Agendas Políticas desde la Pluralidad de las Mujeres

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Autora: Diana García Edición: Isabel Aguilar / Letra Negra Ediores Diagramación: Letra Negra Editores Diseño portada: Melissa Elizondo Héctor Morales Delgado Esta publicación ha sido posible gracias al apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Impreso en Guatemala por Segráfica, S. A. Guatemala, mayo 2007

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Presentación El proceso de preparación del Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, Diversidad étnico-cultural: la ciudadanía en un Estado Plural, dejó tras de sí una rica herencia de ensayos temáticos, elaborados por un conjunto de valiosos profesionales nacionales que aportaron lo mejor de su conocimiento, experiencia y visiones sobre la realidad étnica de Guatemala.

Al igual que en años anteriores, hemos hecho una selección de estos ensayos para su publicación en la serie Cuadernos de Desarrollo Humano. Estimamos que su relevancia temática, la calidad de sus contenidos y/o la novedad de sus aportes, puede contribuir a que los investigadores y especialistas profundicen en la reflexión de su área de conocimiento. También, que los distintos actores sociales tengan mayor referencia acerca de temas de particular relevancia para entender el comportamiento de la sociedad guatemalteca contemporánea.

El texto que tenemos el honor de presentar a continuación ha sido preparado por la joven investigadora guatemalteca Diana García. Su trabajo, denominado Agendas políticas desde la pluralidad de las mujeres: elementos para un futuro debate constituye un valioso esfuerzo por sistematizar un conjunto de información, planteamientos y análisis todavía dispersos y poco considerados en el debate político nacional acerca de la participación política de las mujeres. El desafío que representó la realización de este texto es aún mayor si se considera que la autora aceptó el reto de examinar dicha participación partiendo de la articulación de dos vertientes teórico-conceptuales que recorren todavía caminos paralelos: el género y la etnicidad. Los intentos por conceptualizar sus interrelaciones, tal y como se dan en el contexto guatemalteco, son aún incipientes, convirtiendo este tema en una materia todavía pendiente de abordar por la academia nacional.

Al finalizar el texto, el lector contará con un recuento actualizado de la participación política contemporánea de las mujeres guatemaltecas. En este plano, se expone claramente cómo, a la par de la persistencia de un patrón eminentemente masculino a la hora de acceder a puestos públicos de elección, hay otro que discrimina a las mujeres indígenas frente a las no indígenas.

Por otra parte, el texto contribuye a la incipiente reflexión acerca de los desafíos que presenta construir relaciones interétnicas más equitativas entre mujeres, ya que las reconoce, ante todo, como sujetos sociohistóricos, insertos en estructuras de clase, marcadas por ideologías y prácticas patriarcales y racistas que definen, en gran medida, la naturaleza de sus formas de relacionamiento.

Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y el equipo de los Informes Nacionales de Desarrollo Humano de Guatemala es un privilegio poner a su disposición el presente documento.

Karin Slowing Umaña Coordinadora Informes Nacionales de Desarrollo Humano Guatemala

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Contenido Presentación

Introducción..........................................................................................................................................5 1. Participación de las mujeres y de los pueblos indígenas en los cargos de elección popular............6 1.1. Diputaciones y candidaturas presidenciales...................................................................................8 1.2. Participación política a nivel municipal.......................................................................................11 2.Participación política de las mujeres: poder, idiomas y territorios..................................................17 3. Expresiones organizadas de las mujeres indígenas.........................................................................20 3.1. Configuraciones y algunas de las perspectivas en debate............................................................20 3.2. Organizaciones de mujeres o mixtas con liderazgos indígenas 19..............................................22 a. Cambios en la distribución y el acceso a los recursos....................................................................22 b. Cambios institucionales y a través del sistema de partidos políticos..............................................24 c. Cambios generacionales basados en la historia..............................................................................24 d. Cambios desde lo comunitario y municipal, pero de manera integral............................................25 e. Cambios psicosociales y a nivel interpersonal................................................................................26 f. Cambios en la organización político-administrativa del Estado y primeras experiencias sobre cómo construirlos................................................................................................................................27 4. Agendas políticas de las mujeres....................................................................................................29 4.1. Agendas políticas, ¿espacios de fragmentación o construcción de alianzas entre movimientos?......................................................................................................................................29 4.2. De la integralidad a las estructuras y relaciones de poder a transformar.....................................31 Listado de siglas..................................................................................................................................34 Bibliografía.........................................................................................................................................35

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Agendas políticas desde la pluralidad de las mujeres: elementos para un futuro debate Diana García Guatemala, marzo 2007

Introducción En el contexto de las transformaciones del capitalismo a nivel global, la sociedad guatemalteca se encuentra, como muchos otros países, en un momento de transición en el que precisa pensar y redefinir las formas en que, desde el Estado, se pueda realmente responder a las necesidades y problemas que más agobian a la población. Los nuevos ejes de acumulación del capital están determinando las posibilidades concretas que, mujeres y hombres de las nuevas generaciones y de distintos orígenes étnicos, tienen de ejercer sus derechos socioeconómicos, culturales y políticos.

Los niveles de desigualdad y marginación se han profundizado y la implementación de las políticas neoliberales ha mostrado su incapacidad para superarlos.

La construcción de la nación multiétnica, pluricultural y multilingüe consignada en los Acuerdos de Paz, así como toda reforma política del sistema vigente, necesitan partir del reconocimiento de que el Estado guatemalteco se fundó sobre una concepción monocultural de la participación política, desde la cual se inferiorizan las formas de organización, representación y ejercicio del poder de unos grupos para garantizar el dominio político, económico, jurídico y cultural de otros. Así, en Guatemala, el carácter excluyente del Estado se ha reproducido de manera estructural e institucional de acuerdo con las oportunidades

que cada coyuntura le brinda, teniendo la capacidad de adaptarse a los intereses de los grupos dominantes en los distintos momentos de la historia del país (Casaús, 2002).

A mediados de los años setenta, como resultado de un conjunto de luchas sociales, se estableció el Decenio de la Mujer y el Decenio de los Pueblos Indígenas en el escenario internacional. Luego, ello se sumó, en Guatemala, al proceso de paz. Ambos fueron escenarios propicios para la construcción de identidades políticas colectivas que ya venían gestándose desde décadas anteriores (Bastos y Camús, 2004; Monzón, 2004; Carrillo, 2004). Fue así como tanto las organizaciones de mujeres como las de los pueblos indígenas llegaron a perfilar, a través de determinadas estructuras, nuevas formas de relación política con el Estado.

Una muestra de ello es la Comisión Nacional Permanente de Derechos de la Mujer Indígena (CNP-DMI), desde la cual se promovió la creación de la Defensoría de la Mujer Indígena (DEMI) y la elaboración y negociación de una serie de leyes a favor de las mujeres indígenas (el anteproyecto de Ley del Acoso y Hostigamiento Sexual, presentado en 2002, es uno de sus principales esfuerzos en este sentido).1 Otro ejemplo, también en el marco de los compromisos adquiridos en los Acuerdos de Paz, es la Comisión Paritaria de reformas al Estado y

De esa forma, la CNP-DMI llegó a representar una instancia de mujeres indígenas que por primera vez, a ese nivel, negociaba directamente con el Estado la definición de políticas públicas a su favor (CODISRA, 2004).

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Participación Política de los Pueblos Indígenas a todo Nivel, desde donde se ha negociado con el actual y anterior Gobiernos, entre otras, una propuesta de Proyecto de Nación, así como el Anteproyecto de Ley sobre la Regionalización Nacional de la Administración de los Servicios Educativos, de Salud, y de Cultura de los Pueblos Indígenas con criterios Lingüísticos.2 A pesar de lo anterior, sin duda la mayor parte de la población continúa participando y canalizando sus demandas a través de los mecanismos sectoriales o territoriales vinculados con la sobrevivencia cotidiana y la exclusión tal y como Camús (2002: 364) plantea , así como del sistema de partidos políticos en vigencia. De ahí la importancia de hacer también una lectura acerca de la medida en que dichos canales han representado o no opciones reales de participación política, tanto para las mujeres como para los pueblos indígenas. Dar cuenta de las brechas intergenéricas e interétnicas presentes en el sistema actual de partidos políticos permite plantear con urgencia la necesidad de superar el carácter patriarcal y racista que ha sido afín al Estado guatemalteco.

La siguiente contribución es parte de un trabajo más amplio denominado “Género y diversidad étnico-cultural en Guatemala”3 y se produce en una etapa de desarrollo incipiente de conocimientos sobre el tema, etapa en la cual prevalecen los estudios locales; las fuentes de datos recién comienzan a ser desagregadas y aún se tiende a priorizar alguna categoría de análisis (género

o etnia, por ejemplo) para explicar la totalidad de los fenómenos. No obstante, el enfoque del que se parte, aún reconociendo las limitaciones para su aplicación, es aquel que reconoce la interdependencia explicativa de distintas categorías como las de género, etnia y clase, y que concibe la construcción de las desigualdades entre hombres y mujeres como un conjunto de relaciones sistémicas social e históricamente construidas (a nivel interpersonal, institucional y estructural), y en las cuales el Estado desde su creación ha jugado un papel determinante.

De ahí que la primera parte del trabajo se dedique al análisis de la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas dentro del sistema de partidos políticos, para luego abrir un breve espacio de reflexión acerca de las relaciones de poder que se expresan a través de la pérdida de la diversidad lingüística y de la hegemonía del español, y cómo ello contribuye o no al pleno ejercicio de derechos para hombres y mujeres. Un tercer apartado se dedica a reconocer la capacidad de actuar que tienen las mujeres organizadas, fundamentalmente indígenas, enfatizando las distintas dimensiones de los cambios que desde ellas se consideran prioritarios.

Finalmente, se cierra con una aproximación preliminar a la intersección existente entre las reivindicaciones planteadas por las mujeres y el sujeto colectivo de los pueblos indígenas, como una manera de perfilar la importancia actual de superar la fragmentación y avanzar en la construcción de lo común, a partir de la valoración y el reconocimiento de las diferencias.

1. Participación de las mujeres y de los pueblos indígenas en los cargos de elección popular

En 1921, en el marco del Estado liberal, se reconoció en la Constitución Política de la República Federal de Centroamérica, por primera vez, el derecho al

sufragio para las mujeres. Sin embargo, debido a un golpe de Estado sucedido ese mismo año, Guatemala nunca llegó a armonizar su propia

Es importante hacer ver que dichos mecanismos de negociación se mantienen, a la fecha, en el marco de una participación restringida; desde ellos fluye casi ninguna información para el resto de la población.

3 Dicho trabajo comprende un apartado sobre las distintas formas de violencia que las mujeres experimentan; un análisis sobre las fuentes y los esfuerzos de investigación que actualmente se realizan sobre el tema, así como una revisión de la institucionalidad y las política públicas afines.

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legislación con la del Gobierno federal.4 Cecilia Mérida (2001) da cuenta de los distintos modelos de ciudadanía que prevalecieron entre 1808 a 1944 (ciudadanía española, universal, censitaria, étnica y restringida) y de cómo no fue sino hasta 1945 cuando se eliminaron de manera explícita las limitaciones del voto para la población indígena.

