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PretensiĂłn procesal de ineficacia del Acto JurĂ­dico Juan Espinoza Espinoza

EL FRAUDE A LOS ACREEDORES: LA ACCION REVOCATORIA O TAMBIÉN DENOMINADA PAULIANA (RECTIUS PRETENSION PROCESAL DE INEFICACIA) La acción revocatoria o pauliana es un instrumento de control creditorio que tutela el legítimo interés del acreedor sobre la actividad dispositiva del deudor, a efectos que no se perjudique su derecho de crédito y se traduce en el ejercicio de una pretensión procesal de ineficacia (relativa y limitada) de los actos jurídicos que realiza el deudor en los cuales peligra dicho legítimo interés.

ACREEDOR

DEUDOR

PATRIMONIO

INEFICACIA Limitada y relativa

TERCERO Actos de disposición . Título gratuito . Título oneroso . Otorgar garantías

Requisitos de la pretensión procesal de ineficacia •

Elemento objetivo Eventus damni, Perjuicio económico, poner en peligro la posibilidad para el acreedor de obtener lo que se le debe a través de la ejecución forzada, o el de hacer difícil.

•

Elemento subjetivo Consilium fraudis, el haber conocido o haber podido diligentemente conocer, en el momento de realizar, del perjuicio causado al acreedor con el concreto acto dispositivo que se trate de impugnar con la revocatoria.

Scientia fraudis.

Caracteres de la pretensión procesal de ineficacia • •

• •

Es una pretensión de ineficacia (eventualmente, indemnizatoria).

Es una pretensión personal (no real), por cuanto el acreedor impugnante con la revocatoria no ejercita un derecho/acción real sobre los bienes enajenados por su deudor, sino una acción (personal) impugnatoria contra el acto de enajenación realizado por su deudor.

Es una pretensión conservativa o cautelar, no es ejecutiva.

Carácter de subsidiariedad, por cuanto “se trata de un remedio excepcional con el cual los acreedores pueden impugnar aquellos actos realizados por el deudor que perjudiquen sus legítimas expectativas de realización coactiva de su derecho de crédito, cuando de otro modo no puedan cobrar los que se les debe”.

Artículo 195 “El acreedor, aunque el crédito esté sujeto a condición o a plazo, puede pedir que se declaren ineficaces respecto de él los actos gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido y perjudiquen el cobro del crédito. Se presume la existencia de perjuicio cuando del acto del deudor resulta la imposibilidad de pagar íntegramente la prestación debida, o se dificulta la posibilidad de cobro”.

“Tratándose de acto a título oneroso deben concurrir, además, los siguientes requisitos: 1. Si el crédito es anterior al acto de disminución patrimonial, que el tercero haya tenido conocimiento del perjuicio a los derechos del acreedor o que, según las circunstancias, haya estado en razonable situación de conocer o de no ignorarlos y el perjuicio eventual de los mismos.

2. Si el acto cuya ineficacia se solicita fuera anterior al surgimiento del crédito, que el deudor y el tercero lo hubiesen celebrado con el propósito de perjudicar la satisfacción del crédito del futuro acreedor. Se presume dicha intención en el deudor cuando ha dispuesto de bienes de cuya existencia había informado por escrito al futuro acreedor. Se presume la intención del tercero cuando conocía o estaba en aptitud de conocer el futuro crédito y que el deudor carece de otros bienes registrados.

“Incumbe al acreedor la prueba sobre la existencia del crédito y, en su caso, la concurrencia de los requisitos indicados en los incisos 1 y 2 de este artículo. Corresponde al deudor y al tercero la carga de la prueba sobre la inexistencia del perjuicio, o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito”.

Artículo 196 “Para los efectos del artículo 195, se considera que las garantías, aún por deudas ajenas, son actos a título oneroso si ellas son anteriores o simultáneas con el crédito garantizado”.

Impugnación de la renuncia de la herencia por el acreedor Artículo 676 “Si la renuncia causa perjuicio a los acreedores del renunciante, éstos pueden impugnarla dentro de los tres meses de tener conocimiento de ella, para que sea declarada sin efecto en la parte en que perjudica sus derechos. La resolución que declare fundada la demanda dispondrá, según la naturaleza de los bienes, su administración judicial o su venta en pública subasta, para el pago de las deudas del renunciante. El remanente, si lo hubiera, se trasmite a los herederos a quienes favorezca la renuncia.

