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“Un viaje de mil millas comienza con un simple paso”

Corregir, cambiar, actualizar y revitalizar UNA DC PARA EL TERCER MILENIO


Agradecimientos

E

l Instituto Jorge Ahumada ha elaborado este documento sobre la base de diferentes seminarios y encuentros realizados desde el año 2006 hasta la fecha, muchos de los cuáles han sido publicados en nuestra Revista Impacto. Esta institución académica -dedicada al estudio de los procesos que ha vivido el país en el último tiempo-, quiso evidenciar con el encuentro y la reflexión el esclarecimiento de los procesos políticos en perspectiva histórica y presente. En efecto, durante este período en el Instituto se han socializado varias generaciones de abogados, administradores públicos, economistas, profesores, periodistas, teólogos, y profesionales de otras disciplinas que han contribuido al desarrollo del presente documento generando debates reflexivos e informados sobre la realidad política chilena y haciendo ahora un aporte sustantivo a este Congreso Ideológico del Partido Demócrata Cristiano. En ocasiones como ésta, vale la pena repetir la vieja idea de que las ideas importan; el viejo pensamiento de que el pensamiento cuenta. El rigor y la acuciosidad no son sólo exigencias de la ciencia política y social, sino que además debe permitir compartir el conocimiento adquirido, hacerlo susceptible de crítica y revisión, y posibilitar su permanente incremento y perfeccionamiento. En este marco, debemos reconocer el valioso aporte realizado por Hernán Bosselín Correa, abogado de larga trayectoria pública, miembro del directorio de nuestro instituto, que con sus documentos ha buscado nutrir el debate público con un enfoque sistemático y riguroso que nos ha permitido ordenar la realidad pasada, presente y futura de la Política Chilena con un análisis, explicación y comprensión acabados del quehacer político nacional. Además, quisiéramos agradecer la labor de Myriam Verdugo Godoy, periodista, presidenta de nuestro Instituto, quien, con eficiencia y paciencia, se hizo cargo de la sistematización detallada de las conclusiones y de la coordinación de los diversos aportes que dan cuerpo a este documento. También queremos reconocer la labor incansable de Marta Canto Castro, administrador público, cuya gestión en la organización de nuestras reuniones de trabajo, como asimismo sus aportes académicos e intelectuales sistemáticos, han permitido no sólo el éxito de dichas jornadas sino también la consistencia en la elaboración de este trabajo. 

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Los investigadores y profesionales que han contribuido en esta tarea, lo han hecho motivados por su convicción profunda de que otro Chile es posible, dedicando parte importante de su vida académica al esfuerzo por explicar los procesos políticos, sociales, económicos y culturales de nuestro país. Algunos de ellos han sido fieles colaboradores nuestros desde hace algún tiempo, ya sea como profesores del Instituto, académicos adjuntos o en calidad de invitados a los diversos encuentros, foros, seminarios y paneles. Desde luego, sin su participación activa llevar adelante este trabajo serio y responsable, habría sido mucho más difícil, razón por la que agradecemos sinceramente la valiosa contribución de: • Enrique Goldfard. Economista de larga trayectoria pública. Académico. Asesor del Instituto Jorge Ahumada. • Alvaro Ramis, Teólogo. Académico del Centro Ecuménico Diego de Medellín. Editor de la Revista Pastoral Popular y columnista de Reflexión y Liberación, Revista Impacto y diario Crónica Digital. • Mauricio Salinas E. Abogado. Secretario ejecutivo de la Corporación Ciudadanía y Justicia. Experto en materia de Seguridad Ciudadana. Asesor académico adjunto del Instituto Jorge Ahumada y columnista de la Revista Impacto. Quisiéramos agradecer también la entrega de propuestas, comentarios y generosa participación en las reuniones de trabajo de Alex Avsolomovic, abogado; Ramón Briones, abogado; Fuad Chahín, Abogado; María Teresa Cortés, publicista; Marcelo Ortiz, profesor de historia y Enzo Pisttaccio, Licenciado en filosofía. Quisiéramos agradecer y reconocer también la eficaz labor de todos los miembros del Directorio del Instituto Jorge Ahumada. Confiamos en que la calidad de este trabajo avala la invitación implícita que significa continuar el debate, reflexionar y ampliar los horizontes del conocimiento, y expandir cada vez más la idea de que la Democracia Cristiana puede más, al alero de nuestros principios Humanistas Cristianos y que la corrección del modelo político, económico, social y cultural es un imperativo ético al que todos estamos convocados. Instituto Jorge Ahumada Santiago, octubre 2007


Introducción

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amaradas, amigos y amigas: el Instituto Jorge Ahumada ha querido poner a disposición de los congresales que hoy participan de esta jornada, un documento que, inspirado en el nombre y motivaciones que hicieron de Jorge Ahumada un pilar de las transformaciones de nuestro país y de naciones vecinas en las décadas de los 50 y 60, analice desde una perspectiva humanista, cristiana y progresista el accionar de la Democracia Cristiana y la realidad de nuestro país y el mundo. Mucha agua ha corrido desde que se fundara la democracia cristiana en la década del 50. La DC fue capaz de crecer y de captar la adhesión de la ciudadanía al proponer con Eduardo Frei Montalva un programa de gobierno audaz, serio y con visión de futuro. Fue, posteriormente, incapaz de sustraerse a las tensiones extremas que marcaron la vida política de finales de los 60 y los 70. Cometió en este período gruesos errores, algunos de los cuales hasta hoy lamentamos. Fuimos vanguardia en el proceso de recuperación de la democracia a través de profesionales, sindicalistas, mujeres y dirigentes juveniles que no temieron la represión cruel y asesina de la dictadura militar. Nos comprometimos con una coalición política inédita y que ha dado al país muchas satisfacciones, la Concertación de Partidos por la Democracia. Pero, algo ha pasado en los últimos años. Pareciera que perdimos el rumbo y olvidamos los principios y valores que nos dieron origen.

Prueba de ello es el brutal contraste que existe entre el Chile moderno, satisfecho y globalizado del que gozan unos pocos cientos de miles, con el Chile de la exclusión, de la pobreza, del dolor que padecen otros millones de connacionales. Pretendemos mirar el país, el mundo y el continente con ojos comprometidos, solidarios, preparados. Tal como lo hiciera Ahumada en su época. Pedimos disculpas por la pretensión, pero lo hacemos procurando entregar lo mejor de nuestros conocimientos, de nuestros sentimientos y de nuestro compromiso con Chile y la humanidad. Queremos contribuir al debate interno del Congreso. Reflexionamos en voz alta y aspiramos a confrontar fraternalmente nuestras ideas, posiciones y planteamientos con todos aquellos que discrepen de los mismos. Sabemos que nos hallamos inmersos en un cambio de época evidente; los ejes de nuestra civilización están mutando y se encuentran en rápidas transformaciones. El mundo que está naciendo nos es desconocido. Nuestros clásicos que durante tanto tiempo ilustraron nuestros pensamientos no anticiparon el cambio de época. Las certezas más vitales que dieron lugar a los procesos políticos y sociales de los siglos XIX y XX, han desaparecido. Caminamos por senderos ignorados. La luz que nos debe conducir se encuentra en nuestras raíces. Estos períodos de cambios octubre · 2007 ·




y transformaciones se deben afrontar con un reencuentro con las fuentes originales de nuestro pensamiento. El Partido Demócrata Cristiano efectúa sus Congresos cada 15 o más años, motivo por el cual debemos aquí proyectarnos con una perspectiva amplia de futuro. No podemos limitarnos a lo próximo e inmediato, a la elección municipal del año 2008 y la Presidencial y Parlamentaria del 2009. Estamos obligados a pensar mucho más allá de esas fechas -sin el propósito de llegar a planificaciones globales o sólo con la finalidad de gobernar la realidad o los hechos- con el ánimo de encontrar los faros o luces orientadores, conocer las grandes corrientes que están emergiendo y las que podemos inducir con nuestras limitadas condiciones humanas. Sabemos que más allá de los valores y principios eternos del cristianismo y de las creencias fundamentales de la humanidad, no hay absolutos en las ciencias políticas, económicas, sociales y el observador no puede independizarse de lo observado. Existen perspectivas y puntos de vista diferentes, porque las personas somos efectivamente diferentes, a partir de una común naturaleza. Por eso debemos siempre acudir al diálogo, el consenso y el encuentro en la sociedad, en el mundo y entre nosotros mismos, fortaleciendo la utilización de un lenguaje de respeto mutuo, de estima por las personas ajenas, siempre de tolerancia, de aprecio singular por la vida y la dignidad de cada ser humano. 

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Este documento que presentamos al Congreso del Partido Demócrata Cristiano, contiene el resumen de reflexiones comunes que hemos realizado militantes comprometidos de nuestra comunidad partidaria. Nos interesa y motiva un propósito constructivo y de encuentro en el hogar de todos. Creemos sinceramente que la corrección seria, razonada y metódica del modelo económico, social y cultural en aplicación es la tarea que debemos asumir para así volver a re encantar la política. Sólo de esa manera lograremos abrirnos a la sociedad e incentivar la participación de las nuevas generaciones. Somos muy optimistas. Tenemos grandes esperanzas. No se trata de corregir por corregir, sino de reorientar el quehacer político hacia una sociedad y economía solidaria, participativa y que permita que las personas puedan desenvolverse con plena responsabilidad Para ello necesitamos efectivamente rectificar el rumbo. Chile puede crecer más y puede distribuir mejor la riqueza. Estamos en condiciones de llegar a ser un país desarrollado. No en 30 ó 40 años más. Sino que antes. Sin embargo para ello hay que proponerse efectuar correcciones responsables, sin complejos, mezquindades ni miopías. En lo más próximo, en Octubre de 2008, habrá un importante evento electoral elecciones municipales-, lo que ahora comencemos a hacer será determinante. Si superamos las dificultades, y aprendemos de nuestros errores y apreciamos los logros que se han obtenido, estaremos en condiciones de proyectarnos hacia el futuro.


NUESTRA IDENTIDAD

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osotros y nosotras, profesionales, trabajadores, jóvenes reunidos bajo el alero del Instituto Jorge Ahumada, de cara ante el Quinto Congreso Ideológico y Programático de la Democracia Cristiana, reafirmamos la plena vigencia de la Declaración de Principios del año 1957 y confirmamos que la Filosofía Cristiana y la Doctrina Social de la Iglesia, son la fuente principal de inspiración de éstos, los que se han visto enriquecidos con los aportes de otras iglesias como la protestante, y evangélica. Ellas han fundamentado nuestro accionar político y contribuido a la definición de las orientaciones del marco de nuestro accionar, el que está dado por las siguientes afirmaciones:

cumplimiento de los correlativos deberes, única forma de construir una comunidad de personas libres, responsables, fraternas y solidarias.

Primero Asumimos que el Partido Demócrata Cristiano tiene como misión contribuir a construir una sociedad solidaria, fraterna, justa, democrática, igualitaria y libertaria, en la que hombres y mujeres puedan desarrollarse espiritual y materialmente. De igual modo, esta misión contempla el trabajo diario y honrado por preservar las condiciones que hacen habitable el planeta para todos.

Cuarto Como integrantes de este partido Demócrata Cristiano debemos promover un Estado en el cual se encuentren claramente delimitados los tres poderes, con mecanismos de contrapeso de sus funciones. Las autoridades deben sostener una conducta ejemplar y asumir plenamente la responsabilidad de todos y cada uno de sus actos. De igual modo, afirmamos que los organismos autónomos como el Banco Central, deben estar sujetos al escrutinio ciudadano y responder por sus errores. El país tiene como ejemplo de un caro error para miles y miles de personas, lo sucedido con el Banco Central a fines de la década del 90 cuando con su accionar causó ingentes daños a personas y micro y pequeñas empresas.

Segundo Reconocemos que la Democracia Cristiana debe proclamar y defender los derechos fundamentales de la persona humana desde su concepción, individuo que materializa su realización personal a través de la vida familiar y social. Las instituciones creadas por el ser humano deben estar al servicio de lograr el respeto de cada uno de estos derechos. Su espíritu libre y trascendente debe fomentar el bien común, y alentar una sociedad justa y fraterna. La DC incorpora así, a su marco conceptual, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Internacional de Derechos del Niño, el Pacto de San José de Costa Rica y demás Convenios Internacionales de la Organización Internacional del Trabajo que garantizan el derecho a los trabajadores. Estos pactos encuentran fundamento principal en la dignidad intrínseca de toda persona humana, sin distinción, discriminación o exclusión de ninguna especie. La Democracia Cristiana debe ser la principal promotora de una sociedad de seres humanos con derechos y del mismo modo de una comunidad en que tales derechos lleven implícito el

Tercero Como demócratas cristianos entendemos que debemos luchar por una sociedad sin discriminaciones de ningún tipo, que tienda a la igualdad de derechos, deberes y de oportunidades. Una sociedad que impulse el ascenso moral, material e intelectual del pueblo en el marco de una plena seguridad, libertad y vida democrática. El país debe asegurar que su accionar permita la seguridad social de todos sus miembros

Quinto Afirmamos que como Demócratas Cristianos debemos promover la participación social de las personas a través de las organizaciones intermedias entre éstas y el Estado, y apoyar el fortalecimiento de las regiones, provincias y comunas tanto en su gestión administrativa como en el desarrollo de estrategias de crecimiento local, de acuerdo a sus potencialidades económicas y culturales. Sexto Reafirmamos que el derecho de propiedad es común a todos los hombres y mujeres sin excepción, por lo que un orden social que, valiéndose de tal derecho excluya prácticamente del acceso a ella a la gran mayoría y permita a unos pocos representar, dirigir y dominar a los demás, es un orden injusto y contrario a la naturaleza del derecho de propiedad. octubre · 2007 ·