Por su parte, el derecho de las mujeres a elegir y ser electas se reconoció en la Constitución de la República de ese año de manera restringida: era optativo, secreto y sólo para las alfabetas mayores de 18 años, con lo que la mayor parte de las mujeres, sobre todo indígenas, no pudieron ejercerlo sino hasta en 1965, cuando se universalizaron los derechos políticos para hombres y mujeres. No obstante, tanto Mérida (2001) como Rull (2005) señalan que el período 1945-1985 se caracterizó por una serie de fraudes electorales, Gobiernos autoritarios, el cambio de hasta cinco diferentes constituciones y una profunda militarización, con lo que las oportunidades reales de ejercer derechos políticos por parte de las colectividades, hasta entonces excluidas, no son sino considerablemente recientes.

Con una participación ciudadana del 58% durante el proceso electoral de 2003, el 44% de las personas empadronadas y el 43% de votantes fueron mujeres. Teniendo como indicadores la evolución del padrón y del sufragio, Rull (2005: 18) señala que, entre 1985 y 2003 el comportamiento ciudadano más activo estuvo presente en aquellos departamentos con una mayor proporción de población indígena. Sin embargo, para ambos sujetos, el papel que actualmente juega el poder estatal en las transformaciones sociales que desean alcanzar es parte de un debate ideológico en el interior de cada movimiento.

Mientras hay quienes minimizan su importancia, otras expresiones insisten en impulsar reformas al sistema de partidos políticos prevaleciente como la manera de lograr una mayor participación en el ejercicio del poder.

De esa cuenta, algunas expresiones organizadas feministas y de mujeres han promovido la puesta en rigor de acciones positivas que permitan equilibrar la participación política entre hombres y mujeres.

Para 1992, la ONAM propuso reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos, en tanto que dos años después, Convergencia Cívico Política de Mujeres se sumó al esfuerzo, incorporando el planteamiento de las cuotas. En 1998, el pleno del Congreso de la República conoció la iniciativa de Ley 2027, presentada con el respaldo de nueve mujeres diputadas y dos hombres, la cual llegó a segunda lectura.5 Dicha iniciativa contempla un mínimo de 30% de los puestos de elección para ser ocupados por mujeres; además, busca garantizar la alternabilidad en la construcción de las listas (ConvFergencia, 2004: 30).

En 2004, nueve instancias de mujeres conformaron la Comisión por la Equidad Política6 y, como parte de la segunda generación de reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, presentaron la propuesta de reforma al artículo 212 por adición (Comisión por la Equidad, 2004). Dicha propuesta contempló cinco componentes: (a) Incluir a mujeres y hombres en porcentajes no menores del 44% para uno u otro sexo en las planillas de postulación a cargos de elección popular. (b) La alternabilidad de mujeres y hombres en la posición de las planillas. (c) La aplicación de los criterios para todos los cargos de elección popular y para la integración de los órganos internos de las instituciones reguladas por esta Ley. (d) El Registro de Ciudadanos como responsable de constatar el cumplimiento de los requisitos de inscripción de las planillas, rechazando aquellas que no los cumplieran (consecuencia jurídica).

Referencia tomada de la Sistematización de experiencias sobre el Sistema Nacional de Consejos de Desarrollo en cuatro departamentos del país, PNUD, 2005.

5 Iniciativa de Ley de Reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos núm. 2027.

6 Convergencia Cívico Política de Mujeres / Convergencia Ciudadana de Mujeres; UNAMG; AMVA; REMUPAZ; Fundación Guatemala; Foro de Mujeres de Partidos Políticos; Red Interpartidaria de Mujeres y MOLOJ. 4

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(e) Aplicación de los principios de equidad y alternabilidad en las instituciones públicas y las juntas directivas que se integren con representantes del sector público (componente de subsidiariedad).

La Comisión logró converger con las bancadas de la ANN y de URNG para que, a través del Foro Permanente de Partidos Políticos,7 llegara ante la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso de la República el total de la propuesta que establecía las cuotas como un mecanismo para lograr la paridad en los cargos de elección popular

(Comisión por la Equidad, 2004). Sin embargo, y a pesar de su relevancia, dichas reformas continúan sin concretarse. Tal y como la Tabla núm. 1 lo muestra, los partidos políticos, los comités cívicos y las coaliciones de partidos políticos mantienen la misma tendencia hacia la exclusión de las mujeres (10.5, 10.1 y 7.4% respectivamente), la cual es aún mayor si se consideran las posiciones que las mujeres ocupan en los distintos listados.

Es así como se reflejan tanto los bajos rangos de representación a los que la población femenina tiene acceso, como la necesidad de las reformas que desde entonces se plantean.

1.1. Diputaciones y candidaturas presidenciales En el proceso electoral de 2003, las mujeres no tuvieron ninguna candidata presidencial, mientras que sólo una mujer fue propuesta para la vicepresidencia entre los 11 candidatos existentes.

La misma tendencia se observó para el caso de la representación indígena (sólo una candidatura que era, además, masculina).8 10

En ese mismo proceso y a nivel de las diputaciones del Parlamento Centroamericano, de las 75 candidatas sólo 2 mujeres fueron electas como titulares, frente a 18 hombres nombrados; en tanto que, como suplentes, las mujeres llegaron a elegirse

en una mayor proporción, quedando nueve de las diputaciones (45%) a su cargo (ninguna de ellas de origen maya, xinca o afrodescendiente). De esa cuenta, la Asociación de Mujeres Mayas Moloj llamó la atención hacia la desigualdad de posiciones existente entre las mujeres indígenas y ladinas que participan en los procesos de elección popular, lo cual refleja el carácter patriarcal, etnocentrista y racista del sistema de partidos políticos, al ubicar a las mujeres en puestos periféricos, o incluir particularmente a las mujeres indígenas sólo de manera simbólica (Moloj, 2003: 20, 21).9

El Foro Permanente de Partidos Políticos, FPPP, es una instancia multipartidaria de carácter permanente que reúne a todos los partidos políticos inscritos legalmente en el Tribunal Supremo Electoral con el objetivo de establecer diálogo e intercambio sobre las reglas de juego del sistema político.

8 En 1999, se candidateó Flor de María Alvarado de Solís por el partido Alianza Reconciliadora Nacional (ARENA).

9 A las mujeres mestizas se les coloca en los últimos puestos, sin ninguna posibilidad de ganar; esa tendencia se acentúa más en el caso de las mujeres mayas, xinkas y afrodescendientes 7

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La tabla 2 refleja cómo, desde los niveles más altos de participación política, el patrón de exclusión, sobre todo hacia las mujeres y hombres indígenas persiste. Este patrón continúa con las mujeres no-indígenas,10 hasta llegar a la hegemonía en el control del poder político por parte de los hombres

no-indígenas. De esa forma, los datos confirman el carácter racista y patriarcal del Estado guatemalteco y del sistema de participación política vigente.

Al aproximarse al poder Legislativo, pero desde una lectura retrospectiva, Mérida (2001) señala

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A lo largo del documento se hará referencia a una serie de categorías que, como las de “no indígenas”, ladinos o garífunas (a cambio de afrodescendientes), no necesariamente son compartidas por la autora pero responden a la manera en que los datos fueron consignados por las fuentes que se citan.

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que la primera diputada mujer fue electa en 1966; por su parte, Rull (s.p.: 9) muestra que los primeros diputados indígenas no llegaron a ser electos sino hasta ocho años más tarde, en 1974 (veintinueve años después de que la ciudadanía universal fuera constitucionalmente reconocida).

Una revisión de la participación política de las mujeres en el Congreso de la República durante las décadas comprendidas entre 1966 y 2004 (ver tabla núm. 3), muestra que desde la fecha en que la primera diputada fue electa, las mujeres no han ocupado más que 70 posiciones (7% del total), en contraste con el total de 952 por parte de los varones (Mérida, 2001). Cabe valorar que se dio un pequeño repunte favorable en el nivel de representación en el período legislativo 19962000, a raíz de las condiciones propiciadas por el contexto de la firma de la paz. En ese momento, 13 de los 80 escaños fueron ocupados por mujeres (16.2% del total); no obstante, este avance no se observó en la misma proporción en el caso de las mujeres indígenas, ya que solamente 3 de las 13 diputadas fueron mujeres mayas (23%). La tendencia no se sostuvo y más bien retrocedió en los siguientes dos períodos legislativos, como puede observarse en la siguiente tabla.

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El último proceso electoral mostró para las mujeres un comportamiento similar al de la década anterior (proceso electoral de 1990, cuando se alcanzó una proporción similar al 9%); si se revisan los listados que promo-vieron una mayor parti-cipación de las

mujeres es posible notar que, en 2003, únicamente cuatro de las treinta y un diputaciones femeninas postuladas fueron adjudicadas a partir de la lista nacional, llegando sólo una de las curules a ser ocupada por una mujer maya (la curul, de nuevo, provino de los listados distritales).

Desde la perspectiva de lo que ha sido la representación indígena en el poder Legislativo, Rull (s.p.: 8, 9) muestra que, de acuerdo con los resultados electorales de 1985, 1990 y 1999, las diputaciones indígenas durante esos tres proce-sos electorales oscilaron únicamente entre un 8 y un 12.4%, mante-niéndose la prioridad de las agendas partidarias. La Misión Indígena de Observación Electoral 2003, por su parte, señala que de un total de 686 candidaturas al poder Legislativo en el último proceso, 34% correspondieron a personas indígenas (30% hom-bres y 4% mujeres), pero que únicamente llegaron a ser electas 15 de las nominaciones propuestas (9.5% del total).

Es así como se puede concluir que, desde el poder Legislativo y de manera más evidente en los listados nacionales, se mantiene el mismo patrón de exclusión hacia las mujeres y hacia los pueblos indígenas.11 Se da un mayor grado de negación del derecho político de representación en el caso de las mujeres indígenas, en tanto que se ha perpetuado el control por parte de los hombres no-indígenas sobre la producción de regulaciones y normativas legales de la sociedad guatemalteca.

UNAMG (2003) señala que del cien por ciento de mujeres participando como candidatas a distintos niveles en el último proceso electoral, sólo 11% fueron finalmente electas, pero que 78% de ellas era de origen mestizo.

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1.2. Participación política a nivel municipal a. El comportamiento electoral Al partir de los antecedentes registrados por Cecilia Mérida (2005: 69, 75) al respecto de la participación política de las mujeres a nivel municipal, se puede observar que dicha participación ha estado también condicionada por el poder militar. La autora muestra cómo, en 27 años, entre 1954 y 1981, fueron electas como alcaldesas, en este orden, cuatro mujeres de los departamentos de Jalapa, Quetzaltenango, San Marcos y Baja Verapaz; por otro lado, sólo en tres años (entre 1982 y 1985) fueron nombradas alcaldesas de facto ocho mujeres, en su mayoría ladinas, en municipios de los departamentos de Chimaltenango (1), Zacapa (2); Guatemala (1); Jalapa (2); Jutiapa (2) y Baja Verapaz (1).

