MEMORIA 10 CONGRESO

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Memoria del Décimo Congreso Nacional de Administración Pública

Modernizando y transformando el servicio público

Marco general

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Introducción

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Presentación

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Relato de vivencias fortalece la gestión gubernamental

Panel 1

10

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Elementos fundamentales de una agenda y proceso de modernización institucional del Organismo Ejecutivo 2024-2028

En busca de equidad e inclusión

13

Hacia una función pública legítima y eficaz

Síguenos en: www.inap.gob.gt

Panel 2

Gobiernos departamentales, gestión local, descentralización y participación ciudadana desde la perspectiva del desarrollo inclusivo, territorial y sostenible

Panel 3

Modernización de la Función Pública en Guatemala: Desafíos del Servicio Civil y Perspectivas de la Modernización

El enfoque participativo es decisivo para los gobiernos locales

INAP busca fortalecer la coordinación entre instituciones estatales

El profesionalismo se plantea como un proceso continuo

Perspectivas de modernizacion del servicio civil

Panel 4

Hacia una estrategia y sistema nacional anticorrupción para el fortalecimiento del servicio público

La ética como pilar fundamental de la buena gobernanza

Un líder político comprometido requiere una visión honesta del futuro

Introducción

Como aporte a las acciones para la mejora de condiciones en el funcionamiento y modernización del Organismo Ejecutivo, y en consonancia con la agenda del presidente de la República, Bernardo Arévalo, que impulsa la transformación y el desarrollo sostenible del país, el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) desarrolló el Décimo Congreso Nacional de Administración

Pública: Modernizando y transformando el servicio público, del 4 al 6 de diciembre de 2025 en la Ciudad de Guatemala.

El evento académico fue creado con el propósito de abrir un espacio de análisis y discusión entre servidores públicos y profesionales académicos nacionales e internacionales sobre tópicos como los gobiernos departamentales, los desafíos que se enfrentan en el servicio civil y en la lucha contra la corrupción, así como la transformación tecnológica para un Estado más eficiente y eficaz.

En ese sentido, este documento busca detalla y deja un registro de las acciones desarrolladas durante las fechas indicadas a fin de fortalecer la modernización e innovación en la Administración

Pública en beneficio de la sociedad guatemalteca.

La Administración pública en Guatemala se encuentra inserta en un contexto social complejo y dinámico que exige al Organismo

Ejecutivo concretar esfuerzos que conduzcan a la gobernanza colaborativa y, en consecuencia, el INAP, entre sus funciones crea espacios de participación y liderazgo público como el décimo Congreso para identificar y deducir las acciones estratégicas que permitan la modernización, eficiencia y eficacia de la gestión pública.

1. Inauguración 1

Servidores públicos y funcionarios participantes.

Presentación

El INAP se creó, según el tercer considerando de su ley, para impulsar el desarrollo administrativo, elevar la capacidad directiva, modernizar su organización y funcionamiento, desarrollar los recursos humanos, así como crear las condiciones para que en el sector público se generen y ejecuten de mejor manera los programas de trabajo gubernamentales.

En este marco, los congresos que el INAP ha liderado durante sus 45 años de existencia buscan aportar a la investigación, análisis y debate sobre el desarrollo de la Administración Pública, con el fin de emprender acciones que aporten para la formulación de planes de desarrollo para la prestación de mejores servicios a los ciudadanos.

El año pasado, el proceso de planificación y organización del Décimo Congreso Nacional de Administración Pública se inició en mayo y coincidió poco después con la creación del Comité Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo por parte del presidente Arévalo, por lo que nos pareció oportuno incorporar la temática que dicho ente realiza, para contribuir con este propósito.

La reflexión, análisis y discusión entre servidores y funcionarios públicos en conjunto con académicos nacionales e internacionales sobre la modernización institucional en general, en particular sobre los gobiernos departamentales, la modernización de la función pública y los desafíos del servicio civil, así como sobre la Estrategia Nacional contra la Corrupción para el fortalecimiento del servicio público, son indispensables pues constituyen elementos clave para desarrollar la agenda de modernización.

Sabemos que la modernización del Organismo Ejecutivo involucra la transformación de estructuras, procesos y sistemas para optimizar su eficiencia, eficacia y transparencia con el fin de prestar mejores servicios a la ciudadanía. Y, en ese sentido, la transformación digital es esencial. Pero, además, es necesaria la investigación y formación de los funcionarios y servidores públicos para fomentar sus capacidades e implementar políticas y programas efectivos, y es aquí en donde está el desafío central del INAP en este proceso, pues es la institución rectora de la formación de los servidores y funcionarios públicos.

Relato de vivencias fortalece la gestión gubernamental

El Décimo Congreso Nacional de Administración Pública reunió a alrededor de 180 delegados de instituciones públicas, académicos y organizaciones vinculadas a las políticas públicas, tanto nacionales como internacionales, en el que se presentaron ponencias, conferencias y proyectos para promover el intercambio de ideas y experiencias en función del fortalecimiento de la gestión gubernamental.

2. Día 1

El cónclave fue inaugurado por la gerente del INAP, Ruth Elisabeth Avalos Castañeda, quien ha trabajado en alianzas con diversas instituciones para el fortalecimiento de la función pública, legítima y eficaz al servicio de la sociedad guatemalteca, basada en la innovación y transparencia.

En el acto de lanzamiento también participaron la secretaria privada de la Presidencia de la República, Ana Glenda Tager, en representación del Presidente 2

de la República; el coordinador residente de las Naciones Unidas en Guatemala, José Miguel Barreto; la representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en Guatemala, Lilena Guadalupe Martínez, y la representante regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para América Latina y el Caribe, Sylvie Bertrand.

El encuentro se organizó en cuatro paneles coordinados por profesionales de amplia trayectoria, quienes facilitaron la interacción entre los participantes a través de preguntas y comentarios acordes a una modernización política e institucional.

En ese contexto, los ejes temáticos de las discusiones fueron Los elementos fundamentales de una agenda y proceso de modernización institucional del Organismo Ejecutivo 2024-2028; Gobierno departamental, gestión local, descentralización y participación ciudadana desde la perspectiva del desarrollo inclusivo, territorial y sostenible; Modernización de la función pública en Guatemala: desafíos del Servicio Civil y perspectivas de modernización, y Hacia una estrategia y sistema nacional anticorrupción para el fortalecimiento del servicio público.

