1
Equipo de trabajo Director: Gonzalo Straface ......................................................................................................................................................................... Secretario de Redacción: Maximiliano Campos Ríos ......................................................................................................................................................................... Equipo Editorial: Mario Katzenell, Karina Nieto, Leila Tirpak, Isidoro Sorkin, Nicolás Vázquez, Paula Bercovich, Natalia Larsen ......................................................................................................................................................................... Asesor Editorial: Pablo Bulcourf ......................................................................................................................................................................... Corrección: Nadia Gabriela Caratti ......................................................................................................................................................................... Diseño y Diagramación: Lucía Fernández Carrascal .........................................................................................................................................................................
El editor no se responsabiliza por los conceptos, opiniones o afirmaciones vertidas en los artículos de los colaboradores de la publicación, que son a título personal y de exclusiva responsabilidad de los respectivos autores. Apuntes para la modernización del Estado es una publicación de la Dirección Nacional Escuela de Alta Dirección Pública, dependiente del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) de la Secretaría de Empleo Público del Ministerio de Modernización de la Nación. Es de carácter mensual y de distribución gratuita, tiene por objetivo la divulgación de la producción científica y académica del área de trabajo de la Escuela de Alta Dirección Pública. El contenido de esta publicación o las opiniones de los autores aquí incluidos no reflejan necesariamente el posicionamiento de la Escuela de Alta Dirección Pública, ni de las demás áreas de la que depende, ni del Ministerio de Modernización de Nación de la República Argentina. Dirección: Av. Roque Sáenz Peña 511 (Oficina 706), San Nicolás, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Código Postal: C1035AAA — Teléfono: 4343-9001 — Interno: 706 Correo electrónico: formación@modernización.gob.ar / revistaestadoabierto@gmail.com ISSN 2469-2417
2
ÍNDICE 4. EDITORIAL
....................................................................................................................................................
5. ENTREVISTA A Ulpiano Leandro Suarez
....................................................................................................................................................
8. ESTADO DE LA CUESTIÓN Gobierno abierto en el Uruguay Por José Miguel Busquets
....................................................................................................................................................
11. ESTUDIOS Y ARTÍCULOS El carácter instrumental del derecho a la información pública y la transparencia focalizada como herramienta para su goce efectivo Por Daiana Estefanía Yovan La equidad de género como eje orientador de las políticas estatales: del concepto a la incorporación Por Susana Campari y Silvana Mondino
....................................................................................................................................................
23. RESEÑAS Evaluación de políticas públicas. Técnicas cuantitativas Por Pablo Bulcourf Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Tendências nacionais e internacionais Por Nelson Cardozo
....................................................................................................................................................
25. PROGRAMAS Y PROYECTOS Renovación del INAP y compromiso con las provincias
....................................................................................................................................................
26. AGENDA Agenda de eventos
....................................................................................................................................................
27. COLABORACIONES Página de colaboración
3
Editorial
Apuntes para la modernización del Estado pretende ser una herramienta de difusión de los paradigmas presentes en los debates, no solo locales, sino también internacionales, sobre la planificación y la mejora de los servicios y la capacitación del empleo público. Este número da cuenta de los procesos que se promueven a partir de las ideas de modernización y las dificultades que presenta la compleja realidad que se busca modificar. Sin ignorar esto, avanzamos con optimismo en el escenario del siglo xxi acompañando la renovación del compromiso hacia el futuro del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP). Los estudios y artículos reflexionan sobre el involucramiento de los ciudadanos, la igualdad de la participación en los espacios de poder, la transparencia en la gestión y el acceso a la información como verdadera herramienta de transformación y garantía de la protección de los derechos y las libertades civiles. A su vez, describen los cambios generados a partir de las demandas de injerencia en todos los niveles de las políticas públicas. Este boletín mensual es editado por la Escuela de Alta Dirección Pública, cuyo objetivo consiste en capacitar a los agentes y directivos públicos en pos de construir un Estado moderno al servicio de la ciudadanía. Este énfasis en la formación responde a la necesidad de consolidar los procesos de toma de decisión y alcanzar los estándares a los que apuntan los países que se encuentran trabajando en la modernización de sus administraciones.