Paralelamente, la lentitud con la que el poder estatal a nivel municipal se ha abierto a la participación política de las mujeres en los últimos 20 años (1985-2003), refleja la privilegiada representación masculina que se ha mantenido también a ese nivel. En tanto que a lo largo de los últimos ocho procesos electorales las mujeres han sido electas sólo en 23 ocasiones como alcaldesas, hasta 1999 los hombres ocuparon puestos ediles en 1,823 de los casos, poniendo de nuevo en evidencia la exclusión sistemática hacia las mujeres. La proporción de síndicas y concejalas que han sido electas en las últimas dos décadas varía únicamente entre un 1.6 y un 4.1% como es posible observar en la tabla núm. 5.

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Resulta también relevante notar que han sido únicamente 17 las mujeres electas, ya que varias de ellas han permanecido en el Gobierno municipal por varios períodos. Las reelecciones de mujeres en las últimas dos décadas han ocurrido en las

municipalidades de Amatitlán y Melchor de Mencos, para dos períodos; mientras, han sido reelectas para tres períodos las lideresas de los municipios de San Antonio la Paz, el Progreso y de San Felipe, Retalhuleu (ver tabla núm. 6).

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Como puede observarse en las tablas anteriores, fue en 2003 cuando un mayor número de mujeres llegaron a ser electas como alcaldesas (8 de 331 puestos de elección), siendo sólo una de ellas de origen maya (representando, así, sólo el 0.3% de las jefaturas ediles a nivel nacional). También es importante notar que, sobre todo a nivel municipal y local, las históricas relaciones de poder que se han construido entre la población ladina e indígena influyen no sólo en las condiciones más favorables que las mujeres del primer grupo tienen para participar, sino también para llegar a ser electas.

población indígena respectivamente).

Por otra parte, distintos estudios han revelado (Sacayón, 2001; Solórzano, 2001; Mérida, 2005) que mientras a las mujeres se les demanda mayores niveles de educación (nivel medio, licenciaturas o postgrados) para ejercer cargos de elección popular, los hombres optan a ellos y los ejercen en proporciones totalmente desiguales, sin que su nivel educativo o su experiencia constituyan un condicionante.

Lo anterior nos permite plantear la insostenibilidad de aquellas interpretaciones que relacionan los bajos niveles de participación en cargos públicos por parte de las mujeres con una mayor o menor proporción de población indígena en cada territorio. Ello, más que contar con bases objetivas, refleja la reproducción de estereotipos racistas existentes en muchos de los análisis que se realizan, contribuyendo, de esta manera, a invisibilizar la exclusión socioeconómica que afecta de manera estructural la participación política, sobre todo de las mujeres, pero que también restringe la de muchos hombres indígenas.

Paralelo a esto, y como la Tabla núm. 7 lo muestra, es necesario observar que en los departamentos en los cuales la participación ciudadana de las mujeres fue baja (aproximadamente del 38%), ésta no tiene una correlación directa con la composición étnica de la población. Tal es el caso de Izabal (con un 22.8% de población indígena), San Marcos (28.8), Baja Verapaz (58.2), Huehuetenango (62.9) y Sololá (96.2). Lo mismo sucede en aquellos lugares en donde fueron electas alcaldesas (Petén y Totonicapán, por ejemplo, con 29.8 y 98.3% de

Finalmente, esta falta de correlación se pudo observar también respecto a la participación de las mujeres como síndicas o concejalas. En este caso, se alcanzó un nivel medio de elección (6 y 7%) en departamentos que, como Santa Rosa (2.3% de población indígena), Chiquimula (15.1) Suchitepéquez (47.1), Baja Verapaz (58.2); Chimaltenango (78.6) y Alta Verapaz (92.5), cuentan con configuraciones étnico-culturales muy diversas.

Lo anterior no significa que, tal y como Aura Cumes lo propone, no sea necesario replantear las profundas desigualdades existentes en el seno de las relaciones de género de los distintos pueblos:

Muchas veces, por querer idealizar la actualidad de las culturas mayas, ocultamos muchos elementos opresivos a su interior. Entonces caemos en acomodamientos, pasividades, y le hacemos el juego al sistema […]. No podemos olvidar que nuestros pensamientos y conductas son aprendidos. Las y los mayas no somos seres ajenos al contexto violento, autoritario, racista, machista, clasista, etc., en que vivimos, y por lo tanto, no debiera existir ningún temor por reconocer que formamos parte de un contexto complicado y por lo tanto somos responsables y capaces de contribuir a cambiarlo (Cumes, 2004: 97).

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Sin embargo, en el caso de departamentos como Alta Verapaz, en donde la proporción de la participación ciudadana de las mujeres no alcanza sino el 25%, es necesario comprender que dicho porcentaje debe ser asociado a otro conjunto de factores que lo condicionan (estratificación social, sistemas de producción, ubicación, entre otros), dada la circunstancia de ser uno de los departamentos cuya población cuenta con uno de los índices más bajos de desarrollo humano en el país.

A partir del análisis de la participación de los pueblos indígenas a nivel municipal, la II Misión Indígena de Observación Electoral hizo referencia al triunfo que significó el proceso de 2003, ya que se logró que personas indígenas tuvieran la representación de 118 alcaldías, de las 331 existentes (35.6% del total). Los departamentos que contaron con una mayor representación indígena a ese nivel, en 2003,

fueron Totonicapán (con el 100%); Sololá (89%) y Huehuetenango (71%) (FUNCEDE, 2004). Esta tendencia favorable con relación al número de alcaldías lideradas por personas indígenas puede observarse en la Tabla núm. 8.

No obstante, también es importante notar que esta tendencia positiva resulta aún insuficiente si se contrasta con las proporciones de población indígena de cada espacio territorial. Además, como se ha mostrado en los apartados anteriores, esta tendencia ocurre de manera distinta y profundamente desigual en el caso de las mujeres. Cabe considerar, como Rull señala (2005:8), que las municipalidades se encuentran más cerca de la población y tienen un marco legal para el ejercicio de la autonomía, sin embargo, continúan siendo espacios con una menor capacidad de decisión, en fuerte contrastante con la representación indígena a otros niveles del ejercicio del poder político desde el Estado (ver gráfica núm.1).

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Rull (2005: 6) muestra cómo, a lo largo de distintos procesos electorales (1985-2003), la participación indígena del poder municipal tiende a aumentar de manera acelerada, no obstante, los cambios aún son mínimos a nivel del poder Legislativo.

Tomando en cuenta la participación de las mujeres y de los pueblos indígenas a nivel municipal en 2003, puede decirse que las tendencias continúan evidenciando lo siguiente:

√ Que el ejercicio político de las jefaturas ediles

continúa estando bajo el control de los hombres no indígenas a nivel nacional (206 del total).

√ A nivel intragenérico, sólo el 12.5% del poder

edil que fue ocupado por mujeres contó con la representación indígena (1 de 8), mientras que el limitado poder que se ejerce desde los partidos políticos se mantiene también,

en el caso femenino, a favor de las mujeres no indígenas (ver Tabla núm. 9 del apartado siguiente).

√ Desde la lectura de las brechas intergenéricas

mostradas en el último proceso a nivel municipal, únicamente el 2.4% del total de representaciones fue femenino (8 de las 331 alcaldías).

√ A nivel de la representación indígena, sólo el

0.85% de los puestos fue ocupado por mujeres, en tanto que apenas alcanzaron 3.4% de las representaciones no-indígenas. De esta manera, las mujeres de los distintos orígenes étnicoculturales tienen el desafío compartido de superar las profundas desigualdades que genera el carácter racista y patriarcal del sistema de partidos políticos en vigencia.

b. Espacios reales de participación desde los partidos políticos a nivel municipal Con relación a las opciones políticas dentro de las cuales las mujeres participan, y tomando en cuenta el comportamiento electoral a nivel municipal, a partir de las tablas núms. 6 y 9 es posible observar que, aunque en números absolutos, partidos como el FRG o el PAN canalizaron durante el último proceso electoral (2003) un mayor nivel de

participación y de cargos de elección alcanzados por parte de las mujeres. Por otro lado, fueron expresiones políticas como la URNG (67%) y la DCG (50%) las que, proporcionalmente a sus propios niveles de incidencia, han reconocido en una mayor medida la participación de las mujeres desde su identidad étnico-cultural.

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A la vez, y como producto de las profundas relaciones de discriminación, la participación de las mujeres no-indígenas continúa siendo significativamente mayor respecto a la que las mujeres indígenas tienen la oportunidad real de alcanzar (la brecha se da entre el 77% y el 23% respectivamente). Esto caracteriza la participación política de las mujeres particularmente las indígenas dentro de un sistema de partidos

políticos que ha sido estructurado y regulado bajo criterios eminentemente monoculturales.

Se evidencia, por consiguiente, que estos sujetos sociales continúan enfrentando los obstáculos planteados tanto por el poder patriarcal como por aquellas relaciones y mecanismos a través de los cuales el racismo de Estado se sigue reproduciendo.

2.Participación política de las mujeres: poder, idiomas y territorios La diversidad étnica y cultural comenzará a ser un elemento enriquecedor de las posibilidades de desarrollo en el país cuando se desnaturalice la desigualdad. También, cuando aquello que se aprendió a percibir y a entender como un problema, deje de serlo, para pasar a expresar el ejercicio de la libertad y para abrir una serie de nuevas formas de relación entre las personas, grupos y pueblos que integran el territorio. Pero aún ello servirá de muy poco si no se modifican las relaciones de poder y de desigualdad material que llevaron a definirla y a reproducirla de esa manera.

Una ventana para abordar las relaciones que necesitan ser transformadas es la diversidad lingüística, ya que históricamente ha sido concebida como una limitación o un obstáculo para el desarrollo. En efecto, el idioma español continúa significando lejos de un medio compartido de comunicación a través del ejercicio libre de un bi o trilingüismo una imposición a través de la cual se posterga el reconocimiento político y territorial efectivo de los demás idiomas.

Dos experiencias pueden ilustrar lo anterior. Los registros de las distintas instancias de denuncia dan cuenta de cómo las mujeres indígenas o afrodescendientes experimentan el racismo en distintos espacios por el uso del propio idioma, ocurriendo de manera sistemática dentro de la institucionalidad del Estado. Así lo expresa una mujer garífuna profesional de Puerto Barrios: …nos han dicho que los garífunas fuimos esclavos y no fuimos motivados a tener una visión más allá, han sido violentados nuestros

derechos para que no habláramos nuestro idioma en la escuela. (DEMI, 2003: 65).

En un fuerte contraste con lo anterior, cabe mencionar que, desde hace varios años, en los ejercicios asamblearios de la CONIC los procesos político-organizativos se desarrollan contando con traducciones simultáneas en varios de los idiomas mayas. Experiencias como estas, generadas desde el sector campesino, en las cuales se implementan mecanismos concretos para crear las condiciones que favorezcan la participación política directa de mujeres y hombres desde el reconocimiento al derecho a usar el propio idioma, también reflejan la medida en que estas demandas son compartidas desde distintos sectores de la población.

De ahí que para avanzar hacia la prestación multilingüe de servicios públicos como la salud, educación y justicia, entre otros, se necesita elevar el grado de comprensión social actual acerca de las dinámicas que se han llegado a producir como reflejo acumulado de las distintas formas del racismo de Estado.