Al final, compartieron importantes vivencias para coadyuvar en la creación de estrategias que fomenten la modernización del Organismo Ejecutivo, y así asegurar un servicio público de calidad, inclusivo y orientado a las necesidades de la ciudadanía.

Objetivos

• Reposicionar en el debate público la necesidad de acuerdos para una agenda robusta de modernización política e institucional del Organismo Ejecutivo.

• Promover el intercambio de buenas prácticas en materia de modernización institucional.

• Identificar elementos que enriquezcan la Agenda Nacional de Modernización del Ejecutivo 20242028.

3. Mesa principal inauguración

Elementos fundamentales de una agenda y proceso de modernización

institucional del Organismo Ejecutivo

2024-2028

Panel 1

Jueves, 5 de diciembre de 2024

En busca de equidad e inclusión

La modernización en la Administración pública es esencial para la mejora de capacidad y atención de respuesta a los ciudadanos con quienes se está en contacto diario; por ello, debe generar condiciones para el funcionamiento del Estado, así como optimizar recursos y mecanismos de desarrollo que promuevan el alcance de objetivos y resultados, a través de acciones estratégicas.

Por ende, es de mucha importancia identificar y analizar acciones estratégicas que permitan al Poder Ejecutivo orientar las capacidades de las instituciones públicas para brindar servicios eficientes y eficaces, basado en principios de equidad, inclusión, sostenibilidad, justicia, transparencia y rendición de cuentas. De acuerdo con ello, es necesario considerar algunos elementos como rediseño, reestructuración y organización de las instituciones, y la simplificación de trámites por medio de la digitalización y automatización de procesos.

Panel 1

Hacia una función pública legítima y eficaz

¿Cuáles son las estrategias o mecanismos con los que cuenta el Estado para lograr una gestión pública legítima y eficaz?

De acuerdo con la panelista Julissa Cifuentes, uno de los mandatos del Presidente de la República, a inicios de 2025, fue que nos encamináramos en un proceso de modernización del Organismo Ejecutivo, y cuando hablamos de ello (y no de modernización del Estado, que es hacia donde aspiramos a futuro), nos referimos a acciones concretas a realizar durante este período de gobierno, que sienten las bases para una modernización de mayor alcance y permitan la coordinación con otros organismos estatales.

A partir de ese mandato, se inició el acompañamiento para la creación del Comité Nacional de Modernización del Organismo Ejecutivo (Acuerdo Gubernativo 106-2024) que integra diversas instituciones, como el Ministerio de Finanzas (Minfin), la Secretaría Privada de la Presidencia (SPP), la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico (GAE), entre otras.

A través de esta instancia se exploran diferentes componentes o ejes para elaborar una Agenda Nacional de Modernización, la primera gran estrategia, la cual se ha trabajado en distintas mesas temáticas, en las que se han detectado los retos para abordarla, como la coordinación interinstitucional, que no siempre resulta sencilla, ya que cada entidad pública trabaja en sus propias metas, pero no necesariamente de forma articulada con las demás. Por ello, el comité y las mesas especializadas (en Servicio Civil, Transformación Digital, Gobierno Departamental, así como en ejes transversales como Interculturalidad,

Fotografía: INAP
4. Julissa Cifuentes Panelista

Calidad y Accesibilidad Ciudadana, y Participación Ciudadana) son fundamentales.

La segunda estrategia para lograr legitimidad es el diálogo con la ciudadanía y otros sectores, de manera que se sientan parte del proceso. La legitimidad se alcanza al incluir a los demás, no solo al presentar iniciativas terminadas, sino construirlas con ellos.

Otro eje importante es alinear la Política General de Gobierno y otras políticas a este proceso ya en implementación; por ejemplo, la de Datos Abiertos, de modernización. Además, impulsar mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, esenciales para la legitimidad. Informar a la ciudadanía y a las contrapartes acerca de lo que se hace es un objetivo central, acentuó la profesional.

Desde la perspectiva de la cooperación internacional, ¿por qué es importante la modernización y la calidad de los servicios públicos para reducir la desigualdad social?

Según Peride Blind, la desigualdad es un problema en el país y, por ello, el Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, considera esencial apoyar al Estado y a la ciudadanía para que se puedan realizar sus aspiraciones de desarrollo.

“Contamos con diversas herramientas para lograr servicios públicos de calidad, eficacia, legitimidad y rendición de cuentas. Lo ilustramos con tres ejemplos de cómo los funcionarios públicos pueden cambiar vidas cada día: en el ámbito municipal, en Brasil se creó un centro de llamadas para que las personas con discapacidad tuvieran acceso a intérpretes de lengua de señas, para responder a las necesidades específicas de un grupo vulnerable y muestra la importancia de tener a la ciudadanía en el centro de la administración pública.

Para un entorno nacional, en Alemania, el Ministerio Federal de Asuntos Económicos desarrolló un sistema en línea para que los migrantes puedan validar y homologar sus certificados o diplomas obtenidos en sus países

Peride Blind Panelista

de origen. Por lo que la tecnología se utiliza para atender necesidades puntuales de grupos en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, en India, los proyectos legislativos en proceso de formulación se digitalizan para que la ciudadanía pueda conocerlos y retroalimentarlos antes de su aprobación, para fomentar la participación cívica mediante herramientas tecnológicas. Es así como la administración pública puede innovar y enfocarse en las necesidades reales de la población. Por ello, como Sistema de Naciones Unidas, alineamos nuestro apoyo con el programa de gobierno y las prioridades nacionales a través de nuestro Marco de Cooperación. Tenemos los Once Principios de Gobernanza Efectiva, aprobados por el Consejo Económico y Social de la Organización de las Naciones Unidas, que incluyen muchos de los aspectos mencionados,como inclusión, transparencia, rendición de cuentas, etc. Además, existe la red mundial UNPAN (United Nations Public Administration Network), que pone a disposición de los institutos de administración pública buenas prácticas y lecciones aprendidas de diversos países.

