que encierra la Constitución. En la propia lógica del Congreso mencionaron: “Tratamos de corregir, lo que hizo el Tribunal Constitucional, con la aprobación de esta ley”.

Aparentemente puede advertirse una incoherencia entre el planteamiento de Patricia Chirinos al defender la desnaturalización de la cuestión de confianza, que como institución constitucional comparten al mismo padre, el constitucionalista Enrique Chirinos Soto; sin embargo, que las apariencias no nos engañen. Tanto Patricia como Enrique cumplen el mismo rol ante el mismo jugador de este tablero de ajedrez. “Los Chirinos” en el Congreso son leales ante el juego del fujimorismo, que en 1993 era proteger la presidencia de Alberto Fujimori y en el 2021 es debilitar la presidencia de Pedro Castillo para vacarlo para colocar a un congresista que asegure dos cosas: la continuidad del modelo económico y los privilegios de la alta clase política que les permite impunidad. (*) Abogado y con Maestría en Derecho Constitucional de la Unsaac.

10 / Central

La protesta se cumple las 24 horas al día. Autoridades y dirigentes piden la llegada del presidente Pedro Castillo y de la primera ministra M

Cotabambas y el distrito de Progreso bloquean el corredor minero del sur desde el 19 de octubre.

Los manifestantes se trasladan en camiones para

Mirtha Vásquez a Cotabambas.

a bloquear las vías de acceso a Cotabambas.

Central / 11

Los manifestantes no descansan ni en las noches. El bloqueo cesa en ningún momento.

LAS PROMESAS BAMBA Los conflictos entre las empresas mineras y las comunidades campesinas tienen larga y conocida data. Toda la provincia de Cotabambas, en Apurímac, inició un paro indefinido pidiendo principalmente que el gobierno abogue a favor de ellos y no de las empresas. Este reclamo es permanente, pues además de vivir con los impactos medioambientales de Las Bambas, los pobladores deben vivir con los juicios contra dirigentes, el polvo y el ruido de los camiones que cruzan sus comunidades. Pulso Regional estuvo en la zona y recogió el pedido al nuevo gobierno para que reconozca sus derechos y les devuelva la capacidad de negociar de igual a igual con cualquier empresa que llegue a sus territorios.

FOTOS: MIGUEL GUTIÉRREZ.

Las mujeres cocinan en ollas comunes los alimentos todos los días.

La población reclama obras y proyectos de desarrollo al Estado; y a Las Bambas aporte económico, empleo, etc.

12 / Informe ANDINA

El yacimiento de Camisea está en la región Cusco y allí más del 30 % de hogares siguen cocinando con leña. Toda una paradoja.

Perú exporta el gas de Camisea a precio de regalo Escribe: Pablo Villa Incattito (*) CRUDO CONTRASTE. Mientras 1 millón 757 mil 409 hogares del país, según el censo de población y vivienda del 2017, utilizan leña, carbón, bosta o estiércol, ramas, hojas secas y otros para cocinar sus alimentos, el Estado peruano permite que un gran volumen del gas natural de Camisea sea vendido a precio ganga en los mercados del extranjero. Esto último, además, impide una mejor recaudación de regalías por la venta del hidrocarburo.

Tangoshiari es una comunidad nativa del distrito de Megantoni, de la provincia cusqueña de La Convención, a cinco días de viaje por tierra y en bote por el río Urubamba desde la ciudad del Cusco. En Tangoshiari, que se encuentra

cerca al yacimiento del gas de Camisea, un balón de gas de 10 kilos cuesta S/ 150.00.

Han pasado 21 años desde que en el 2000 el Estado peruano adjudicó la exploración y explotación del yaci-

miento gasífero al Consorcio Camisea y 17 años desde que en el 20004 empezó la explotación del gas, pero el suministro del combustible a los hogares sigue siendo un asunto desatendido.

En Tangoshiari viven 175 familias. Allí, por ejemplo, la mayoría sigue cocinando sus alimentos con leña.

