El expolio no cotiza en bolsa

El expolio no cotiza en Bolsa Jesús García Calero

En mayo de 2007 la prensa denunció la salida de Gibraltar de un avión cargado con 17 toneladas de monedas. Odyssey confirmó que había extraído un tesoro valorado en 500 millones de dólares. En el aeropuerto habían declarado sólo cuatro millones de dólares por la misma carga.

a reciente sentencia del juez Mark Pizzo de Tampa, Florida, ha puesto contra las cuerdas la reputación económica de los cazatesoros al dar la razón a España en su litigio contra Odyssey Marine Exploration y demostrar que pocos negocios resultan tan arriesgados como la explotación de pecios históricos. A los cazatesoros les gusta considerar el mar como un banco secreto, con el oro abandonado y las mercancías de muchos miles de años de comercio marítimo y naufragios; a sus ojos, todo un banco acorazado por kilómetros de agua y fango, de cuya cámara blindada sólo ellos tienen las llaves, desde hace poco, gracias a la más avanzada tecnología. Pero la realidad es bien distinta. ¿Por qué una empresa líder del sector como Odyssey Marine Exploration, que cotiza en Wall Street y depende de la confianza de sus inversores, se arriesgaría a que la Guardia Civil española capture y registre sus barcos y a que los más importantes miembros de su plantilla sean imputados en un juicio penal como el que aún tienen pendiente en La Línea de la Concepción (Cádiz), ocultando esta información a la Securities and Exchange Commission (SEC)?1 ¿Por qué una empresa como ésta se metería en pleitos contra el gobierno español mientras abre otros muchos frentes y se ve obligada a mantener equipos carísimos? Es tal la maraña de intereses económicos, diplomáticos, políticos y mediáticos que se requiere también una compleja explicación.

Tratemos de llegar a ella.

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Jesús García Calero es redactor jefe de Cultura de ABC. ECONOMÍA EXTERIOR. Núm. 49. Verano 2009

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El periodista y arqueólogo Peter Throckmorton definió hace poco más de 15 años el negocio de los cazatesoros como “la peor inversión del mundo”. Según las conclusiones de este reputado especialista, el coste que los cazatesoros dedican a una operación de extracción es el doble que el de cualquier proyecto dirigido por científicos competentes, y sólo una de cada 20 empresas cazatesoros tiene oportunidad de hacer dinero. Throckmorton, también conocido por su insistencia en que la conservación del patrimonio sumergido es un asunto público, demostró que el Estado de Florida habría ahorrado millones manejando directamente los asuntos arqueológicos y construyendo un par de museos, en lugar de gastarse fortunas en procesos legales y levantar barreras ineficaces contra una fiebre del oro que acabó inhibiendo a la arqueología seria. Los cazatesoros protagonizaron aún peores experiencias en las pequeñas repúblicas caribeñas hasta que, en los primeros años noventa, el negocio-hobby se convirtió en una industria que buscaba inversores entre las fortunas más eminentes del país. Europa, y en especial España, debería aprender de estas lecciones.

Las cosas pueden haber cambiado algo desde que el visionario Throckmorton enunció sus tesis, pero caben pocos matices. La industria se ha tecnificado en grado sumo y ha adquirido confortables relaciones con la élite y los grupos mediáticos, pero sigue siendo cara y ruinosa a tenor de los datos que veremos. Aspira a un papel respetable en la economía global pero ha generado tal incertidumbre jurídica que puede terminar mal. Aunque las tripulaciones de los barcos cazatesoros se han llenado de ingenieros para manejar los equipos más sofisticados, quienes los dirigen siguen perteneciendo a la misma clase media blanca del medio oeste que alguna vez soñó con ver el mar alfombrado de monedas… Una versión submarina del sueño americano. El sueño propio de los aventureros de los años setenta y ochenta, de lecturas justas y concepto pobre o rasante de la cultura, ha marcado el carácter destructivo de la industria, que revienta los restos por donde los sofisticados equipos detectan metales pesados, sin muchos miramientos con la cápsula del tiempo que un pecio es, con los utensilios y ajuares de quienes navegaban y perdieron la vida. Un yacimiento es un libro que los cazatesoros destruyen sin contemplaciones y para siempre. En realidad, 1. Odyssey afirma en el informe ante el organismo regulador de la Bolsa que no está personado en otro proceso que los juicios civiles en Tampa, uno de ellos contra el Reino de España.

Lo cierto es que el Juzgado de La Línea de La Concepción abrió un proceso penal contra la compañía en la que llegaron a personarse, pero poco después retiraron los poderes a su procurador ante el tribunal, nada más saber que su CEO Greg Stemm estaba imputado por varios delitos contra el Patrimonio, y así continúa.