En Guatemala, en las Verapaces, adolescentes pueden acceder a

servicios de salud con traductores en su idioma local, gracias al apoyo de diversos donantes, demostrando así la importancia de la inclusión”.

Desde la visión internacional del Banco de Desarrollo, ¿por qué es clave la modernización del Estado y cómo puede apoyar un banco de desarrollo a estos procesos?

El panelista Adolfo Salcedo refirió que el concepto de modernización debe focalizarse en la noción de Estado y de Gobierno. El Estado está integrado por la ciudadanía, mientras que el Gobierno es quien debe responder a las demandas de servicios y bienes públicos.

“Es crucial determinar el modelo de desarrollo que deseamos para nuestros países y, en función de ello, el modelo de gestión que se implementará. Este

Fotografía: Global Platform for the Right to the City Media.
6. Adolfo Salcedo Panelista

último definirá la transformación o modernización del aparato público, de modo que se provean servicios en los distintos niveles. Debemos basarnos en principios y valores innegociables, incluyendo la transparencia, para que un Estado moderno, con servicios ágiles y confiables, atienda adecuadamente a la ciudadanía.

La planificación a largo plazo (1015 años) resulta esencial, con objetivos claros que se traduzcan en realidades tangibles. Las estructuras de gobierno son la herramienta para cumplir con metas en educación, salud, agua, energía, etc. Para ello, la institucionalidad de los países debe ser sólida y madura, permitiendo transiciones ordenadas entre distintos gobiernos. La cooperación internacional y el financiamiento —tanto multilateral como bilateral— deben alinearse a estos objetivos de desarrollo. Cuando se diseña la estructura institucional, se requiere un gasto permanente y un gasto de inversión que deben responder al rumbo estratégico definido. En resumen, no podemos generar modernizaciones puntuales sin saber hacia dónde nos dirigimos. Necesitamos claridad en el modelo de desarrollo y una institucionalidad sólida que garantice continuidad en el tiempo”.

Desde el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿cómo fortalecer la gestión institucional como elemento clave en la transformación y modernización?

Según Edgardo Mosqueira, cuando un gobierno define su estrategia de desarrollo, plasmada en su plan institucional o propuesta política, sus objetivos (en salud, educación, infraestructura, etc.) se concretan a través de un instrumento: la administración pública.

La nueva estrategia del BID, aprobada este año, establece que la capacidad estatal es una condición previa para la prestación efectiva de servicios. Un gobierno puede tener planes muy bien estructurados, pero si la maquinaria estatal no está preparada no podrá implementarlos, y para construir esa capacidad, se necesita un ambiente de legitimidad o un consenso sobre la importancia de una administración pública eficiente con capacidades técnicas, para llevar a cabo procesos de compras, inversión en infraestructura, organización de servicios, etc; así como, una rendición de cuentas (accountability), con incentivos claros sobre los resultados que se esperan.

Existen diversas herramientas para fortalecer esta capacidad. Una fundamental es el Centro de Gobierno, integrado por la Presidencia, la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), el Ministerio de Finanzas y otros actores clave. Este Centro de Gobierno debe alinear la operación de todo el Estado en torno a las prioridades gubernamentales, ya que las políticas públicas requieren el trabajo coordinado de varios ministerios.

Para ello, es preciso identificar todos los programas que contribuyen a las prioridades del Plan de Gobierno, definir indicadores y alinear el presupuesto a dichas prioridades. De lo contrario, si el presupuesto y los programas continúan de forma inercial, no se lograrán los objetivos planteados.

En síntesis, la capacidad estatal es una precondición para que los servicios públicos y la infraestructura respondan al plan de desarrollo. Para construirla, se debe alinear cada programa, meta, indicador y presupuesto con las prioridades gubernamentales. El BID ha recopilado la experiencia de más de diez años de trabajo en centros de gobierno en América Latina, apoyando a más de quince países en el fortalecimiento de estas instituciones.

Desde el punto de vista de Naciones Unidas, ¿qué esfuerzos y herramientas relacionadas con la transformación digital, la innovación y las tecnologías están disponibles para los gobiernos, a fin de dar seguimiento a la evolución de su modernización?

Peride Blind destacó que la era de la transformación digital es esencial para Naciones Unidas. En septiembre, se consensuó el Pacto Global para la Digitalización, donde se presentan ideas y herramientas muy concretas, desde formación de capacidades hasta modelos de interoperabilidad de datos.

“Permítanme mostrar una herramienta específica de la ONU: la Base de Datos de Gobierno Electrónico, disponible en el portal de Naciones Unidas. Allí, cada país puede ver su nivel de desarrollo en e-government (gobierno electrónico),

7. Integrantes Panel 1

compararse con promedios regionales y globales, y explorar criterios como disponibilidad de servicios en línea, conectividad, asequibilidad de internet, entre otros.

Guatemala ha tenido algunos avances en los últimos años, pero de forma pausada. Por ejemplo, uno de los indicadores mide la capacidad digital de la población (e-skills), donde el país aparece por debajo del promedio regional. Esto indica una oportunidad de mejora, a través de proyectos como el que iniciamos junto con la Unión Europea, se busca capacitar a poblaciones rurales e indígenas para reducir esa brecha digital”.

Otro componente interesante es la medición local. Ya se puede evaluar la transformación digital en ciudades específicas. Actualmente, se incluyen la Ciudad de Guatemala y algunas otras, pero sería valioso extenderlo a Quetzaltenango, Huehuetenango y demás, para visibilizar lo que se hace a nivel local. “Como Sistema de Naciones Unidas en Guatemala, estamos listos para apoyar al Estado y a la ciudadanía en la modernización y digitalización de sus servicios, con miras a un desarrollo inclusivo y sostenible”.

¿Cómo la gestión del cambio y la innovación en la administración pública pueden facilitar espacios de alianzas y cocreación en un proceso de modernización, especialmente considerando la existencia de una agenda y un comité de modernización?

Adolfo Salcedo indicó que hay dos líneas en la transformación, El cambio de las cosas, es decir, la adopción de herramientas tecnológicas. Hoy, las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son fundamentales para gestionar datos y brindar servicios. Y, el cambio en las personas, que es a veces el más complejo, pues conlleva la resistencia natural al cambio.