“Aquí en la comunidad de Tangoshiari un (balón de) gas está llegando a S/ 150.00. La mayoría cocina con leña, aunque hay algunos que tienen su cocina, pero para comprar el gas tienen que gastar mucho dinero”, cuenta Gilberto Chinchay Sánchez, jefe de la comunidad nativa de Tangoshiari.

En la región Cusco, según el censo de población y vivienda del 2017, el 35.8% de hogares utiliza combustibles contaminantes para cocinar los alimentos: leña, carbón, bosta o estiércol, ramas, hojas secas y otros. Mientras que a nivel nacional hace lo mismo el 21.3% de los hogares (1 millón 757 mil 409 hogares). Más de la tercera parte de hogares de 14 regiones usa estos combustibles: Huancavelica (63.6 %), Cajamarca (57 %), Apurímac (53.5 %), etc.

En contraste, Lima y El Callo registran

Informe / 13 los niveles más bajos de uso de estos combustibles con apenas 0.7%.

El combustible contaminante más usado es la leña. Lo utiliza el 17.3% de los hogares peruanos, es decir, 1 millón 428 mil 856 hogares. Su uso predomina en Cajamarca (56.2%), Huancavelica (49.3%), Amazonas (47%), Apurímac (46.2%), Huánuco (44.5%), Loreto (41.2%), Ayacucho (38.5%), Áncash (36.4%) y San Martín (31.7%). El segundo combustible contaminante más usado es la bosta o estiércol, pero solo abarca el 1.8% de los hogares (144 mil 908). Lo usan principalmente en Puno (23.5%), Cusco (7.5%) y Huancavelica (4.8%).

Cuadro 1

Las reservas del gas ¿A dónde va el gas de Camisea que se saca de los tres lotes existente? Una de las posibles razones es esta. La actividad de explotación del gas natural está a cargo del Consorcio Camisea, empresa que extrae los recursos del lote 88 desde el 2004. Para el 2010 se incorpora el lote 56 y, finalmente, el 2014, el lote 57. Desde la puesta en marcha del proyecto Camisea, la producción total a junio del 2021 alcanza un total de 5’346.997 miles de millones de unidades térmicas británicas (MMBTU), lo que equivale a unos 5 Tcf (trillones de pies cúbicos). De esta cantidad, a junio del 2021 se ha exportado un total de 2.2 Tcf, lo que representa el 45 % de la producción total (ver cuadro 1).

La Ley de promoción del desarrollo de la industria del gas natural, Ley 27133, del 4 de junio de 1999, establece en el inciso a) del artículo 4: “Garantizar el abastecimiento al mercado nacional de gas natural”.

El 26 de mayo del 2005, en el gobierno de Alejandro Toledo, el pleno del Congreso aprobó la modificación de la Ley 27133 mediante la Ley 28552, que fue promulgada el 19 de junio de ese mismo año. La modificación principal establecía el horizonte permanente de abastecimiento del gas natural de 20 años. Durante este periodo, el Consorcio Camisea estaba prohibido de exportar el gas natural de Camisea, mientras que la Ley 28552 solo indica una garantía de abastecimiento al mercado nacional sin establecer un periodo fijo, con lo cual se comprometió las reservas para la exportación.

Asimismo, en el gobierno de Toledo se autorizó a PeruPetro firmar la modificación del contrato de licencia para la explotación del lote 88, con lo cual se permitió la exportación de parte de las reservas de este lote.

Así se vende el gas Los volúmenes de exportación del gas natural superan a los niveles de producción del lote 56, que son los que estaban destinados para la exportación.

Desde el 2014 los niveles de exporta-

Cuadro 2

ción son cubiertos en parte por la producción del lote 88.

El destino de las exportaciones en los últimos años ha sufrido significativos cambios. En los tres primeros años, las exportaciones estaban concentradas en el mercado español; para el periodo 2013 – 2016 el destino prioritario fue México, y en los últimos cuatro años las ventas al exterior se concentran en los mercados asiáticos de Corea del Sur, Japón y China.

En estos últimos países los precios de venta son más altos respecto a los mercados de España y México.