Con las necesarias reservas respecto a la información estadística disponible, los datos del último Censo de Población (2002) permiten recoger algunas de estas tendencias, aunque ellas necesiten ser adecuadamente revisadas y profundizadas en sus respectivos contextos. Una de ellas se refiere a cómo mujeres y hombres indígenas y afrodescendientes han perdido la posibilidad de aprender a hablar en su idioma materno, mientras que las desigualdades de género se marcan sobre todo en los casos del monolingüismo bajo condiciones de exclusión.

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También es importante identificar la medida en que el idioma propio ha sido sustituido por el español, mientras que algunos grupos más bien presentan altos porcentajes de bilingüismo sin abandonar el idioma de origen. Finalmente, el último censo comienza a dar cuenta de aquellas relaciones lingüísticas e interétnicas que no necesariamente están mediadas por la centralidad ni el dominio del español.

En el caso de las comunidades xinka, itza’, ch’orti’ y poqomam, se ha dejado de aprender a hablar en el idioma materno de su grupo étnico de pertenencia en proporciones significativamente elevadas que van desde el 96.8 y 97.8% en el caso de mujeres y hombres xinkas respectivamente, hasta el 71.5 y 72.8% entre la población poqomam; en ambos casos se dio una sustitución por el idioma español. Mientras tanto, los grupos que ejercen actualmente su derecho a aprender a hablar en el idioma materno de pertenencia, como el ladino, chuj, ixil y q´anjob´al, alcanzan porcentajes tan elevados que oscilan entre 96.4 y un 99.7%. Sin embargo, en ninguno de los dos casos se pudo observar diferencias sensibles de género.

Diferencias significativas entre mujeres y hombres sí aparecen en las condiciones de monolingüismo en el propio idioma. En efecto, existen brechas que ponen en desventaja a las mujeres y que van de un 14.5 a un 10.0% entre los grupos akateko, ixil, poqomchi’, chuj, q´anjob´al, q’eqchi’, tz’utujil y k´iche´. Una mayor posibilidad de bilingüismo por parte de los hombres genera una serie de condiciones más favorables a nivel social e institucional para el ejercicio de derechos, tanto socioeconómicos y políticos, como jurídicos y culturales.

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Desde la lectura, no de las brechas de género, sino de los grupos en los que tanto mujeres como hombres presentan los mayores niveles de monolingüismo, cabe considerar a la población ladina (96.1-96.1%)12, q’eqchi’ (71.4-59.9%), akateka (70.3-55.8%), chuj (68.7-55.6%) e ixil (65.8-51.4%). Esta desventaja -experimentada sobre todo por las mujeres ladinas monolingües que muchas veces carecen de conciencia sobre 12 13

ello- ha sido producida por el racismo, pero ha terminado privando a estas mujeres de la posibilidad de enriquecimiento a través del intercambio cultural con otros grupos también presentes en el país.

Los grupos con un mayor grado de bilingüismo en idiomas indígenas son el uspanteko, poqomchi’ y mopan; por su parte, el bilingüismo con el español puede observarse sobre todo entre los awakatekos, los achi y los mam, con variaciones que van del 65.8 al 56.4% en el caso de las mujeres. Es importante notar que las estadísticas todavía no reflejan adecuadamente, por ejemplo, el grado de bilingüismo de la población ladina en las zonas q’eqchi’, mientras que tampoco parecieran mostrar la diversidad de los bilingüismos y trilingüismos de idiomas indígenas que pueden observarse a nivel empírico.

En algunos casos, la discriminación y el racismo han terminado generando procesos de negación o de abandono del idioma propio (de acuerdo con el criterio de autoadscripción), en proporciones que van del 25 al casi 40% de la población de varios de los grupos étnico-culturales, sin que las diferencias de género sean significativas en estos casos. Esto puede observarse entre la población garífuna, mopan, sipakapense, kaqchikel y tektiteka, en orden ascendente; por otro lado, en relación con diferentes factores en cada caso, se muestra un comportamiento distinto a otros grupos (como los mencionados en el párrafo anterior) cuya composición tiende más bien al monolingüismo en el propio idioma y al bilingüismo con el español.

Sin duda, avanzar en la implementación de políticas públicas, en la prestación de servicios estatales y en la delimitación de espacios territoriales en los cuales el valor de los distintos idiomas pueda ser legítimamente reconocido, es fundamental. Sin embargo, se ha de tener presente que las relaciones racistas a nivel interpersonal y estructural no necesariamente desaparecen con las medidas de carácter lingüístico. Una intelectual del movimiento maya13 lo plantea de esta manera:

Mujeres y hombres respectivamente.

Comunicación personal con una mujer maya-kaqchikel, antropóloga que pidió no ser identificada, abril de 2005.

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De nada me sirve que me hablen en mi propio idioma, si de todos modos aunque haga la cola en el centro de salud me hacen pasar después de las demás. Es más, yo hablo el español y no necesito que me traduzcan, pero sí que me traten con respeto y que se reconozca la igualdad en el ejercicio de mis derechos.

De nada me sirve que me hablen en mi propio idioma, si de todos modos aunque haga la cola en el centro de salud me hacen pasar después de las demás. Es más, yo hablo el español y no necesito que me traduzcan, pero sí que

me traten con respeto y que se reconozca la igualdad en el ejercicio de mis derechos.

A otro nivel, la reciente experiencia de la consulta realizada en Sipacapa el 18 de junio de 2005, con relación a autorizar la actividad de reconocimiento, exploración y explotación de minerales metálicos a cielo abierto en el municipio (ver recuadro 1), muestra cómo, más allá del carácter lingüístico, las decisiones que afectan la vida de las mujeres y hombres indígenas conllevan una serie de relaciones de poder que es preciso transformar para lograr ser reconocidos como sujetos plenos de derecho.

Recuadro 1 La consulta de Sipacapa Programada por el Concejo y el Alcalde Municipal, en coordinación con los consejos comunitarios de desarrollo, el 18 de junio de 2005 se realizó de manera simultánea en las trece aldeas de Sipacapa, San Marcos, una consulta popular para que la población decidiera su aceptación o rechazo a la actividad minera en su municipio. Mientras que el alcalde municipal actual fue electo por 1,200 votos, fueron un total de 2,415 los que rechazaron la explotación de minerales metálicos a cielo abierto, emitiéndose sólo 30 votos a favor. Este tipo de consulta utilizó los instrumentos y canales de participación vigentes, los cuales se encuentran regulados en el artículo 66, numeral 2, del Código Municipal y en el artículo 20 de la Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. La consulta también estaba amparada por leyes nacionales como la Constitución Política de la República (arts. 66 y 253), la Ley General de Descentralización (art. 18) y el Código Municipal (arts. 35 y 65), así como por tratados internacionales como el Convenio 169 de la OIT (arts. 6 hasta 15). A pesar de lo anterior, un recurso de amparo fue interpuesto y aceptado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia del Ramo Civil, el cual ordenó la suspensión de la consulta. Hasta la fecha se encuentra aún pendiente la formulación participativa y la aprobación de la legislación responsable de regular las consultas a los pueblos indígenas.

Según el XI Censo de Población y VI de Habitación, en Sipacapa el 94% de la población es indígena y más de la mitad es bilingüe con relación al español (54.7% de las mujeres y 53.8% de los hombres). Mientras que la población sipakapense ejerció legítimamente los canales democráticos para hacer efectivo el derecho previsto en los distintos instrumentos del Estado en función de la toma de decisiones descentralizada, su experiencia ha puesto en evidencia los vacíos y contradicciones que la institucionalidad y la legislación actualmente vigente tienen para que los pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos, tanto políticos y civiles como socioeconómicas y ambientales.

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Fuente: Nisgua, 2005; XI Censo de Población y VI de Habitación, 2002.

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Actualmente la propuesta de Ley de Consulta a los Pueblos Indígenas está siendo discutida en el seno de la Comisión Paritaria de Reforma y Participación (CPRP),14 sin que su definición pase por un proceso de consulta y participación amplia por parte de los pueblos ni de los distintos sectores sociales.

A pesar de ellol idioma españo.os una sustituci buenas, ..., esta Ley constituirá un instrumento para la toma de decisiones a ese nivel. Entre los problemas respecto a los cuales actualmente los pueblos exigen el respeto a su derecho a tener una participación vinculante están el uso, protección y beneficio de la biodiversidad y los recursos naturales, los derechos intelectuales comunitarios y la implementación de macroproyectos, tales como los viales e hidroeléctricos.

A la par de que esta discusión se esté llevando adelante como parte de las regulaciones previstas en el marco del Sistema de Consejos de Desarrollo, entre otros, el Gobierno impulsó para lograr la aprobación de la Ley General de Concesiones una serie de diálogos selectivos, bajo criterios que, como el de las seis regiones, no coinciden con las definiciones vigentes y desconocen los canales establecidos desde el punto de vista políticoadministrativo del Estado. Esta inconsistencia con la que la institucionalidad gubernamental funciona, y que fue descrita también en la Sistematización del funcionamiento de los Consejos de Desarrollo realizada por el PNUD (2005), hace menos viable y efectiva la participación política de las mujeres y el avance de sus agendas; además, tiene costos sociales muy elevados para ellas, llevándolas finalmente a perder la confianza en los mecanismos institucionales existentes.15

3. Expresiones organizadas de las mujeres indígenas 3.1. Configuraciones y algunas de las perspectivas en debate En el contexto de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas, Dixon y Gómez (2003: 232) sitúan concepciones como la dualidad y la complementariedad en el seno de las diferencias internas entre las mujeres indígenas del continente.

En efecto, estas son las dos tendencias que pueden observarse: la corriente crítica o revisionista y la conservacionista, inscribiéndose esta última en un plano más cercano a los planteamientos culturalistas.

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En Guatemala, desde la lectura de los distintos contextos históricos que han condicionado las expresiones organizativas de las mujeres indígenas mayas, Manuela Camus (2002) ha propuesto básicamente tres momentos: (a) las organizaciones que surgieron en el marco de “la violencia y la militancia” (CONAVIGUA, GAM, las que participaban desde las CPR, las organizaciones revolucionarias o la ACPD, las que conformaron organizaciones campesinas 14 15

mixtas y las mujeres que llegaron a organizarse en el refugio para volver al país); (b) las que salieron a luz bajo las condiciones generadas por el proceso de paz (COPMAGUA, el Foro de la Mujer y la DEMI), y las que la autora llama (c) mujeres mayanistas, a partir del género y la cosmovisión.

A su vez, Camus (2002: 10-13) también describe otras expresiones que, como el CENTRACAP, MOLOJ o KAQLA´, permiten dar cuenta de la diversidad de caminos a través de los cuales las mujeres mayas ensayan y construyen distintas formas de participación. Desde éstas también se plantea la importancia de reconocer que “la fuerza de las mujeres no se produce necesariamente por encontrarse en grupos de mujeres”, sino que, como tal, puede también surgir formando parte de organizaciones mixtas y/o combinando ambos tipos de participación (Camus, 2002: 3).

Entrevista a Violeta de Carpio, miembro de la CPRP y funcionaria de la SEPREM, 27 de junio de 2005.

Comunicación personal con Dominga Montejo, delegada nacional en la Alianza de Mujeres Rurales, 1 de julio de 2005.