Para que la modernización sea exitosa, se requiere que los servidores públicos asuman la importancia de esta transformación y que existan normas y estructuras institucionales

Fotografía: INAP.

8. Estuardo Pineda Moderador

actualizadas. Ahí entra en juego la articulación con los congresos o asambleas nacionales, encargados de generar o reformar el marco legal, y la interacción con las autoridades de los distintos niveles de gobierno.

En definitiva, “la gestión del cambio implica tanto lo tecnológico como lo humano, y las alianzas resultan fundamentales para generar un pacto social que sostenga la transformación en el largo plazo”.

¿Cómo contribuyen los clústeres de modernización del BID a impulsar estos cambios?

Edgardo Mosqueira reiteró que el BID, como organismo multilateral, puede facilitar el cambio con varias herramientas. En primer lugar, aportamos una visión regional, observando qué países han avanzado en ciertas reformas y cómo se podrían replicar o adaptar esas buenas prácticas.

En segundo lugar, proveemos conocimiento a través de estudios e investigaciones sobre capacidades estatales, transparencia, gobierno digital, etc. Este conocimiento se comparte con los países y con otros cooperantes para alinear esfuerzos de apoyo. Se trabaja en áreas clave, como la gestión estratégica, incluyendo planificación y monitoreo;

organización del Estado, para adaptar estructuras y programas a las prioridades gubernamentales; calidad del gasto, con enfoques en servicio civil, compras y contrataciones públicas; gobierno digital y transparencia, explorando temas como la interoperabilidad y la ciberseguridad. De este modo, el BID busca ayudar a que las reformas se diseñen e implementen con base en evidencias y buenas prácticas, en beneficio de la ciudadanía.

¿Cuáles son los principales retos o cuellos de botella, tanto a nivel local como en otros países, y cómo su sector o institución puede contribuir de manera estratégica a superarlos?

Para Julissa Cifuentes se han identificado varios desafíos a partir de la elaboración de la Agenda Nacional de Modernización, como los recursos financieros y humanos, ya que las instituciones necesitan personal capacitado y presupuestos adecuados para implementar la modernización; el cambio cultural, pues se requiere una nueva promoción valores de innovación y mejora continua, tanto en la administración pública como en la sociedad.

Así como la sostenibilidad y continuidad, para que la modernización no se detenga con los cambios de gobierno; el marco

legal y normativo, ya que hay normas y reglamentos que necesitan modernizarse, como la Ley de Compras y Contrataciones o la legislación sobre la carrera del funcionario público.

“Nuestra contribución desde el Gobierno es articular a los diversos sectores, garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las acciones, y reforzar la visión de país a largo plazo”.

“Nuestra contribución desde el Gobierno es articular a los diversos sectores, garantizar la continuidad y la sostenibilidad de las acciones, y reforzar la visión de país a largo plazo”.

Puntos clave

Hay estrategias y mecanismos de coordinación claros, como la Agenda de Modernización y el Comité Nacional, que contemplan ejes como transformación digital, servicio civil y fortalecimiento de la gestión territorial.

La cooperación internacional puede acompañar y facilitar, para brindar herramientas, conocimiento y financiamiento.

La sostenibilidad y la continuidad de las reformas dependen de la participación y el compromiso de todas y todos los actores, incluyendo a la ciudadanía y a los servidores públicos.

La resistencia al cambio es un factor humano que requiere atención, mediante capacitación, sensibilización y alineación de incentivos.

La planificación debe traducirse en acciones concretas y medibles, con una visión a largo plazo que trascienda ciclos gubernamentales.

Panelistas y moderador

Julissa Cifuentes Callejas

Subsecretaria de la Secretaría Privada de la Presidencia de la República

Peride K. Blind

Jefa de la Oficina del Coordinador Residente en Guatemala, Naciones Unidas

Subgerente de Gestión Institucional Banco de Desarrollo del Ecuador

Edgardo Mosqueira

Coordinador Clúster de Gestión Pública Banco Interamericano de Desarrollo

Oficial de Coordinación del Desarrollo Alianzas y Financiación para el Desarrollo de la OCR

Adolfo Gustavo Salcedo
Estuardo Pineda

Gobiernos departamentales, gestión local, descentralización y participación ciudadana desde la perspectiva del desarrollo inclusivo, territorial y sostenible

Panel 2

Jueves, 5 de diciembre de 2024

El enfoque participativo es decisivo para los gobiernos locales

Esta fase se centró en cómo los gobiernos departamentales y locales pueden ser actores clave para promover un desarrollo integral, inclusivo, sostenible y más cercano a las necesidades de las poblaciones.

La relación interinstitucional, principalmente entre ministerios como rectores de los diferentes sectores, requiere de vital importancia la coordinación de esfuerzos entre diferentes órganos de la Administración pública, gobernaciones departamentales, municipalidades, sector productivo, entidades privadas y la comunidad, con el objetivo de implementar políticas locales acordes a las necesidades de la población, siendo estas integrales, inclusivas y sostenibles.

Al respecto, cabe citar que el papel de los gobiernos departamentales es fundamental por las acciones, procesos e instrumentos con los que se proyectan el alcance de fines, objetivos y metas enmarcados en las normativas, políticas, planes y proyectos establecidos a corto, mediano y largo plazo del país.

Panel 2

Gobierno promueve la coordinación entre sus instituciones

Ante la Agenda de Modernización planteada por el Organismo Ejecutivo, ¿cuál será la propuesta concreta para la nueva institucionalidad a nivel de los gobiernos departamentales?

Según el titular de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia, Víctor Hugo Godoy Morales, “estamos en proceso de construcción de lo que será el gobierno departamental. En una primera fase se pretende que el gobernador cuente con todas las capacidades para coordinar la institucionalidad pública de su región y trabajar en las áreas en las que ya se ha venido laborando. Por ejemplo, en dos ocasiones he presidido la Comisión Presidencial de Derechos Humanos y los delegados regionales de la Copredeh siempre han trabajado de la mano con el gobernador departamental, ya que actúa como parachoques: recibe todos los problemas que se generan en el departamento, tanto de los alcaldes como de la sociedad en general. Sin embargo, las posibilidades de acción son limitadas.