El origen de las regalías Las exportaciones de gas natural como fuente de generación de regalías gasíferas son totalmente desfavorables para el Estado peruano. En el gráfico 2 se muestra una comparación entre el destino del gas natural en el mercado

nacional y en el mercado internacional (exportaciones). En los años 2019 y 2020 el destino de la producción del lote 88 para el mercado interno genera mayores regalías que las exportaciones, lo que se debe principalmente a los precios que se pagan en boca de pozo.

En el caso del mercado interno, el promedio del precio es de 2.13 US$/ MMBTU, mientras que para las exportaciones el precio promedio es de 0.91 US$/MMBTU. Este promedio ha mejorado significativamente en vista de que en los últimos años la mayor cantidad de exportaciones tiene como destino los mercados asiáticos (Corea del Sur, Japón y China), donde el precio promedio es de 1.20 US$/MMBTU, mientras que en el mercado mexicano era de 0.60 US$/MMBTU. (*) Economista del Centro Bartolomé de Las Casas (CBC).

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El sur no le da tregua al Gobierno MIGUEL GUTIÉRREZ

En menos de tres meses, el gobierno de Pedro Castillo ya ha enfrentado casi una decena de conflictos sociales. Y el corredor minero ha sido el epicentro.

Escribe: José Víctor Salcedo

PANORAMA CONFLICTIVO. Pobladores de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso, en Grau, bloquearon el corredor minero del sur. A diferencia de la protesta de Chumbivilcas en meses pasados, los apurimeños no dejan pasar a los vehículos particulares. Sus reclamos son la firma de un convenio marco, indemnización a las viudas de los campesinos que murieron en las protestas desde el 2015, compensación por sus terrenos comunales e individuales, pago del canon minero, obras viales, entre otros.

Las regiones del sur votaron mayoritariamente por el presidente Pedro Castillo Terrones. En segunda vuelta, los electores de Cusco y Apurímac le endosaron más del 80% de sus votos. Esa votación fue decisiva para la victoria de Castillo.

Sin embargo, las poblaciones sureñas donde hay actividades mineras no le han dado tregua al Gobierno ni a las empresas MMG Las Bambas y Glencore Antapaccay que operan en el corredor minero del sur. Antes de la asunción de mando, las comunidades de Chumbivilcas, en Cusco, bloquearon la carretera exigiendo que el Estado y Las Bambas paguen por el uso de sus tierras comunales y que las comunidades sean proveedoras.

En ese mismo periodo, la población de la provincia de Espinar, también en Cusco, bloqueó el corredor vial acusando a Antapaccay y al gobierno de incumplir los plazos para atender las demandas que son discutidas en la mesa

Informe / 15 de diálogo. Asimismo, 11 comunidades pidieron la salida del entonces premier Guido Bellido y el reinicio del proceso de consulta previa para el proyecto Integración Coroccohuayco, de Glencore.

En este caso, la salida de Bellido permitió que la protesta quede suspendida.

A inicios de octubre el paro de Chumbivilcas también fue suspendido luego de que MMG Las Bambas aceptara incluir a las comunidades en la cadena de valor contratándolas como proveedoras del transporte de concentrado de minerales, de pasajeros, entre otros.

Cuando parecía que la calma había vuelto al corredor minero del sur, la provincia de Cotabambas y el distrito de Progreso, de Grau, en la región Apurímac, volvieron a bloquear la carretera el martes 19 de octubre. La protesta continuaba al cierre de este informe. Un día antes, el lunes, hubo una marcha de los habitantes del distrito de Challhuahuacho. La protesta indefinida es en contra del incumplimiento de compromisos de la minera Las Bambas y del Gobierno nacional, por lo que exigen la llegada del presidente Pedro Castillo Terrones y la primera ministra Mirtha Vásquez para que reinicie el diálogo.

Las organizaciones sociales publicaron una plataforma de reclamos consensuada que considera la firma de un convenio marco, indemnización a las viudas de los campesinos que murieron en las protestas desde el 2015, compensación por sus terrenos comunales e individuales, pago del canon minero, obras viales, entre otros.