4
Entrevista Entrevista a Ulpiano Leandro Suarez, subsecretario de Gestión Pública y Modernización del Estado del Ministerio de Gobierno, Trabajo y Justicia de la provincia de Mendoza Ulpiano Leandro Suarez nos cuenta cuál era la situación de la Provincia en diciembre de 2015, cuál es el balance a diecisiete meses de gestión y cómo imagina los próximos años
—¿Cuál era la situación de la provincia de Mendoza al comenzar la gestión del gobernador Cornejo y su equipo en diciembre de 2015?
el costo de las pésimas administraciones y se quedaba sin servicios básicos, como seguridad, salud y educación, o recibía servicios de mala calidad, cuando los recibía.
—Si bien considero que, a esta altura de la gestión, ya no debemos hablar de herencia, sino mirar hacia delante y proyectar, es importante recordar que, en diciembre de 2015, Mendoza atravesaba una gravísima crisis financiera. Veníamos de años en los que nuestra provincia registraba un aumento significativo del gasto público que no se acompañaba de mejoras en la estructura administrativa ni de eficiencia en la gestión. Encontramos una planta de empleados y funcionarios sobredimensionada, a la que, además, no se le brindaba capacitación. Éramos una provincia que no solo no les pagaba a sus proveedores, sino que debía endeudarse para costear sueldos; las designaciones de los agentes públicos y los ascensos se hacían a dedo y no por mérito, y, lamentablemente, el único perjudicado era el mendocino, que pagaba
Para revertir esa situación caótica, necesitábamos reordenar las finanzas públicas y, fundamentalmente, avanzar hacia la modernización del Estado. Esto último requiere una fuerte voluntad de quienes gobiernan, voluntad política que quedó claramente plasmada con la creación de la Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, cuyo principal objetivo es diseñar y planificar políticas para generar un nuevo Estado más transparente y dotado de una administración ordenada, moderna y eficiente, en definitiva, un mejor Estado al servicio de los mendocinos.
«Para revertir esa situación caótica, necesitábamos reordenar las finanzas públicas y, fundamentalmente, avanzar hacia la modernización del Estado»
—A diecisiete meses de gestión en la Provincia, ¿cuál es el balance que hace la Subsecretaría? —Teníamos claro que nuestro gran desafío era instalar en la Provincia un nuevo modelo de 5
Entrevista
gestión. Y, para ello, fue muy importante no solo la implementación del Plan Nacional de Modernización del Estado (Decreto N.o 434/2016), cuyos ejes y objetivos compartimos y hemos hecho propios con nuestra adhesión, sino también el constante apoyo y acompañamiento por parte de las diversas áreas del Ministerio de Modernización de la Nación y la fructífera participación en el Consejo Federal de Modernización e Innovación en la Gestión Pública (COFEMOD). En estos diecisiete meses, hemos trabajado en coordinación con todas las áreas del Gobierno provincial, con el Gobierno nacional y con los municipios para que la Modernización no sea un simple título vacío de contenido, sino una política de Estado que trascienda las gestiones y llegue con acciones concretas. El balance de gestión nos permite afirmar que, en Mendoza, la Modernización del Estado ha llegado con acciones concretas, como la implementación del expediente electrónico, la utilización de la firma digital, una verdadera gestión integral de recursos humanos, la despapelización administrativa a través del bono de sueldo y el boletín oficial digitales, la apertura del gobierno a través del reciente Portal de Datos Abiertos, la realización de concursos para ascensos en la administración 6
pública y otras acciones en la misma línea. Esas acciones concretas, pasos que hemos dado en el interminable camino de la modernización y la mejora del Estado, nos permiten afirmar que estamos ante un nuevo modelo de gestión pública, con un Estado presente, inteligente, más moderno, transparente, eficiente y eficaz; en definitiva, un Estado al servicio de los mendocinos, que, tal como lo ha expresado el gobernador Cornejo, es un requisito necesario para disminuir la pobreza, mejorar la calidad de los servicios públicos y la distribución del ingreso, ser más competitivos en lo económico y, más armónicos y equitativos en lo social. —¿Cómo imagina los próximos años de gestión? —Mendoza es parte del Compromiso Federal para la Modernización del Estado, por lo tanto, continuaremos trabajando para simplificar y agilizar los trámites administrativos y, de esa forma, hacer más sencilla la vida de los ciudadanos. Asimismo, nos proponemos jerarquizar el empleo público y que los empleados se sientan orgullosos de serlo, transparentar la gestión y fomentar la participación ciudadana, fortalecer la gestión por resultados y la calidad de
«... estamos ante un nuevo modelo de gestión pública, con un Estado presente, inteligente, más moderno, transparente, eficiente y eficaz...»