La ausencia de un gobernador con plenas facultades ha llevado a que diputados, alcaldes y, en ocasiones, redes político-económicas ilícitas decidan sobre la inversión pública.

Cabe destacar que aproximadamente el 75 por ciento de la inversión se realiza en el territorio, el 50 por ciento en el ámbito municipal y el 25 por ciento en el perímetro departamental. En el nuevo presupuesto se asignaron cerca de 12 mil millones de quetzales para Consejos de Desarrollo, a fin de que allí se genere el control necesario para evitar que las inversiones queden fragmentadas.

El objetivo es crear una institucionalidad que articule una visión nacional, departamental y municipal de desarrollo, para generar nuevas dinámicas entre diputados, alcaldes y contratistas. En esencia, se busca empoderar al gobernador y, con ello, al gobierno departamental, dotándolo de la capacidad para coordinar efectivamente la institucionalidad en su territorio.

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Fotografía: INAP.
9. Víctor Hugo Godoy Panelista
“La ausencia de un gobernador con plenas facultades ha llevado

a

que diputados, alcaldes y, en ocasiones, redes político-económicas ilícitas decidan sobre la inversión pública”.

¿Cuál es el desarrollo que esperamos alcanzar a través de la modernización del Organismo Ejecutivo, en el marco de la descentralización de la administración en el entorno departamental y de la necesidad de implementar el mandato constitucional de reforma del Estado?

De acuerdo con Karin Slowing, “la visión de desarrollo ya está claramente enunciada: queremos una sociedad inclusiva, basada en el marco que la Constitución de 1985 nos otorgó y que debe aterrizarse en acciones concretas.

El objetivo sigue siendo garantizar que la población tenga acceso a educación, salud y oportunidades para salir de la pobreza. Sin embargo, el gran desafío radica en que, como sociedad, aún no logramos un consenso claro sobre cómo lograr la inclusión. Además, es fundamental que el sector público

y su sistema de administración sean instrumentos que integren a todos los ciudadanos, sin pretender homogeneizar, sino reconociendo la diversidad. Actualmente, vivimos con un sistema en el que el nivel nacional (encarnado en el Ejecutivo) y el nivel territorial (en las municipalidades) no están debidamente integrados; de ahí la importancia estratégica de proponer un gobierno departamental robusto que complete lo que la Constitución promete.

En resumen, la modernización debe permitir que el Estado se transforme en un instrumento que asegure equidad, inclusión y el acceso a bienes y servicios, y que, al mismo tiempo, se adapte a las nuevas realidades y demandas de la ciudadanía.”

Fotografía:
10. Karin Slowing Panelista

Según Jorge Calvo Drago, “la Constitución de 1985 reformó el Estado, pero las élites han obstaculizado una verdadera transformación mediante el ‘secuestro’ de la propia Constitución y de la justicia. Las reformas de 1994, por ejemplo, secuestraron al Estado, el proceso de reforma y la justicia, situación que se refleja hoy en los resultados. Actualmente, existe un gobierno en la sombra que pretende negar la validez al gobierno elegido popularmente el año pasado.

Por ello, este panel nos convoca a descubrir cómo abordar, de manera integral, un tema central: la Constitución promueve la creación de un Estado descentralizado, humanista, multicultural y comunitario. Sin embargo, la Corte Constitucional se muestra reacia a aceptar estas transformaciones, pues se encuentra, según muchos, secuestrada por las élites. Es un asunto que tendremos que enfrentar con urgencia”.

¿Cómo se articulará el gobierno departamental para que el gobernador, dotado de poder real, pueda coordinar efectivamente la institucionalidad y evitar que la inversión pública quede fragmentada?

El experto Jorge Calvo destacó la necesidad de modificar la línea de mando vertical para que el gobernador

tenga autoridad sobre la ejecución de planes y programas en su territorio, a fin de fortalecer así la coordinación y el monitoreo.

En tanto que Santiago Rosas explicó que el avance de la descentralización se puede medir por el número de competencias transferidas. En su análisis mencionó que en 22 años se han transferido tan solo 14 competencias, lo que indica un proceso muy lento, y hace énfasis en que la descentralización también debe incluir un criterio de equidad, ya que no todos los departamentos cuentan con las mismas capacidades, lo que podría acentuar las desigualdades.

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Para finalizar, Calvo resaltó que el desafío es construir un modelo de descentralización que rompa con la concentración del poder en figuras caudillistas y que permita al Estado garantizar equidad, inclusión y el acceso a bienes y servicios.

Fotografía: INAP.
11. Santiago Rosas Panelista

Por aparte, el moderador concluyó que el debate evidencia que la transformación del Estado requiere un proceso de modernización integral, que incluya la descentralización efectiva, el empoderamiento de los gobiernos departamentales y la revisión del modelo operativo para acercar el Estado a la ciudadanía. Si bien existen procesos normativos y reglamentarios en marcha, el reto principal es asegurar que la transferencia de competencias y la coordinación interinstitucional se concreten en acciones visibles y sostenibles.

En Guatemala, la territorialización implica la construcción concreta y articulada de diferentes niveles de gobierno, así como actores del territorio, siendo necesario garantizar la coyuntura de las políticas públicas con procesos integrados que reflejen la realidad y dinámica del mismo, con el afán de acercar la acción de gobierno con la ciudadanía y fortalecer la democracia.

En respeto al principio de autonomía establecido dentro del marco normativo de la Constitución Política de la República de Guatemala, las municipalidades deberán coordinar sus políticas municipales con la Política Nacional de Desarrollo y su Plan, procurando la armonización y sinergia de acciones en beneficio de su jurisdicción, a través de la

modernización e integración de avances graduales de cada una de las instituciones según corresponda, con el objetivo de encaminar las acciones al cumplimiento de compromisos y convenios adquiridos o suscritos por el Estado de Guatemala, enmarcados en el ejercicio gubernamental.