Según el reporte de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo,

hasta septiembre había 198 conflictos a nivel nacional, de los cuales 129 (65.2 %) están relacionados con la actividad minera. En el caso de las regiones Cusco y Apurímac identificó 34 conflictos y de estos 14 están localizadas en ambas localidades y mantienen conflictos con las mineras MM Las Bambas (Apurímac), Hudbay Perú y Antapaccay (Cusco).

Las promesas bamba El conflicto en Apurímac tiene larga data. Empezó en 2015, se instalaron mesas de diálogo y se emitieron sendos decretos de urgencia que aprobaron grupos de trabajo para atender los reclamos, que hasta ahora no han sido atendidos.

Actualmente, en el eje justicia y derechos humanos reclaman una indemnización por parte la empresa minera Las Bambas a favor de las viudas de las cuatro víctimas de las protestas sociales, archivamiento definitivo de los casos y expedientes judiciales que se encuentran en proceso en la fiscalía, y respeto a la protesta social.

Respecto al corredor minero del sur piden el pago de compensaciones justas por sus predios comunales e individuales, construcción y asfaltado de la vía nacional Progreso, Coyllurqui, Tambobamba, Challhuahuacho y Mara, y evaluación ambiental del agua, aire, suelo, salud pública y otros en el corredor vial.

Un tercer eje está referido a la exigencia de que la minera Las Bambas suscriba un Convenio Marco con las poblaciones que están en protesta. “Que la minera Las Bambas entregue su con-

trapropuesta de los 21 puntos del contenido del índice del convenio marco y que en el plazo de 30 días calendarios se firme el convenio de ambas partes”, señalan en la plataforma de lucha.

Otro reclamo es que la minera empiece a pagar el impuesto a la renta, de donde proviene el canon minero a favor de las zonas de influencia regional y local de la mina. Las Bambas se acogió al beneficio tributario de la depreciación acelerada de su maquinaria, lo que le permite deducir el 20 % del valor del bien sobre la renta neta.

Asimismo, piden a la empresa minera Las Bambas que dé oportunidad laboral para los siete distritos de la provincia de Cotabambas y del distrito de Progreso (Grau), así como de estos pueblos sean proveedores en múltiples servicios a la empresa minera Las Bambas S.A. y se considere como zona de influencia directa a los distritos de Mara, Challhuahuacho, Tambobamba, Coyllurqui.

A esto se suma el pedido del distrito de Haquira para ser considerado zona de influencia directa de la mina Las Bambas.

La versión de Las Bambas Las Bambas emitió un comunicado en el que asegura que no tiene compromisos pendientes relacionados a las mesas de diálogo con la provincia de Cotabambas y el distrito de Challhuahuacho. También invoca a retomar el diálogo para no seguir afectando la generación de ingresos.

“Las Bambas ha generado más de S/ 1.400 millones para la región Apurímac desde el 2016 por concepto de regalías contractuales (equivalente al 3% de sus ventas), monto que ha sido distribuido entre el gobierno regional, municipalidades y universidades públicas”, señala en el comunicado.

Agrega que además de afectar los niveles de producción por impedir el transporte de insumos, los bloqueos impiden el transporte de concentrado de cobre desde la unidad minera hasta el puerto, impidiendo su venta y por tanto reduciendo las regalías. Es decir, los bloqueos reducen el monto de estos importantes recursos económicos necesarios para Apurímac, más aún en un contexto de reactivación post pandemia.

Con esta nueva interrupción de las vías públicas, señala la minera, suman ya 58 días de bloqueo en lo que va del año 2021, afectando el transporte de concentrado, insumos, así como el recambio de los trabajadores de la operación minera. “Queremos recordar que Minera Las Bambas viene participando activamente en todos los espacios de diálogo establecidos por el Gobierno Nacional para explorar soluciones a las demandas de las comunidades de Cotabambas, a fin de llegar a acuerdos que sigan promoviendo su desarrollo”.

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La voz de los sobrevivientes de los terrorismos Escribe: Jessica Clemente Racua- APRODEH.