La demanda de impugnación se tramita como proceso sumarísimo”.

A propósito del conocimiento del perjuicio, se presentó el siguiente caso que mueve a comentario: el 26.06.96, una sociedad conyugal constituyó fianza solidaria e irrevocable, a fin de garantizar las obligaciones que Industrias Polaris S.A. tuviera en el presente o pudiera contraer en el futuro. En distintas fechas, dicha afianzada giró una serie de letras de cambio a la orden del Banco Continental. Vencidas estas, y ante el incumplimiento del pago, el Banco interpuso demanda ejecutiva con fecha 04.08.97 contra Industrias Polaris S.A. y otra con fecha 12.08.97, obteniendo los respectivos mandatos ejecutivos.

Con fecha 29.10.97, demanda obligación de dar suma de dinero a la sociedad conyugal, sustentándose en la carta fianza, en 48 letras de cambio ascendentes a US $ 72,720.00 y en 78 más por la suma de S/.271,280.00. La sociedad conyugal demandada, con intención de imposibilitar el cobro de las obligaciones devengadas,

lleva a cabo la venta de un inmueble suyo a favor de Inversiones MEM S.A. (de la cual el demandante sostiene que uno de los cónyuges ostenta el cargo de directorgerente), elevándola a escritura pública e inscribiéndola 14.11.97 en registros públicos. Pequeño particular: ello sobre la base de una compraventa “hecha” con fecha 06.08.96.

Es entonces, que con fecha 05.04.98, que el Banco Continental mediante una pretensión procesal de ineficacia solicita cesen los efectos jurídicos de la supuesta compra-venta fraudulenta, argumentando que existe dolo de parte de los demandados ya que estuvieron en razonable situación de conocer las anotaciones de los embargos que aparecen en registro de propiedad inmueble. Se invocó el art. 195 inc. 1, 1219 (no especificó el inciso), 1241 (que establece que los gastos que ocasione

el pago son de cuenta del deudor) y 2013 c.c. (principio de legitimación). La sociedad conyugal e Inversiones MEM S.A. contradicen la demanda alegando que la compraventa fue realizada el 25.06.86 como consta en la escritura pública, es decir, más de 10 años antes de la exigibilidad de los créditos. El Vigésimo Tercer Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución número veinticinco, del 27.07.00, declara improcedente la demanda por cuanto: “(…) Se puede verificar del Testimonio de Escritura Pública de compra venta celebrado por los demandados, que el acto jurídico fue celebrado el venticinco de Junio de mil novecientos ochentiseis, el mismo que fuera formalizado ante Notario Público el seis de Agosto de mil novecientos noventa y siete;

(…) Que, los requisitos para condicionar la acción revocatoria son: a) el eventus damni y el consilium fraudis.

El primero es un requisito objetivo que consiste en el perjuicio al acreedor; el segundo es un requisito subjetivo que consiste en la intención por parte del deudor de causar perjuicio al acreedor o al menos tener conciencia del perjuicio que le causa. (…) Que, a estos requisitos puede agregárseles el conscius fraudes, es decir, el conocimiento que tiene el tercero que contrata con el fraudator en cuanto al perjuicio que se irroga al acreedor de éste último; (…)

Que, adicionalmente a los requisitos antes señalados, debe necesariamente establecerse la preexistencia del crédito, pues el perjuicio al acreedor sólo puede producirse cuando este ya tiene un crédito existente a la fecha en que se realiza el acto de disposición del deudor, porque antes de aquel acto, si el acreedor no era tal, el deudor no podría proponerse perjudicarlo o tener conciencia de ello;

(…) Que, de las deudas afianzadas por los co demandados Miguel Faresh Atala Herrera y María del Carmen Nemy Sayan y acreditados por el Banco demandante con los pagarés de fojas quince, veinticuatro y cuarenta y siete se aprecian que fueron en un momento en que la sociedad ya no era propietaria del inmueble, siendo de otro modo se hubiera constituido garantía real a favor del Banco demandante. (…) Que, estando a que las demás acreencias posteriores a la celebración del acto jurídico en los demás procesos judiciales no ha encontrado sentencia judicial firme y no habiéndose acreditado que dichos créditos sean posteriores a la celebración de la compra venta del inmueble sub materia; y, no habiendo acreditado el Banco demandante existir garantía real a favor del Banco