Es importante resaltar que la necesidad de generar cambios e impulsar políticas públicas que consideren la opinión de los diferentes actores y las necesidades de los territorios, para que, a través de su ejecución se contribuya al desarrollo sostenible equitativo e incluyente, y se promueva la construcción concertada y articulada entre los diferentes niveles de gobierno, con el objetivo, que las mismas, guarden correspondencia con el contexto; cerrando las brechas territoriales y desigualdades existentes.

Temas clave

Desarrollo territorial

Gobierno departamental

Gestión local

Innovación en servicios públicos

Legislación y políticas

Desarrollo comunitario

Participación ciudadana

Descentralización

Panelistas y moderador

Víctor Hugo Godoy Morales

Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia

Karin Slowing Umaña

José Ricardo Gómez Gálvez

Consultor Nacional Presidenta Instituto de Fomento Municipal (Infom)

Jorge Calvo Drago

Consultor internacional senior en análisis de políticas públicas y gestión estratégica

Santiago Rosas

Cofundador y Director Ejecutivo del Laboratorio de Soluciones Colaborativas de Políticas Públicas

Modernización de la Función Pública en Guatemala: Desafíos del Servicio Civil y Perspectivas de la Modernización

Panel 3

Jueves, 5 de diciembre de 2024

El profesionalismo se plantea como un proceso continuo

En el contexto de la Administración Pública del siglo XXI, la carrera administrativa y la profesionalización se han consolidado como pilares fundamentales de la eficiencia y eficacia en el servicio público. Este enfoque integral busca garantizar que las instituciones estatales cuenten con personal altamente calificado y comprometido, adaptado a las demandas cambiantes del entorno y a las nuevas tecnologías.

Por ello, el desarrollo del recurso humano es esencial para mejorar la calidad del servicio público. Esto incluye la formación continua, el desarrollo de habilidades y la creación de un ambiente de trabajo que favorezca el crecimiento profesional. Lo anterior, requiere de la implementación de programas de desarrollo profesional y formación continua, así como evaluación del desempeño que implica el establecimiento de sistemas para verificar el rendimiento y proporcionar retroalimentación constructiva.

El profesionalismo del personal se plantea como un proceso continuo, con oportunidades de formación y capacitación que permitan a los servidores públicos a adaptarse a cambios y mejorar sus habilidades. En este tema, los programas de certificación y profesionalización son herramientas clave para asegurar que el personal público cuente con las credenciales y conocimientos necesarios para desempeñar sus funciones de manera efectiva. La certificación formal puede validar competencias específicas (certificación profesional) y el dominio de áreas especializadas (especialización).

Panel 3

Perspectivas de la modernización del servicio civil

En el marco de la agenda de modernización planteada por el Comité Nacional de Modernización, ¿cuáles son las perspectivas de modernización del servicio civil en Guatemala?

Según la directora de la Oficina Nacional del Servicio Civil, Karla Gómez Ramírez, la dinámica del referido comité, del Poder Ejecutivo, conlleva a cuestionar qué queremos modernizar, qué implica y cómo abordar este proceso. “Desde el inicio, comprendimos que modernizar no se reduce únicamente a revisar funciones o procesos institucionales, sino que va mucho más allá: comienza con las personas que trabajan detrás de un escritorio o en campo y que, con su labor, hacen posible que las instituciones cumplan su función al

servicio de la ciudadanía.

A menudo, al preguntar ¿qué es el servicio civil?, se asume erróneamente que se trata exclusivamente de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Sin embargo, en realidad, somos las personas que, mediante nuestro trabajo contribuimos al producto final que las instituciones entregan a la población. Esta labor, que abarca áreas como educación, salud, seguridad, y otros sectores, es fundamental para el desempeño institucional.

Por ello, el Comité Nacional de Modernización ha creado la Mesa de Servicio Civil que integra actores de diversas instituciones estratégicas (Segeplan, PGN, ministerios de Finanzas y Trabajo, entre otros) con el fin de articular esfuerzos en pos de un sistema nacional de servicio civil que vaya más allá de la labor individual, transformándose en un sistema integral que garantice la efectividad, la transparencia y la agilidad de los trámites, en beneficio tanto de la ciudadanía como de las instituciones. Además, se busca promover la meritocracia en el ingreso y desarrollo del servicio civil. Al fortalecer la carrera administrativa, aseguramos que cada servidor público cuente con

13. Karla Gómez

Fotografía: INAP.
Panelista

las competencias y la calificación necesaria para ofrecer un servicio especializado, profesional y evaluado correctamente, lo que a su vez recupera la confianza de la ciudadanía en las instituciones estatales”.

Cuando hablamos de modernización en la administración pública desde la perspectiva indígena, ¿a qué nos referimos y qué elementos se deben considerar?

Al respecto, la especialista en Políticas Públicas, Delfina Mux Caná explicó que la modernización del Estado depende en gran medida del tipo de administración pública que tengamos, y ésta, a su vez, se vincula con la naturaleza del Estado. Los pueblos indígenas, siendo sujetos políticos y culturalmente heterogéneos, aspiramos tanto a la refundación de un Estado que se adapte a las necesidades de la nación.

“La modernización debe ser integral y multidimensional, considerando cambios a nivel individual, colectivo y grupal. Mi experiencia, después de 11 años trabajando en el Estado en distintos roles (tanto como servidora como funcionaria), me ha permitido comprender que la transformación institucional no es solo técnica, sino esencialmente política. A veces, procesos como la elaboración de planes departamentales se ven condicionados por quien financia o dirige dichos procesos.

En cuanto al servicio civil, es crucial que se promueva la formación en diversidad y derechos colectivos. Los servidores públicos deben conocer la realidad, la legislación y los mecanismos propios de los pueblos indígenas, así como la importancia del bilingüismo y el respeto por las culturas. Es fundamental que la Administración Pública se acerque a la ciudadanía, facilitando procesos accesibles y transparentes, para que los funcionarios públicos sean verdaderos agentes de cambio que respondan a las necesidades de una sociedad pluricultural. 14

De acuerdo con la experiencia de modernización del servicio civil en Chile, ¿qué estrategias de inicio se podrían considerar para el caso de Guatemala?