Séptimo Reconocemos a la familia como el núcleo básico de la sociedad, entendiendo como tal a las diferentes estructuras formales e informales que éstas se dan, así como la existencia de familias bi y monoparentales. También reconocemos que la función garantizadora de derechos del Estado lo obliga a asegurar la educación de calidad para todos y todas, pero respetando la decisión que toman las familias en orden a procurarse una enseñanza fiscal o particular. Octavo Reconocemos el aporte fundamental que hombres y mujeres de trabajo hacen al desarrollo de las familias y sociedad chilena. Por lo mismo tenemos como norte de nuestro accionar la promoción de políticas que retribuyan en su justa dimensión esta labor. El mundo del trabajo organizado es un factor de liberación y dignificación que cuenta con nuestro respaldo, y que según nuestro concepto debe estar exento de tutelas partidistas, estatales o patronales. Noveno Creemos firmemente en la paz como orientadora de la vida internacional. Para ello se requiere del respeto a la autodeterminación de los pueblos; el desarrollo de organismos internacionales que contribuyan a la paz mundial y apoyen a las naciones subdesarrolladas, y, la firme voluntad de respetar el medio ambiente para no agravar las consecuencias de hambre, miseria y guerras a que nos ha llevado el crecimiento mundial llevado a cabo sin controles éticos ni de equidad. Décimo Reconocemos que el fenómeno de los movimientos migratorios es una realidad que, en forma masiva, vino para quedarse en la sociedad y, por lo tanto, nuestro país debe prepararse para ello. La acogida sin discriminación, el establecimiento de normas que permitan el reconocimiento de la seguridad social, la definición de políticas educativas, sociales, de salud que den cuenta de su existencia, deben ser parte fundamental de nuestra preocupación. Especialmente si recordamos que, en épocas pretéritas, cientos de miles de chilenos fueron acogidos junto a sus familias en diversas naciones de muy diferente raíz y costumbres y que, más aún, nuestro país se ha formado con el aporte de distintas nacionalidades y etnias, desde su origen hasta hoy. Décimo Primero El mundo, las naciones y las personas comenzaron a sufrir los efectos del calentamiento global en forma de pestes, aluviones, sequías, tifones, huracanes y hambrunas. Se trata de las consecuencias de una opción de desarrollo y de economía de mercado que no ha respetado ni al medio ambiente ni a las personas. Creemos que se debe iniciar un debate serio sobre esta opción política-económica que ha sido impuesta a la población mundial, pero cuyos efectos nos tocan a todos. Creemos que, efectivamente, otro mundo es posible. Décimo Segundo Contraponemos al proceso de Globalización, el concepto de mundialización, que debe promover el comercio justo, el respeto 

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a la diversidad cultural y la conservación de un mundo habitable y vivible para todos. Creemos, tal como lo dijera Juan Pablo II, que es un grave error creer que las transformaciones actuales acaecen de modo determinista. El factor decisivo o “árbitro” de esta fase histórica sigue siendo el ser humano y su voluntad. La Iglesia Católica Latinoamericana -en su encuentro de Aparecida-, dijo respecto de la globalización que “no se puede negar que el predominio de esta tendencia no elimina la posibilidad de formar pequeñas o medianas empresas, que se asocian al dinamismo exportador de la economía, le prestan servicios colaterales o bien aprovechan nichos específicos del mercado interno. Sin embargo, su fragilidad económica y financiera y la pequeña escala en que se desenvuelven, las hacen extremadamente vulnerables frentes a las tasas de interés, el riesgo cambiario, los costos previsionales y la variación en los precios de sus insumos. La debilidad de estas empresas se asocia con la precariedad del empleo que está en condiciones de ofrecer. Sin una política de protección específica de los Estados frente a ellas, se corre el riesgo de que las economías de escala de los grandes consorcios termine por imponerse como única forma determinante del dinamismo económico”. Concordamos con la Iglesia Católica en cuanto a que: “la globalización como en todos los campos de la actividad humana, debe regirse también por la ética poniendo todo al servicio de la persona humana, creada a imagen y semejanza de Dios. La cara más extendida y exitosa de la globalización es su dimensión económica, que se sobrepone y condiciona las otras dimensiones de la vida humana. En la globalización, la dinámica de mercado absolutiza con facilidad la eficacia y la productividad como valores reguladores de todas las relaciones humanas. Esta peculiar característica hace de la globalización un proceso promotor de inequidades e injusticias múltiples. La globalización tal como está configurada actualmente no es capaz de interpretar y reaccionar en función de valores objetivos que se encuentren más allá del mercado y que constituyen lo más importante de la vida humana: la verdad, la justicia, el amor y muy especialmente la dignidad y los derechos de todos, aún de aquellos que viven al margen del propio mercado”. Es urgente y necesario reconocer, tutelar y promover el primado indiscutible de la persona humana. Una economía verdaderamente digna de este nombre debe plantearse y actuarse respetando la totalidad de los valores y las exigencias de cada persona humana desde la perspectiva de la solidaridad. La economía, dentro de su legítima autonomía, debe armonizar con las exigencias propias de la política, ordenada esencialmente al bien común. Estamos de acuerdo con quienes con singular profundidad han sostenido: “La ciencia económica ha desempeñado un papel funda-


mental en este juego reduccionista al aportar el núcleo duro de racionalidad llamado a orientar los planteamientos sociopolíticos que configuran el actual pensamiento dominante. Una vez sometido el mundo al yugo de ese pensamiento dominante, guiado por una racionalidad económica servil al universalismo capitalista en vigor, se ha podido postular a bombo y platillo la “muerte de las (otras) ideologías” y el “fin de la historia”. La falta de pudor intelectual que subyace al manejo acrítico y desenfadado de tales afirmaciones, en un mundo que se supone informado, da cuenta de la impunidad con la que se desenvuelve el reduccionismo imperante. Tales consideraciones parecen más propias de visiones paleocientíficas hoy trasnochadas; recuerdan ese puesto “orden natural” inmutable fruto de la creación divina al que se consideraba sujeto el mundo antes de que Darwin formulara su teoría de la evolución. Curiosamente semejante inmovilismo reduccionista suele, en una cabriola intelectual sorprendente, aderezarse con alardes de relativismo “posmodernos” para huir así de las crudas realidades ligadas al deterioro ambiental y la polarización social en curso. El nuevo contexto parece haber invertido el antiguo papel progresivo que en su día se atribuyó a las ciencias sociales. Pues desde Platón a Aristóteles se había venido pensando que las personas podrían mejorar la sociedad en la que viven y que el conocimiento racional (científico) brindaría el punto de apoyo necesario para acometer esta mejora. Sin embargo hoy la economía, esa “reina de las ciencias sociales”, ha invertido la situación: se asiste a la extensión de un discurso económico reduccionista que aniquila la posibilidad de reconsiderar las metas de la sociedad y, por lo tanto, de cambiarla, haciendo que incluso la política se supedite a ese discurso, La reflexión económica estándar se sitúa así en un campo meramente instrumental, servil al ciego instinto de promoción competitiva y al desatado mecanismo del crecimiento económico, cerrando los ojos a los daños sociales y ambientales que tal modelo genera o ayudando a asumirlos como si del rayo o el pedrisco se tratara (Raíces Económicas del Deterioro Ecológico y Social, Más allá de los dogmas. José Manuel Naredo). Décimo Tercero Concentración económica. Rechazamos el proceso de concentración económica que se ha impuesto en el país, y que se ha traducido en abusos y en la destrucción de la pequeña y micro empresas chilenas. Se debe corregir el modelo: la concentración económica y financiera tal como se da en Chile, es incompatible con una economía solidaria y con una economía social de mercado ya que entraba el crecimiento, daña la productividad total de los factores, generando notables desigualdades en la distribución de la riqueza, de los ingresos, salarios y remuneraciones, desigualdades que no pueden ser corregidas exclusivamente a través de políticas sociales y/o asistenciales, sino que reclaman una efectiva desconcentración económica y financiera. Esto es lo que debe corregirse para que la micro y pequeña empresa pueda desarrollarse y para que la riqueza se distribuya más equitativamente dentro de un marco de la economía que crezca a un ritmo

sostenido y nos permita llegar a ser una país desarrollado. Décimo Cuarto La Democracia Cristiana debe optar por ser de nuevo vanguardia en la construcción de país, tal como lo fue en las décadas del 50, 60 y 70. Debe reasumir su papel liberador. El actuar del partido, haciendo abandono de los espacios naturales que ocupó cuando se definió como “la espada de los pobres”, obligó a que otros actores, como la iglesia, suplieran su accionar. Debemos reasumir nuestro liderazgo liberador y promocional, y acompañar a los organismos morales que rigen su accionar por estos lineamientos. Décimo Quinto Somos cristianos y demócratas. Aspiramos a conseguir una sociedad solidaria en el marco de una civilización del amor. Las leyes del capitalismo salvaje deben ser doblegadas por las leyes de la solidaridad, igualdad, equidad y fraternidad. Nos oponemos frontalmente a la economía concentrada y corporativa que consagra la desigualdad, obstaculiza el crecimiento y nos mantienen en el subdesarrollo. Queremos una sociedad distinta, un mundo y una sociedad distinta: Privilegiar el sentido comunitario por sobre el individualismo, queremos una convivencia con sentido y valores, sin egoísmos. No queremos el vacío existencial ni menos la ausencia de valores .El espíritu es siempre superior a la materia. Nuestros valores y principios se fundan en la trascendencia en un ser superior. Somos creyentes. Nuestros orígenes se encuentran en las bienaventuranzas, la Biblia, el Nuevo Testamento que son nuestras fuentes más importantes de inspiración. Nos afirmamos en la filosofía cristiana y en la doctrina social de la iglesia católica. Queremos una democracia participativa. No nos gustan las oligarquías económicas ni las oligarquías políticas. Queremos más participación efectiva y debidamente institucionalizada. Creemos en el diálogo. Rechazamos las culturas autoritarias y los paternalismos. Afirmamos que los hombres y las mujeres somos iguales en derechos, dignidad y deberes. Afirmamos que somos personas desde la concepción. Reconocemos el valor de las éticas establecidas a partir de fundamentaciones diversas, seculares o religiosas, que valoran y respetan la autonomía de las conciencias, que buscan la armonía en las sociedades, en la humanidad, en el mundo y que ofrecen o postulan caminos no violentos para construir comunidades justas, fraternas y solidarias. Décimo Sexto Queremos una nueva Constitución Política para la República de Chile, que consagre una democracia representativa y participativa. En dicha nueva Constitución Política, de acuerdo con nuestra propia idiosincrasia y sin necesidad de importar modelos extranjerizantes, deberemos incorporar los derechos económicos y sociales, dar participación efectiva a la ciudadanía en la elaboración de las leyes, establecer un régimen político que disminuya el hiper neopresidencialismo imperante y lo sustituya por un sistema político que equilibre adecuadamente los roles del poder ejecutivo y legislativo. Se necesita que nuestras instituciones políticas profundicen la descentralización política y administrativa del Estado, otorgando un nuevo estatuto a los octubre · 2007 ·




gobiernos regionales, con participación de la ciudadanía en la generación de los mismos. El funcionamiento del actual Congreso Nacional –Senado de la República y Cámara de Diputados-, debe ser reformado en términos tales que el Parlamento de Chile refleje efectivamente los intereses de la comunidad nacional. Será necesario reestructurar las instituciones del Poder Judicial, modificar sustancialmente órganos tradicionales como la Contraloría General de la República y el Banco Central. Las autonomías constitucionales absolutas son contradictorias con un sistema política democrático y participativo. Queremos que la Nueva Constitución Política sea el fruto reflexivo y ponderado de un Congreso con mandato especial para abocarse a tan trascendente materia. Sin embargo, para conceder tal mandato al Congreso Nacional será indispensable que se elabore – y ya es tiempo de hacerlo-, el texto de una Nueva Constitución Política, desde la perspectiva del pensamiento democrático. No es admisible que aún se sigan interpretando las instituciones fundamentales de la República al tenor de lo expuesto en la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución designada por el régimen de fuerza que se estableció a partir del 11 de septiembre del año 1973. Décimo Séptimo Porque somos cristianos y demócratas optamos por los pobres, por quienes son tratados injustamente y carecen de poder. Esta-

mos con los abandonados, los excluidos y los permanentemente desprotegidos. Queremos una sociedad y un mundo de afectos. Rechazamos el dinero como la medida de todos los valores. Por todo lo anterior queremos corregir muchas cosas y cambiar todo aquello que esté en contra de la civilización del amor. Nuestros valores son eternos. Décimo Octavo En lo estrictamente económico estamos por la competencia, pero sin concentración del poder económico y financiero. Con concentración económica y financiera la competencia genera una sociedad desigual y no solidaria. En lo puramente económico la concentración es radicalmente incompatible con la competencia. Creemos que, como herederos del aporte político, social, económico y cultural de uno de los partidos más importante en la historia del país, no debemos tener temor a CORREGIR y CAMBIAR, lo que sea necesario corregir y cambiar; debemos CONSERVAR lo mejor de nuestras orientaciones fundamentales; ACTUALIZAR nuestra forma de hacer política a la luz de los cambios que el mundo, el continente y el país han experimentado y, REVITALIZAR nuestra acción, asumiendo la difícil tarea de luchar contra los poderes depredadores que sólo piensan en crecimiento, sin medir las consecuencias humanas, sociales, culturales y políticas de su acción.

El signo de nuestra causa y el carácter de los tiempos. Hemos estado experimentando por años y años una realidad socio-económica que nos disminuye como personas y resquebraja la unidad familiar y social. No son situaciones aisladas. Las vemos en nuestro entorno, pero va más allá. Nos damos cuenta de que es un fenómeno colectivo. La desintegración social es un drama nacional. Esta realidad a la que hacemos alusión se conforma de un cuerpo doctrinario y una verdadera praxis; un sistema de vida que funciona de tal forma que los legítimos cuestionamientos que se le hacen, son rápida ignorados y estigmatizados por el entorno que lo protege y perpetúa. Su red de sostén es misteriosa y su alcance desconocido, pero sus consecuencias claras. Es tal la fuerza y gravedad de las distorsiones económicas y sociales que vive este país, que se están alzando cada día más

voces exigiendo cambios que permitan un país más próspero y más participativo de los beneficios sociales. Qué decir de la actitud preclara de la Iglesia Católica que hoy, como ayer, se alza como la voz de los sin voz; como la voz de los desposeídos; como la voz de los olvidados por el sistema; como la voz de los humillados en el Transantiago. Podemos avanzar con la frente en alto, con la conciencia tranquila de quienes tenemos la razón. Porque tenemos independencia de juicio, podemos buscar dar soluciones reales, podemos ser transparentes, mostrando nuestro sentir, nuestros requerimientos y nuestras aspiraciones, señalando dónde y cómo tenemos que hacer los cambios. Así obtendremos la justicia social, la esperanza, el porvenir para nuestro pueblo, para nosotros y nuestros hijos que son legítimos pedir y obtener.

Nuestro marco ideológico El Partido Demócrata Cristiano es una comunidad democrática de hombres y mujeres libres que, fundada en los principios y valores del humanismo cristiano, busca materializar una sociedad justa, equitativa y solidaria, tratando siempre de representar las aspiraciones, anhelos, necesidades, ideales, sufrimientos, angustias y dolores de las grandes mayorías del pueblo chileno, especialmente los más débiles. 

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El Partido Demócrata Cristiano justifica su existencia en la medida que, con su acción práctica, trata de ir construyendo una sociedad efectivamente democrática, con una amplia participación de todos los sectores, grupos e intereses que la componen, sin exclusiones de ninguna especie, dentro del contexto de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una democracia en lo político y social.