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Por su parte, Saríah Acevedo, como analista y militante del movimiento maya, 16 plantea que algunas mujeres indígenas entienden su participación y la evolución de su protagonismo a partir de tres etapas: en un primer momento, “las iniciadoras”, es decir, aquellas mujeres que participaron activamente desde el movimiento campesino y revolucionario entre 1940 y 1990. A ellas, que aún hoy siguen ejerciendo su liderazgo, se debe el haber sentado las bases femeninas del movimiento maya. Ya entre 1990 y 1996 surge, de acuerdo con Acevedo, la “generación de la transición”, la cual estuvo vinculada sobre todo al proceso de los 500 años de resistencia indígena y popular; y, finalmente, “la generación de la posguerra”, como una manifestación distinta de las anteriores, en la que su identidad como mujeres mayas se construye rompiendo con los esquemas anteriores, enfatizando la importancia de liberarse a partir del mismo cuerpo de las mujeres.

De manera paralela, las relaciones entre las mujeres indígenas y ladinas (mestizas/blancas) y sus expresiones organizadas, han venido construyéndose a partir de distintas tensiones entre la unidad y la autonomía; entre lo común y la diferencia. Ambivalencias, costos humanos y materiales han sido registrados en la construcción de la identidad política de las mujeres de diferentes orígenes étnico-culturales (Castillo, 2001), teniéndose que enfrentar las dobles y hasta las triples militancias (tanto a nivel individual como colectivo) con el propósito de llevar adelante la reivindicación del ejercicio pleno de derechos.

Y aunque una fuente muy importante de tensión proviene de la identidad y el liderazgo masculino frente a las vindicaciones sexuales y de género que las mismas mujeres indígenas plantean (Nelson, 2001: 335,340), otra buena parte de ella también se genera al interior y entre las distintas expresiones del movimiento de mujeres, como resultado de las desigualdades de clase y las diferencias étnicas y culturales que se continúan inferiorizando (Monzón, 2004:5). Una condición asociada a lo anterior y que contribuye a que las relaciones que se establecen estén cargadas por una serie de

estereotipos (Monzón, 2004: 69; Dary, 1994: 17) es el profundo desconocimiento existente entre las unas y las otras, como producto de un conjunto de espacios sociales aún fuertemente segregados.

De ahí que la demanda de lealtades que actualmente se entienden como propias de la construcción del sujeto político, tanto feminista como indígenamaya, resulta ser un planteamiento lejano a la comprensión de las múltiples identidades de las mujeres, de las relaciones de opresión históricamente acumuladas entre los distintos grupos socioculturales, y de la complejidad con que las jerarquías sociales se construyen e interactúan en el seno de una realidad multidimensional (Boisier, 2003: 574; Bastos, 2000).

En tal caso, reconocer que tanto la identidad como el accionar de las mujeres son productos históricos insertos en estructuras de clase marcadas por ideologías y prácticas tanto patriarcales como racistas (Monzón, 2004: 10) es fundamental para comprender las actuales dinámicas de construcción y relacionamiento entre las organizaciones tanto indígenas como de mujeres. Y, mientras no se avance en la conciencia de las múltiples opresiones que las mujeres experimentan, en el entendimiento de cómo éstas se gestan a partir de distintas pertenencias no esencializadas,17 no podrán construirse alianzas y políticas de solidaridad, tal y como Arriola (2001: 32) y Hernández (2004: 1) proponen. Si esto no se logra, las tensiones y el desvínculo entre las mujeres blancas, mestizas/ladinas y las mujeres indígenas y afrodescendientes seguirán contando con todas las condiciones para seguirse reproduciendo.

De ahí que, sin duda, erradicar el racismo y resignificar las relaciones interétnicas entre las mujeres de los distintos pueblos (Monzón, 2004: 49) son desafíos plenamente vigentes dentro del movimiento de mujeres; al mismo tiempo, se hace cada vez más necesario entrar a debatir la manera en que las mujeres de un mismo origen étnico, pero con distintas pertenencias de clase,18 están siendo capaces o no de articular sus demandas

23

Entrevista con Saríah Acevedo, coordinadora de la Unidad de Equidad Étnica y de Género del MICUDE, 5 de abril de 2005.

Al respecto, Monzón (2004:30) reconoce cómo para los géneros, las diferencias étnicas también están sujetas a una condición histórica que se conjuga con categorías como la edad, los ciclos de vida, las áreas de residencia, la rama de actividad y la adscripción política o religiosa de las personas, entre otros.

18 Realidad desde la cual Camus (2002:365), por ejemplo, llegara a perfilar la diferencia entre el panindigenismo y el panmayismo.

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de transformación, frente a las condiciones de dominación que las subordinan.

Finalmente, las diferencias entre las mujeres indígenas mayas frente al feminismo también configuran las distintas posiciones existentes.

Mientras algunas mujeres toman distancia de él como parte de una crítica abierta por el carácter de clase y etnocéntrico que en principio le diera origen, o por el temor a ser descalificadas, otras se identifican plenamente con él, como un pensamiento que ha contribuido tanto a su propia construcción como mujeres, como a la toma de conciencia sobre las formas particulares en que el poder patriarcal se manifiesta en sus propias culturas (Xon, 2004: 64-72).

No obstante, y tomando en cuenta que entre las mujeres mestizas/ladinas y blancas sería difícil describir una tendencia muy diferente, en muchos círculos pareciera prevalecer una mayor adscripción de las mujeres mayas a los planteamientos de la “perspectiva de género”, ya sea por desconocimiento o por considerar que desde ella se entra en menor contradicción con las formas de entender el mundo desde la propia cultura (Zapeta, 2005; Ávila, 1997: 33).

Sin embargo, por su parte, algunas mujeres de las nuevas generaciones han llegado ya a plantear la posibilidad de construir un feminismo maya, indígena, o a “su modo” (Xon, 2004: 78; Hernández, 2004: 1; Falla, 2004), como una manera de integrar los distintos planos de su realidad.

3.2. Organizaciones de mujeres o mixtas con liderazgos indígenas 19 Reconociendo las limitaciones de tiempo que se tuvieron para visibilizar la capacidad de acción política de otras mujeres organizadas de origen xinka, mestizo, ladino o afrodescendiente, y tomando en cuenta el sinnúmero de expresiones regionales y locales que las mujeres indígenas desarrollan (sobre todo en el área rural), las

experiencias elegidas buscan ilustrar, de manera concreta, las distintas perspectivas y prácticas desde las cuales las mujeres están actualmente impulsando procesos de transformación de las relaciones de explotación, dominación y exclusión que cotidianamente experimentan, poniendo el énfasis en alguna de las dimensiones centrales de su reivindicación.

a. Cambios en la distribución y el acceso a los recursos Un número significativo de mujeres canalizan sus demandas y participan en la construcción de propuestas a través de instancias como la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) formada en 1992; el Comité de Unidad Campesina (CUC), en 1978, o la Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), también de la década de los 90.

24

En estas y otras organizaciones mixtas a nivel regional, las mujeres se abren espacios a través de comisiones, áreas, secretarías o programas específicos, que aunque presentan aún fuertes limitaciones en lograr equilibrar las relaciones de poder entre hombres y mujeres en su interior (Monzón, 2004: 43; Bastos y Camus, 2003a: 12719 20

130; CNOC, 2004), siguen siendo los canales a través de los cuales las mujeres plantean de manera organizada sus demandas laborales y de acceso a la tierra; canales desde los que se muestra la capacidad de resistencia y de interpelación de las mujeres indígenas y campesinas ante un Estado que continúa respondiendo de manera violenta frente a las necesidades más sentidas de la población. El alto número de desalojos violentos registrados con la llegada del Gobierno de Óscar Berger alcanzó los 25 casos sólo entre enero y agosto de 2004,20 los cuales, a pesar de haber sido denunciados en instancias como la IPDH (2005: 46) o CODISRA (2004), aún no han logrado institucionalmente una respuesta real a sus planteamientos.

Conjuntamente acordadas con el equipo del INDH. Rosalinda Hernández (2005:60).

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Las mujeres que integran estas organizaciones y demandan la transformación de la injusta distribución de los ingresos y recursos a nivel nacional son mujeres del campo, indígenas en su mayoría; además, participan bajo condiciones

de desventaja y explotación en los sistemas de producción agropecuaria, ubicándose en los estratos más lejanos a la línea de igualdad (Ver Gráfica núm. 2).

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150

100

50

Es así como estas organizaciones, de llegar a ser fortalecidas con la participación real de las mujeres y dejar de reproducir en su interior distintos patrones de dominación patriarcal, tienen la potencialidad de ser espacios en los cuales se pueden integrar las demandas por el reconocimiento de los derechos étnico-culturales y de género con aquellas de carácter histórico, tales como la redistribución de los recursos, la transformación del Estado y la redefinición de políticas para la defensa del territorio.

En este sentido es que a través de su participación en espacios mixtos, las mujeres han contribuido con una serie de propuestas para transformar

Mujer no indígena urbana

Hombre indígena urbano

Hombre no indígena rural

Hombre indígena rural

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Fuente: Datos de la ENIGFAM 98/99.

Hombre no indígena urbano

Mujer no indígena rural

Mujer indígena rural

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las relaciones de explotación, discriminación y exclusión que experimentan. La CONIC, por ejemplo, en 2002 planteó una propuesta de Ley de nacionalidad y pueblos indígenas de Guatemala; paralelamente, como parte del espacio de coordinación en el seno de la CNOC, se elaboró ese mismo año una propuesta de Desarrollo Rural.

Con posterioridad se desarrollaron planteamientos amplios que perfilaron la necesidad de una Reforma Agraria Integral en el país, y en 2005 se presentaron aportes a la definición de una política nacional de Desarrollo alternativo de la agricultura indígena y campesina.

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A pesar del dinamismo y de la capacidad de propuesta de estas organizaciones mixtas, en las cuales muchas mujeres indígenas y rurales participan, el Estado no ha dado una respuesta efectiva ante la problemática que representa el hecho de que el mercado constituya el único

mecanismo para tener acceso a la tierra, mientras que las mujeres no han ido más allá de un 8 u 11% en su nivel de participación como propietarias de la tierra, habiéndose mantenido casi la misma brecha de género durante los últimos cuarenta años (Hernández, 2005a: 70).

b. Cambios institucionales y a través del sistema de partidos políticos La Asociación Política de Mujeres Mayas, Moloj Kino´jib´al Mayib´ Ixoqib´ representa a aquellas expresiones de mujeres organizadas que, en medio del desafío de construir su propia visión de lo político y la política (Nelson, 2001: 335), han optado por participar del poder estatal a través del sistema de partidos vigente, con el propósito de elevar sus niveles de representación en los distintos ámbitos de la institucionalidad.

Moloj se conformó en 1999 como una asociación inicialmente integrada por un pequeño círculo de mujeres mayas con amplia trayectoria y presencia en la vida política a nivel nacional e internacional; en la actualidad cuenta con más de 115 socias de distintas regiones del país.21 Esta Asociación tiene el propósito de impulsar un movimiento político amplio de mujeres mayas que permita un “ejercicio democrático multicultural” (Moloj, 2002:5); ha definido entre sus metas promover la cultura, la formación política y el conocimiento, estudio y análisis de la problemática nacional; asimismo, estableció entre algunos de sus principios: a) el sustento de la filosofía maya, b) la “lealtad”22 étnica, c) la práctica ética y moral maya y universal, y d) la solidaridad entre las mujeres mayas y no mayas en el ámbito de la cultura y la vida política.