Entrevista
los servicios y políticas públicas, y favorecer la inclusión digital de todos los mendocinos.
que se constituye en un hito en la historia de la administración pública provincial.
En el ámbito del recientemente creado Comité de Modernización del Estado de la Provincia de Mendoza, definiremos las metas para el período 2017-2019 y continuaremos trabajando coordinadamente con el Ministerio de Modernización.
Al proyectar nuestra gestión, no podemos dejar de hacer hincapié en algo que, seguramente, todos compartimos: el principal destinatario, el norte de nuestros esfuerzos, debe ser el ciudadano, quien tiene derecho a exigirnos mejores servicios, una mejor calidad de vida, más seguridad, mejor educación y prestaciones de salud. Para todo ello, es indispensable una gestión pública de calidad, obligación ineludible del Estado moderno y, más aún, en épocas de crisis en las que debemos orientarnos urgentemente y de manera eficiente a la búsqueda de resultados que impacten, sobre todo, en los sectores más vulnerables, en los grupos más frágiles de la comunidad, a quienes más afecta la ineficiencia del Estado.
De los ejes y objetivos tanto del Plan Nacional como del Compromiso, destaco como primordial el de jerarquizar el empleo público. No serán posibles la modernización administrativa y una gestión de calidad, transparente y orientada a los resultados si no contamos con servidores públicos capacitados, que tengan herramientas para convertirse en artífices del cambio, del nuevo modelo de gestión. Por eso, destacamos la labor realizada en 2016 y en este 2017 por parte del Ministerio de Modernización, que ha compartido con nosotros jornadas de capacitación llevadas a cabo por la Escuela Superior de Gobierno, hoy Escuela de Alta Dirección Pública. Y, hace días, dimos un paso muy importante al crear el Instituto Provincial de la Administración Pública, que coordinará las acciones tendientes a detectar las necesidades de capacitación y los programas de formación. Esperamos contar con el apoyo y el acompañamiento del INAP en este proceso de capacitación,
En definitiva, nuestras metas estarán orientadas al objetivo más importante de nuestro gobierno: modernizar el Estado para mejorar la calidad de vida de los mendocinos, construir un Estado al servicio de la gente, que trascienda las generaciones para que nuestros hijos y nietos vivan en una sociedad más democrática, abierta, justa y equitativa.
7
Estado de la cuestión
Gobierno abierto en el Uruguay
Por José Miguel Busquets Profesor e investigador de la Universidad de la República (UDELaR)
Palabras iniciales Estas líneas tienen el propósito de describir la trayectoria de la conformación del gobierno abierto en el Uruguay, así como dar cuenta de sus rasgos más salientes. En julio de 2011, la iniciativa Alianza para el Gobierno Abierto (por sus siglas en inglés, OGP) nacía en el marco de la Asamblea General de la ONU en Nueva York como una propuesta de los entonces presidentes de los EE. UU. y del Brasil, Barack Obama y Dilma Rousseff. Se trataba de una iniciativa multilateral para promover políticas de transparencia basadas en los principios de confianza pública, sistema de transparencia y participación de la sociedad con el gobierno. Desde sus primeros años de vida, la OGP ha sido una propuesta exitosa: comenzó con 8 países fundadores —el Brasil, los Estados Unidos, Filipinas, 8
Indonesia, México, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica—, hoy el número alcanza a 70. La OGP cuenta con un comité directivo que tiene la particularidad de incluir a representantes de los gobiernos y de la sociedad civil de forma equitativa. Los países que deseen integrarse deben cumplir previamente con ciertos estándares o requisitos previos: transparencia fiscal, leyes que garanticen el derecho público de acceso a la información y datos gubernamentales, normas de publicación de declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos electos y altos cargos y, finalmente, involucramiento ciudadano en la toma de decisiones, así como garantía de las protecciones básicas a las libertades civiles. Para aquellos casos que no cumplan estos requisitos mínimos, la propia OGP dispone de mecanismos de asistencia para los países interesados a través de la Unidad de Apoyo.