Con posterioridad al plebiscito de octubre de 1988, asumimos el compromiso de concurrir a la formación de una coalición de gobierno denominada Concertación de Partidos por la Democracia y apoyar así a los gobiernos elegidos dentro de los propósitos y programas de esta última, para restablecer el pleno imperio de la democracia y dar lugar a una sociedad más justa y equitativa. Los grandes objetivos iniciales de la Concertación -dar curso a la transición hacia la democracia y, en el ámbito económico y social, colocar el acento en el crecimiento y en la equidad-, fueron en su tiempo cumplidos, dentro de las posibilidades que permitió el proceso histórico chileno. De hecho se logró disminuir sustancialmente los niveles de pobreza. Cumplidos 18 años desde la conformación de la Concertación de Partidos por la Democracia y después de los tres gobiernos que apoyamos con todas nuestras fuerzas y que fueron presididos por Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos y después de un año y algunos meses del gobierno que encabeza Michelle Bachelet, somos de opinión que se ha cumplido un ciclo histórico y que procede hacer un balance de las realizaciones logradas y de las carencias, errores y omisiones en que hemos incurrido, bien sea como partes de una coalición de gobierno o como partido político. El modelo económico, social, cultural y político aplicados, sin ningún cuestionamiento serio y real por los gobiernos de la Concertación, permitió la consolidación de una situación extraordinariamente conflictiva e incompatible con el funcionamiento regular de una democracia: el poder económico se ha concentrado en muy pocas manos; en grupos económicos que extienden sus actividades e influencias a todas las actividades de la sociedad.

dable influencia política afecta a los medios de comunicación, a la educación, a la actividad productiva y, por cierto, a todo lo que dice relación con la política propiamente tal. Junto con dicha distorsión, presenciamos un fenómeno duro en nuestro sistema económico: la distribución de la riqueza -pese a las políticas sociales emprendidas por los gobiernos de la Concertación, que reconocemos y valoramos-, es extraordinariamente desigual, injusta e inequitativa, por cuanto casi el 50% de los ingresos totales del país son absorbidos sólo por el 10% de la población. Los dos fenómenos anteriores, concentración de la riqueza y desigual distribución de los ingresos, han marchado unidos a un bajo crecimiento del producto interno bruto, en términos tales, que de seguir el país a los mismos ritmos de crecimiento que ha tenido durante los últimos 10 años, difícilmente lograremos salir del subdesarrollo dentro de un término prudencial y razonable. Porque, seamos sinceros, somos un país subdesarrollado. Políticamente creemos que “nada es para siempre” o necesariamente inmutable, y que si la Concertación de Partidos por la Democracia ya cumplió un ciclo, debemos tener la claridad para decirlo. Creemos que si esta coalición de gobierno quiere seguir al frente de los destinos del país, debe refundarse sobre principios de justicia, libertad, democracia y equidad. Afirmamos que estamos en condiciones de definir nuestros objetivos y aspiraciones políticas sólo dentro del marco de una rectificación del modelo económico, social, político y cultural imperantes.

Dicho proceso de concentración económica que tiene una indu-

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LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS

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l país ha observado que durante este último tiempo, como producto de factores externos, se ha producido un extraordinario superávit de carácter fiscal, el cual, lejos de estar siendo empleado en políticas públicas que favorezcan a los grupos más necesitados y vulnerables, se acumula en los bancos norteamericanos o europeos, ganando intereses, pero sin beneficiar a las grandes mayorías.

una economía liberal de mercado cuyas características más perjudiciales para los sectores laborales, juveniles, populares y medios, se ha tratado de atemperar a través de políticas sociales de bienestar, que en el fondo constituyen una aplicación moderna de la asistencialidad del pasado, y que no permiten que las personas consoliden una forma de vida autónoma e independiente.

El modelo en aplicación ha golpeado duramente a los sectores laborales, juveniles y a la clase media. La micro y pequeña empresa, que constituye el universo productivo que otorga trabajo real y efectivo a casi el 80% del país, ha sido duramente golpeada, a través de políticas económicas erradas que han sacado a muchas de ellas del mercado formal. Las Pymes se encuentran en un duro y desigual escenario en el que el poder económico concentrado y el gobierno no les permiten soluciones ni oportunidades.

Vivir bajo la protección del paraguas de políticas sociales puede ser un fenómeno de urgencia y transitorio, pero cuando ello deviene en la política oficial del gobierno, se estructura un sistema económico que impide el desarrollo de las actividades productivas y empresariales; se desincentiva la iniciativa personal y se consolida un aparato productivo controlado por determinados poderes fácticos que aprovechan todas las ventajas de una competencia cada vez más restringida y de mercados monopólicos y oligopólicos. Necesitamos no sólo políticas sociales para hoy, sino políticas de transformación social, para no seguir reproduciendo las fallas.

Informes indican que 300 mil chilenos concentran el 25% del PIB; que 3 bancos tienen más del 50% de las colocaciones y que 20 grupos económicos son dueños del 84% de las empresas que se transan en bolsa. Por otro lado, la democracia chilena está funcionando no sólo dentro del contexto de una gran exclusión económica, sino también con una exclusión de orden social y política trascendente: en las elecciones de diciembre de 1989 hubo una gran participación y sólo el 16% de los ciudadanos y ciudadanas en condiciones de votar no concurrieron a las urnas; sin embargo, en las últimas elecciones de diciembre de 2005, el ausentismo electoral abarcó un universo del 45% de la ciudadanía. La Concertación de Partidos por la Democracia, que en sus inicios se proyectó como una alianza de partidos políticos, se fue progresivamente transformando en una suerte de alianza transversal de sectores informales de los partidos que fueron adhiriendo, cada vez con mayor intensidad y profundidad, a un modelo neoliberal de desarrollo que se aparta grandemente de los propósitos fundacionales del Partido Demócrata Cristiano, que son la base de nuestra legitimidad. La economía aplicada por los gobiernos de la Concertación no es propiamente una economía social de mercado, sino que 10

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Necesitamos incrementar los grados de participación de toda la comunidad. Resulta inconcebible que se pretenda realizar transformaciones culturales, -tales como las propuestas a través de la política errónea del Transantiago-, sin que el pueblo soberano que sufre los resultados de tal política, haya sido consultado en las oportunidades adecuadas y a través de los procedimientos democráticos correspondientes. Deben introducirse modificaciones en el funcionamiento de nuestra institucionalidad y no debe concentrarse el poder en cúpulas tecnocráticas que practican una suerte de despotismo semi ilustrado, obedeciendo a modelos y paradigmas extranjerizantes. El país necesita una educación de la más alta calidad para toda su juventud. No es admisible que con la situación de altos ingresos que está percibiendo el Estado como producto de los precios del cobre, se tenga en aplicación un sistema educacional tremendamente inequitativo y frustrante. Las reformas educacionales que se han propuesto desde el gobierno de la Presidenta Bachelet, son completamente insuficientes toda vez que dejan instalado el problema de las grandes carencias económicas y sociales que impiden que el país entregue una educación de calidad. Igual para todos. La diversidad no es desigualdad. Sin esto no habrá igualdad de oportunidades.


Después de 17 años de gobiernos de la Concertación, nos interpelan millones de niños y jóvenes que están recibiendo una educación mediocre: en el SIMCE 2006, de los 256.040 alumnos pertenecientes a 4º básico que la rindieron, cien mil niños apenas leen, suman y restan. Hemos fracasado en las políticas educacionales. Chile demanda una rectificación profunda. Estamos en deuda con nuestros niños y jóvenes. Sin una educación moderna, de alta calidad y sin investigación e innovación, el país no podrá avanzar por cuanto, para incrementar el producto interno bruto, para el crecimiento de la riqueza y para una mejor y efectiva distribución de los ingresos se requiere aumentar la productividad total de los factores, que es la gran palanca del desarrollo. Sólo esto nos permitirá construir una sociedad moderna, diferente a la actual, sin las inequidades que afectan a la mayoría del país. Nos interesa rectificar el modelo no sólo por razones meramente económicas o de mercado, sino porque en la sociedad contemporánea estamos obligados a pensar en un desarrollo que equilibre la producción con la naturaleza. No podemos, como país, contribuir a la destrucción de nuestro medio ambiente; máxime cuando conocemos los riesgos ciertos -ya anunciados en forma fundada-, que acarreará inevitablemente el cambio climático como consecuencia de una economía de mercado global

mal aplicada, que ha excluido el componente social y humano y depredado nuestro planeta que en realidad no es nuestro, sino de las generaciones. Reconocemos todo lo realizado, pero no nos conformamos con ello. Deseamos más para el pueblo de Chile, para sus juventudes, para sus niños, para sus ancianos y ancianas, para sus hombres y mujeres. Queremos una sociedad sin exclusiones, queremos que los frutos del desarrollo y los productos de la riqueza sean compartidos por todos; no queremos una sociedad de tantas desigualdades y de tantas soledades. Queremos una sociedad que vaya proyectando, cada día más, nuestros valores y principios, que son los de la solidaridad, la hermandad y la fraternidad. Somos un partido político, pero siempre hemos representado una expresión social nacional y popular que integra a todos y cada uno de los sectores de la sociedad; que privilegia a quienes más sufren las consecuencias de un mercado frío e impersonal, cruel, como dijera el ex presidente Patricio Aylwin. Estamos por hacer comunidad y queremos una convivencia sana. Todo ello reclama un gran esfuerzo creativo, de participación y generosidad. La competencia en todo no puede ser la dinámica de nuestra sociedad.

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LOS GRANDES DESAFÍOS QUE PLANTEA EL FUTURO

Es hora de cambios y correcciones En el Manifiesto Político Programático entregado a la actual Presidenta de la República, en un acto solemne efectuado en agosto de 2005, los partidos de la Concertación se comprometieron a hacer una rectificación del modelo económico y social como manifiestamente se deduce del tenor y sentido de dicho documento (páginas 13 y 20 del documento citado. Ediciones Concertación). En dicho importante compromiso político, hoy olvidado y no cumplido, los partidos de la Concertación señalaron que era el momento “de apuntar a un desarrollo más integral que pueda ser compartido por todos los ciudadanos”. (Numeral 3). En el mismo, reconociéndose que se habían efectuado diversas correcciones al modelo económico social, se dijo que era necesario que “el Estado cumpla cabalmente su rol regulador, fiscalizador e igualador de oportunidades. Se requiere también de un Estado que acoge a su gente”. (Numeral 4). Este documento central señaló respecto de las Pymes, que en cuanto a sus problemas “el más urgente es el de facilitar una renegociación de sus deudas con los bancos, que les haga posible aprovechar plenamente las ventajas de una economía en expansión”. (Numeral 9). En el mismo orden de ideas se dijo que es necesario “profundizar las reformas necesarias para disminuir las asimetrías actualmente existentes en el acceso a las tecnologías de la información”. (Numeral 10). Luego decía que existía coincidencia con la preocupación por “la creciente concentración que se observa en sectores claves de la economía chilena”. (Numeral 11). Asimismo, se afirmaba que era necesario “asegurar la eficiente aplicación de la reforma de los sistemas de transporte público”. (Numeral 16). Y se señalaba más adelante: “tenemos que hacer las políticas públicas para la gente y por la gente”. (Numeral 18). En lo que interesa, se señalaba finalmente que la Concertación debía

canalizar “las inquietudes y reclamos de la gente, al tiempo que los servicios públicos cumplan con los estándares de calidad y justicia que deben tener. Queremos establecer un nuevo trato entre el gobierno y los ciudadanos, colocando al usuario en el centro de su actividad “. (Numeral 19). Los compromisos mencionados han sido incumplidos y nos consideramos con la autoridad suficiente para reclamar, en esta hora de notable preocupación nacional, el cumplimiento de lo pactado. Ahora, indudablemente, con una mayor profundidad de propósitos, después de haber visto, experimentado y sufrido las políticas oficiales. Llamamos a todos los militantes del Partido Demócrata Cristiano, a sus simpatizantes, a quienes nos han acompañado en todas nuestras luchas, y a lo largo de nuestra historia, a colocarse nuevamente de pie para luchar por una democracia altamente participativa y cuyo modelo de desarrollo permita que las grandes mayorías nacionales y populares sean efectivamente beneficiadas. No obstante, la situación evidente de crisis política que se vive, somos optimistas. Chile y los chilenos y chilenas estamos en condiciones de exigir que el gobierno rectifique y corrija el rumbo, poniendo término a tanta incompetencia y desorientación. El país puede más, mucho más. Tenemos las ideas y la fuerza que dan las convicciones morales. Afirmamos, ahora más que nunca y como siempre, que nuestro primordial deber y norte es servir a Chile y a su pueblo.

¿Qué está primero? El ser humano o la economía El Instituto Jorge Ahumada, inspirado en uno de los grandes economistas de raíz cristiana que ha tenido nuestro país, promotor de grandes cambios en el modelo económico aplicado en el gobierno de Eduardo Frei Montalva, y, ante la situación que vive el país y su gente, junto a diversos especialistas analizó diversos temas para buscar representar los distintos aspectos de la vida 12

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nacional a través de una opinión profunda, seria, analítica, crítica y constructiva. Sabemos que tenemos una mirada alternativa a la que gobierna el país desde hace 17 años. En los cuatro gobiernos de la Concertación se lograron notables éxitos políticos. El principal: hacer la transición. También


se eliminó el 50% de la indigencia, un gran paso en lo social. Pero, en el terreno económico, y sin mayor análisis, se rechazó abordar cambios profundos. Ello motivado principalmente por el temor a una reacción del mundo militar. Se pensaba en este sector de la sociedad como un guardián de la derecha económica y política. El resultado de esto fue un continuismo malsano para todo el país y en particular para las grandes mayorías, con el agravante que el dinamismo económico llevó las cosas lejos del ideal de la economía social de mercado. Se transformó la economía nacional, en una pesada estructura de corte monopólico, concentrador, con fuerte ingerencia del sector privado en las decisiones de Estado. Se produjo la captura no ya del regulador, como algunos predijeron, sino que se hizo sentido común la idea de que el interés público y el bien común eran la realización del interés privado, el cual a su vez se entiende como minimización de costos y maximización de utilidades. Este Instituto rechaza la “mercatilización” de la persona humana. El modelo de desarrollo que la promueve fue aceptado por el país y los principales conglomerados sin análisis, objeciones y mucho menos adaptaciones a nuestro ser nacional. No sólo vivimos una economía de mercado, sino que se aceptó la rémora que le acompaña: la ruptura entre lo político y lo económico. Así, se ha llegado al vacío ideológico, pero, aún más grave, al vacío ético. ¿O, no es verdad que para la mayoría de los chilenos es cada vez más difícil encontrar algo que diferencie el discurso de un UDI, de un PS, de RN o de un PPD? Se impuso en el país la tiranía, la dictadura de la economía. Se nos hizo creer que sólo los actores económicos saben cuál es el bien común, y que para llegar a ese bien común hay un solo camino: el del mercado; el mercado como instrumento, como sistema que debe conducir al bien común. Pero sabemos que el bien común debe estar inspirado en el ser humano y los más altos valores. Pensar de otra forma hará que inevitablemente queden en el camino personas, instituciones, países, sistemas educa-

tivos y políticos, todo en aras del desarrollo para algunos y de los balances y equilibrios económicos. La economía, al igual que el trabajo deben ser instrumentos para y al servicio de la persona. En este entendido es que resulta primordial preguntarnos, como lo hace el académico belga Phillippe de Woot: progreso económico y técnico ¿para quién?, ¿para qué? y ¿cómo? El no haberse respondido esta triple pregunta, dice el académico, hizo que Prometeo –la figura misma del empresario– fuera encadenado. Agrega que “esta cultura comprende también la adopción de una ética que supere la simple integridad, es decir lograr resultados sin robar demasiado, sin matar demasiado, sin estafar demasiado”. Es necesaria una ética del futuro en el sentido del cuestionamiento de Hans Jonas: “¿qué mundo queremos crear juntos, con los enormes medios que disponemos hoy día a nivel científico, tecnológico, financiero, organizacional, empresarial, etc.? El futuro de nuestro país, del continente, del mundo pasa por una definición de bien común lograda democráticamente. Esto, según de Woot, puede implicar la necesidad de nuevas formas de concertación, sobre todo con las ONGs, a quienes él llama “hasta cierto punto portadoras de la conciencia de los problemas del siglo XXI”. No lograremos lo que aspiramos de la noche a la mañana, sin esfuerzo, sin sacrificios, sin trabajo arduo, sin discurrir soluciones ocurrentes para ser más productivos y sortear la multitud de obstáculos que seguramente se presentarán. Sin embargo queremos sentir que nos empezamos a mover en esa dirección y que dejamos de estar parados o hundiéndonos como ha sucedido durante nuestros gobiernos. Por cierto, el drama de fondo se disfraza de asistencialismo a todo nivel. Se alardea de beneficios sociales o apoyos a las pensiones, que sólo permiten la subsistencia, la nutrición humana básica, y cero posibilidades de estrechar la brecha social. Así se consolida el ghetto, la inseguridad y la injusticia, hasta que estalle con consecuencias imprevisibles.