Apelada esta resolución, la Corte Superior de Lima, con resolución de fecha 14.10.00, revocó la decisión de primera instancia, declarando fundada la demanda y declarando ineficaz la compra venta. El fundamento fue el siguiente: “Que, en la ficha un millón seiscientos setenticinco mil seiscientos setenta y cinco del Registro de la Propiedad Inmueble de Lima aparecen los gravámenes constituidos, con fecha doce de abril de mil novecientos noventiséis, nueve y diecisiete de julio de mil novecientos noventisiete, sobre el inmueble sub-litis, los que resultan anteriores al título de dominio registrado con fecha catorce de noviembre de mil novecientos noventisiete a favor de MEM Sociedad Anónima; (…)Que, a efectos del Debido Proceso deben observarse

lo disciplina el artículo IX del Título Preliminar del mismo cuerpo de leyes lo que no ha ocurrido en autos, al otorgar validez a la fecha de la minuta que contiene la escritura pública a fojas sesenta a sesentitrés, contraviniendo la disposición del artículo 245 inciso tercero del Código Adjetivo, máxime cuando la precitada minuta no ha sido sometida a ninguna determinación técnica de su fecha de celebración. (…) Que siendo esto así, la fecha cierta del acto jurídico que contiene la pre-citada escritura pública solo resulta oponible erga omnes desde su inscripción en los Registros Públicos; (…) Que, así las cosas, la demandada Inversiones MEM Sociedad Anónima estaba en la posibilidad de conocer los gravámenes que afectaban el inmueble que adquiría, al actuar con la mínima diligencia ordinaria en la compra venta a que se refiere la escritura pública pre-citada,

ha demostrado inexistencia del perjuicio al Banco accionante o sobre la existencia de bienes libres suficientes para garantizar la satisfacción del crédito como así se lo impone el artículo ciento noventa y cinco, in fine, del Código Civil”.

Mediante resolución del 06.06.01 (CAS. N° 952-2001), la Sala Civil Transitoria de la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de casación interpuesto por Inversiones MEM S.A. Es importante tener en cuenta que todo hace suponer que, más que una transferencia efectiva, ha habido una simulación en la transmisión de la propiedad del inmueble de la sociedad conyugal a Inversiones MEM S.A. No obstante ello, se prefirió demandar por pretensión revocatoria. La decisión de segunda instancia se centra en el hecho que la fecha anterior de la minuta, en verdad, no genera convicción y

materia de la litis con fecha anterior a la inscripción de esta “oportuna” venta, Inversiones MEM estaba en la posibilidad de conocerlos y, con ello, se acredita el perjuicio al acreedor. Sin embargo, los vocales superiores (y los supremos) olvidan que el art. 198 c.c establece que “No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha cierta”. Si la venta fuera cierta, no se podría argumentar el conocimiento del perjuicio al acreedor, ya que sería una daño en el ejercicio regular de un derecho (art. 1971.1 c.c.). Los vocales superiores parten (aunque no lo dicen expresamente) del entendimiento que la transferencia no es real y esto se desenvuelve en el escenario de la simulación absoluta (que es sancionada con nulidad) y no el de la acción revocatoria (que genera la ineficacia del acto jurídico).

Artículo 1219 “Es efecto de las obligaciones autorizar al acreedor para lo siguiente: 1. Emplear las medidas legales a fin de que el deudor le procure aquello a que está obligado.

2. Procurarse la prestación o hacérsela procurar por otro, a costa del deudor.

3. Obtener del deudor la indemnización correspondiente.

4. Ejercer los derechos del deudor, sea en vía de acción o para asumir su defensa, con excepción de los que sean inherentes a la persona o cuando lo prohíba la ley. El acreedor para el ejercicio de los derechos mencionados en este inciso, no necesita recabar previamente autorización judicial, pero deberá hacer citar a su deudor en el juicio que promueva.

Es posible ejercitar simultáneamente los derechos previstos en este artículo, salvo los casos de los incisos 1 y 2”.