MEMORIA Y REFLEXIÓN. El Conflicto Armado Interno (CAI) afectó con más violencia a las comunidades de las regiones del sur y centro del país. Apurímac es una de las zonas más golpeadas por las acciones terroristas de Sendero Luminoso, así como por acciones de las Fuerzas Armadas. Cuatro testimonios de testigos sobrevivientes de la insania terrorista rememoran lo que significó el periodo de terror para ellos y sus pueblos. También dicen que no hemos aprendido nada de aquellos años de desangramiento.

“Perdí a una hermana y más bien ahora me encuentro con una hija sin padre y eso no es justo” Tomasa Allcca - Caserío de Quisquipata, Tomasa Alcca Lima, distrito de Circa, Abancay (Apurímac) Un día de 1989 desaparecieron la mamá, el papá y la hermana de Tomasa Alcca.

“Para mí recordar esas cosas me ponen un poco más triste, no quiero recordar porque me duele, muchas cosas he pasado”.

La familia de la señora Tomasa tenía miedo y vivía escondida. Eran los años 80’ y 90’ del siglo pasado, la peor época del terrorismo de Sendero Luminoso. “Yo tenía a mi papá, a mi mamá y a mi hermana desaparecidos por los terroristas. Después de dos semanas hubo un enfrentamiento con los militares. Yo pensaba que de repente vuelven y a mí me van a hacer igual o me van a llevar los militares, me van a matar”.

En 1989 Tomasa tenía 18 años y recuerda que tenía que vivir a salto de mata, siempre con el miedo rondando cerca. Así llegó a Lima, pero sus padres lo hacían en rl caserío Quisquipata. “Yo vivía en Lima. Con mi hermana mayor mi papá me ha hecho llamar. Cuando he llegado al pueblo, acá a Abancaytodo era militar, controles y nos hacían pasar todo revisando. Cuando estaba en casa de mi

prima me llegó una nota y mi hermana estaba en uno de los cuarteles” recuerda.

Su hermana desapareció y hasta ahora no encuentran justicia. “Yo me quedé en el cuartel. Ahí el soldado decía lo que me contaba, a mí y a mi tía nos contaba que primero pasan los jefes después pasa a los cachaquitos, se dejaba hacer abuso por cinco”.

Tomasa sufrió el abuso de las fuerzas armadas solo por buscar a su hermana. “Yo me fui buscando a la base a mi hermana, fui llevando unos documentos, me han castigado, me han hecho abuso. Me han dicho yo mando aquí, yo soy capitán y ahí mi hermanita luchando. Hasta le dije usted la tiene a mi hermana para cumplir su necesidad y le dije por qué no me la entregas así no más. Después me llevó a su cuarto, me empezó a desnudar y ahí me hizo abusar. Ese capitán toda desnuda me ha hecho ver cuchillo, manos de gente, cabeza de gente y me dijo quieres conversar con San Pedro y yo le dije sí, no tengo miedo, pero lo importante es que yo solo quiero sacar a mi hermana”, cuenta.

Su historia es de tragedia. “Esas cosas han pasado, pero me atreví para recuperar a mi hermana, pero hasta hoy no la recupero. Más bien yo en ese abuso tuve una hija, ahorita mi hija sufre de salud, ella tiene 30 años y sufre y cada vez que recuerda ese dolor me reclama y me dice: por qué me has traído a este mundo para sufrir”.

Luego remata: “Perdí a una hermana y más bien ahora me encuentro con una hija sin padre y eso no es justo, y así buscamos esa justicia legal, hemos ido hasta el Palacio de Justicia en Lima, pero nadie nos escucha, nadie. Ni las autoridades ni el gobierno nos escucha”.

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“Estaba como un borracho cuando fui a recoger el cadáveres de mi padre” Germán Morán Puca - Comunero de Atoccsaycopampa, distrito de Huancaray, Andahuaylas (Apurímac) Era la tarde del 14 de septiembre de 1989.

Veinticinco personas salieron de la comunidad campesina de Atoccsaycopampa, en el distrito de Huancaray, provincia de Andahuaylas (Apurímac), a buscar el cuerpo del señor Donato Morán Romero.

En el grupo estaba Germán Morán Puca, uno de los hijos de Donato.