Para Pedro Guerra Elohim, la modernización del servicio civil en Chile ha sido un proceso evolutivo que se ha ajustado a las necesidades y contextos del país. Inicialmente, la modernización respondió a una crisis de corrupción en los primeros años de la democracia, lo que impulsó la creación del servicio civil en 2003.

En ese contexto, se implementaron mecanismos para transparentar el ingreso y la selección del personal, con énfasis en el mérito. Luego, se avanzó en la mejora continua mediante la medición permanente de indicadores y el establecimiento de programas de mejoramiento de la gestión.

En 2016 se promulgó una reforma que fortaleció las facultades normativas del servicio civil, permitiendo regular de manera transversal las políticas de empleo público, transparencia, meritocracia y carrera administrativa.

Esta experiencia mostró la importancia de contar con equipos técnicos que conozcan en profundidad el funcionamiento de las instituciones y que trabajen en conjunto con diversos actores (ministerios, sindicatos, centros de pensamiento) para garantizar la efectividad de las reformas.

¿Cuáles son las acciones por llevar a cabo en la Oficina Nacional de Servicio Civil, de cara a la modernización?

A criterio de Karla Goméz Ramírez, la estrategia se enmarca dentro de la política general de gobierno, orientada a cumplir objetivos de desarrollo sostenible y a consolidar una administración pública en paz y justicia.

“Entre las acciones que estamos impulsando se encuentra el fortalecimiento de la rectoría de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Esto implica dotar a la institución de los recursos presupuestarios, humanos e informáticos necesarios para incrementar y modernizar el sistema informático de administración pública, desarrollado inicialmente

Fotografía: INAP.
15. Pedro Guerra Panelista

en 2015 y que, a casi diez años de su implementación, requiere mejoras significativas.

Además, se trabaja en actualizar los instrumentos técnicos y normativos que rigen el servicio civil, revisando aspectos como la actualización de la Ley de Servicio Civil y su reglamento, la revisión de los tiempos y procesos de evaluación de desempeño, y la planificación estratégica en materia de recursos humanos. Se hace un llamado a las instituciones para que realicen un diagnóstico profundo de sus necesidades en cuanto a capacitación, dotación y asignación de tareas, de modo que se garantice la equidad, la eficiencia y, sobre todo, la calidad en la prestación del servicio a la ciudadanía.

En el marco de la propuesta de modernización, ¿cuál es la perspectiva desde la población indígena del servicio civil?

Delfina Mux Caná indicó que la perspectiva indígena implica reconocer la importancia de actualizar y armonizar la legislación vigente. Por ejemplo, es indispensable que la Ley de Servicio Civil se articule con otras normativas relacionadas para que la administración pública refleje la diversidad cultural del país. Se debe promover que los servidores públicos, independientemente de su

origen, reciban formación en temas de derechos colectivos, diversidad y cultura indígena.

Asimismo, es fundamental implementar políticas que garanticen la atención en los idiomas mayas. Actualmente, existen confusiones en la escritura de ciertos términos propios de estos idiomas, lo que evidencia la necesidad de establecer normas claras y de capacitar a los funcionarios al respeto y la promoción de la interculturalidad.

Finalmente, se requiere fortalecer los mecanismos de participación ciudadana y de auditoría social para que la administración pública no solo responda a la agenda de modernización, sino que lo haga de manera inclusiva y acorde con las necesidades y demandas de los pueblos indígenas.

¿Qué lecciones se han aprendido en el proceso de modernización del servicio civil en Chile?

Pedro Guerra Elohim detalló que la experiencia chilena nos enseña que para modernizar el servicio civil es esencial asumir el rol del ente normativo y asesor en la gestión del empleo público. Durante los primeros años se establecieron procesos que, aunque exitosos en la instalación del servicio civil, requirieron ajustes profundos para consolidar el sistema. Uno de los aprendizajes fundamentales es la importancia de que los equipos encargados conozcan en profundidad el funcionamiento de las instituciones a las que sirven. Esto implica no solo dictar normativas, sino también acompañar, capacitar y establecer mecanismos de seguimiento y evaluación de los procesos implementados.

Además, es vital generar alianzas estratégicas con diversos actores, como ministerios, sindicatos, consultoras y centros de pensamiento, para que la modernización se ajuste a la realidad y necesidades de cada institución. La experiencia también ha demostrado que la transformación debe abordarse desde un rol de socio estratégico, no desde una posición aislada o meramente técnica. Solo así se logra que las reformas en materia de carrera, evaluación y desarrollo de talento sean aceptadas y se consoliden en el mediano y largo plazo.

Finalmente, se reconoce que la modernización del servicio civil es un proceso dinámico y que, para que la administración pública funcione adecuadamente, es necesario salir de paradigmas antiguos y adoptar una visión orientada al bien común, que integre a toda la ciudadanía y que responda de manera ágil y eficiente a sus necesidades.

La Administración pública y, en particular el servicio civil, es dinámica y adaptable a las exigencias de una sociedad en constante cambio. El éxito de la modernización dependerá del compromiso de los servidores públicos, de la actualización de la normativa vigente, y de la integración de una perspectiva intercultural que garantice la participación activa y el respeto por la diversidad.

Objetivo

Destacar la importancia de la profesionalización y el fortalecimiento de la carrera administrativa para consolidar una administración pública más eficiente, transparente y al servicio de la ciudadanía.

Temas clave

Modelo de servicio civil para lograr altos niveles de eficiencia y eficacia

Carrera administrativa

Administración y gestión pública

Desarrollo profesional

Certificación y especialización

Normas éticas y transparencia en el reclutamiento de personal

Adaptación a nuevas tecnologías

Rendición de cuentas y evaluación

Marco legal

Horizontalidad de la inclusión en la modernización del Organismo Ejecutivo

Panelistas y moderador

Delfina Mux Caná

Especialista en Políticas Públicas

Especialista en Gestión y desarollo de RRHH

Karla Gómez Ramírez

Directora Oficina Nacional del Servicio Civil

Santiago Manuel Rodríguez

Director de Puestos y Remuneraciones Oficina Nacional de Servicio Civil

Pedro Guerra Loins

Participantes del Congreso

Fotografías: UCOSIP - INAP

Hacia una estrategia y sistema nacional anticorrupción para el fortalecimiento del servicio público

Panel 4

Viernes, 6 de diciembre de 2024

La ética como pilar fundamental de la buena gobernanza

La aplicación de principios éticos en la administración y gestión pública es fundamental para asegurar que las instituciones operen con transparencia y responsabilidad, a fin de generar legitimidad gubernamental no solo para fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos, sino también para prevenir el mal uso de los recursos públicos y promover una gestión transparente y eficiente.