La Asociación busca contribuir a la construcción de la identidad ciudadana de las mujeres mayas a través de la formación y el fortalecimiento de su liderazgo; tiene en perspectiva consolidar un proyecto político propio, a la vez que participa y promueve espacios de convergencia, tales como el de la Agenda Política: Mujeres en la Diversidad, o el que llevó adelante junto a otras 11 organizaciones e instituciones de mujeres para la definición de la Agenda Política de las Mujeres Mayas, en marzo de 2004. Tiene entre sus metas la participación dentro de la institucionalidad del Estado; por ello Moloj trabajó, en 2004, una evaluación de la Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres y actualmente impulsa una investigación sobre la participación de las mujeres mayas en cargos públicos.

Moloj plantea el papel de la mujer como “generadora y perpetuadora de vida, así como tejedora y transmisora de la cultura e identidad de los pueblos”, mientras aglutina a mujeres de diversas expresiones ideológicas (Camus, 2002: 11), aunque propone mantener la unidad en su interior a partir de la lealtad étnica. Su participación cada vez más activa en el movimiento de mujeres se desarrolla, no sin tensiones, frente a los liderazgos masculinos mayas.

c. Cambios generacionales basados en la historia 26

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) tuvo su primera asamblea nacional en Chichicastenango, El Quiché, en 1988, en el marco de la guerra. La Coordinadora es formada por mujeres de las comunidades que, teniendo que enfrentar solas la crianza de sus hijas e hijos por la desaparición o el asesinato 21

de sus compañeros, demandaban ayudas para la sobrevivencia, garantías por parte del Gobierno y que otras mujeres indígenas y ladinas, del campo y la ciudad, lucharan junto a ellas por defender sus derechos. Han impulsado una serie de proyectos productivos y educativos, también han organizado grupos de mujeres y han denunciado de manera

Entrevista con Carmen Quiej, Moloj, 3 de mayo de 2005.

El entrecomillado es propio.

22

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coordinada con otras instancias la existencia de cementerios clandestinos, la represión, las patrullas, el hostigamiento y las “agarradas”.

Es así como las mujeres de CONAVIGUA rechazaban el control y la presión patriarcal que se ejercía sobre ellas a través del poder militar, distinguiéndose entre las organizaciones populares por plantear la problemática de las mujeres y, especialmente, la de los grupos más vulnerables como son las mujeres solas, viudas o separadas (Bastos y Camus, 1993: 74-79). Por sus características, desde un inicio CONAVIGUA estuvo vinculada con la demanda por el respeto al derecho de la educación de la niñez, entre otros, siendo una de sus contribuciones más importantes su beligerancia en los procesos de desmilitarización en el país a través de promover acciones y normativas que frenaran el reclutamiento forzoso de jóvenes, principalmente indígenas, por parte del Ejército.

Con esos antecedentes, CONAVIGUA ha ido transitando hacia otras formas y contenidos de participación, aportando propuestas y convirtiéndose en protagonista importante en el proceso de definición e instalación del Programa Nacional de Resarcimiento. Al mismo tiempo, la Coordinadora participa activamente en distintas iniciativas promovidas por organizaciones del

pueblo maya; incluso, una de sus lideresas es cofundadora de MOLOJ, entidad con la que se coordina una serie de esfuerzos en función de promover la participación política de las mujeres mayas.

Cabe mencionar que una aportación que distingue a CONAVIGUA ha sido su capacidad de trascenderse a sí misma, al visualizar y promover cambios generacionales que faciliten la organización autónoma de las y los jóvenes de sus comunidades, quienes han constituido actualmente el MOJOMAYA. Partiendo de su historia, identidad étnica y genérica, las y los jóvenes integrantes de esta organización forman ya parte activa de distintos espacios promovidos por el movimiento de la juventud en el país.

Este aporte significativo de CONAVIGUA refleja tanto la visión de mediano y largo plazo que las mujeres que la integran, fundamentalmente indígenas y rurales, tienen respecto a los cambios y a las políticas que desde el Estado se requiere impulsar, como la demanda constantemente expresada por la juventud de contar con espacios para canalizar sus capacidades y propuestas como sujetos sociales y políticos activos (Rodas, Tock y Flores, 2005; Mazariegos, 2005; Mamá Maquín, Madre Tierra e Ixmucané, 2005; Falla, s.p.).

d. Cambios desde lo comunitario y municipal, pero de manera integral La Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad,23 integrada por mujeres de 53 diferentes comunidades en las que se hablan 8 distintos idiomas, está conformada por las tres organizaciones de mujeres que retornaron de México (Madre Tierra, Ixmucané y Mamá Maquín) durante la década de los 90. Estas mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas, centraron inicialmente sus demandas en el reconocimiento de: (a) el valor del trabajo comunitario, productivo y reproductivo; (b) el derecho a la co-propiedad de la tierra y la vivienda y (c) la participación con voz y voto a todo nivel. Más adelante, a través de una 23

serie de procesos de consulta, análisis y formación, integraron buena parte de sus planteamientos en la Primera declaración de nuestros derechos y responsabilidades con relación a la tierra como mujeres rurales, indígenas y campesinas de Guatemala, así como en una serie de demandas relacionadas con un desarrollo rural integral.

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Estas tres organizaciones proponen, en y desde los espacios en los que participan, tener una visión integrada de las múltiples dimensiones que implica la calidad de vida que quieren contribuir a construir en el país, lo cual pasa por el reconocimiento de

Anteriormente, Comisión Negociadora por el derecho de la mujer a la co-propiedad de la tierra y a la participación con equidad.

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sus derechos económicos, políticos, sociales y ambientales, pero desde la valoración de sus propias culturas, así como tomando en cuenta los cambios a impulsar en los planos cotidianos y a nivel interpersonal.

Han afirmado su conciencia frente a que las distintas luchas que las mujeres rurales, indígenas y campesinas emprenden con relación a sus derechos, bajo las actuales condiciones de poder y exclusión en el país, tarde o temprano están asociadas a experiencias de violencia y represión, en los distintos ámbitos;24 por ello plantean que transformar las relaciones de desigualdad entre hombres y mujeres pasa por realizar cambios profundos en el Estado en su conjunto. Fue con esa misma perspectiva y claridad que Mamá Maquín, una de las primeras organizaciones de mujeres, conformada en 1990, propusiera desde sus objetivos fundacionales la estrecha relación existente en la vida de las mujeres entre las opresiones étnica, genérica y de clase (Pessar, 2001: 469).

Aunque las organizaciones participan de esfuerzos nacionales y de espacios de encuentro con experiencias impulsadas desde las mujeres indígenas y campesinas de otros países, su principal contribución radica en visibilizar de manera permanente la necesidad de impulsar transformaciones políticas y socioculturales en las que mujeres y hombres participen activamente desde la particularidad de sus regiones, municipios y comunidades. Para ello, han definido la necesidad de fortalecer su preparación y formación política integral, teniendo presentes los niveles de exclusión que, como mujeres, les ha tocado enfrentar: Si no hay preparación, es difícil que estemos en los espacios. No somos sólo adornos, ni estamos aquí para decir que sí hay mujeres, sino para buscar una participación real en la toma de decisiones.

Si no logramos aportar realmente, los hombres nos van a seguir diciendo cómo hacer las cosas, y eso no es participación. (PBI, 2005: 5).

e. Cambios psicosociales y a nivel interpersonal

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El Grupo de Mujeres Mayas Kaqla´ nació a finales de 1996, conformado por algunas de las mujeres que participaron de un proceso de formación sobre género y etnicidad impulsado por FLACSOGuatemala (Camus, 2002: 12). Desde ese pequeño círculo, integrado por mujeres de distintas comunidades socio-lingüísticas, que habiendo tenido acceso a educación media o superior compartían un mismo estrato socioeconómico, se decidió construir un espacio propio como mujeres mayas y elaborar, desde él, su propia experiencia de opresión étnica, de género y de clase.

Reconociendo su diversidad, se plantearon abordar temas como la sexualidad, la violencia intrafamiliar, las relaciones de pareja, los prejuicios y costumbres que afectan la dignidad de las mujeres mayas, entre otros que son considerados hasta hoy muchas veces como tabús por la sociedad 25

24 25

guatemalteca en su conjunto. Han promovido la construcción de espacios de crecimiento personal y de “sanación” de las heridas provocadas por la discriminación y las distintas formas de opresión no sólo para ellas, sino también para sus parejas, hijas e hijos. Fue así como surgiera un espacio propio animado por algunos hombres, para reflexionar acerca de su propia masculinidad, mientras que se promovió la formación de dos nuevos grupos de mujeres tanto en Quetzaltenango como en Alta Verapaz.

Kaqla´ ha hecho públicos tres documentos que han contribuido al debate social sobre las relaciones de dominación de género, etnia y clase que hasta hoy prevalecen: Algunos colores del arco iris: realidad de las mujeres mayas (2000); Alas y Raíces. Afectividad de las mujeres mayas (2003); y La palabra y el sentir de las

Familiar, comunitario, social e institucional.

Kaqla´ significa arcoiris en el idioma q´eqchi´.

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Mujeres Mayas de Kaqla’ (mediados de 2004).

En cada uno de estos documentos desarrollan distintos énfasis, pero prevalece una perspectiva de los cambios interpersonales a impulsar. A pesar de que la agrupación mantiene entre sus lineamientos la participación y formación política a distintos niveles, ésta ha sido en realidad bastante limitada: su mayor contribución sigue siendo el permitir visibilizar los efectos psicosociales

que la explotación, el racismo y el patriarcado provocan en las personas; así como transgredir las restricciones sociales para el abordaje de temas tabú para la sociedad guatemalteca en su conjunto, como la sexualidad y la violencia intrafamiliar, avanzando de manera abierta y respetuosa como mujeres mayas hacia el reconocimiento de la diversidad sexual en el país (Kaqla´, 2004).

f. Cambios en la organización político-administrativa del Estado y primeras experiencias sobre cómo construirlos26 El Foro Nacional de la Mujer ha sido una experiencia compleja, contradictoria pero también sin precedentes en cuanto a la amplitud que llegó a alcanzar debido a la participación de las mujeres a nivel nacional, a la forma en que se estructuró en función de responder bajo una visión descentralizada a la diversidad lingüística y sectorial presente en el país, y a la manera en que evidenció la importancia de promover la participación política de las mujeres desde sus comunidades y municipios, para poder avanzar en la constitución de un movimiento amplio.27 El Foro se creó a través del Acuerdo Gubernativo No. 105-98; tiene como objetivos la promoción y el seguimiento a los compromisos adquiridos con relación a los derechos de las mujeres en los Acuerdos de Paz. Con los aportes fundamentales del Sector de Mujeres y de la Comisión de la Mujer de COPMAGUA se eligió a los Comités Organizadores Locales (COL) y a sus delegadas ante la Asamblea Nacional, definiendo estructuras en tres niveles: local, regional y nacional (UNAMG, 2004: 14).