Estado de la cuestión
Además de ratificar la Declaración de Gobierno Abierto, los países miembro deben elaborar planes de acción nacionales de carácter bianual, los cuales están sujetos a consulta pública y a reportes independientes de seguimiento y evaluación. En setiembre de 2011, el Uruguay adhirió a la OGP y comenzó a desarrollar el Primer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto. La Agencia para el Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y el Conocimiento (AGESIC) tuvo a su cargo su gestión. En agosto de 2012, se aprobó oficialmente el primer plan. En noviembre de 2011, por resolución del Presidente de la República, se creó el Grupo de Trabajo de Gobierno Abierto. En su primera versión, incluyó como miembros a la AGESIC, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP), el Ministerio de
Economía y Finanzas (MEF) y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).
«Además de ratificar
En junio de 2012, por resolución de la AGESIC, se incluyó a un representante del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, del Centro de Archivos y Acceso a la Información (CAINFO), de la Asociación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales (ANONG) y del Congreso de Intendentes. Luego, a pedido de la sociedad civil, su representación se amplió a dos.
la Declaración de
Finalmente, en noviembre de 2016, por resolución del Presidente de la República, se incluyó a un representante del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM), y se amplío la invitación a participar a los poderes Legislativo y Judicial.
de seguimiento
Gobierno Abierto, los países miembro deben elaborar planes de acción nacionales de carácter bianual, los cuales están sujetos a consulta pública y a reportes independientes y evaluación»
Planes de acción y diálogo El Uruguay ha formulado tres planes de acción. Mientras que 9
Estado de la cuestión
el primero (2012-2014) logró desarrollar 18 compromisos en 3 ejes temáticos, el segundo (2014-2016) permitió concretar 40 en 8 ejes, y el tercero (2016-2018) 65 en 12 ejes. La particularidad de los últimos dos planes consiste en la realización de compromisos en el marco de Mesas de Diálogo; el segundo plan logró concretar 10 compromisos a través de esa modalidad, y el tercero, 26. En síntesis, el caso del Uruguay se caracteriza por la particularidad de incorporar a partir del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto mecanismos de diálogo para desarrollar compromisos, mecanismos que han obtenido una productividad creciente. Finalmente, corresponde dejar constancia de la participación en el Grupo de Trabajo, por un lado, de la academia y, por el otro, del creciente involucramiento de la sociedad civil. Todo indica que, quizás, estemos saliendo de la etapa fácil de la que habla Oscar Oszlak (2013).
10
Referencias bibliográficas Obama, B. (2009). «Transparency and Open Government: Memorandum for the Head of Executive Departments and Agencies». En The White House [en línea]. Disponible en <https://www.whitehouse. gov/the_press_office/TransparencyandOpenGovernment> [Consulta: 19 de enero de 2017]. Oszlak, O. (2013) «Gobierno Abierto: hacia un nuevo paradigma de gestión pública». En Colección de documentos de trabajo sobre e-Gobierno, (5).