Abordar este tema es vital para garantizar que todas las acciones, programas y políticas públicas que se formulen y se ejecuten sean acordes con principios éticos y jurídicos, en busca de una sociedad más justa.

De acuerdo con ello, es fundamental incrementar las capacidades de las instituciones públicas, en cuanto al conocimiento jurídicolegal entre los servidores y funcionarios públicos, para facilitar la información sobre las normativas vigentes y los principios éticos. También es necesario establecer y aplicar códigos de ética claros y específicos, complementados por mecanismos anticorrupción robustos, como auditorías y revisiones periódicas.

Asimismo, mejorar el acceso a la información pública y los canales de denuncia garantizará una mayor transparencia y permitirá una rendición de cuentas más efectiva, esto incluye la implementación de políticas rigurosas, el fortalecimiento de las instituciones contraloras y la promoción de una cultura de cero tolerancias hacia la corrupción. Promover una cultura de integridad y establecer sistemas de evaluación y monitoreo también son pasos vitales para fomentar una administración y gestión pública ética.

Un líder político comprometido requiere una visión honesta del futuro

Uno de los temas centrales del panel 4 fue la implementación de sistemas de integridad, donde, se enfatizó que un sistema de integridad articula diversos esfuerzos, el cual empieza por un liderazgo político comprometido.

Es imprescindible contar con un código de ética robusto que incluya medidas de implementación y obligue a la creación de oficinas de asuntos de probidad en cada dependencia; además, se deben establecer canales de denuncia anónimos y seguros, así como mecanismos para detectar riesgos, realizar diagnósticos y capacitar al personal.

Antes de la imposición de canales de denuncia se ha trabajado en coordinación con el INAP en definir cómo deben gestionarse las denuncias para que el proceso sea ordenado y planificado.

Género, Evaluación y Cooperación Internacional

Los panelistas abordaron la necesidad de adoptar una perspectiva de género en las políticas anticorrupción. Se destaca que, en foros internacionales como la última conferencia de la COS en Atlanta, se han incluido resoluciones que reconocen el impacto diferenciado de la corrupción en las mujeres y la importancia de garantizar el acceso a bienes y servicios públicos sin barreras de sobornos o discriminación.

También expusieron el funcionamiento del mecanismo de examen entre pares, el cual permite evaluar la implementación de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Este mecanismo sirve para identificar

Fotografía: INAP. 17. Integrantes Panel 4

brechas, compartir buenas prácticas y promover la asistencia técnica entre países. Se mencionaron ejemplos de países de la región, como Argentina, Chile, México y República Dominicana, que han implementado con éxito sistemas informáticos de compras públicas y otros mecanismos tecnológicos que han contribuido a reducir la discrecionalidad y aumentar la transparencia en la gestión pública.

Además, resaltaron la importancia de un monitoreo constante y la evaluación de las políticas anticorrupción para asegurar que los esfuerzos preventivos y las medidas correctivas realmente se traduzcan en una mejora en la percepción de la corrupción y en la eficiencia de los servicios públicos.

Los oradores subrayaron los retos tecnológicos, como la automatización de procesos y la reducción de la intervención discrecional a través de sistemas digitales, como herramientas fundamentales para combatir la corrupción, y destacaron la necesidad de romper la cultura del papel para modernizar la gestión mediante el uso de inteligencia artificial, drones, escáneres y plataformas de rendición de cuentas que permitan un seguimiento detallado de las obras públicas y otros procesos estatales.

Añadieron que el éxito de cualquier estrategia anticorrupción depende de la formación continua de los funcionarios públicos, de la claridad en las normativas y de la implementación de medidas de transparencia que permitan sancionar a quienes incumplen con su deber sin afectar la calidad del servicio público.

Objetivo

Promover el intercambio de experiencias y la reflexión sobre cómo fortalecer la ética, la transparencia y la integridad en la institucionalidad pública, con el fin de prevenir y combatir la corrupción.

Temas clave

Ética en la administración y gestión pública

Conocimiento jurídico-legal en el sector público

Combate a la corrupción

Código de ética

Mecanismos anticorrupción

Acceso a la información

Mecanismos de Rendición de Cuentas

Observación y monitoreo

Prevención de conflictos de interés

Participación ciudadana

Panelistas y moderador

Aran Mayola Huguet

Coordinador de Proyecto en el Hub Anticorrupción para América Latina y el Caribe (UNODC)

Julio Enrique Flores Reyes

Director Ejecutivo de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC)

Director de Fortalecimiento a Mecanismos de Detección y Denuncia Institucional en la Comisión Nacional contra la Corrupción

Jorge Daniel Calderón

Presidente:

Eduardo Antonio Velásquez Carrera

Directora suplente por el Ministerio de Finanzas: Ana Beatriz Uribio Taylor

Directora propietaria por el Ministerio de Educación:

Anabella María Giracca Méndez

Director suplente por el Ministerio de Educación: José Carías Valenzuela

Directora propietaria por la Oficina Nacional del Servicio Civil:

Karla Argentina Gómez Rivera

Director suplente por la Oficina Nacional del Servicio Civil:

Juan Carlos Carrera Campos

Director propietaria por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: Hugo Allan García Monterrosa

Director suplente por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia: Alessandro Mecca Acevedo

Secretaria: Ruth Elisabeth Avalos Castañeda

Memoria del Décimo Congreso Nacional de Administración Pública

Créditos

Dirección general

Elisabeth Avalos

Coordinación

Eluvia Morales

Edición y redacción

Erick Campos

Colaboración

José Ayala

Diseño y diagramación

Elsa Close

Fotografía

Juan Miguel Sandoval y Luis Mansilla

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