Ahora, 32 años después, también un día de septiembre, recuerda aquel triste día como si hubiera sido ayer. “Salimos a las 9 de la mañana y nos encontramos a las 4 de la tarde. Estaba a 2 kilómetros de su choza. Era claro que los militares los habían llevado en caballo y habían practicado tiro al blanco. Había muchos casquillos de bala. Cuando nosotros le encontramos estaban totalmente incompletos sus cuerpos.

Recuerdo clarito que la cabeza de mi padre estaba destrozada y hasta sus sesos estaban en la piedra. Eso ha sido muy duro para mí y también lo que más me afectó”, rememora Germán Morán.

Lo poco que se sabe es que la base del Cuartel de los Chancas de Andahuaylas de esa época tenía como jefe provincial a

“Mi hermano de 4 años empezó a saltar al ver la sangre de mi tío derramarse” Víctor Sánchez Marca - Comunidad de Accollanca, distrito Justo Apu Sahuaraura, provincia Aymaraes (Apurímac) En 1987, cuando el terrorismo empezaba a ganar terreno en la región Apurímac, Víctor Sánchez Marca tenía 12 años. Vivía en Abancay, capital de esta región, pero volvió a visitar a sus familiares de la comunidad campesina de Accollanca, distrito Justo Apu Sahuaraura, provincia de Aymaraes.

Fue una visita de terror. Víctor Sánchez Marca lo recuerda así: “Cuando regresamos presenciamos detenciones de la familia de mi primo Ramiro Núñez Guzmán. Entonces, lo único que vimos fue fuego, cenizas, humo, humareda y el sonido de las bombas que lanzaron los militares en las zonas. Incendiaron y explotaron la casa de mi primo. Ese es el impacto más duro que ha sido como persona, haber visto cómo explotan la casa y haber sido llevados. Nunca más supimos de él hasta encontrar, después de muchos años, su cuerpo y el de su esposa. Son cosas que quedan en la memoria de los que hemos vivido esa situación”.

Ese mismo año, una columna de terroristas de Sendero Luminoso asesinó al hermano de su madre, Pablo Flores Marca, en la comunidad de Huayquipa del distrito de Ihuayllo. “Mi madre tuvo que disfrazarse de niña para no ser reclutada para Sendero Luminoso. Lo de mi tío fue un proceso de ajusticiamiento popular en

Ángel Tamayo. Ese dato sale de la declaración de un ex policía llamado Gerardo Alway, quien en aquellos años trabajaba en la Comisaría del distrito de Huancaray.

Desde aquel episodio, el profesor Germán no se ha podido recuperar del golpe psicológico que significó encontrar a su padre muerto. “Para mí eso ha sido muy chocante, nos ha afectado bastante a mí y a mis hermanos […] Nosotros somos ocho hermanos, de los cuales cuatro fuimos a recoger los cadáveres de mis padres […]

Para mí es difícil recordar aquella época […] Nos ha afectado totalmente: “yo es-

taba como un borracho, que había perdido todo, no me recordaba nada, nada”.

Germán cuestiona que un sector de la prensa, sin saber las vivencias de las zonas golpeadas por el terrorismo, fácilmente terruquean a las personas del campo. “Por ejemplo, a nuestro presidente, el profesor Pedro Castillo, le han dicho terruco, comunista, senderista, etc. Eso nos cansa. La nueva generación no sabe cómo eran esas épocas de conflicto y violencia. Ellos no conocen y tampoco analizan cómo estamos ahora y, peor aún, con la pandemia del COVID-19 estamos de mal a peor”, se queja.

la vista de toda la población de Huayquipa.

Lo degollaron. Mi pequeño hermano tenía 4 años y al ver que la sangre del tío estaba derramándose en el piso, vio y se impactó.

Empezó a saltar en la espalda de mi madre.

Recuerdo eso bastante también.

Víctor Sánchez marca ahora tiene 45 años y una enorme preocupación porque siente que el país no ha entendido ni aprendido nada sobre los años en los que el terrorismo y la respuesta del Estado desangraron al país.