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Fuente: Nasdaq.

esto significa que los inversores de sus compañías no están suficientemente bien informados.

Un caso como el del presunto expolio de Odyssey Marine Exploration en aguas del estrecho de Gibraltar ha colocado en la corriente principal de la polémica pública una actividad que antes no estaba sometida a un escrutinio tan severo. La intensidad de este debate pilló por sorpresa a todos, no estaban preparados para el alud mediático y se refugiaban en la usual impunidad y secretismo que los cazatesoros disfrutaron hasta fecha reciente. Pero no debieron confiarse, puesto que sus actividades estaban monitorizadas desde su llegada a aguas españolas. Sólo faltaba una mecha y la mecha llegó, a mediados de mayo de 2007, cuando la prensa denunció la salida desde Gibraltar de un avión cargado de 17 toneladas de monedas que Odyssey había extraído en aguas próximas ¡en apenas un mes de excavación! No debieron poner mucho cuidado a pesar de que insisten en que son arqueólogos. Después se supo que dejaron cañones y otros objetos abandonados en el fondo.

La operación marcó su prioridad absoluta: toneladas de monedas.

Saltaron todas las alarmas. La compañía confirmó desde Tampa, Florida, que había extraído un tesoro valorado en 500 millones de dólares de un pecio –muy probablemente un buque de Estado español– al que bautizó como Black Swan. En el aeropuerto de Gibraltar habían

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declarado, curiosamente, sólo cuatro millones de dólares de valor por la misma carga. Además, pronto se supo que los envíos por avión fueron dos. Las medias verdades y las mentiras acompañan desde el origen esta polémica. El de los cazatesoros es un negocio siempre envuelto en nieblas.

Afortunadamente, la presión social y mediática estrechó el margen de actuación de las autoridades españolas, obligadas a dar una respuesta contundente a un caso de escandalosa incuria –como la calificó el Partido Popular desde la oposición– ante el patrimonio sumergido. Pronto se descubrió que la sociedad civil no estaba ni dormida ni dispuesta a callar: no sólo la Armada española y la Guardia Civil habían cumplido con su deber, sino que asociaciones como Ecologistas en Acción, y empresas como la de los arqueólogos malagueños de Nerea, e incluso algunos navegantes particulares, habían realizado un estricto seguimiento de las posiciones y de las maniobras de los barcos de Odyssey durante los seis años que permanecieron en el Estrecho. Y lo más importante: habían estado informando lealmente a las autoridades de todo aquello. Pero entonces, ¿cómo fue posible?

Cuando la política hace aguas Inexplicablemente, Odyssey llevaba operando y probando equipos durante un sexenio en aguas españolas del estrecho de Gibraltar. Su presencia, patrocinada por el ministerio de Defensa británico, fue bienvenida por el ministerio de Asuntos Exteriores español con una desafortunada nota verbal –en marzo de 2007, un mes antes del presunto expolio– que quería ser un permiso de prospección arqueológica. El hecho es que durante esos años, y con similares excusas, los cazatesoros habían estado realizando un completo mapa de pecios en la zona con más hundimientos históricos del mundo. El consejero delegado de Odyssey, Greg Stemm, y otros responsables, mantuvieron reuniones multilaterales en despachos oficiales de Sevilla y Madrid, en las que trataron de alcanzar acuerdos de colaboración para la extracción de material precioso de pecios en aguas españolas a cambio de información sobre los más de 400 yacimientos que habían logrado localizar –después de investigar un millar de ubicaciones– durante sus periodos de actividad en nuestras costas. Nunca perdieron el tiempo, porque como ha dicho el propio Stemm, sólo mantener a flote su buque principal, el Odyssey Explorer, cuesta la friolera de 35.000 dólares diarios.

Aprovechando el permiso sui generis concedido por Exteriores, en el que se les permitía buscar un buque de bandera inglesa, el HMS Sussex, en aguas del Estrecho, pudieron hacerse con el tesoro. Pero ni la Junta de

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Andalucía ni el ministerio de Cultura, con responsabilidades sobre el patrimonio histórico, habían dado su visto bueno a ninguna intervención.

Aún así, estos pretendidos arqueólogos abandonaron todo el proyecto Sussex para irse corriendo a por las monedas del Black Swan, cuidando –eso sí– de no informar a las autoridades españolas ni al reciever of the wreck de la Roca, figura legal que se saltaron a la torera. Afirman que las monedas procedían de un punto en aguas internacionales alejado de Gibraltar unas 100 millas –antes dijeron que de las proximidades de Cornualles– en el que estuvieron operando apenas cinco semanas. A nadie se le escapa que resulta un acto de fe creer que todo lo extraído procedía de allí. ¿Por qué este caso es un laberinto políLa presencia de tico? Porque las autoridades españolas cazatesoros patrocijugaron con fuego: Exteriores no es compenados por la Marina tente para otorgar permisos de excavación británica puso a –se excedió– y la Ley de Patrimonio de 1985 prueba la relación no permite comerciar con pieza arqueológica Madrid-Londres alguna. Es más, en su artículo 4 responsabiliza a las administraciones incluso por omisión en el cuidado del Patrimonio. El llamado caso Odyssey cambió radicalmente la percepción social del expolio subacuático: simplemente ya nadie con responsabilidades públicas podrá mirar para otro lado, ya no vale el laissez faire, laissez passer ante un expolio de tal dimensión. Y eso es objetivamente bueno.