Hacia una nueva cultura económica Tal como lo afirma Ricardo Ffrench Davis “no basta con hacer políticas sociales tremendamente eficientes. Aunque a algunos no les guste estas palabras, hay que hacer algunas correcciones al modelo, porque de lo contrario no se van a lograr los objetivos buscados”. El economista mencionó algunas ideas tales como: cuidado de un buen nivel de cambio; perfeccionamiento del mercado de capitales para crear mejores mecanismos de financiamiento a las pymes; perfeccionamiento del sistema tributario que se aplica a los combustibles y permitir que Codelco utilice parte de sus excedentes en sus proyectos Reconocemos como instrumentos económicos:

1. Libertad económica, con acceso real al crédito a más chilenos 2. Propiedad privada, para un número creciente de chilenos. 3. Mercados competitivos, que aseguren precios más bajos en todo momento. 4. Apertura al comercio internacional, junto con la creación de más empresas. Hoy, la libertad económica no tiene sentido para quienes necesitan encontrar urgentemente una fuente de ingresos para no morir de hambre. La propiedad privada es para unos pocos. Las pocas empresas que prevalecen en todos y cada uno de octubre · 2007 ·

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los sectores hacen de la competencia una farsa, y hay una enorme deuda pendiente con el acceso a las exportaciones de las pequeñas y medianas empresas y la competencia externa en los servicios financieros que rebajen los costos de estas unidades productivas de menor tamaño.

Estos elementos se conjugarán para conseguir dos objetivos, que deben ir siempre tomados de la mano:

Entonces, el rol que asuma el Estado debe ser el de un igualador de oportunidades y de proveedor de condiciones mínimas y justas de vida para todos los habitantes de este país.

Las distorsiones del modelo han terminado por olvidar rápidamente la segunda, y ahora incluso la primera. Ya el país no crece de acuerdo a sus reales potencialidades.

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1. Un alto crecimiento económico 2. Una mejor distribución de los ingresos.


ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

Medidas para que todos vuelvan a ser chilenos de plenos derechos socio-económicos En lo estrictamente programático proponemos algunas medidas para que todos y todas vuelvan a ser chilenas y chilenos de plenos derechos socio – económicos.

do a los empresarios del sistema económico, sino también los créditos de consumo de ellos y sus familias, y créditos hipotecarios de libre disposición.

1.- La primera y más urgente medida es la reincorporación al mercado de los miles de pequeños y medianos productores que hoy se encuentran en la insolvencia, producto de la desgraciada política crediticia que los condenó a altísimas tasas de interés, cuando no a la negación absoluta de los créditos. Para sobrevivir, estos pequeños empresarios han debido hipotecar sus casas, entregar avales personales propios o de sus familiares, endeudar a los suyos y endeudarse ellos mismos como personas. Así, los hijos, la próxima generación nace laboralmente endeudada.

2.- En el mismo sentido, debemos exigir la condonación de la deuda tributaria morosa pequeña, que afecta a centenares de miles de personas y que en muchos casos las pueden condenar a perder sus casas y cuando no, es un antecedente que lo imposibilita de ejecutar cualquier gestión comercial.

Ello requiere la limpieza comercial y jurídica de sus antecedentes hoy manchados, que lo imposibilitan para empezar cualquier nueva tarea o continuar lo que él sabe hacer mejor.

No fue la ineficiencia generalizada los que los sacó del mercado, sino tasas de interés de 50 % o más al año que imposibilitarían hasta a una empresa como Codelco salir adelante en esas condiciones. La corrección debe incluir todo lo que ha arrastrado como consecuencia.

Por ello, no son solamente los créditos bancarios comerciales de las pequeñas y medianas empresas los que han erradica-

4.- Estas peticiones elementales, pasan a tener la importancia que tienen porque nuestros gobiernos, las han ignorado sistemáticamente. Y siguen haciéndolo. Y en tanto las cosas continúen así, no será posible contar con un Chile con libertad económica, donde prime la sana competencia y donde todos puedan tener acceso a la propiedad privada. El Chile libre que queremos requiere que podamos solucionar en el tiempo las deudas a las que nos llevaron nuestros propios gobiernos contra nosotros mismos. Alemania se recuperó, después de dos guerras, porque se creó un modelo que permitió la iniciativa a todo un pueblo, ese fue el de la verdadera economía social de mercado.

3.- En tercer lugar, los pequeños y medianos empresarios, que en medio de su desesperación tuvieron que hacer uso de los dineros para pagar las cotizaciones de sus empleados, deben contar con ayuda crediticia para ponerse al día.

Medidas para que todos los chilenos puedan progresar económicamente El problema de la concentración económica Muy pocas grandes empresas en todas y cada una las áreas de actividad es la característica de los tiempos, exacerbada hasta el límite en la última década Esta concentración económica es la más clara señal de que no existe competencia en la economía de este país, y que cada vez menos gente dispone de más poder para imponernos sus propias condiciones comercia-

les, laborales y productivas. Esto no sólo perjudica a los que intentan oponer resistencia y competir con los grandes conglomerados, sino que atenta contra la esencia de la democracia, para traernos al presente una pesadilla de ciencia ficción. Hemos de diferenciar la concentración en un reducido número de empresas oferentes, pero que no comprometen la participaoctubre · 2007 ·

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ción de otros en los mismos mercados, de aquella que sí los compromete.

distintos. Porque no se trata del crecimiento de empresas meramente comercializadoras sino de empresas que tienen el monopolio del uso del crédito, producto a su vez de distorsiones graves de la política crediticia del Banco Central de los últimos ocho años. El mismo factor que ha condenado a las pequeñas y medianas empresas a su colapso es aquel que ha permitido concentrar el comercio. Fenómenos como las cadenas de farmacias, ferretería y otros similares, tienen su origen en algo diferente. Son crecimientos que se incentivan en parte por los descuentos por volumen que logran de parte de sus proveedores, y que no consiguen las unidades más pequeñas. Y también por el acceso al crédito que no disponen los pequeños.

a) En el caso de las exportaciones, no se puede hablar de concentración porque su mercado es el mundo y no el mercado local y, además, porque cualquier otra empresa que quiera colocar su producción en el exterior no encontrará obstáculo de parte de las megaempresas chilenas orientadas también a la exportación. Solamente demandaremos que den a sus proveedores un trato comercial justo, como debe ser el caso en cualquier otro sector económico. b) En el caso de los servicios de utilidad pública, orientados al mercado interno, su tamaño tampoco puede ser objeto de reparo por las evidentes economías de escala requeridas para prestar una mejor atención a los consumidores. Sin embargo, y de tratarse de monopolios naturales, debe regir una adecuada regulación como ha sido siempre la regla dentro y fuera del país. c) En los bancos, efectivamente observamos que tres de ellos controlan más del 50 % del mercado, pero no es eso lo que preocupa, sino que su producción, el crédito, no fluye como corresponde a sectores sociales claves como son las pequeñas y medianas empresas. Y su solución no pasa por el tamaño o número de bancos sino por el acceso de las pequeñas y medianas empresas al crédito. Y esto a su vez requiere la reprogramación de las deudas de este sector, seguida por nuevas líneas de crédito de corto y largo plazo. d) Los servicios de salud están concentrados en pocas isapres y el servicio estatal. Que unidades más pequeñas logren introducirse dependerá de la organización interna del sistema. El fomento a la creación de servicios centralizados de operación que vendan indiscriminadamente sus servicios a grandes y chicos es una forma de diversificar los tamaños de las unidades de salud, lo que es coherente con nuestros principios libertarios. Se basa en el fomento de la competencia. Previo a esta ordenación, debe partirse de la concepción de que la salud es un derecho. e) El gigantesco crecimiento del consumo al detalle de las grandes tiendas y los supermercados obedece a fenómenos

Será vital para impedir esta concentración, retroalimentada por el tamaño, que se introduzca una norma legal que prohíba los descuentos por volúmenes. Es una norma de aplicación en los países más desarrollados, para impedir una práctica que, si bien logra bajar los costos, es menos claro que en el mediano plazo baje los precios al consumidor al construirse claras posiciones monopólicas en el proceso. Cuando florece esa posición, ya la competencia -y toda la gente que trabaja con ella-, ha desaparecido del mercado y es demasiado tarde.

f. Los organismos anti concentración deben actuar con rapidez y eficiencia. El tribunal de la libre competencia, no ha funcionado oportunamente y de paso ha validado todas las concentraciones siguiendo instrucciones del Ejecutivo, naturalmente no formalmente expresadas. Pone en tela de juicio la propiedad actualmente alcanzada, lo que es peligrosísimo. La tutela de la Corte Suprema en el ámbito del orden público de los mercados ha sido negativa y deberá eliminarse.

Citamos a EEUU por razones obvias. Es un modelo de libertad económica también por tener en cuenta. Vale la pena recordar que un Comité del Senado -que realmente en ese país se preocupa de dar directrices económicas-, conociendo de la situación monopólica de la ESTÁNDAR OIL, señaló que “la filosofía básica de Estados Unidos es oponerse a vastas concentraciones de poder económico”. (Congreso 82, Segunda Sesión, Comité Print Nº 6. El cartel del petróleo).

La apertura al comercio internacional, la fuerza de la competencia Hasta ahora, lo que se ve como más evidente del comercio internacional es la importación masiva de productos del Asia, a precios y condiciones que tienen a la pequeña y mediana industria chilena en duros aprietos. Se dice que esto es bueno para Chile, porque los productos se venden a bajos precios y esto beneficia al consumidor. Y para sobrevivir, las pequeñas y medianas empresas deben recurrir a maniobras increíbles o simplemente esperar su colapso. Miles y miles de plazas de trabajo se pierden en aras de 16

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“la modernidad”. Hay que buscar nichos donde la pyme pueda colocar sus productos o servicios. Así será, en la medida que no estemos sujeto a dumping, ventas bajo el costo, lo que debemos vigilar atentamente para no ser arrollados injustamente. Y así puede ser también, en la medida que demos a las pymes las armas para competir en ese terreno, capacitación, información, líneas de crédito, sistemas que faciliten la asociatividad, discriminación positiva en la compras del Estado de productos de la pyme, sistemas de guías para detectar y explotar nichos de competencia.


No nos engañemos, ninguno de estos países asiáticos dejó libradas a su suerte a sus pequeñas y medianas empresas cuando se abrieron al exterior, e incluso antes de abrirse, sus pequeñas empresas estaban estratégicamente colocadas en el sistema productivo. Las leyes chilenas deben permitir que los créditos lleguen del exterior sin tener obligación de instalar sucursales, que es una de las razones fundamentales de por qué

no tenemos competencia en estos importantes sectores. Además, la Superintendencia de Bancos debe dar toda clase de facilidades para que esos productos o servicios lleguen al país. Por supuesto que los flujos externos estarán sujetos a las regulaciones cambiarias, las que de ninguna manera deberán usarse con fines proteccionistas, y de producirse una situación monopólica interna, deberán aplicarse medidas propias de los sectores regulados.

Más participantes para incrementar la competencia interna En el caso de las AFP, deben darse pasos para aumentar la competencia, la que para ser efectiva debe traducirse en que esas empresas tengan retornos normales sobre patrimonio. En tanto sus utilidades estén por encima, de la forma como lo han estado por años, deberá entenderse que estamos en una situación de renta monopólica, la que en primera instancia deberá ser corregida mediante competencia. Por otro lado, se darán las facilidades para instalar empresas intermedias que produzcan y entreguen el back office a las nuevas AFP, no bancarias, cuya formación será especialmente incentivada y se invitará a distintos tipos de inversionistas a entrar en el sistema. Propiciamos que se forme una AFP del Estado que, regida por parámetros mínimos de rentabilidad para que no se preste a producir dumping en el mercado, deberá actuar como regulador de precios. Las AFP nunca consideraron la advertencia clásica en los textos de economía de que el peligro de explotar una situación de renta monopólica es que aparezcan las regulaciones o se precipite la competencia. Ésta será una regulación de mercado, por una parte, y por competencia del Estado por la otra, especialmente importante en tanto maduren las nuevas iniciativas privadas para volver a retornos que se compadezcan más con una situación competitiva. Y por su participación accionaria, las AFP no podrán seguir ejerciendo la facultad de nombrar directorios en las empresas. Las AFP son vehículos para elegir el mejor lugar donde invertir los recursos de los afiliados, pero no se puede entregar, además, a ellas las decisiones de administración de las empresas. Por ello, sostenemos que debe modificarse la ley de modo que las acciones de las AFP no den derecho a directores, y que sean los otros accionistas que sigan en importancia en la propiedad los que recibirán este derecho en proporción a la participación que tengan las AFP.