Documentos institucionales de consulta República Oriental del Uruguay. Presidencia. Segundo Plan de Acción 2014-2016 [en línea]. Disponible en <http://www.agesic.gub. uy/innovaportal/file/3801/1/plan_accion_uruguay_20142016_f.pdf> [Consulta: 19 de enero de 2017]. — Tercer Plan de Acción Nacional de Gobierno Abierto de Uruguay 2016-2018 [en línea]. Disponible en <http://www. opengovpartnership.org/sites/default/files/Uruguay_3Plan-Accion_GA_V22.pdf> [Consulta: 19 de enero de 2017].
Estudios y artículos El carácter instrumental del derecho a la información pública y la transparencia focalizada como herramienta para su goce efectivo
Por Daiana Estefanía Yovan Lic. en Ciencia Política (UBA). Candidata a Magíster en Derechos Humanos (UNLa). Especialización en Gobierno Abierto (OEA). Docente del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Correo electrónico: <daiana.yovan@gmail.com>
Resumen El presente trabajo busca analizar si las políticas públicas de transparencia focalizada representan una herramienta útil para hacer efectivo el goce del carácter instrumental del derecho al acceso a la información. Se parte de la hipótesis de que, con la elaboración de políticas de transparencia focalizada, es posible que los gobiernos se adelanten a la demanda ciudadana de información al hacerse públicos de forma proactiva y sectorial datos específicos y, de este modo, generen incentivos y comportamientos benéficos para la sociedad. Abstract This article seeks to analyze whether the public policies of targeted transparency represent a useful strategy to make a more effective use of the right to freedom of information. In that order, the hypothesis of this paper is that with a more development of policies of targeted transparency, it is more possible for governments to anticipate the public demand of information. In that way, the strategy of disclosing public information and publicizing specific data could generate improvements in social behaviour.
11
Estudios y artículos
¿De qué hablamos cuando hablamos de derecho humano al acceso a la información? La información pública tiene valor propio, en la medida en que respalda los actos de gobierno y su correcto funcionamiento institucional, y constituye una herramienta para la rendición de cuentas y la fiscalización de los poderes públicos. Adicionalmente, posee valor instrumental, en tanto funciona como presupuesto para el ejercicio de otros derechos (Abramovich y Courtis, 2000). Por consiguiente, el derecho a la información pública presenta un doble carácter: como derecho fundamental y como deercho instrumental. En tanto derecho fundamental, dado que su goce efectivo es indispensable para el desarrollo de la democracia, se erige como uno de los valores más relevantes del sistema republicano. El acceso a la información pública le sirve a la ciudadanía como herramienta para evaluar la transparencia de la gestión individual de los funcionarios públicos, así como los resultados de políticas públicas. Además, es indispensable para la participación ciudadana, tanto en el ejercicio del derecho a voto como para participar en la formulación de políticas públicas o en la toma de decisiones públicas o de efecto público (Abramovich y Courtis, 2000). 12
En tanto derecho instrumental, se presenta como requisito sine qua non para garantizar derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, colectivos y, finalmente, de libertad y autonomía. Una de las dimensiones más destacadas de este punto es que la posesión de información opera como presupuesto de oportunidad de una decisión racional del ciudadano titular de derecho. Por ejemplo, en el caso del derecho a la educación, es sumamente significativo que el ciudadano tenga pleno goce del derecho al acceso a la información —siempre que esté actualizada y sea suficiente y útil— acerca del estado de las prestaciones sociales en esta materia. No obstante, cómo efectivizar este derecho instrumental es un desafío. Una de las respuestas que surge es la posibilidad de que se modifique el modo en el que se concibe en la actualidad la información pública y se la convierta en un elemento verdaderamente útil para los ciudadanos. A esto apunta el desarrollo de las llamadas estrategias de transparencia focalizada (OEA, 2013). Este escrito busca abordar esta relación.