“A veces hablar de memoria es una cosa de conceptos y no hay estrategias, medios o formas de cómo poder concientizar o cómo esto se convierte en parte de nuestra historia ciudadana. Es lamentable que, después de tantos años, en esta pequeña coyuntura, pudo haberse reflejado términos muy grotescos y des-

pectivos como el terruqueo”, señala.

Hace una pausa, piensa y libera un análisis sereno y profundo a la vez.

“Eso me da a entender que estos 20 años de conflicto armado que vivió nuestro país ha sido una cosa pasajera para muchos o simplemente esto es un escenario de dolor, de terror, de derramamiento de sangre y es una página más de la historia del Perú, que hay que taparla porque la vida continúa.

Muchas veces me pregunto y pienso que hemos pasado por esto y aún no logramos reconocernos y, en verdad, está pendiente una verdadera reconciliación que podamos tener como sociedad. Creo que una de las estrategias que puede ser canalizada es tener los medios más adecuados para socializar estos 20 años de vida dolorosa y sangrienta de nuestro país”.

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Casi la mitad de los cusqueños ya ha recibido las dos dosis de la vacuna contra la Covid-19, pero aún es insuficiente para alcanzar la inmunidad de rebaño.

El lado negativo de la vacunación contra la Covid-19 Escribe: James Noé Mamani Fernández. por acceder a ellas.

LOS INCONVENIENTES. La región Cusco reporta un avance del 45.5% en la inmunización de sus habitantes en una jornada marcada por presuntos aprovechamientos, actos delictivos y ausentismo de beneficiarios. Los jóvenes de 26 a 40 años son los que mayor resistencia han mostrado a recibir las dosis contra el SARS-CoV-2. Mientras tanto sigue latente la llegada de la tercera ola de la pandemia.

El proceso de vacunación contra la Covid-19 avanza en medio de una intensa lucha por evitar la tercera ola de la pandemia y con la meta de lograr la vacunación de más de 28 millones de peruanos y extranjeros residentes, para alcanzar la anhelada inmunidad colectiva o de rebaño.

En Cusco, 537.190 ciudadanos están inmunizados (con dos dosis de los laboratorios Pfizer, Sinopharm y Astrazeneca), es decir, el 45.5% de su población, según el reporte de la Gerencia Regional de Salud al 22 de octubre.

La larga jornada inició el pasado 10 de febrero con la inmunización del primer trabajador del sector Salud, en ese entonces, un sinónimo de esperanza para los cusqueños que llevaban casi un año de encierro.

Sin embargo, los eventos adversos no se hicieron esperar. Primero fue la demora en la entrega de dosis, luego los escándalos por inmunizaciones “privilegiadas”, la desaparición de vacunas, las aglomeraciones por recibir una dosis y hasta el desinterés de miles de personas

Cuestionados privilegios “Vacunagate”, el escándalo de las vacunas que involucra al expresidente Martín Vizcarra, exministros de Estado y otros que figuran en una lista de más de 480 “privilegiados” inmunizados a espaldas de todo el país, también se replicó en regiones.

Cusco es una de ellas. Ocho meses después del “Vacunagate”, la región tuvo su propia versión con la vacunación de más de 100 adolescentes y jóvenes que se saltaron la fila para ser inmunizados, paradójicamente, en el Palacio de Justicia.

La sede principal de la Corte Superior de Justicia del Cusco se convirtió en un vacunatorio no promocionado, donde solo los hijos de magistrados, trabajadores judiciales y del sector salud tuvieron derecho a recibir sus dosis contra la Covid-19, mientras que otros esperaban por horas para acceder a ellas.

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“En ningún momento se ha coordinado absolutamente nada con el Gobierno regional […] este ha sido un trabajo que desarrollaron directamente con las áreas correspondientes de la Gerencia Regional de Salud”, señaló en ese entonces, Jean Paúl Benavente, gobernador regional de Cusco.

El caso se encuentra en investigación, el Gobierno regional conformó una comisión sumaria que aún no emite su informe. Producto de la irregular campaña la enfermera, Lida Zamalloa Chamorro, coordinadora regional de Inmunizaciones, fue separada del cargo.