Además, está el problema de Gibraltar. Todo el mundo quería alejar la polémica de la Roca. La presencia de los cazatesoros patrocinados por la Marina británica en el mar de soberanía y la zona contigua (0-24 millas), junto al Peñón, era incómoda también por motivos diplomáticos. Incluso se puso a prueba la buena relación Madrid-Londres en el marco del incipiente Foro Tripartito cuando el embajador británico agitó la espinosa cuestión de las aguas de la colonia si no se hacía la vista gorda con Odyssey. Como informó ABC el 1 de octubre de 2007, Stephen Wright se permitió el lujo de amenazar, en una reunión celebrada el 8 de febrero de 2006 en el ministerio de Exteriores: “No nos gustaría vernos obligados a remover el tema de las posibles aguas jurisdiccionales de Gibraltar”, que el tratado de Utrecht no reconoce. Hay que añadir que Odyssey se prestó con entusiasmo a alimentar este conflicto artificial e inexistente, en un error de cálculo que les puede poner difíciles las cosas en los mares de Europa.

Sin embargo, la negativa del gobierno español de pactar una recompensa con Odyssey (aspiraban, según sus declaraciones, al 90% de la

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carga expoliada, aunque en una entrevista reciente se conforman con el 50%) ha hecho que los cazatesoros no quieran reconocer ahora ante el juez de Tampa que se trata de La Mercedes, hundido en 1804 frente a las costas portuguesas, ni de ningún otro barco identificable. De hecho, entre los materiales aportados al juicio, Odyssey ha entregado fotografías de cañones cuya extracción habría permitido identificar el barco perfectamente, como ha ocurrido el pasado enero con otro hallazgo, el del HMS Victory en aguas del Canal de la Mancha.

En el mismo orden de cosas, los abogados de Stemm negociaron duramente para que España firmase la confidencialidad de los métodos extractivos como condición sine qua non para mostrar a los enviados del gobierno parte de las piezas extraídas y otros materiales, lo cual no sólo retrata la “buena voluntad” aducida siempre por Odyssey, sino que significa además que en Tampa nunca se hablará de arqueología ni de expolios, sino sólo de la propiedad de la carga, en un litigio civil, entre partes, por mucho que una de ellas sea un Estado soberano.

Afortunadamente, no todo son malas noticias. En la primera instancia el juez ha dado toda la razón a España y otorga 10 días de plazo para devolver las monedas a las autoridades de nuestro país. La US Navy y arqueólogos de las universidades estadounidenses han ayudado a España en un caso que los avergüenza.

Los cazatesoros celebran la indefinición y la ambigüedad En definitiva, los cazatesoros tratan de aprovecharse del grave problema que supone para España, como potencia naval histórica, proteger su inmenso patrimonio sumergido. Nuestro gobierno tiene la intención de sentar jurisprudencia con el caso Odyssey, como hizo con el de El Juno y La Galga, precedente que si no alcanza para terminar con el problema, sí supone al menos una victoria moral. De lo que apenas hay información es de cuántos pecios españoles están siendo expoliados hoy en las costas americanas o cualesquiera otras, salvo por el informe de la investigación realizada por el abogado José María Lancho, quien ha rastreado los procesos abiertos en tribunales estadounidenses para obtener permisos de excavación de barcos de origen hispano. La situación que dibuja el informe Lancho es catastrófica, puesto que en EE UU hay abiertos decenas de procesos en los tribunales para adquirir los derechos sobre pecios históricos probablemente españoles. Además, Lancho ha revelado que en los parques nacionales se conceden permisos incluso por vía administrativa, más preocupados por el respeto de la flora y la fauna que por el escrúpulo arqueológico de quien interviene en los yacimientos.