Pensamos que toda persona que tenga el capital propio invertido en acciones, tiene el derecho a votar en la elección de directorios, como en todo sistema económico de propiedad privada. Sin embargo, en el caso de la AFP, esta podrá votar en proporción al capital propio que esté invertido en la empresa y por ese número de acciones. Quien vote en los directorios podrá hacerlo con el respaldo de su propio capital y no basado en los fondos de terceros. Porque lo que se ha estado dando es una apropiación indebida de roles. Un enorme poder de decisión sobre la base del mínimo capital que representan las seis AFP que quedan. Porque, a esta concentración económica suficientemente desproporcionada, se agrega que personas que se benefician de ella, pueden multiplicar su capital con los fondos de los trabajadores para potenciar su poder de decidir la administración de las empresas. Concentración de decisiones sobre concentración de propiedad. Un mal sobre otro. Para resguardar adecuadamente los ahorros previsionales de los trabajadores, las AFP no requieren tener participación en los directorios. Basta que estén debidamente informadas de lo que sucede en las empresas y que coloquen los fondos en aquellas que se desempeñan óptimamente, vendiendo sus participaciones en aquellas que no lo hagan. Aprovechando la discusión en el Parlamento de una reforma al sistema de Administración de Fondos Provisionales, deberá crearse el mecanismo para que los dueños de esos fondos estén representados en los directorios de las AFP. No es posible que el ahorro forzado de todos/as y cada uno/a sea manejo sin la participación de los legítimos dueños.

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El Estado, garante del emprendimiento y la movilidad social No nos interesa la competencia per se, con todo lo positiva que ella es. Nos interesa la competencia como mecanismo para abrir espacios para que todos puedan encontrar su lugar en la economía del país, encontrar un lugar como chilenos productivos.

De modo que los mecanismos para imprimir competencia deben ir ligados a la posibilidad que otros chilenos sumarse al proceso de crecimiento y desarrollo.

El BancoEstado El BancoEstado es necesario en un rol activo, para ayudar al emprendimiento y el desenvolvimiento de actividades como la pequeña y mediana empresa que ha recibido un trato comercial discriminatorio y perjudicial de parte de la banca privada. No debe comportarse como un banco privado más. Si actúa como tal, el BancoEstado estaría haciendo lo que no debe, sumándose a los cobros enormes de la banca privada hacia estos segmentos, y haciendo lo que no necesita, participar en la atención de las grandes empresas. El BancoEstado y su política de cohabi-

tación con la banca privada es un claro ejemplo de por qué hay que corregir el modelo y cómo hay que hacerlo: haciendo que el BancoEstado sea el banco de todos los chilenos. En lugar de cooperar con la banca privada, debe competir con la banca privada en la atención de los estratos más pequeños y más desvalidos, y dejar gran parte, si no todo, de la atención a las grandes empresas, a la banca privada.

La Corfo LA CORFO debe ser el foco iluminador del emprendimiento en el país. Especialmente centrado en el capital de riesgo, debe proteger los intereses del emprendedor, dándole a él los recursos y también todos los frutos de su emprendimiento, como una línea de operación bien característica que se diferencie de los fondos privados, que buscan participaciones de la propiedad que llegan hasta a desplazar el interés del emprendedor.

sea el autor de la idea y además gestione el proyecto deberá llevarse la totalidad de los resultados libres de deuda.

En particular, los fondos de capital de riesgo que sean provistos total o parcialmente por la CORFO y que gocen de beneficios tributarios, deberán dar al emprendedor una participación en los resultados del proyecto, de acuerdo al grado que le quepa en la creación del proyecto o en la gestión del mismo. Aquel que

Asimismo, la CORFO debe manejar un gran fondo de capitalización que le permita a las pequeñas y medianas empresas poder acceder a la adquisición de activo fijo y tecnologías, de manera de facilitar su modernización para competir más eficazmente con empresas y productos nacionales o extranjeros.

Sin beneficios tributarios, el capital privado dedicado a capital de riesgo puede exigir lo que quiera, pero claramente la alternativa estatal debe ser una opción que considere en especial la posición privilegiada del emprendedor.

Discriminación positiva hacia la pyme En sus adquisiciones, el Estado deberá reservar un porcentaje mínimo de 20%, el que será orientado a compras provenientes de las pequeñas y medianas empresas. Sólo en casos calificados, de no encontrarse oferta en cantidad y calidad adecuada, debidamente comprobada, podrá reorientarse ese porcentaje de compras a otras partes proveedoras. Asimismo, se dictarán leyes y normas que contemplen un debido equilibrio entre el empresario pyme y sus trabajadores. En un sentido de largo plazo, la legislación laboral, tributaria, ambiental y sanitaria deberá reconocer el tamaño de la empresa -en función del número de trabajadores y 18

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sus ventas- con orientaciones claramente más favorables a las pequeñas y medianas, y cuyas disposiciones, además de formar parte de los respectivos cuerpos legales y normativos, se resumirán en un Estatuto de la Pequeña y Mediana Empresa. Actualmente, la iniciación de una nueva empresa conlleva innumerables trámites y exigencias que hacen extremadamente lento y costoso crear nuevas actividades productivas. Para solucionarlo, se redactará un nuevo cuerpo legal con las condiciones mínimas de cumplimiento de toda pequeña y mediana empresa


Competencia en los medios de comunicación Hoy día la democracia de las plazas atenienses, de los partidos y organismos intermedios fue reemplazada por la democracia de los medios de comunicación, la que en Chile padece de una perfecta imperfección: más del 90% de los medios se encuentran en manos de la derecha política y económica. Es fundamental que el pluralismo pueda encontrar formas de expresarse en los medios de comunicación. Y en este sentido la influencia que tiene el avisaje del sector público es fundamental, ya que sin él, ningún periódico puede existir, en particular aquellos que recién se inician o que tienen escalas muy reducidas. Y el sector público es de todos los chilenos. Por ello, y tal como el sector público deberá destinar un porcentaje de sus adquisiciones a la pyme, es que la mitad del avisaje público en diarios y en casos especiales, las revistas, incluyendo el de las empresas públicas, deberá orientarse por igual a todos los medios, sean estos antiguos o nuevos, los que serán otorgados en forma automática y sin relación con la línea editorial de dichos medios. Sin pluralismo no hay democracia y sin avisaje, no hay pluralismo. En este sentido, las líneas de crédito de emprendimiento, contemplarán también, líneas de crédito para la creación de diarios, revistas y canales de TV. En el mismo sentido, y como la TV digital europea admite mayor número de canales a menor costo del usuario comparada con la TV estadounidense, es que se deberá optar por la TV digital europea al momento de elegir la opción

tecnológica cuando el país comience esta etapa de las comunicaciones. Medios de comunicación comunitarios La indispensable necesidad de democratizar la actual estructura de medios de comunicación en nuestro país pasa por fomentar el desarrollo de medios de comunicación ciudadanos o comunitarios, los que con independencia del avisaje puedan gestionar recursos públicos o privados para tratar temas de interés público o relevancia local. Las necesidad de expresión de la comunidad, del barrio, de la localidad rural, de los jóvenes o de las organizaciones de la sociedad civil se ven limitadas en su esencia por un sistemas de medios que restringe hasta la asfixia a las radios comunitarias (denominadas de mínima cobertura) que dificulta el desarrollo de otros medios que no tengan un línea editorial alineada con los intereses de los avisadores. Nuestro compromiso con la libertad de expresión y la participación ciudadana nos obliga a plantearnos la necesidad de contar con un marco regulatorio que garantice el derecho de la ciudadanía a expresarse a través de medios comunitarios e incrementar en forma considerable los recursos del Fondo de Fomento a los Medios de Comunicación Regionales, Provinciales y Comunales, disponiendo que al menos un 30% de los recursos de dicho Fondo deben ir a financiar proyecto de medios de comunicación comunitarios.

Una mejor política monetaria y crediticia Doble función del Banco Central Por años hemos notado una extrema lentitud en la actividad económica que estimamos no corresponde a este país. ¿No es Chile, la nación que causa la admiración por la excelencia de sus indicadores económicos? Se nos dice que el riesgo de prestarle dinero a Chile se encuentra entre los más bajos del mundo. Que el gasto del fisco chileno está muy bien financiado, financiado con los correspondientes impuestos hasta el último peso. Que las exportaciones de Chile vienen creciendo a pasos agigantados desde hace ocho años, en tanto que lo que gastamos de esos dólares es apenas una fracción pequeña. El Banco Central, de acuerdo a su ley orgánica, tiene como sola y única meta, el control de la inflación. Pero si en ese empeño, se destruyen todas las capacidades de crecimiento económico y bienestar de la población, nuestro futuro y nuestros ingresos, ¿no será que el Banco Central debiera preocuparse

también del crecimiento económico y de los empleos, de manera de lograr algo más equilibrado, bajos precios y alto crecimiento? No pedimos que el Banco Central deje de preocuparse de la inflación, ya que la estabilidad de precios la vemos como positiva para la gente. Pedimos que la institución deba mirar además lo que sucede con el crecimiento y ojalá con el empleo y la distribución del ingreso. Esta petición tampoco es inusual. Resulta que en EE.UU. su Banco Central lo hace de esta manera. Vela por el cumplimiento de ambos objetivos, y ha resultado que el país más rico del mundo ha logrado bajos precios y alto crecimiento relativo. ¿Por que no podemos hacerlo también nosotros? En resumen, demandamos que la ley orgánica del Banco Central contemple tanto la inflación como el crecimiento económico y el empleo entre sus objetivos. octubre · 2007 ·

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De una vez por todas, una regionalización efectiva El centralismo en Chile es centenario. Las decisiones más importantes respecto de las regiones se toman en Santiago y en sus ministerios, obedeciendo consideraciones globales y no regionales. Apostamos por la elección directa de los consejeros regionales que deben velar por el correcto uso de los dineros y por las mejores decisiones de inversión local. También por un importante aumento en los Fondos de Desarrollo Regional, para que sean las mismas regiones las que busquen, evalúen y acometan los proyectos más importantes para su desarrollo, tomando debidamente en cuenta aquellos que pueden incidir además en otras regiones, de manera de implementar una debida coordinación. La asignación a los distintos proyectos deberá hacerse sobre la base de una rigurosa evaluación social de los mismos, la que será supervisada por organismos externos. Asimismo, se velará por la fidelidad en el uso de los fondos, de manera que cada zona

deberá competir con otras regiones para acceder su correspondiente cuota. Las autoridades regionales tendrán la oportunidad de convertirse en auténticos gerentes de desarrollo. Desde otra perspectiva, y con un criterio regional, la autoridad central proveerá equipamiento médico de primera calidad, equipamiento importado con los últimos avances de la medicina, y personal de salud, provenga, o no del lugar, para mejorar la atención en zonas distintas de la capital y equipararla a estándares del siglo XXI. Los planes de enseñanza, por su parte, deben tener un importante grado de libertad, el que debe analizarse por el ministerio central, de manera de delegar atribuciones en materias de especial interés en la región, sea enseñanza de materias, horarios, métodos de enseñanza, recreación, que incentive y desarrolle aptitudes y cultura en los jóvenes que digan relación con el lugar donde viven, sin perjuicio de aquellas de carácter universal.

Fortalecimiento y modernización municipal El desafío descentralizador y de profundización de la democracia juega un papel preponderante en la comuna, lugar donde se desarrolla preferentemente la vida familiar, económica, social, política y cultural de la comunidad. La inmensa mayoría de los problemas y aspiraciones de los ciudadanos tienen un origen o expresión en la comuna, por lo tanto, es un espacio cercano y vital en el desarrollo de la vida cotidiana, transformando al municipio en la primera puerta que golpean las personas y las organizaciones sociales y por lo tanto una institución fundamental para canalizar las inquietudes de los vecinos y diseñar e implementar soluciones y políticas públicas en el territorio. El fortalecimiento de la gestión municipal pasa por otorgarle más recursos y facultades, al mismo tiempo que mejorar su capacidad técnica, profesional e institucional para afrontar los desafíos ello implica.

Sin embargo, la modernización de la gestión municipal no puede limitarse a los aspectos meramente técnicos, financieros u organizacionales, sino que debe incluir profundas correcciones en la forma de hacer gestión local, dejando atrás modelos altamente autoritarios y avanzando en un modelo de gestión local educativo, cooperativo y participativo. Para lograr dicho objetivo en necesario impulsar las modificaciones legales que permitan fortalecer el rol del Consejo Municipal y de los Consejos Económico Sociales, transformándolos en espacios preferentes del debate y participación ciudadana y mejorando su representatividad para que realmente den cuenta de la realidad social, cultural y política de cada comuna. Del mismo modo se debe potenciar la generación de redes de trabajo local y territorial, y el asociacionismo municipal.

Mejor trato y mayor calidad en las relaciones laborales Para el fortalecimiento de las organizaciones intermedias de la sociedad, se facilitará y dará nuevo impulso al diálogo social a través de un Consejo Laboral Empresarial, capaz de sentar en una mesa con el mismo nivel de representación a los trabajadores y empleadores. De ello existen modelos exitosos en varios países desarrollados y cuando en Chile, a comienzos de 20

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la década del 90, trabajadores y empresarios fueron capaces de establecer un diálogo, se avanzó en participación, en crecimiento y en respeto a los trabajadores organizados La fiscalización de la subcontratación deberá extenderse a las empresas públicas y organismos centrales del Estado. También


debe ponerse fin a la práctica del contrato a honorarios e incorporar al personal que labora bajo ese sistema como empleados con todos sus derechos, en el número y niveles que demanden las necesidades de la empresa. En el mismo sentido, debe hacerse extensivo el seguro de desempleo a todos los funcionarios públicos. Participación de utilidades de los trabajadores. Debemos implementar la idea de que cuando una empresa gana todos ganan, y que cuando al país le va bien, a todos les debe ir bien. En lo que se refiere a los trabajadores, la participación de utilidades quedó reducida a la gratificación legal de UTM 4,75 a todo evento que se les ofrece a los trabajadores que no negocian colectivamente.

sueldo, totalmente ajena a la idea del incentivo que debe recibir en forma variable el trabajador cuando a su empresa le va bien y obtiene utilidades. Por esto proponemos que un porcentaje de las utilidades, que se fijará por ley, se repartirá a prorrata entre los trabajadores que no negocian colectivamente, actuando como incentivo tributario al ser descontada en cada ejercicio. Proponemos el diseño de una nueva política laboral que, acorde con los derechos universales proclamados, respete el valor del trabajo, fomente la organización en torno a sindicatos, promueva el trabajo decente y el pago justo, y, la existencia de una jornada de trabajo como la solicitada por los dirigentes que con su sacrificio hace ya más de un siglo, dieron origen a la conmemoración del Día Internacional del Trabajo cada 1 de mayo.

Ello se traduce simplemente en una fórmula para calcular el

Acerca de los cambios en la institucionalidad del Ejecutivo para la Seguridad Pública 1.- Con la entrega a la Presidenta de las alternativas para la reestructuración de la institucionalidad del Ejecutivo para la Seguridad Publica, se ha avanzado en el cumplimiento de este compromiso presidencial. No obstante, en la discusión que se ha abierto en esta materia, a veces de manera interesada, otras inconscientemente, se ha tendido a confundir diversas cuestiones, que si bien, en algunos casos, tienen que ver con el tema, no son las que debiéramos discutir. 2.- Lo primero al respecto, es clarificar que no se está reestructurando el conjunto de las instituciones estatales que dicen relación con la Seguridad en general, y con la Seguridad Pública en particular. En efecto, el Estado, para llevar adelante la política criminal, es decir la estrategia con que define y enfrenta a la delincuencia, cuenta con un conjunto de instituciones, de distinta naturaleza y de diverso rango, que cumplen diferentes funciones. Entre otras, son muestras claras de ello, el Poder Legislativo, que crea la ley penal, el Poder Judicial y el Ministerio Publico que la aplican y el Poder Ejecutivo, que a través de las policías contribuye a aplicarla y con el Sistema de Ejecución de Penas (Gendarmería), la ejecuta. Durante los últimos años, se han producido importantes cambios en este campo. La reforma procesal penal es, por ejemplo, una realidad imposible de soslayar.