Estrategias de primera y de segunda generación El reconocimiento del derecho al acceso a la información
«El acceso a la información pública le sirve a la ciudadanía como herramienta para evaluar la transparencia de la gestión individual de los funcionarios públicos, así como los resultados de políticas públicas»
Estudios y artículos
pública como derecho fundamental ha sido un proceso que adquirió gran relevancia a nivel mundial como signo de consolidación de la democracia. No obstante, se dio en un período de tiempo muy breve. En 1990, solo 13 países habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que, en la actualidad, hay más de 100 leyes aprobadas en todo el mundo (UNESCO, 2016). En 2015, la Argentina se sumó a esta lista de países al sancionar la Ley N.o 27 275, de Derecho de Acceso a la Información Pública. La legislación en la materia implica que toda la información del Estado debe estar abierta de manera general a toda la ciudadanía para dar cumplimiento a la obligatoriedad de este derecho político como derecho a saber. Por esto, el objetivo de estas legislaciones suele ser amplio y abstracto, pero, principalmente, tienden a fomentar mejoras en las instituciones del Estado: la apertura de toda la información pública —salvo excepciones señaladas— y la garantía de su acceso contribuyen a prevenir y controlar la corrupción (OEA, 2013). De esta forma, se les reconoce a los ciudadanos el carácter de fundamental al derecho al acceso a la información que señalábamos en el apartado anterior. Pero, en la práctica, este derecho —su interpretación y
su práctica— ha ido avanzando de modo tal que el ciudadano ya no es un usuario pasivo, y, en cuanto al concepto de información exigible —no solo pública—, ya no se considera «solo a la información general sobre la gestión de los recursos públicos por parte del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, actividades económicas y políticas, entre otras» (OEA, 2013: 17). Tal como señala Mariñez Navarro (2014: 456), «hoy esa apertura debe focalizarse de tal forma que determinados procesos, trámites, así como sectores sociales específicos puedan mejorar y beneficiarse de la transparencia». Se comienza a demandar el reconocimiento del carácter instrumental de este derecho, y emergen como necesarias estrategias de segunda generación que permiten ir hacia políticas públicas activas que les proveen a los ciudadanos información de forma focalizada y en función de sus reales necesidades y requerimientos (OEA, 2013). El debate acerca de la transparencia se direcciona no solo a la de primera generación, sino que la de segunda generación comienza a ocupar un lugar en la agenda política. Esta generación se denomina transparencia focalizada.
13
Estudios y artículos
¿Qué es la transparencia focalizada? Como se ha señalado, la información —y su acceso— posee caracter y valor instrumental. Esto puede comprenderse con el concepto de transparencia focalizada, que consiste en promover el acceso a la información a través del diseño y la implementación de sistemas o mecanismos de acceso en sectores o áreas de específicas (Baena Olabe y Cruz Veyra, 2011). Dado que el acceso a la información tiende a adquirir mayor impacto cuando se focaliza en áreas de interés específicas y bien definidas de las personas (OEA, 2013), los gobiernos desarrollan estrategias y políticas públicas que ya no tienen únicamente como objetivo brindar información general, sino información específica a públicos específicos, como aquella referente a mejores escuelas, hospitales de alta calidad y toda aquella que implique un mayor cuidado de los consumidores y productos (Fung, Graham y Weil, 2007). La transparencia focalizada necesita que los gobiernos publiquen información estandarizada y particular que busque resolver un problema social concreto o lograr un beneficio social específico. Esto implica que «1) el centro de atención sea el usuario de la 14
información (sus necesidades, intereses y capacidades para entender la información), y 2) estén basadas en las necesidades, intereses y capacidades de publicación de las organizaciones civiles, públicas y corporaciones» (Mariñez Navarro, 2014: 456). Con la transparencia focalizada, la difusión de la información —por medio de canales de comunicación adecuados y útiles según los propósitos esperados y compuesta por elementos bien determinados— debe tener un objetivo concreto y una audiencia específica que deberá recibir algún tipo de beneficio con esta información. El fin es que los individuos se apropien de aquella para tomar y modificar sus propias decisiones, cambiar sus comportamientos y conductas. Los gobiernos pueden usar estrategias y diseñar políticas públicas de transparencia focalizada ya sea para reducir riesgos, mejorar servicios o con el propósito de aprovechar áreas de oportunidad para la ciudadanía en materia de educación, salud, seguridad pública, estabilidad financiera, medioambiente, etc. (OEA, 2013).