Vacunación de menores

La primera quincena de setiembre se concretó la vacunación a adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años en la región. Una jornada denominada Familiatón, la cual buscaba inmunizar a 50.000 beneficiarios de ese grupo etario durante una jornada de fin de semana.

Para lograrlo, el Gobierno Regional de Cusco tuvo que saltarse un grupo etario,

el de 20 a 29 años, lo cual fue cuestionado por el mismo ministro de Salud, Hernando Cevallos, quien pidió “respetar el plan de vacunación del Minsa”.

A pesar de las advertencias, la campaña continuó y la convocatorio se amplió a los adultos mayores de 30 años con la finalidad de cerrar brechas lo cual generó enormes filas de familias enteras que esperaron por horas para recibir las vacunas.

La situación no cambió a pesar del llamado desesperado de los médicos y enfermeras, tal es el caso del coordinador de Vacunación de Essalud Cusco, Fernando Minauro, quien imploró, sin éxito, la presencia de los jóvenes.

Finalmente, la Gerencia Regional de Salud determinó reducir a tres la cantidad de puntos de vacunación contra la Covid-19 en la provincia de Cusco debido a la ausencia de ciudadanos.

Vacunatorios vacíos

Desaparición de dosis

A nueve meses del inicio de la vacunación en la región, la ausencia de ciudadanos en los vacunatorios distribuidos en la provincia de Cusco es evidente, sobre todo, en los grupos más jóvenes.

La situación más crítica se registró la cuarta semana de octubre cuando se hizo la convocatoria a los jóvenes de 26 a 29 años. Los 13 vacunatorios lucieron vacíos, el personal de salud solo logró inmunizar a 20.000 personas cuando la meta inicial eran 45.000 ciudadanos.

El Colegio de Ingenieros de Cusco, ubicado en la urbanización Larapa, en el distrito de San Jerónimo, fue uno de los puntos de vacunación más concurridos de la provincia, pero también es la escena de la desparecieron de 28 frascos de la vacuna Pfizer contra la Covid-19.

La presunta sustracción ocurrió entre el 1 y el 3 de octubre, según la denuncia sentada por la médico, Victoria Ayala, exjefa encargada de la dirección de Atención Integral de Salud de la Red de Servicios de Salud Cusco Sur, en la comisaría de la zona.

La denuncia se hizo pública días después. El gerente regional de Salud, Javier Ramírez, sostuvo que iniciaron las investigaciones. “Existen responsables de la cadena de frío, ellos tendrán que hacer un informe […] si se encuentra alguna responsabilidad penal, civil se tendrá que actuar con severidad”, señaló.

Paucartambo fue otra provincia donde se reportó el robo de dosis contra la Covid-19, fue en agosto de este año cuando el personal del centro de salud de la zona alertó sobre la desaparición de 4 dosis de Sinopharm, almacenadas en 2 frascos. De acuerdo al parte policial, la puerta del área donde se guardaban las vacunas fue forzada y la chapa estaba rota. La Policía aún investiga lo sucedido.

Los hospitales ahora empezaron a recibir pacientes graves que no se vacunaron y la mayoría son jóvenes.

La Policía investiga dos denuncias de robo de frascos de vacunas Pfizer en Cusco.

Más inconvenientes La jornada de inmunización registró retrasos debido a la falta de vacunas, incluso una mala programación que postergó a trabajadores de primera línea, entre ellos, los bomberos cusqueños que recibieron sus dosis en julio, convirtiéndose en los últimos de su institución en inmunizarse.

Los anuncios del Ministerio de Salud sobre los grupos etarios y fechas de vacunación también generaron confusión puesto que el avance no fue el mismo en Lima y las regiones. Además, el sistema utilizado para la convocatoria a los vacunatorios fue diferenciado.

Los mitos y creencias religiosas fueron otro obstáculo para continuar con la jornada nacional. En Cusco, los pobladores de zonas rurales y urbanas fueron influenciados por noticias falsas divulgadas en plataformas virtuales como Facebook, WhatsApp y otros.

De las expropiaciones en 1969 a la industrialización de la pequeña agricultura en 2021.

SEGUNDA

FOTO: MIGUEL GUTIÉRREZ

reforma agraria