A pesar de estas verdades ineludibles, de la discusión pareciera desprenderse que la reestructuración de la institucionalidad del ejecutivo que se pretende, abarcará en realidad a todos los poderes del estado y a todas las instituciones, y que, por lo tanto, de ella dependerán todos los resultados en la materia. Esto no es ni será así. La reestructuración se refiere sólo a una parte de la institucionalidad que depende

del ejecutivo, y por lo tanto su incidencia en el resultado final, será solo en alguna parte. Además, se debe tener en cuenta que todo lo que hace, no solo el ejecutivo, sino el Estado en su conjunto, es sólo uno de los factores que inciden en la seguridad y en la sensación de seguridad. 3.- Al mismo tiempo, la discusión se hace teniendo de fondo perspectivas diferentes, respecto de los fundamentos de la política criminal que se quiere que estos órganos implementen. Se hace de esta manera, una discusión engañosa, mostrando como objeto de ella a la institucionalidad, cuando lo que se pretende, por algunos, es imponer ciertas opciones de política criminal. Esta discusión, como ha dicho recientemente la Iglesia Católica, por versar sobre la formas mas intensas y duras que tiene el Estado de intervenir sobre las personas, debe ser lo mas participativa, amplia, clara y difundida que se pueda. En realidad debe haber un mínimo de discusión y difusión, que en caso de no cumplirse, impida, en todas las políticas públicas, su ejecución. En el uso del poder penal no es posible sostener ni la representación política absoluta, ni la ficción legal de conocimiento de la ley.

En especial, nos referimos a la necesidad de poner en discusión, las perspectivas autoritarias y simplistas, por una parte, que estiman que solo se trata de tener mano mas dura y mas eficiente; y/o propuestas totalizantes por otra, que entienden toda la realidad social, el orden y sus sentidos, solo desde la mirada de seguridad, de riesgo, de desconfianza, y/o también parciales, pues no entienden la complejidad de los fenómenos sociales y pretenden analizar e intervenir sólo sobre ciertos resultados del sistema y orden social, en este octubre · 2007 ·

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caso los delitos, sin entender que es imposible comprenderlos al margen de las condiciones que los producen.

Los problemas de seguridad, en general, los de seguridad pública en particular y los de delincuencia, en especial, que tenemos o sentimos tener, son el resultado del funcionamiento del orden político, social, económico y cultural, en general, y de sus mecanismos específicos, en particular, que como individuos y como sociedad nacional vivimos, insertos a su vez, en una realidad global.

4.- Teniendo estas consideraciones en cuenta, es que deseamos puntualizar nuestra opinión, la que también hemos expresado ante la Comisión dispuesta al efecto por la Sra. Presidenta. Lo primero, es que esta función del estado es, como todas, pero más que las otras, político-técnica. No es meramente técnica, ni apolítica, como no lo son nunca, las funciones estatales. Es principalmente política, pues la función de Seguridad Pública, se refiere al uso, entre otras dimensiones y herramientas, de la fuerza estatal (violencia estatal) para la defensa, protección y / o cambio de un determinado sistema y orden social, cristalizado jurídicamente, o de alguno (s) de sus aspectos. Los delitos, ( o la protección penal de determinados bienes jurídicos), son la manifestación mas clara e intensa de un orden (público) determinado. No es, entonces tampoco sectorial, sino que global. Se refiere y existe en todas las áreas de la convivencia social y, además, en su conjunto.

Por otra parte, no es posible separar (coherentemente), como se pretende por algunos, las funciones de seguridad publica y las de orden público, ya que no obstante ser dos conceptos distintos, son sólo discernibles intelectualmente pero inseparables prácticamente. En efecto, estos dos conceptos, abstractos y que se concretan y significan en cada sociedad y momento histórico (o sea en un determinado campo de fuerzas), son siempre la cara y el sello de una misma moneda. Esto no obsta a que por su naturaleza sean esencialmente polisémicos o, desde otro punto de vista, su contenido y limites, sean siempre el objeto de la disputa política.

Es decir, la definición de su contenido y límites, es siempre hecha desde el poder político, que siempre a su vez, a veces de manera más visible que en otras y a veces de manera más intensa que en otras, está en discusión. O sea, que jamás está en las manos de un solo actor omnímodo. Dicho de otra manera, su contenido no es nunca neutro políticamente. Lo que a su vez hace que pueda tener más o menos legitimidad.

De esta manera la seguridad pública es aquella que protege al orden público, el que sea, (que a su turno modela y protege lo privado) y, al mismo tiempo emana de este. O sea son como hemos dicho, indivisibles (coherentemente) Por esto es que no es posible (coherentemente), encargar a un Ministerio del Orden Público, y a otro, de la Seguridad Pública. Por otra parte, si esto no fuera imposible, igual seria contradictorio, con el principal, sino el único, de los fundamentos explicitados de la unificación de la dependencia de las policías, que

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son las dificultades que presenta el que dependan administrativamente de un Ministerio, Defensa, y operativamente de otro, Interior, ya que con este cambio, que algunos proponen, dependerían administrativamente del eventual Ministerio de Seguridad Publica, y operativamente también de este, así como también, operativamente del Ministerio de Interior. Si para evitar esto se trasladaran las funciones de orden publico a este eventual Ministerio, se transformaría en realidad en un Ministerio del Interior, con un nombre fraudulento, lo que igualmente pasaría con el que quedara como Ministerio del Interior, pero sin sus funciones propias en el orden republicano. Si se optara por eliminar este último, lo que haríamos sería establecer una visión totalizante y totalitaria de la seguridad, como hemos indicado más arriba.

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Por estas consideraciones, es que pensamos que dicha institucionalidad debiera estar integrada en un nuevo Ministerio del Interior (y Seguridad Pública), transformado, en el cual, se destaque la función de Seguridad Pública, (que ya la tiene asignada) ya sea como Vice ministerio o Subsecretaria de Seguridad Publica y bajo su dependencia, las policías. Por último, en este tema, la reforma constitucional, tanto a su articulado permanente, como en la disposición transitoria que a esto se refiere, no obligan a crear otro ministerio. Por eso expresamente se redactó así, y / o no se aprobó con el adjetivo “exclusivamente”, como quedó claramente establecido ante la Comisión Ad-Hoc, y lo ratificó la misma Comisión, al plantearlo a la Presidenta como posibilidad.

5.- Por otra parte, respecto de este traslado de la dependencia de las policías, su materialización no debe ser mostrada como una cuestión meramente administrativa, fundamentalmente porque no lo es, pero también porque la calidad democrática de nuestra institucionalidad adquiere sentido y se funda en la conciencia ciudadana de su carácter En efecto, de igual manera que su traslado por la dictadura, de Interior a Defensa expresaba una concepción ideológica, denominada doctrina de la seguridad nacional, que partía de la existencia de un “enemigo interno” aliado con enemigos externos, que atentaba contra la Patria (entendida como una esencia custodiada por el aparato militar) y que por lo tanto, las policías debían ser parte de esta guerra bajo el mando único de la defensa nacional, su traslado actual expresa una concepción democrática de la seguridad pública y, de alguna manera, un reencuentro con la historia, en la que los policías son servidores públicos, a cargo de un servicio a los ciudadanos y habitantes de nuestro país, bajo la conducción de una autoridad, dispuesta según los métodos y estructuras de un Estado Democrático de Derecho. Este cambio de orientación debe concretarse, de igual manera que otras dimensiones, y como de alguna manera se ha ido haciendo, en la progresiva desmilitarización, especialmente de Carabineros, capacitándolos para enfrentar los conflictos de las personas y con las personas, y no para una guerra contra otros ciudadanos, sean delincuentes o no. 6.- En otro aspecto, tal como planteábamos, detrás de las opiniones respecto de la institucionalidad, que en ocasiones se


revisten de tonos asépticos, científicos, a veces derechamente populistas, o simplemente mostrando ignorancia, existen visiones – conscientes o inconscientes- acerca de la Política Criminal, de sus valores, fundamentos, objetivos y recursos, que debiéramos explicitar ante la ciudadanía, de tal manera que no se manipularan las experiencias, sentimientos y necesidades, especialmente por un sistema de medios de comunicación con una mirada que responde, básicamente a una sola perspectiva política (un cierto orden público) Esta discusión razonada, sobre el núcleo duro del Poder Público (político), debe ser, obviamente política (publica), y publicada, para transparentar las distintas visiones sobre la sociedad, los diferentes conceptos de seguridad en juego y las diversas orientaciones que se quieran dar a la política criminal. 7.- Para nosotros, que pretendemos reflexionar desde una perspectiva integral y democrática respecto de los temas que se tratan bajo el rótulo de Seguridad, es necesario acotar el concepto, para no caer un una visión de segurización totalizante y totalitaria, pues la óptica desde la cual nos situamos es la PERSPECTIVA DE DERECHOS, que nos lleva a afirmar, que si bien, TODAS LAS DIMENSIONES DE LA VIDA INDIVIDUAL Y SOCIAL TIENEN QUE VER O IMPACTAN EN LA SEGURIDAD , tanto objetiva como subjetiva, NO TODO ES SEGURIDAD. De la misma manera que se puede afirmar que todo tiene que ver con la economía, o que todo tiene una dimensión económica ( o estética o educacional, o etc.), NO TODO ES economía. Efectivamente, por ejemplo, la situación laboral o la educacional, la urbana, la de vivienda, y todas, inciden en la seguridad. PERO ESTO NO LAS CONSTITUYE (solo) EN UN PROBLEMA DE SEGURIDAD, SINO QUE SIGUEN SIENDO (fundamentalmente) UNA CUESTIÓN DE DERECHOS. Y estos derechos se deben a los ciudadanos y en general a las personas, no porque con ello se evita que delincan, sino porque tienen derecho a ellos por el solo hecho de existir. Efectivamente, el derecho a un trabajo digno y decente, a una educación humana y de calidad, a vivir en una ciudad integrada y amable o a tener una vivienda adecuada, y todos los demás derechos fundamentales, se tienen pues la humanidad, en su desarrollo ético y jurídico, así lo ha concebido y decidido. Por lo tanto, cuando desde la mirada de “seguridad” se nos dice que el tipo de trabajo, o el tipo de educación, o el tipo de vivienda, o el tipo de ciudad que tenemos nos está causando problemas en la seguridad, es correcto el planteamiento, y se debe enfrentar. Lo que no es correcto es tratarlo (principal o exclusivamente) como un problema de seguridad, encubriendo lo que en definitiva es, un problema de derechos fundamentales cuyo ejercicio no es posibilitado por nuestra sociedad. Debe ser atendido desde esta perspectiva. No podemos pedir a las policías que resuelvan los problemas que tenemos como sociedad. 8.- Lo dicho tiene especial importancia, ya que muchas veces, creyendo tener una comprensión amplia de lo social y pudiera ser incluso motivado por “buenos sentimientos”, se justifica la ocurrencia de los delitos o se la entiende, desde las carencias sociales, económicas, etc. Esta mirada, al ser hecha simplemente, sin mas, genera una perversión de las

políticas sociales, al fundarlas y pensarlas desde “la prevención” (social, situacional o como se le llame), provocando lo que se conoce como la “criminalización de las políticas sociales” y “la criminalización de la pobreza”, identificando (estigmatizando) a las personas, que por su condición se les aseguran estos derechos, como objetos de una intervención para “prevenir” que delincan. Este planteamiento, critico del “prevencionismo”, no niega, sino que refuerza el hecho de que en una sociedad en donde todos sus miembros tengan y sientan que sus derechos son respetados, se reduzcan las tasas delictivas.

Al mismo tiempo, esta mirada contiene un grave error conceptual, que provoca a su vez un gravísimo error de hecho: Supone que los delitos solo los cometen los pobres, cuando es obvio que por una parte, la inmensa mayoría de los pobres no delinquen, y por otra, una gran cantidad de delitos es cometida por quienes no son pobres. Las políticas sociales expresan la decisión de la sociedad de asegurar, una mínima capacidad de ejercicio de los derechos fundamentales para todos y operan para reparar los fallos que en su funcionamiento provoca o no es capaz de resolver, nuestro orden político, social, económico y cultural. Las políticas sociales, para un estado democrático, no son nunca la dimensión preventiva de la política criminal. Esto, como decimos, independiente de que el efecto “preventivo” se produzca. De igual manera, desde esa mirada, ¿Qué política social habría que llevar a cabo, para eliminar o disminuir los delitos cometidos por los no pobres, los ricos y los poderosos?

Esta criminalización de la pobreza, o, peor, estigmatización de la pobreza al asimilarla con delincuencia” no ve, o no quiere ver, y por lo tanto no cuestiona, ni explica, la delincuencia de los no pobres y menos la delincuencia de los ricos o la de los poderosos, la que en sus efectos, directos e indirectos, provoca mas daño social que la de aquellos. Esto último es natural, pues mientras mas poder se tenga, mas capacidad de daño se maneja. Incluso, esta visión ha profundizado la estigmatización, mostrando, ya no solo los delitos, sino también a las denominadas “incivilidades” como una conducta exclusiva de los marginados o de los sectores de menores ingresos, especialmente jóvenes, identificando como conductas propias de estos sectores, por ejemplo, los “graffitis “ (que algunos han propuesto penalizar) o el “macheteo”, sin tener en cuenta que no son exclusivas de ellos, pero peor aún, ignorando el conjunto de “incivilidades” propias y algunas exclusivas de los poderosos, y que impactan en la sensación de inseguridad e impotencia, (que a su vez generan resentimiento y “desquite”) de manera tanto o mas grave que las otras, como los abusos laborales, los abusos comerciales y todos los abusos de poder (El delito es siempre el abuso de un poder, ya sea legitimo o ilegitimo) .Esto último es especialmente grave, en una sociedad como la nuestra, en que el poder, de los cuales el ingreso es solo una dimensión, se encuentra repartido tan desigualmente.

9.- Por todo lo anterior, es que pensamos, que esta nueva institucionalidad, debe coordinarse (no coordinar) con otras octubre · 2007 ·

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agencias estatales, para aportar la mirada de la seguridad, pero de manera estricta y restringida, pues en cierto sentido, dicha mirada, al pretender eliminar los “riesgos”, y siendo los riesgos en estas materias, los otros, los prójimos, y con mayor razón, si son diferentes, encarna una especie de rey Midas maléfico, que todo lo que toca lo convierte en desconfianza, en amenaza, provocando, paradojalmente de esta manera, mas inseguridad, al (co) romper los ya débiles lazos sociales existentes en una sociedad que ha instituido la competencia como su principal dinámica y al consumo como su mecanismo de integración.