Análisis de caso: los derechos del consumidor Como se ha visto hasta ahora, la información pública o
Estudios y artículos
aquella brindada por los gobiernos se constituye como condición indispensable para el ejercicio del derecho-autonomía o del derecho de libertad de la ciudadanía. Además, es posible hallar varios ejemplos en los cuales el ejercicio efectivo de determinado derecho solo adquiere sentido cuando se acompaña de la existencia de información que haga posible una verdadera elección. En el contexto de una economía de mercado, la información se constituye en un presupuesto básico de la libertad de elección, y de contratación de bienes y servicios (Abramovich y Courtis, 2000). El caso concreto de un derecho que precisa políticas de transparencia focalizada por parte de los gobiernos para poder concretarse es el artículo 42 de la Constitución Nacional, que les reconoce a los consumidores y usuarios el derecho a la «información veraz y adecuada» en la relación de consumo y, del mismo modo, en su artículo 4, la Ley N.o 24 240, de Defensa del Consumidor, se refiere al derecho a una información «cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente». Un ejemplo notable de aplicación de esta exigencia en nuestra jurisprudencia es el fallo de la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones
en lo Contencioso Administrativo Federal «Defensor del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y otro c. Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (ex PAMI)». Este fallo reconoce la vulneración del derecho de los beneficiarios de la prestación a obtener por parte de la institución estatal «información cierta, objetiva, veraz, detallada, eficaz y suficiente para poder ejercer su derecho a optar de una manera reflexiva y razonada». La Cámara afirmó: «(l) la información (...) está dirigida a racionalizar las opciones del consumidor y usuario, y tiene por objetivo la transparencia, es decir, permitirle ilustrarse para decidir con conocimiento acabado las cualidades y atributos de los servicios puestos a disposición» (Abramovich y Courtis, 2000: 10).
«... la información pública o aquella brindada por los gobiernos se constituye como condición indispensable para el ejercicio del derechoautonomía o del derecho de libertad de la ciudadanía»
En este fallo referido a la defensa del consumidor, podemos ver cómo se plantea la relación entre el carácter instrumental del derecho al acceso a la información y la transparencia focalizada como una exigencia para los gobiernos. En este sentido, es necesario que las políticas públicas de transparencia focalizada se adelanten a esta instancia o sean oportunas ante determinados problemas sociales concretos y generen la capacidad de toma de decisiones de los usuarios de la información (Fung et al., 2007). Es decir, 15
Estudios y artículos
como se ha dicho, los individuos deben poder apropiarse de la información dispuesta por parte de entidades públicas, y tomar y modificar sus propias decisiones con base en estas.
A modo de cierre Dicho esto, puede afirmarse que las políticas públicas de transparencia focalizada representan una herramienta útil para hacer efectivo el goce del carácter instrumental del derecho al acceso a la información y dar respuesta a la necesidad de obtener beneficios específicos de la información. A través de políticas de transparencia focalizada, es posible que los gobiernos se adelanten a la demanda ciudadana de información, y hagan públicos y de forma proactiva y sectorial aquellos datos en manos del Estado, lo que genera incentivos y comportamientos benéficos para la sociedad. Entonces, de lo que se trata no es solamente de disponer información, sino también de proporcionar información útil a la audiencia pertinente, en el lugar correcto, en el contexto adecuado y en el momento oportuno.