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Por si esto fuera poco, una reciente práctica jurídica añade peligro a la supervivencia del patrimonio sumergido: hoy los jueces aceptan en EE UU informes de extracción y localizaciones de pecios bajo sello, lo cual hurta la luz pública de los posibles expolios. Esto ha ocurrido al menos desde 2005, con el pecio cuya explotación tenía la empresa BDJ Discovery a 12 millas de las costas de Carolina del Norte y que Odyssey posteriormente compró y aún posee. Todo es oscuridad: al informarse bajo secreto sumarial de las extracciones nunca sabremos cuánto material se ha rescatado ni la identidad del pecio que, para Discovery, era del siglo XVIII. Por otro lado, el lobby Treasure Hunters, muy activo en EE UU, con notables contactos políticos y militares, sabe que en el litigio con España ante el juez de Tampa se están jugando las bases del futuro de su negocio para pecios situados en aguas internacionales, a los que ahora la tecnología sí les permite llegar. De confirmarse la sentencia de Pizzo habrán quedado deslegitimados. Y era vital para ellos darle la vuelta a su actual situación, ya que no dejan de declarar pérdidas millonarias, que podrían dar al traste con la confianza de sus inversores. Lo cierto es que el expolio de buques españoles es toda una industria, desde hace décadas, en las costas de Carolina del Norte a Florida, una fiebre del oro aún activa, aunque gestionada por empresas acostumbradas a las pérdidas. Odyssey, líder en el sector, reconoció 24,8 millones de dólares de pérdidas en 2008. El reciente batacazo de sus acciones de Wall Street nada más publicarse la sentencia del juez Pizzo –llegaron a caer más del 60% y cerraron con una pérdida del 42,89%– no es sino una muestra del riesgo que rodea este negocio.

Hay más perfiles ambiguos. Según un artículo de La Gaceta de los Negocios, del 7 de mayo de 2009, Odyssey Marine Exploration realizaba tareas de mantenimiento submarino en instalaciones de la base militar gibraltareña. No sería la primera vez que una compañía realiza sus hallazgos durante los “recreos” de otras “misiones”. Pero sería antidemocrático que sus contactos ofrecieran impunidad a sus actos. El expolio no debe cotizar en Bolsa, en el sentido de que no es legítimo que la destrucción de yacimientos arqueológicos sea convertido en reclamo para atraer la atención de inversores incautos.

Pero es que, además, el negocio sigue siendo ruinoso. En su último informe cuatrimestral, publicado el 8 de mayo, Odyssey reconoce unas pérdidas de 5,3 millones de dólares, algo menores que los 6,8 millones del mismo periodo de hace un año. Toda una sangría en un entorno como el actual, a pesar de que los directivos han reducido sus ingresos, se han esforzado por acordar otras excavaciones con Gran Bretaña (el

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HMS Victory, en aguas del Canal) y han llegado a poner a la venta réplicas de las monedas del Black Swan, que permanecen sub iúdice. La mera aparición de más de 590.000 monedas podría hundir el valor de muchas colecciones existentes, siempre que creamos las cantidades y los lugares de extracción ofrecidos por la empresa, ya que sobre Odyssey ha recaído el peso de la prueba, para desgracia de España.

Otras empresas del sector corren idéntica suerte. Basten un par de ejemplos. Tanto Sovereign Exploration como Seafarer Exploration declararon pérdidas cuantiosas en sus informes a la SEC. Las de la primera de ellas son millonarias. Sovereign tiene dos empresas subsidiarias operando en aguas canadienses y un buen número de pecios de los que aún no tiene permiso para extraer material, pero lo más llamativo es que reivindica los derechos de cuatro yacimientos en España “de interés histórico”. No hay constancia de que España se haya personado para defender sus derechos ante esta amenaza. La otra empresa, Seafarer, no ha hecho más que perder dinero desde que opera, y además ha visto su principal proyecto de excavación en peligro al no poder afrontar el pago del material documental que le ayudaría a encontrar el pecio. La lista de riesgos que todas las empresas incluyen en sus informes a la SEC es para poner el dinero a buen recaudo en otro sitio.

Odyssey deberá cambiar su modelo de negocio. Después de lo que hizo y con el incipiente convenio de la Armada española con el ministerio de Cultura para proteger el patrimonio de nuestras aguas, será mucho más difícil la presencia de los cazatesoros en España. Y en aguas internacionales ya no pueden contar con el respaldo de los tribunales estadounidenses, como puede quedar demostrado en el juicio de Tampa.

A nadie se le escapa que, en una crisis como la actual, con la previsión de paro y el PIB en caída libre, sería inteligente que el gobierno lanzase un mensaje esperanzador a los arqueólogos españoles para que se organicen en empresas solventes –ya existen algunas– que puedan colaborar con este proyecto, creando empleos y ayudando a toda una generación de especialistas que usualmente tienen que formarse fuera de nuestras fronteras. Es hora de políticas imaginativas. Y en el horizonte, sobre todo en el de la Armada, está la construcción de un buque de buceo especializado para la utilización conjunta con la sociedad civil.

Antecedentes no le faltan, como el buque oceanográfico Hespérides, pero el coste superará los 40 millones de euros.