Se pueden individualizar las siguientes diferencias (Antonio BUTERA ): •La acción subrogatoria es el remedio contra las omisiones del deudor: por ésta el acreedor ejercita el derecho que el deudor descuida hacer valer; la revocatoria es el remedio contra las acciones del deudor mismo, es decir, contra aquellos actos que fraudulentamente disminuyen la garantía competente a los acreedores sobre el patrimonio del deudor.

•Los acreedores, ejercitando los derechos y los argumentos de su deudor, actúan como sucesores de éste y, por consiguiente, se valen de los mismos medios del deudor y encuentran obstáculo en las mismas excepciones que podrían ser opuestas al deudor, porque qui alterius iure utitur, eadem iure uti debet; mientras que con la revocatoria los acreedores ejercitan un derecho propio, en mi opinión un legítimo interés propio, inconcebible en poder del deudor, el cual, vinculado por el acto voluntariamente cumplido, no podría ir contra sus propios actos.

•Entre las dos acciones no hay concurso electivo, pueden acumularse en manera alternativa o ejercitarse sucesivamente, cuando la primera ejercitada sea ineficaz. Los acreedores, perdedores en tanto representantes del deudor, tienen la facultad de recurrir a la acción pauliana para impugnar el mismo negocio.

•La pauliana, a diferencia de la subrogatoria, exige la excusión del deudor para la demostración del eventus damni.

•La primera es un arma reservada a los acreedores anteriores al acto impugnado, mientras en la otra pueden beneficiarse también los acreedores posteriores al nacimiento de los derechos que pretenden representar.

Artículo 199 “El acreedor puede ejercitar frente a los terceros adquirentes las acciones que le correspondan sobre los bienes objeto del acto ineficaz.

El tercero adquirente que tenga frente al deudor derechos de crédito pendientes de la declaración de ineficacia, no puede concurrir sobre el producto de los bienes que han sido objeto del acto ineficaz, sino después que el acreedor haya sido satisfecho”.

LEY GENERAL DEL SISTEMA CONCURSAL (No. 27809 del 05.08.02, modificada por la Ley No. 28709, del 10.04.06) Artículo 19.- Ineficacia de actos del deudor “19.1. El Juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores del concurso, los gravámenes, transferencias, contratos y demás actos jurídicos, sean a título gratuito u oneroso, que no se refieran al desarrollo normal de la actividad del deudor, que perjudiquen su patrimonio y que hayan sido realizados o celebrados por éste dentro del año anterior a la fecha en que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación.

19.2. Los actos de disposición que se realicen en virtud a cualquier cambio o modificación del objeto social del deudor, efectuado en el período anterior, serán evaluados por el juez en función de la naturaleza de la respectiva operación comercial.

19.3. El juez declarará ineficaces y, en consecuencia, inoponibles frente a los acreedores, los actos jurídicos celebrados entre la fecha que presentó su solicitud para acogerse a alguno de los procedimientos concursales, fue notificado de la resolución de emplazamiento o fue notificado del inicio de la disolución y liquidación hasta el momento en que la Junta nombre o ratifique a la administración del deudor o se apruebe y suscriba el respectivo Convenio de Liquidación, según sea el caso, que se detallan a continuación: a) Todo pago anticipado por obligaciones no vencidas, cualquiera sea la forma en que se realice; b) Todo pago por obligaciones vencidas que no se realice de acuerdo a la forma pactada o establecida en el contrato o en el título respectivo;

c) Los actos y contratos a título oneroso, realizados o celebrados por el insolvente que no se refieran al desarrollo normal de su actividad; d) Las compensaciones efectuadas entre obligaciones recíprocas entre el deudor y sus acreedores; e) Los gravámenes constituidos y las transferencias realizadas por el deudor con cargo a bienes de su propiedad, sea a título oneroso o a título gratuito; f) Las garantías constituidas sobre bienes del deudor, dentro del plazo referido, para asegurar el pago de obligaciones contraídas con fecha anterior a éste; g) Las ejecuciones judiciales o extrajudiciales de su patrimonio, desde la difusión del concurso; y

h) Las fusiones, absorciones o escisiones que impliquen un detrimento patrimonial.