Fue así como el Foro constituyó una primera experiencia de articulación de las mujeres que partía del reconocimiento de las características multilingües y pluriculturales del país. En el mismo año de su creación, esta instancia promovió

un proceso amplio de consulta que generó gran parte de los contenidos de la actual Política Nacional de Promoción y Desarrollo de las Mujeres Guatemaltecas y del Plan de Equidad de Oportunidades 2001-2006.

Con la redefinición del Acuerdo Cronograma 2000-2004, el Foro quedó vinculado a metas comunes a ser alcanzadas tanto por la DEMI como por la SEPREM. Aunque actualmente el Foro continúa trabajando,28 su perfil disminuyó significativamente a raíz de pasar a ser considerado como una entidad mixta Estado-sociedad civil.

Ello fue limitando su capacidad de negociar con autonomía y demandar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la agenda de la paz por parte de los Gobiernos de turno (UNAMG, 2004: 15), con lo que una serie de organizaciones fue dejando de participar progresivamente.

Junto a lo anterior, los apoyos financieros también disminuyeron pero, a pesar de esto, el Foro ha seguido presente en una serie de esfuerzos, entre los que se puede mencionar: participación en la Comisión Consultiva de la Reforma Educativa para lograr incorporar el enfoque de género en los textos escolares; formulación del Plan de Plena

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Se incluye la experiencia del FNM a raíz de la importancia que en un momento dado, como parte de la sociedad civil, dicha instancia llegó a tener.

27 Camús (2002:8) y UNAMG (2004:14) registran que se logró la participación de entre 27,000 y 35,000 mujeres, en su mayoría indígenas, mediante una estructura de 34 asambleas de comunidades lingüísticas y ubicación territorial y 22 asambleas sectoriales por departamento, lo cual hacía un total de 56 instancias de base organizadas a nivel nacional.

28 Se cuenta con tres representantes a nivel central, dos de ellas trabajadoras de la ONAM y de FODIGUA respectivamente, pero sin que su participación en el Foro sea de carácter oficial; se cuenta únicamente con dos personas contratadas, con lo que la mayor parte del trabajo se realiza de manera voluntaria (Entrevista con Dina Mazariegos, integrante de la Comisión Coordinadora del Foro Nacional de la Mujer, abril de 2005).

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Participación de las Mujeres Guatemaltecas 20022012, elaborado conjuntamente con la SEPREM; coordinación de iniciativas de formación con la DEMI; capacitación de mujeres que participan en los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural; articulación de esfuerzos en el seno de la Coordinadora Interinstitucional del Estado para el Desarrollo Integral de las Mujeres como un espacio constituido por la SEPREM, la DEMI, ONAM, SOSEP y el Foro.29 A la par, se impulsan agendas conjuntas con organizaciones de mujeres de la sociedad civil, como la participación en la organización del Segundo Encuentro Mesoamericano de Mujeres contra el TLC DRCAUSA, entre otros. Pero el Foro también se encuentra en un momento de discusión interna sobre su propia naturaleza,30 el marco normativo que lo regulará o los mejores mecanismos a impulsar para tener acceso a los recursos, teniendo que plantearse en cada uno de estos temas no pocos desafíos ni contradicciones (Castillo, 2003: 14-18).

Finalmente, si se tiene presente que el desarrollo del país requiere un reordenamiento territorial que contemple un conjunto de factores a partir de los cuales éste pueda ser impulsado (AVANCSO, 2001), la experiencia de estructurar la participación política considerando criterios sociolingüísticos, sectoriales y geográficos, promovida inéditamente por las mujeres, 31 constituye una valiosa contribución para visibilizar los vacíos que la actual organización político-administrativa del Estado tiene para impulsar procesos democráticos en los que las mujeres, desde su diversidad, puedan ser realmente parte.

Nos integramos por 8 regiones, sectoriales, sociolingüísticas y también geográficas, porque por ejemplo El Petén, que es uno de los

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departamentos más grandes de Guatemala, no podía estar conectado a otro, cuando sabemos que es muy difícil comunicarse dentro de su propio departamento y eso requería que las mujeres se desplazaran grandes distancias, que no podemos en primer lugar por el tiempo, por los recursos y por todo lo que significa. Entonces se decidió que El Petén fuera una sola región. Otro que también se tomó en cuenta para ser una sola región es Huehuetenango. Allí, además, por la extensión geográfica, que es bastante grande, también por la diversidad cultural; porque Huehuetenango es el departamento más diverso culturalmente que hay en todo el país. Allí hay 9 comunidades lingüísticas y una multisectorial, entonces, por la misma diversidad, para las compañeras era mucho más difícil desarrollar el trabajo. Luego Quiché también se conformó como una sola región; allí se tomaron en cuenta las cuestiones geográficas y las necesidades de comunicación, porque las condiciones para comunicarse en Quiché son terribles. Las carreteras, los medios de transporte son muy difíciles, como en el caso de las mujeres del Ixcán que tienen que bajar a Guatemala para dar la vuelta, entonces pues se tomaron situaciones que afectaban a las mujeres para poder dividirlo.

Esta es una de las cosas estratégicas y más importantes que al Foro como organización o estructura organizativa de mujeres hay que valorarle, porque desde el principio las compañeras que tuvieron la responsabilidad de presentar la propuesta organizativa tomaron en cuenta la multiculturalidad y también otras necesidades de las mujeres para proponer la estrategia organizativa, y así fue como se estableció.32

En este momento el Foro tiene definidos los programas de formación y capacitación; de construcción de la ciudadanía de las mujeres y de fortalecimiento organizativo, que son básicamente los tres ejes contenidos en el Plan de Participación de las Mujeres Guatemaltecas 2002-2012 (SEPREM-FORO).

30 Entrevista con Dina Mazariegos, integrante de la Comisión Coordinadora del Foro Nacional de la Mujer, abril de 2005.

31 En este mismo sentido, una experiencia similar fue desarrollada por la DEMI. 32 Entrevista con Dina Mazariegos, integrante de la Comisión Coordinadora del Foro Nacional de la Mujer, abril de 2005.

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4. Agendas políticas de las mujeres 4.1. Agendas políticas, ¿espacios de fragmentación o construcción de alianzas entre En el ámbito nacional, los principales escenarios desde los cuales se generaron nuevas dinámicas de relación, negociación y autonomía de las mujeres en general, y de las mujeres indígenas y afrodescendientes en particular, surgieron a partir del proceso de paz, la creación de COPMAGUA, del Foro Nacional de la Mujer, o de los procesos de formulación y aprobación de determinadas leyes y políticas públicas, entre muchos otros. Luego de esa etapa, y contando con una serie de referencias comunes construidas a ese nivel, el trabajo de información y formación de las organizaciones sociales y de mujeres se orientó en buena medida hacia la construcción de una serie de propuestas que, teniendo en perspectiva el ejercicio de la auditoría social, llegaron a concretarse en agendas sectoriales, territoriales u organizativas a ser negociadas en cada uno de los momentos electorales, aunque sin contar todavía con la suficiente fuerza social para lograr promoverlas.

Esta tendencia atomizada y hacia el “agendismo”,33 que no siempre partió de un adecuado análisis del poder, no dejó de significar, sobre todo para las mujeres, una experiencia a partir de la cual han podido plantear sus derechos, por primera vez y de manera directa, no sólo ante las o los candidatos a distintos cargos de elección popular (CERIGUA, 2003:11), sino entre ellas mismas. Los procesos de construcción de las agendas políticas constituyeron también espacios a partir de los cuales, en cada ámbito, las relaciones interétnicas han tenido que repensarse y llegar a redefinirse. Por tal motivo, en el interior del movimiento de mujeres surgieron distintas maneras de negociar y llegar a plantear la diversidad.34

Simultáneamente, en encuentros y espacios internacionales, las mujeres indígenas, blancas, mestizas y afrodescendientes de la región35 han fundamentado sus propuestas a partir de una serie de declaraciones e instrumentos que dan cuenta de las múltiples dimensiones y de la manera integrada en que las mujeres conciben sus derechos. Un ejemplo de ello es la Declaración de la Primera Cumbre de Oaxaca (2002), en la cual las mujeres indígenas de América plantearon: Demandamos a los Estados, ratificar, operativizar mediante propuestas de ley e implementar la Convención para la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo Facultativo; la Convención sobre los Derechos del Niño y sus dos Protocolos facultativos; la Convención para Prevenir, Sancionar y Eliminar la Violencia contra la Mujer de Belem do Pará; el Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en países independientes; la Convención Internacional para la protección de los derechos de todos los trabajadores migrantes y sus familiares; el Estatuto de Roma de Creación de la Corte Penal Internacional; el Convenio de Biodiversidad Biológica; el Tratado Acceso a los Recursos Filogenéticos.

Es así como partiendo del análisis de la opresión socioeconómica, genérica y étnico-cultural que experimentan, las mujeres construyen agendas regionales relacionadas con sus derechos colectivos, tales como la libre determinación, al

31

En 2003 sólo CERIGUA registró, sobre todo a nivel departamental y nacional, 18 agendas impulsadas por mujeres, sin contar con el sinnúmero de procesos municipales impulsados en este mismo sentido.

34 Por ejemplo, la Agenda política: Mujeres en la diversidad, presentada por 23 organizaciones de mujeres de distintos orígenes étnicos; la agenda política Construyendo Políticas de Equidad, de la Coordinadora de Mujeres de Quetzaltenango, integrada por 10 instancias con presencia departamental; la Agenda mínima de la Plataforma Política de Mujeres, propuesta de las mujeres mayas y no-mayas quichelenses; y la agenda política de las Expresiones de Mujeres de la sociedad civil de Jutiapa, propuesta a nivel local desde el Sector de Mujeres y el Foro de la Mujer.

35 A la par de los encuentros feministas, durante la última década y media se ha venido construyendo espacios específicos de las mujeres indígenas y afrodescendientes del continente. En 1992 se realizó el Primer Encuentro de Mujeres Afrolatinoamericanas y Afrocaribeñas en la República Dominicana; en 1995, 1997 y 2000 se realizaron tres encuentros del Enlace Continental de Mujeres Indígenas en Ecuador, México y Panamá respectivamente (Monzón, 2004: 48). Esto permitió el impulso coordinado, entre varias instancias, de la Primera Cumbre de Mujeres Indígenas de las Américas en Oaxaca, en 2002.

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acceso a la tierra y al territorio, la participación vinculante en las decisiones en función del uso, protección y beneficio de los recursos naturales, a la biodiversidad y los derechos intelectuales comunitarios, a la pluralidad jurídica y al reconocimiento de un pensamiento filosófico propio, entre otros (Pacari, 2003: 109-123).