La realidad social mas propicia para la delincuencia, la violencia y la inseguridad, es aquella que presenta procesos de desintegración social y los derechos se transforman en mercancías, en donde la desconfianza que inevitablemente se genera, retro-alimenta estas dinámicas. Esto con mayor intensidad en situaciones de profundas desigualdades ilegitimas y con promoción de valores negativos, como el individualismo y la competencia, así como la desacreditación de la acción colectiva, la solidaridad y la colaboración La marginación y la exclusión social, económica, cultural y política forzada, (de los débiles) y la automarginación y autoexclusión voluntaria (de los poderosos), propias de una sociedad fuertemente

segmentada, son factores que irremisiblemente impiden una convivencia cívica, pacífica y adecuada para el respeto de los derechos y el desarrollo humano.

Lo dicho en el párrafo anterior, no implica que no deban efectuarse cambios en otras esferas también referidas al ámbito de la seguridad, ya sea del ámbito del ejecutivo, u otros espacios estatales, como por ejemplo, la creación de los jueces de ejecución penal, con una ley de Ejecución penitenciaria, el establecimiento de una policía judicial, la elevación a rango constitucional del Defensor Público, las respuestas al pequeño delito, programas efectivos de habilitación e inserción social, la reestructuración de los sistemas de penas y medidas alternativas, etc.

10.- Por último, si siempre en política es necesario tener la máxima responsabilidad, pues siempre tiene que ver con las vidas de los otros, en la política criminal es necesario extremar el cuidado, pues al ser el campo del mas intenso ejercicio del poder político (poder penal) lo mas probable, es que, si no nos preocupamos y lo impedimos, termine, como lo demuestra la historia, ejerciéndose principalmente sobre los menos poderosos, o sea sobre los mas débiles

Minería y comunidad. Diagnóstico. La minería en Chile, desde la conquista, ha representado uno de los ingresos más importantes del país. La Democracia Cristiana fue un partido vital en reconocer esta actividad como uno de los pilares de desarrollo. Nosotros acuñamos el término “viga maestra” refiriéndonos a esta riqueza. Hoy necesitamos que la DC nuevamente lidere una reforma a la propiedad en la minería, dentro del marco de la Constitución Política de la República. Existiendo conciencia plena de lo relevante que es la actividad minera para el país, se dan las siguientes paradojas: • Poco o nulo conocimiento en las generaciones jóvenes y del país de su importancia; • Total asimetría que existe entre los centros educativos de enseñanza minera (con altas carencias físicas y humanas) que coexisten con las grandes inversiones privadas y estatales, no habiendo un círculo virtuoso que les permita un mayor desarrollo del conocimiento. Principios y fundamentos de la posición Una minería para el siglo XXI desde la perspectiva humanista y cristiana. Si nos definimos como un partido político nacional y popular, que quiere construir una sociedad más libre y más justa y alcanzar un desarrollo equilibrado, que permita desenvolverse plenamente y acceder al bienestar material y espiritual que corresponde a la dignidad humana, claramente el esquema productivo usado en la minería chilena no propende a ello. 24

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La DC se caracterizó, en el siglo pasado por tener una clara política respecto a la explotación de esta área. El paso dado en el gobierno de Frei Montalva así lo indica. Pero, desde el régimen militar y la vigencia de la ley 18.097, Chile se inhibió de ejercer su soberanía nacional. Radomiro Tomic, elaboró una doctrina respecto a la minería y su explotación que a nuestro juicio sigue siendo válida. A saber: Cada nación tiene derecho a vivir de las riquezas naturales con que fue dotado por la Providencia. Dar forma concreta a este derecho es de la esencia misma de la soberanía. Y este derecho se transforma en un deber imperativo cuando el pueblo de cuyo territorio se extraen materias primas indispensables para los altos niveles de vida de la naciones ricas y prósperas del mundo, se debate asediado por las amenazas del subdesarrollo económico, de la pobreza injusta y de la frustración (ver índice Gini, sobre distribución regresiva de la riqueza en Chile, agravada en los últimos ocho años). Los principios básicos de la doctrina Tomic dicen: 1.- La defensa irrestricta de los intereses permanentes de Chile, los que en este ámbito se encuentran inseparablemente ligados a la potestad del Estado para ejercer su soberanía sobre el destino de los recursos. La soberanía efectiva se debe manifestar a través de la definición e implementación de una “política chilena del cobre” (hoy no existe), que permita utilizar en beneficio de Chile, el enorme potencial cuprífero.


2.- La defensa de los derechos y legítimas aspiraciones de los mineros chilenos, pequeños y medianos. 3.- La defensa de la estabilidad de derechos que necesitan los grandes inversores extranjeros que se desea atraer como complemento al esfuerzo nacional. Las objeciones específicas a la Ley minera, fueron a juicio de Tomic: el secreto de su tramitación; la falsedad de que el progreso tecnológico reduciría el cobre a un metal sin valor; que su vigencia hace imposible una “política chilena del cobre”; porque el régimen de indemnización completa hace imposible la recuperación de la soberanía nacional; porque la concesión plena daba origen a las peores formas de especulación. Valoramos estos principios porque tienen hoy plena vigencia. Efectivamente en el país se redujo grandemente la pobreza, pero no se ha crecido con equidad, y, la inexistencia de una “política chilena del cobre” es un factor relevante. También lo es la estructura de explotación dada, en la que se entrega a terceros más del 60% de las actividades, las que se asignan otorgándole un mayor valor al menor precio, el que casi siempre se logra debido a los bajos salarios de los subcontratistas. Principales propuestas programáticas El acuerdo nacional unánime, del 11 de julio de 1971, que nacionalizó el cobre, fue producto de un largo, arduo y enriquecedor trabajo que demandó deliberación y debate. Ambos elementos casi no se presentan en nuestra sociedad actual. Lo inmediato, lo coyuntural, se impone a la tarea de pensar técnica, seria y políticamente. Por ello, la primera propuesta programática nos demanda el inicio de un análisis serio, para una posterior toma de decisiones respecto a cual es nuestra “política chilena del cobre”. A esta tarea de largo alcance y de vital resolución para el futuro del país se deben sumar acciones inmediatas: 1. Asumir el desarrollo de la minería como una actividad en y con la comunidad. Esta actitud debe significar tanto para las empresas como para el Estado la obligación de asumir la calidad de vida como tema fundamental en su accionar. No pueden existir más ciudades como Salvador o Calama, donde parte fundamental de la riqueza del país se crea, en condiciones misérrimas de habilitación urbana, sanitaria, educativa y cultural. Específicamente Codelco no puede obviar su responsabilidad en las condiciones de habitabilidad de las ciudades mencionadas, fomentando la

permanencia de sus ejecutivos y algunos profesionales en esas ciudades cuatro o cinco días a la semana y “condenando” al resto a vivir en ciudades feas y sucias. 2. Insistir en la derogación de la Ley del cobre que otorga a las Fuerzas Armadas el 10 por ciento de los ingresos del cobre. 3. Definición del estatus de Codelco como una empresa 100% estatal, pero con estándares de calidad de empresa privada y con capacidad de resolución. Eliminación de trabas burocráticas que la obligan a endeudarse para crecer. También debe estar abierta a la posibilidad de asociarse a privados. 4. Auditoría nacional a los fondos originados con el royalty a la minería. Se debe cautelar que fondos vayan en calidad y cantidad a las regiones y se destinen efectivamente a la innovación y tecnología. 5. Respecto de los subcontratistas proponemos que, tal como en Europa, se ponga un tope, medido en porcentaje, a terceros en las industrias. 6. Sobre las patentes mineras proponemos que éstas tengan período de expiración (3 años). La DC, ad portas del bicentenario debe liderar una gran reforma a la propiedad de la minería. En esta decisión se ubican el límite a las patentes mineras, o la fijación de patentes progresivas, como se aplican en México, y el fortalecimiento de los organismos técnicos de apoyo a la minería como Sernageomin y Cochilco. En el caso de esta última, al tener un rol de fiscalización, debe tener autonomía plena. 7. Decisión de los organismos pertinente en orden a entregar los recursos que permitan aumentar el número y calidad de profesionales en la minería. 8. Tomar acciones para que la minería no siga causando problemas económicos llevando, paradójicamente, desigualdad regional y pobreza. 9. Prever y tomas acciones para que las inversiones mineras no aumenten el conflicto social, expanda la corrupción y desplace la inversión en el capital humano. 10. Revalorizar el rol de Enami como una empresa de fomento orientada a la pequeña y mediana minería y que además favorezca las relaciones público privadas en nuevos entendimientos mineros para ese tamaño de empresa. 11. Revisión de los gobiernos corporativos de las empresas estatales de la minería que en lo más sencillo aumente la transparencia, mejores los procesos de auditoria y evite los constantes conflictos de intereses.

Política agraria Un modelo de desarrollo humano para Chile nos demanda el respeto a nuestra cultura, a nuestra historia y nuestras tradiciones. De ahí la importancia de proteger y fomentar la “ruralidad” y en especial la agricultura familiar campesina, ya más que una actividad meramente económica, forma parte de una verdadera cultura, una forma de ver y enfrentar la vida y de relacionarse con la tierra y la naturaleza.

La Democracia Cristiana lideró el proceso histórico más importante para los campesinos de Chile, con la reforma agraria y la sindicación campesina, generando un cambio en la propiedad de la tierra, otorgándosela al que la produce, y además introduciendo un horario de trabajo y el pago en dinero a los trabajadores del campo. Esto que significó dignidad para el campo y gente. octubre · 2007 ·

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Hoy asistimos a una verdadera contra reforma agraria, donde la propiedad de la tierra vuelve a manos de los nuevos latifundistas, representada hoy por la agricultura exportadora industrializada o las grandes empresas forestales. Las que además, junto a las empresas hidroeléctricas y mineras se han adueñado de casi la totalidad del aguas de nuestro país.

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Por eso, nuestro compromiso de hoy es defender la agricultura familiar campesina y la ruralidad como parte del patrimonio económico y cultural de Chile, garantizando el derecho a la propiedad de la tierra y del agua, facilitando la compra de predios y la obtención de derechos de aguas a quienes producen y viven de la tierra, sin importar si pertenecen o no a un pueblo originario.


Profundización de la Democracia

Una Nueva Constitución Política para Chile Camaradas, tras desarrollar lo que estimamos debe ser el marco conceptual de una Democracia Cristiana para el siglo XXI, nos atrevemos a proponer acciones concretas para el mediano y largo plazo. Para ello hemos dividido nuestro trabajo en diversos ámbitos, En el ámbito institucional -y conscientes de que el país debido a los fantasmas que amenazaron nuestra convivencia, se adecuó a una constitución política ilegítima en su origen y dictatorial en su doctrina- promovemos un cambio institucional radical. Trabajaremos por la elaboración de una nueva Constitución Política de Chile que, nacida de un proceso participativo y democrático de todos los sectores del país, sea capaz de responder a las aspiraciones del pueblo chileno y a las demandas que la modernidad, la solidaridad y el crecimiento demandan de cada nación. Los años y la existencia del sistema binominal que secuestró la libertad de la voluntad de los parlamentarios en aras de su permanencia en los cargos, hizo que como país nos conformáramos con variados “remiendos” a la constitución de Augusto Pinochet, pero lo real es que seguimos presos de un sistema presidencialista, autoritario, y de una concepción societaria de minusvalía del pueblo. No más binominalismo. Proclamamos la urgente necesidad de crear esta nueva constitución política y, para ello, apoyamos como paso para crear una sociedad realmente libre y participativa la elección de un próximo congreso que tenga como mandato una nueva constitución política del Estado, que le entregue al pueblo soberano reales herramientas de participación, que consagre tres poderes del estado con independencia y con controles y niveles de transparencia que permitan la construcción de nueva y más justa sociedad. En la Nueva Constitución Política los derechos y deberes fundamentales deben ser elaborados a partir de una concepción democrática. No podemos continuar interpretando la Constitución sobre la base de los criterios de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución (Comisión Ortúzar).

Debemos incorporar los derechos económicos, sociales y culturales. Debemos consagrar expresamente los derechos de los niños. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño. Debemos consagrar los derechos del adolescente: tienen derecho a la protección y a una formación integral. El Estado y la sociedad deben garantizar la participación activa de los jóvenes de los órganos públicos y privados que tengan a su cargo la protección, educación y progreso de la juventud. Debe consagrarse en la Constitución que el Estado, la sociedad y la familia concurrirán a la protección y a la asistencia de las personas de la tercera edad. Debe establecerse una política de previsión, rehabilitación e integración social de los disminuidos física, sensorial y psíquicamente a quienes se debe brindar la atención especial que requieren. Se debe modificar la norma relacionada con la participación del Estado en las actividades económicas en términos tales que éste pueda legalmente y sin quorúm especial recibir encargos especiales del legislador. Los derechos fundamentales deben adicionarse con los nuevos derechos de la solidaridad o de la tercera generación: derechos de las minorías étnicas, culturales, derechos de género, derechos de de la ecología, de lo usuarios y consumidores. Se hace indispensable incorporar una cláusula que consagre un sistema solidaridad nacional administrado por los poderes públicos con participación ciudadana que constituyan directiva para los órganos del Estado. Se debe establecer la prevalencia de los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. octubre · 2007 ·

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Se debe consagrar un Consejo Económico Social. La participación social del trabajo, el capital y la sociedad civil contribuyen a la concertación civil social y al diálogo social. Se debe establecer la iniciativa popular para proponer leyes y reformas constitucionales con un porcentaje del 7% del cuerpo electoral

sobre la base de macro regiones, siempre que correlativamente exista un sistema de parlamentarios efectivamente nacionales, lo que significa incorporar un sistema proporcional. Debe establecerse legalmente un sistema de primarias abiertas y simultáneos para elegir candidatos a la Presidencia de la República.

Las reformas a la Constitución relacionas con los capítulos de los Derechos Fundamentales, Congreso Nacional y Régimen Político deberán ser sometidas a plebiscito después de su aprobación por el Congreso. También se someterán a referéndum las reformas constitucionales que así lo decida la mayoría del Parlamento.

Se deben regular las encuestas estableciendo transparencia sobre las empresas que las llevan a cabo, sus administradores, recursos económicos y financieros que utilizan y sobre sus clientes.

En cuanto al régimen político y de Gobierno: el Presidente de la República debe velar por la Constitución, el funcionamiento de los poderes públicos, así como la permanencia del Estado. Es el garante de la integridad territorial y del respeto de los tratados. Elegido por mayoría absoluta. Debiera existir un Primer Ministro nombrado por el Presidente de la República y un sistema de censura constructiva respecto del gabinete.