19.4 El tercero que de buena fe adquiere a título oneroso algún derecho del deudor que en el Registro pertinente aparece con facultades para otorgarlo, no resultará afectado con la ineficacia a que se refiere el presente artículo, una vez inscrito su derecho”.

JURISPRUDENCIA “Son condiciones para ejercitar la acción revocatoria (o pauliana): •

el perjuicio al acreedor;

•

tener conciencia del perjuicio que cause, y

•

que, el tercero contratante tenga conocimiento del perjuicio que se irroga al acreedor”.

(Cas. 2280-97- La Libertad) (Exp. 4030-97, Resolución del 24.04.98, Tercera Sala de Procesos Abreviados y de Conocimiento de la Corte Superior de Lima

Artículo 197 “La declaración de ineficacia del acto no perjudica los derechos adquiridos a título oneroso por los terceros subadquirientes de buena fe”.

Artículo 198 “No procede la declaración de ineficacia cuando se trata del cumplimiento de una deuda vencida, si ésta consta en documento de fecha cierta”.

Artículo 200 “La ineficacia de los actos gratuitos se tramita como proceso sumarísimo; la de los actos onerosos como proceso de conocimiento. Son especialmente procedentes las medidas cautelares destinadas a evitar que el perjuicio resulte irreparable.

Quedan a salvo las disposiciones pertinentes en materia de quiebra”.

Diferencias entre la acción revocatoria y la simulación •

La acción pauliana tiene a atacar a los actos reales fraudulentos. La acción de simulación está dirigida a desvelar actos fingidos inexistentes.

•

Mientras en la acción pauliana el perjuicio consiste en la insolvencia del deudor, el perjuicio de la acción de simulación resulta de la incertidumbre y dificultad de hacer valer un derecho subjetivo y por consiguiente, de la amenaza de su posible violación.

•

La legitimidad para obrar activa corresponde, en el caso de la acción pauliana, a los acreedores; mientras que en la simulación a cualquier tercero.

Diferencias entre la acción revocatoria y la simulación •

En la acción revocatoria se debe distinguir si el acto de disposición es a título oneroso o gratuito, en la simulación, no.

•

En materia de plazo prescriptorio, la acción revocatoria prescribe a los dos años (art. 2001.4 c.c.) y la de simulación a los diez años (acto simulado, art. 2001.1 c.c., por ser nulo) o a los dos años (actos disimulado, art.

2001.4 c.c., por ser anulable).

La desaparición del elemento “fraude” y la ampliación del “daño” dentro de los presupuestos de la acción pauliana Como ha sido puesto en evidencia, en la acción pauliana o revocatoria, la doctrina y la jurisprudencia, en homenaje al antiguo origen de tal acción, se indican aún al consilium fraudis como presupuesto subjetivo y al eventus damni como presupuesto objetivo de la misma. Sin embargo, se advierte que “hoy, el fraude, que históricamente ha tenido un rol central en la disciplina del instituto, parecería haber perdido la importancia que gozaba en el pasado, acabando por desaparecer. El fraude resulta ahora completamente ajeno a la disciplina de la acción revocatoria”(Emanuele LUCCHINI GUASTALLA).

Dicho en otras palabras: bastarían el dato objetivo del perjuicio económico (o la dificultad para hacer efectivo el cumplimiento de la obligación), así como la posibilidad objetiva de conocimiento del tal perjuicio (tanto por parte del deudor como del tercero) para que se active la pretensión procesal de ineficacia. Resumiendo, estaríamos pasando de la comprobación del consilium fraudis a la constatación de la simple scientia fraudis (Lina BIGLIAZZI GERI).

EL CASO: Un acreedor demanda a su hermano-deudor, a su cuñada y sobrinos por “anulación de acto jurídico por fraude”, por una deuda de US$ 23,926.85, mas intereses, costas y costos. He de precisar que la deuda es personal y no de la sociedad conyugal. Se pretende la “declaración de ineficacia” de la compra-venta en el 50% del total de la propiedad de la sociedad conyugal que efectuó ésta a favor de los hijos (el precio del inmueble transferido en el autoavalúo es de S/.250,000.00 y fue vendido a S/.5,000.00). Se pide (confusamente) “la ineficacia por simulación” (sic) y se invocan (promiscuamente) los arts.