No obstante, y como reflejo de una fragmentación que en esta etapa ha llegado a minar la visión

de integralidad e interdependencia hasta de los mismos derechos humanos, hacer una lectura únicamente de las “agendas políticas de las mujeres” no lleva sino a invisibilizar todo el protagonismo y la capacidad de propuesta que ellas desarrollan a través de espacios mixtos intersectoriales o de pueblos indígenas, frente a otro conjunto de problemáticas que también les afectan de manera directa. El rechazo a las concesiones y a la explotación minera o a

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los alimentos transgénicos, por ejemplo, 36 es un propósito en el que las mujeres indígenas, afrodescendientes y mestizas suman sus esfuerzos a los de otras expresiones sociales, para exigir su derecho a ser consultadas y/o para denunciar la manera violenta en que las autoridades han llegado a reprimir toda oposición.37 La Tabla núm. 10 muestra, por ejemplo, junto a las coincidencias y la intersección existente entre las distintas reivindicaciones que las mujeres indígenas plantean a través de diferentes espacios, la manera paralela en que aún muchos de sus planteamientos se llevan ante el Estado; se evidencia cómo, todavía, se ven forzadas a desarrollar múltiples militancias con el propósito de lograr impulsarlos.

Junto a lo anterior, cabe mencionar que es detrás de las agendas políticas de los pueblos indígenas y del movimiento de mujeres y social en general donde existe una serie de debates vitales, comunes y pendientes de desarrollo: la relación entre los derechos individuales y los colectivos; las fronteras de la igualdad y la diferencia; las distintas formas de autonomía; la multiculturalidad étnica o la construcción de sociedades plurales; la ciudadanía igualitaria o la diferenciada, entre otros (Casaús, 2004: 53; Cobo, 1999: 1-3; Arriola, 2001: 32-40; Otzoy, 2004: 62; Hernández, 2004: 2). No obstante, dichos debates debieran dilucidarse a la luz de la urgente búsqueda de soluciones ante los agudos niveles de marginación prevalecientes, reconociendo que su origen no se gesta sino a través de la sinergia de las múltiples opresiones.

4.2. De la integralidad a las estructuras y relaciones de poder a transformar Desde que en 1968 la Proclama de Teherán planteara que, “la realización de los derechos civiles y políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales resulta imposible” se reconoce universalmente el principio de integralidad de los derechos humanos.38 A partir de este principio, toda separación que se propone al respecto de las generaciones de derechos resulta ser puramente artificial. No obstante, en la actualidad prevalece una serie de lecturas dicotómicas que tiende a separar, entre otros, los derechos culturales y las dimensiones del reconocimiento de las mujeres y de los pueblos indígenas, de aquellos derechos de carácter económico y material. Ello, sin tomar en cuenta que cualquier esfuerzo que se haga para superar la discriminación desde los planos simbólicos, interpersonales o valóricos, dejando a un lado el justo acceso a los recursos, encontrará un sustento limitado y poco duradero, sin llegar

a significar verdaderas transformaciones.39 En ese mismo sentido es que Casaús (2004: 48) plantea la necesidad de comprender cómo las mismas desigualdades crean nuevas justificaciones para la reproducción de la discriminación y el racismo, ya que su existencia les permite a determinados grupos en el poder focalizar la supuesta incapacidad que los grupos subordinados tendrían para adquirir los bienes tangibles e intangibles que requieren para su desarrollo.

Esta falta de integralidad con que los derechos humanos están siendo actualmente entendidos y la importancia de llamar la atención sobre ello, no se sitúan sólo en el plano de las ideas, sino también en los contenidos, instrumentos y mecanismos que se impulsan desde el poder del Estado como respuesta ante las demandas sociales de los derechos vinculados al reconocimiento o a la redistribución. Un claro ejemplo de ello se puede

33

El 21 de febrero de 2005, por ejemplo, CEIBA, COINDE, el Colectivo Madre Selva, CONIC, CNOC la Red Nacional por la Defensa de la Seguridad Alimentaria y la Alianza de Mujeres Rurales presentaron ante el Procurador de los Derechos Humanos una denuncia debidamente documentada con relación a la inminente violación al derecho de los y las guatemaltecas a una alimentación sana. La denuncia iba acompañada de una propuesta alternativa, luego de realizar una serie de actividades en las que se le presentó al MAGA y al Ministerio de Medio Ambiente la problemática (Ceiba, 2005).

37 Prensa Libre, Indígenas adversan concesiones mineras, 1 de mayo 2004; P.L. Se unen contra actividad minera, 20 de julio 2004; P.L., Un muerto y 20 heridos en disturbios en Sololá, 12 de enero 2005; P.L. Rechazo unánime, 17 de febrero 2005.

38 PDH, 2004: 33.

39 Velásquez, 2005.

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observar en la Tabla núm. 11, en la que se muestra cómo a lo largo de la institucionalidad pública los derechos de hombres y mujeres, de los distintos orígenes socioculturales, son gestionados no de manera integrada al quehacer de las dependencias estatales sino de forma focalizada y muchas veces asistencialista, a través de una serie de unidades40 o ventanillas específicas. Estas estructuras, al no contar con el poder político o los recursos humanos y financieros necesarios para producir cambios reales en la distribución de los recursos que administran, dejan sin tocar las estructuras de poder que reproducen las desigualdades y, finalmente, no hacen sino reproducir desde ellas la retórica del género y de la multiculturalidad.41 Sin duda, y como reflejo de la movilización y la acción colectiva de las mujeres y de los pueblos indígenas a nivel nacional e internacional, el escenario actual se caracteriza por una serie de demandas y propuestas consignadas en convenios y tratados. Mediante la acción y participación política de estos sujetos, estos instrumentos buscan ser incorporados tanto en las políticas públicas como en los marcos reguladores de la institucionalidad vigente. De ahí que sea posible valorar todo un conjunto de avances alcanzados en las últimas décadas a partir de dichas sinergias, pero también es necesario puntualizar que sus

efectos positivos se están viendo sistemáticamente contrarrestados por la falta de voluntad política de los Gobiernos de turno, por una serie de medidas neoliberales que tienden a reducir el gasto público o por las decisiones macroeconómicas que, entre muchas otras, se traducen en el establecimiento de acuerdos comerciales altamente asimétricos.42 En gran medida, todos estos factores determinan, finalmente, la viabilidad actual y futura del respeto a los derechos humanos y las posibilidades concretas de erradicar así las profundas desigualdades prevalecientes.43 Es así como en distintos espacios y desde la perspectiva de la experiencia de la Agenda Mujeres en la Diversidad, se comienza a plantear que la lucha es por construir una nueva forma de Estado;44 en tanto, cada vez son más las voces de mujeres que plantean que sólo fortaleciendo los lazos de solidaridad y asumiendo como propias las reivindicaciones de clase, étnicas y genéricas será posible superar las intensas condiciones de dominación en que se encuentra la mayor parte de la población en el país.45 Recuperar la integralidad de las múltiples reivindicaciones, repensar al Estado y redefinir las formas de participación política que actualmente continúan siendo altamente excluyentes, cifra buena parte de las tareas que se tienen por delante.

35

Esta tendencia es propia del enfoque de la transversalización, a partir del cual se va construyendo una institucionalidad específica para el avance de determinados derechos, buscando incorporar dicha perspectiva en las políticas, programas, proyectos y acciones que formen parte del quehacer de las entidades públicas (PNUD, 2005).

41 González, 2001:103; Otzoy, 2004:62; UNAMG, 2004:17; Velásquez, 2004; Mux, 2005.

42 Un ejemplo de ello lo constituye la firma y reciente ratificación del Tratado de Libre Comercio entre CA y República Dominicana con Estados Unidos (TLC DR-CAUSA).

43 Soledad Gonzáles, 2001:102-104.

44 Entrevista a Alicia Rodríguez, Agenda Mujeres en la Diversidad, 28 de abril de 2005.

45 Velásquez, 2002.

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Listado de siglas

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ACPD AIDPI AMVA AVANCSO CENTRACAP CERIGUA CIDH CIIE CNOC CNP-DMI CNP-RPTN CODISRA COL CONAVIGUA CONIC COPMAGUA COPRE COPREDEH CPR CPRP CUC DCG DEMI DIA FDNG FLACSO FNM FPPP FRG FRM FUNCEDE GAM GANA INDH IPDH KAQLA MAGA MARN MAS MEM MICUDE MINEDUC MINFIN MINTRAB MOJOMAYA MOLOJ MP MSPAS OJ ONAM ONU PAN PARLACEN PBI PDCN PR PGN PNC PNUD PP PR PSN PU REMUPAZ SCEP SEGEPLAN SEPAZ SEPREM SOSEP TLC TSE UCN UNAMG URNG

Asamblea Consultiva de la Población Desarraigada Acuerdo sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas Asociación de Mujeres Vamos Adelante Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales Centro de apoyo para las trabajadoras de casas particulares Centro de Reportes Informativos de Guatemala Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Coordinadora Interinstitucional Indígena del Estado Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas Comisión Nacional Permanente de los Derechos de la Mujer Indígena Comisión Nacional Permanente de Reforma y Participación a Todo Nivel Comisión Presidencial Contra la Discriminación y el Racismo Comités Organizadores Locales (FORO) Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala Coordinadora Nacional Indígena y Campesina Coordinadora de Organizaciones del Pueblo Maya de Guatemala Comisión Presidencial para la Reforma del Estado Comisión Presidencial de Derechos Humanos Comunidades de Población en Resistencia Comisión Paritaria de Reforma y Participación Comité de Unidad Campesina Democracia Cristiana Guatemalteca Defensoría de la Mujer Indígena Desarrollo Integral Auténtico Frente Democrático Nueva Guatemala Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Foro Nacional de la Mujer Foro Permanente de Partidos Políticos Frente Republicano Guatemalteco Fundación Rigoberta Menchú Fundación Centroamericana de Desarrollo Grupo de Apoyo Mutuo Gran Alianza Nacional Informe Nacional de Desarrollo Humano Institución del Procurador de los Derechos Humanos Grupo de Mujeres Mayas Kaqla Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales Movimiento de Acción Solidaria Ministerio de Energía y Minas Ministerio de Cultura y Deportes Ministerio de Educación Ministerio de Finanzas Públicas Ministerio de Trabajo Movimiento de Jóvenes Mayas Asociación Política de Mujeres Mayas, Moloj Kino´jib´al Mayib´ Ixoqib Ministerio Público Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social Organismo Judicial Oficina Nacional de la Mujer Organización de las Naciones Unidas Partido de Avanzada Nacional Parlamento Centroamericano Brigadas de Paz Internacional (por sus siglas en inglés) Partido Democrático de Concordia Nacional Partido Revolucionario Procuraduría General de la Nación Policía Nacional Civil Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Partido Patriota Partido Revolucionario Partido de Solidaridad Nacional Partido Unionista Red de Mujeres por la Construcción de la Paz Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia Secretaría General de Planificación Secretaría de la Paz Secretaría Presidencial de la Mujer Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente Tratado de Libre Comercio Tribunal Supremo Electoral Unión del Centro Nacional Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca

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3. Alicia Rodríguez, representante de la Agenda Mujeres en la Diversidad; 28 de abril de 2005.

4. Verónica Sajbin, entrevista personal, socióloga infieri maya-k’iche´, exmiembro de K´aqla´; 20 de abril, de 2005.

5. Dina Mazariegos, Comisión coordinadora del Foro Nacional de la Mujer; 21 de abril de 2005.

6. Carmen Quiej, Asociación Política de Mujeres Mayas MOLOJ; 3 de mayo de 2005.

7. Violeta Alfaro de Carpio, miembro de la Comisión Paritaria de Reforma y Participación a todo nivel y funcionaria de la SEPREM; 27 de junio de 2005.

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