Se debe modificar el sistema orgánico de la Corte Suprema, reduciendo su número de Ministros de 21, a sólo 7 miembros y estableciendo 3 Cortes Supremas Regionales. De esta forma la Corte Suprema de Justicia de Chile abordaría únicamente la mantención uniforme de la jurisprudencia en la interpretación de la ley para mantener la igualdad ante ella. Las materias no jurisdiccionales debieran entregarse a un Consejo Nacional de la Justicia que represente a la comunidad y a todos los poderes del Estado.

Si no existe consenso sobre estas materias, el sistema hiper presidencial que nos rige, bien puede ser morigerado modificando el sistema de las urgencias en la tramitación de las leyes y en las reformas de la Constitución, estableciendo tablas y urgencias acordadas entre el Parlamento y el Poder Ejecutivo; urgencias en materias especiales o de situaciones excepcionales. Se debe establecer que determinados proyectos de ley deben ir con la voluntad y apoyo de un determinado número de parlamentarios, excluyendo, las materias estrictamente financieras. Debiera revisarse el catálogo de las materias que son de iniciativa exclusiva del Presidente de la República, confiriendo mayor participación a los parlamentarios. Se debe modificar el sistema de delegación de facultades –Decretos con Fuerza de Ley- consagrando leyes normativas que permitan al Presidente de la República dentro de los seis primeros meses de su mandato impulsar sus labores legislativas, con los controles correspondientes del Tribunal Constitucional. El Parlamento como expresión del pueblo de Chile, debe propender a reflejar fielmente su enorme diversidad, por lo que resulta imprescindible impulsar las correcciones que permitan incorporar crecientemente a sectores subrepresentados de la sociedad chilena como los jóvenes, mujeres o pueblos originarios, generando incentivos al respecto, eliminando las barreras para que postulen dirigentes sindicales y vecinales, y limitando a 2 el número de reelecciones a las que puede presentarse cada parlamentario, evitando así la perpetuación en el Congreso. Se debe transferir poder político a los gobiernos regionales, lo cual significa otorgarle atribuciones normativas con fuerza de ley, pero sin facultades de carácter constitucional. Se debe avanzar en el estudio de parlamentos regionales 28

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Se debe instituir el defensor del pueblo como ente público y constitucional en materia de derechos humanos. Se debe suprimir el capítulo sobre el Consejo de Seguridad Nacional, sustituyendo el concepto de Seguridad Nacional por el de Solidaridad. Se debe revisar la autonomía del Banco Central estableciendo los adecuados controles y agregar como función de éste el crecimiento económico y el empleo. La Contraloría General de la República es un órgano decimonónico que no se condice con un estado moderno. Existe una cultura burocrática desarrollada al amparo de la Contraloría General de la República que paraliza el funcionamiento de la administración pública y que impide el desarrollo de liderazgos en la gestión pública. La toma de razón que efectúa la Contraloría General de la República es hoy excepcional. Su función fiscalizadora las más de las veces es tardía y multiplica los controles ya realizados al interior del Estado. Debe existir un eficiente Tribunal de Cuentas, se debe llevar correctamente la contabilidad general de la Nación, pero para ello no es indispensable mantener el actual estatuto del órgano contralor que debe ser radicalmente reformado. Se debe establecer una norma que consagre efectivamente en la Constitución el rol importante de los partidos políticos en el Congreso Nacional, estableciendo normas sobre bancadas, reglas de la mayoría para el funcionamiento de las mismas y respeto para los parlamentarios en las cuestiones y votos en conciencia. Deben establecerse, para estimular la participación, cuotas especiales de mujeres en las candidaturas al Parlamento y a las Municipalidades.


Se deben eliminar constitucionalmente todas las discriminaciones que existen en contra de la tercera edad, suprimiendo las edades límites para desarrollar determinadas labores y disponiendo que la edad no puede justificar y autorizar exclusiones de ninguna especie. Postulamos la necesidad de establecer la inscripción automática y el voto voluntario como forma de expresión. De igual modo, ante el avance de las tecnologías de la información, proponemos el voto digital para todos quienes se sienten en condiciones de enfrentar éste método. Una decisión como ésta bajaría drásticamente los costos que demandan los procesos eleccionarios. Reclamamos el derecho a voto de los chilenos que residen en el exterior y denunciamos como un chantaje político la actitud de la derecha en la votación parlamentaria que impidió hacer efectivo este derecho. Los miles y miles de chilenos que acogen, que apoyan a nuestros/as deportistas en todo el mundo y que remesan importantes recursos al país tienen también derecho a influir. Deben derogarse los altos quórum exigidos para introdu-

cir leyes. Este amarre dejado por el régimen militar ha obligado a la Concertación a transar en el parlamento el verdadero espíritu de muchas iniciativas legales. Proponemos un financiamiento estatal y austero de los partidos, que impida la influencia malsana de los grupos de poder. Una nueva institucionalidad debe consagrar una real participación de los organismos intermedios en la construcción del futuro de la nación. Hablamos de sindicatos, gremios, juntas de vecinos, clubes de adultos mayores, etc. La nueva institucionalidad deberá estar signada por lo que entendemos como verdadera Seguridad Ciudadana: la seguridad de cada hombre y mujer de tener acceso a un trabajo decente; la seguridad de que la sociedad será capaz de proporcionar una educación y salud dignas de ser humano, la seguridad de que la sociedad de encargará de brindar los instrumentos que permitan la reinserción social, la seguridad de barrios y comunas integradas, la seguridad de tener una vejez tranquila como justa retribución a toda una vida de entrega a la familia, sociedad, empresas y país.

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El partido que queremos

E

l Partido Demócrata Cristiano debe modificar sustancialmente su organización y funcionamiento interno. La lógica permanente del conflicto, debe ser sustituida por la cooperación, el dialogo, el consenso y la negociación. Lo que significa privilegiar el sentido de comunidad por sobre el individualismo.

se limitan a proyectar lo que estas indican, dejan de ser partido político y se convierte en una agencia de publicidad.

El Partido Demócrata Cristiano debe tener una organización flexible que no debe ser el reflejo electoral del Estado de Chile, ni necesariamente el reflejo de la organización administrativa del Estado.

La Democracia Cristiana debe optar por ser de nuevo vanguardia en la construcción de país. Debe reasumir su papel liberador.

Se debe asumir que el Partido Demócrata Cristiano es diferente de los restantes partidos. Que no es una simple agrupación de personas que buscan el poder político y que se asociación exclusivamente con ese fin. Muy por el contrario la Democracia Cristiana es una comunidad de personas, lo que significa superar la política confundida con la publicidad, la farándula y el marketing. Los estilos de desarrollar política al interior de la Democracia Cristiana deben prefigurar y anunciar la comunidad que se aspira a construir en el país. Se necesitan liderazgos inteligentes, pero y afectivos, que entiendan que las agrupaciones de personas se transforman efectivamente en comunidades cuando desarrollan en profundidad la inteligencia emocional y saben sustituir el conflicto permanente por el encuentro, y la cooperación. El Partido Demócrata Cristiano no debe tener temor a buscar y proyectar en su labor diaria y permanente lo que lo diferencia, lo que lo hace distinto, ya que ese es el principal aporte que puede hacer al proceso político. Si la Democracia Cristiana se limita a desarrollar conductas iguales o semejantes a los restantes partidos, o si bien aspira a vivir en una permanente homogeneidad, sin hacer valer lo que tiene de diferente y heterogéneo, pierde su razón de ser. Incorporar la modernidad al Partido Demócrata Cristiano no significa que éste deba transformarse en una empresa o que deba ser administrado con criterios de mercado, midiendo exclusivamente productividad, eficiencia y eficacia. Un partido que únicamente basa toda su acción en lo que dicen las encuestas y que incluso sus grandes definiciones dejan de ser tales, porque 30

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Sustituir la publicidad y el marketing, por la política seria, consistente y responsable, hará atractivo al Partido Demócrata Cristiano.

En lo interno, debe definirse una estructura partidaria ágil, ejecutiva y de amplio respeto a la diversidad de opiniones, en el marco general definido por nuestros siempre vigentes principios fundacionales. Debemos practicar el pluralismo interno, respetar nuestras diferencias y entender que dentro de un común objetivo, y a partir de iguales principios y valores, en temas contingentes podemos tener puntos de vista diferentes. Estos últimos en modo alguno pueden ser caldo de cultivo para querellas internas o para sustituir el necesario diálogo y cooperación por la acción de sistemas disciplinarios que se encuentran alejados de las sanas normas de convivencia democrática que respetan las discrepancias cuando las mismas son serias y fundadas en hechos objetivos. Queremos ampliar los espacios de participación interna. Los grandes temas y que más preocupan a la opinión pública, escasamente han sido debatidos al interior del Partido Demócrata Cristiano. Más bien, todas esas materias han sido abordadas y solucionadas en las instancias de gobierno o a un nivel muy súper estructural. Las regiones, provincias, comunas y bases, no participan, no son consultadas y para decirlo directamente no existen instrumentos prácticos para que esa participación y esas consultas se lleven a cabo o materialicen. Esta es una deficiencia orgánica que arrastramos por década, ya que nuestra organización no se ajustó al ritmo de los nuevos tiempos, ni incorporó técnicas y procedimientos para construir estrategias participativas. Ello ha desmotivado a la militancia, la ha alejado de la organización partidaria. No se sienten representados por sus dirigentes, y


muchas veces por sus representantes populares. Así, por ejemplo, temas tan importantes para la Región Metropolitana como el Plan Transantiago no fueron consultados a toda la organización territorial. Ello no se debe a mala voluntad, sino que sencillamente a que nos acostumbramos a una organización que respondía a otras exigencias. Hay que hacer cambios muy de fondo. Y al postular lo anterior no formulamos cargos ni reproches a nadie, sino que asumimos la situación como un problema grave y relevante común que debemos resolver. Algunos creen que debemos escoger entre un partido de militantes o de ciudadanos, ciudadanas y adherentes. Discrepamos que tal sea nuestra disyuntiva. Pensamos que necesitamos un partido de militantes comprometidos que participen efectivamente y a quienes se les acoja, se les den los espacios de participación y se les abran las puertas para que sean verdaderos protagonistas y no simples instrumentos de destinos y aspiraciones individuales. Ello supone realizar cambios estructurales en nuestra organización: discernir en común los caminos, establecer redes coherentes de comunicación que creen un diálogo permanente y un flujo constante de ideas, proposiciones y críticas desde la base a la dirección superior y desde ésta a la base. Necesitamos un conversar permanente, una reflexión constante, lugares de encuentro para hacer política y no únicamente para desarrollar competencias exclusivamente electorales, de corto plazo. Si hay diálogo, conversación y encuentro y si lo que allí se dice se comunica y esa comunicación se entiende y acepta y se difunde, se multiplicarán las energías creadoras, se sumarán ideas, fuerzas espirituales, entusiasmos, propósitos y anhelos. Si no tenemos comunicaciones fluidas, si nuestras estructuras son extraordinariamente formales, jerárquicas, verticales, reglamentadas, nos convertiremos en una burocracia política, cerraremos las puertas y nos refugiaremos en mil y una disputas. El cambio que hay que hacer es muy grande. Pero sin militantes comprometidos, no hay partido. Por cierto debemos abrirnos en verdad a la ciudadanía -y no solo de palabra-, representar sus inquietudes, protestas y reclamos. Pero un partido de simples adherentes o únicamente de un establichement político, podrá ser cualquier cosa -un conjunto de personas-, pero menos un partido político. La piedra de tope para los

cambios se encuentran en la burocracia política que se auto reproduce, que ocupa todos los puestos, cargos y lugares. Que se reelige una y otra vez, y que se auto reproduce. No hay renovación significativa en nuestra dirigencia. La política no se debe hacer solo en palacio y en los días en que el palacio funcione. Cuando los partidos adquieren el mismo ritmo, los mismos rituales, las mismas ceremonias y las mismas vestimentas que los cuadros de gobierno y reflejan sus prácticas, costumbres y hábitos, se deja de hacer política en los partidos políticos y desde los partidos y se termina haciendo una política áulica, palaciega, lejana de la ciudadanía y se deja de interpretar e intermediar. La sociedad civil en la cual nos insertamos es distinta que el Estado, es diferente que los órganos gubernamentales y que los órganos y poderes constituidos. Es más informal, múltiple, flexible y abierta. En la sociedad civil existe potencia y capacidad creadora. Si no nos encontramos con ella y no asumimos que somos parte de la misma, no estaremos a la altura de las exigencias de los tiempos presentes. El desafío es grande. Quienes piensan que el Partido Demócrata Cristiano es casi una parte de la organización gubernamental, un apéndice, dejan de hacer comunidad. Quienes piensan sólo en si mismos, en su propia individualidad o quienes creen que todo ha de venir del Estado, del Gobierno, del poder central, están equivocados. Necesitamos que este partido sea cada vez más parte de la sociedad civil, de la comunidad. Necesitamos que se identifique plenamente con ella y sigua los ritmos y hábitos de aquella. Estos son los cambios que hay que hacer en nuestra organización partidaria. Para ello se necesitan liderazgos cooperativos. Se debe desarrollar a fondo la inteligencia emocional, reconocer que somos seres humanos y como tales funcionamos con afectos y sentimientos. Los que todo lo racionalizan y lo reducen a cuadros, números, estadísticas, encuestas y marketing y tratan de controlar las reacciones humanas, están completamente equivocados como personas y como políticos/as. Camaradas, es hora de cambiar. De reiniciar el camino de vanguardia que en una etapa de la historia del país representamos. Evangelizar es la palabra, y, ya sabemos, que un viaje de mil millas comienza con un simple paso.

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Contenido INTRODUCCIÓN

2

NUESTRA IDENTIDAD

5

El signo de nuestra causa y el carácter de los tiempos.

8

Nuestro marco ideológico

8

LA SOCIEDAD QUE QUEREMOS

10

LOS GRANDES DESAFÍOS QUE PLANTEA EL FUTURO

12

Es hora de cambios y correcciones

12

¿Qué está primero? El ser humano o la economía

12

Hacia una nueva cultura económica

13

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO

15

Medidas para que todos vuelvan a ser chilenos de plenos derechos socio-económicos

15

Medidas para que todos los chilenos puedan progresar económicamente.

15

La apertura al comercio internacional, la fuerza de la competencia.

16

Más participantes para incrementar la competencia interna

17

El Estado, garante del emprendimiento y la movilidad social

18

El BancoEstado.

18

La Corfo.

18

Discriminación positiva hacia la pyme.

18

Competencia en los medios de comunicación

19

Una mejor política monetaria y crediticia. Doble función del Banco Central

19

De una vez por todas, una regionalización efectiva

20

Fortalecimiento y modernización municipal

20

Mejor trato y mayor calidad en las relaciones laborales

20

Acerca de los cambios en la institucionalidad del Ejecutivo para la Seguridad Pública

21

Minería y comunidad.

24

Política agraria

25

PROFUNDIZACIÓN DE LA DEMOCRACIA

27

27

Una Nueva Constitución Política para Chile

EL PARTIDO QUE QUEREMOS

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milmillas2  

“Un viaje de mil millas comienza con un simple paso” UNA DC PARA EL TERCER MILENIO

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