195 y 221.3 c.c. En las contestaciones de la demanda, el argumento siempre es el mismo: en atención al art. 923 c.c. uno puede disponer de su propiedad, el precio es bajo porque se trata de los hijos y no de un comprador

cualquiera, los hijos no tenían conocimiento del proceso judicial en el cual estaban involucrados el acreedor y deudor (hermanos) y el bien no era del deudor, sino de la sociedad conyugal. Para colmo de males, en la audiencia de conciliación, el juez determina como uno de los puntos controvertidos, si el acto “adolece de vicio que importe la declaración de la nulidad”. El Vigésimo Segundo Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución No. 09, del 05.11.98, declaró fundada la demanda, interpretando que se trataba de un supuesto de anulabilidad, en atención a las siguientes consideraciones: “Que, siendo la demanda el acto procesal en virtud del cual se ejerce la acción, siendo la presente una de anulación de acto jurídico por fraude, de la cual se advierte como pretensión real del actor una de revocatoria o pauliana, la misma que esta sustentada en el artículo ciento noventa y cinco del Código Civil”.

La Sala de Procesos Abreviados y de (des)Conocimiento de la Corte Superior de Justicia de Lima, con resolución del 01.09.99, revocó esta sentencia, declarando improcedente la demanda, por cuanto: “la voluntad de la ley determina los supuestos en los que un acto jurídico es nulo, anulable o ineficaz. (…), el pretensor a través de su demanda pretende la anulación de un acto jurídico invocando las causales del artículo ciento noventicinco del Código Civil referidas a la ineficacia, cuando para el caso debió invocarse las causales del artículo doscientos veintiuno del Código Civil. (…), en éste sentido habiéndose demandado la “anulación de la Escritura Pública de Compra-Venta de fecha treinta de octubre de mil novecientos noventa y seis” no cabe emitir pronunciamiento respecto de la ineficacia pues esto importaría una modificación del petitorio, hecho respecto a lo cual el juez

está impedido, conforme a la restricción contenida en el artículo sétimo del Título Preliminar del Código Procesal Civil. (…) estando a que de los fundamentos precedentes se advierte claramente del contenido de la demanda, no corresponde al colegiado emitir resolución de acuerdo a sus términos”.

Lo curioso es que el demandante, al solicitar el recurso de casación, insiste en que “la ineficacia del acto jurídico, en el fondo importa la anulación del acto jurídico”. La Corte Suprema, con resolución del 28.01.00 (CAS. No. 3269-99 LIMA), para variar, por un tema formal, declaró improcedente el recurso de casación.

Autorizada doctrina sostiene, en posición que comparto, que la pretensión de ineficacia por fraude al acreedor puede interponerse como una pretensión subordinada a la de nulidad por simulación (BIGLIAZZI GERI).

Seguimos con las confusiones: Con fecha 29.01.95, Ana Nacarino interpone demanda contra Nancy Gómez y Miguel Zavala, solicitando una nulidad de acto jurídico por fraude y una indemnización de daños y perjuicios, basándose en los arts. 195 y 1969 c.c. respectivamente. Su demanda se sustentó en que la señora Gómez era su deudora, con quien tenía un proceso abierto de pago de dólares en etapa de ejecución ante el Décimo Quinto Juzgado Civil y un embargo sobre su único inmueble. Es así que, con el fin de eludir el pago de la deuda, el 06.08.94 otorgó este bien en anticipo de legítima a su hijo Miguel Ángel, imposibilitando además la inscripción de otro embargo y generando daños por gastos de tiempo, oportunidad de cobro y gastos monetarios. La parte demandada no se apersonó al proceso y fue declarada rebelde. El 17° Juzgado Especializado en lo Civil de Lima, con resolución N° 3, falló declarando fundada la demanda, en cuanto:

“Que, con las copias certificadas obrantes a fojas tres, cuatro y cinco se encuentra acreditado que existe un proceso ejecutivo de Pago de Dólares iniciado por la ahora demandante contra la demandada Nancy Cleofe Gómez Brown, ante el Décimo Quinto Juzgado Civil y, en ejecución de sentencia; que, solicitando embargo sobre el inmueble referido y a que se contrae el acta de fojas tres el Registrador rechazó el título por cuanto el inmueble ya se encontraba registrado a nombre de don Miguel Ángel Zavala Gómez. (…) Que, efectivamente, las copias certificadas de fojas ocho a fojas quince dan cuenta del Anticipo de Legítima otorgado por doña Nancy Cleofé Gómez a favor de su hijo don Miguel Ángel Zavala Gómez (…) Que, con este accionar es evidente que la demandada ha perjudicado el cobro del crédito de parte de la actora razón por la cual ésta se encuentra facultada a solicitar la ineficacia a su respecto de los actos

gratuitos del deudor por los que renuncie a derechos o con los que disminuya su patrimonio conocido según lo previene el artículo 195 del Código Civil; asimismo, puede ejercitar frente a los terceros adquirientes las acciones que le corresponden sobre los bienes objeto del acto ineficaz. (…) Que, resulta amparable además la petición de la demandante en el extremo que solicita una indemnización en virtud de que el acto verificado por los demandados ha causado evidente perjuicio al no poder aquella efectivizar el cobro de la deuda materia del proceso que le tiene iniciado a la co-demandada (…)”.

En segunda instancia, el demandado recién se apersona al proceso interponiendo recurso de apelación, alegando que:

“En la sentencia se incurre en el inexcusable error de derecho de confundir NULIDAD DE ACTO JURÍDICO con INEFICACIA DEL ACTO JURÍDICO, que son totalmente distintos (…) El acto jurídico es ineficaz cuando pese a tener todos los requisitos de un acto jurídico válido, se ha celebrado para perjudicar derechos de terceros. (…) En el hipotético caso que la actora hubiera interpuesto ACCION PAULIANA, la demanda también debió aclararse infundada puesto que el Anticipo de Legítima otorgado a mi favor por mi madre, en forma alguna ha perjudicado el cobro del crédito a la actora, puesto que la suma mandada a pagar por el 15° Juzgado en lo Civil de Lima, (…), ha sido totalmente cancelada conforme lo demostró instrumentalmente mi Sra. madre con su recurso de 03.07.95, sobre el que recayó la resolución de 24 del mismo mes y año, en la que erróneamente se rechazan las pruebas instrumentales ofrecidas de su parte”.

La Primera Sala Civil de la Corte Superior de Lima, con resolución de fecha 26.01.96, revocó la sentencia apelada, declarando infundada la demanda, fundamentando que: “la escritura pública de anticipo de legítima que en fotocopia obra en autos, consta que sobre el bien que se transfiere pesa un embargo hasta por la suma de dos mil tres nuevos soles (…); que la anticipante en la cláusula cuarta de la minuta respectiva ha declarado la existencia de dicho gravamen y se ha comprometido a pagar el crédito correspondiente; que en consecuencia no ha habido voluntad de quitar dicho gravamen por lo que no se ha producido fraude contra la acreedora demandante; Que aún cuando la actora no ha probado el monto de su crédito puesto a cobro ante el Décimo Juzgado Civil, con las fotocopias de fojas cuarentisiete a cincuenta y ocho

presentadas en esta instancia, queda probado que la deudora Nancy Gómez Brown ha consignado, desde la fecha que se anotó el embargo la suma de mil ochocientos dólares americanos, cantidad que consentida en moneda nacional rechaza el monto del embargo, monto que ha sido cobrado por la actora; que ella no ha acreditado los daños y perjuicios demandados”.

En materia penal, el art. 87 del c.p. establece que: “Los actos practicados o las obligaciones adquiridas con posterioridad al hecho punible son nulos en cuanto disminuyan el patrimonio del condenado y lo hagan insuficiente para la reparación, sin perjuicio de los actos jurídicos celebrados de buena fe por terceros”.

El art. 2 del D. Leg. No. 982, del 21.07.07, ha modificado el art.

417-A en los siguientes términos: “Artículo 417º-A.- Insolvencia provocada El responsable civil por un hecho delictivo que, con posterioridad a la realización del mismo y con la finalidad de eludir total o parcialmente el cumplimiento de la reparación civil correspondiente, realiza actos de disposición o contrae obligaciones que disminuyan su patrimonio, haciéndose total o parcialmente insolvente, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de dos ni mayor de cuatro años”.