16
Referencias bibliográficas Abramovich, V. y C. Courtis (2000). «El acceso a la información como derecho». En Anuario de Derecho a la Comunicación, 1, (1), Buenos Aires, Siglo XXI. Baena Olabe, P. y J. C. Vieyra (2011). Acceso a la información y políticas de transparencia focalizada. Washington, D. C.: BID. Fung, A.; M. Graham y D. Weil (2007). Full Disclosure: The Perils and Promise of Transparency. Cambridge: Cambridge University Press. Mariñez Navarro, F. (2014). «La transparencia: una reflexión ante la propuesta del gobierno abierto». En Walter, J. y D. Pando. Planificación Estratégica. Nuevos desafíos y enfoques en el ámbito público. Buenos Aires: SAAP. OEA (2013). El acceso a la información pública, un derecho para ejercer otros derechos [en línea]. Disponible en <https://www.oas.org/es/sap/dgpe/ concursoinformate/docs/CortosP8.pdf> [Consulta: 25 de diciembre de 2016]. República Argentina (2016). Ley N.o 27 275, de Derecho de Acceso a la Información Pública. Publicada en el B.O. el 29 de septiembre. — (1993). Ley N.o 24 240, de Defensa del Consumidor. Publicada en el B.O. el 26 de abril. UNESCO (2016). «UNESCO celebra la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en Argentina» [en línea]. Disponible en <http://www.unesco.org/new/es/media-services/singleview/news/unesco_welcomes_the_adoption_of_the_law_ on_access_to_informa/> [Consulta: 3 de enero de 2017].
Estudios y artículos
La equidad de género como eje orientador de las políticas estatales: del concepto a la incorporación*
Por Susana Campari y Silvana Mondino Mg. en Administración Pública (FCE-UBA). Integrante de la Asociación Civil mujerygobierno.com. Mg. en Administración Pública (FCE-UBA). Integrante de la Asociación Civil mujerygobierno.com.
Resumen
Este documento se propone analizar la incorporación de la equidad de género en las políticas estatales como requisito básico para ratificar la igualdad de derechos en los procesos democráticos.
Abstract
This paper analyzes the incorporation of gender equity in state policies as a basic requirement for the ratification of equal rights in democratic processes.
* N. del E.: Se decidió respetar la duplicación de género propuesta por las autoras por tratarse de una publicación sobre
perspectiva de género.
17
Estudios y artículos
A modo de introducción
adoptaron como uno de sus objetivos la promoción de la La equidad de género es un igualdad entre los géneros concepto amplio que está y la autonomía de la mujer presente en distintos ám- (Marx et al., 2007). bitos de la realidad social, como la familia, la cultura, la Similar postura se refleja en educación, el trabajo, entre la Agenda 2030 para el Deotros. Además, es un dere- sarrollo Sostenible, que incho que detenta cada uno/a corpora la equidad de génede los ciudadanos/as como ro como objetivo 5 a fin de derecho universal para la po- propiciar políticas públicas blación. Entonces, afirmar que construyan un mundo que la mujer tiene derechos más justo y equitativo para no es solo esperar que estén toda la población. En consancionados bajo la forma de cordancia, podemos citar los normas —lo cual no es con- principios para el empoderadición necesaria ni tampoco miento de la mujer1 (por sus suficiente de su ejercicio—, siglas en inglés, WEPS). sino que su respeto forme parte de las relaciones sociales y que tales derechos Acerca del concepto de género puedan ser peticionados, reclamados y garantizados a En la bibliografía de principios través de políticas de Estado. del siglo xx, en lugar de sexo, el uso del término género se No resulta posible escindir generalizó para designar las la defensa y el sostenimien- dimensiones psicológicas, culto de la igualdad y de la no turales y sociales de la mascudiscriminación por cuestio- linidad y la feminidad. Por el nes vinculadas a la condi- contrario, la palabra sexo se ción de mujer sin que esto utilizó para marcar las diferensuponga una violación de los cias entre varones y mujeres derechos humanos, tal como con origen en sus caracteríslo reconoce la Declaración ticas fisiológicas dadas por la Universal de los Derechos genética de cada uno. En sínHumanos. De la misma ma- tesis, las diferencias entre sexo nera, la Declaración del Mi- y género apuntaron a distinlenio, de 2000, y los Objeti- guir lo biológico de lo cultural. vos de Desarrollo del Milenio (ODM), que de ella derivaron, 18
Estudios y artículos
La definición conceptual del término género alude a una construcción social e histórica producto de una cultura determinada que establece qué es lo propio del varón y de la mujer, cultura que se aprende y se desarrolla a través del proceso de socialización. Este incide directamente en la manera en la cual roles, actividades, valores y realización afectan y son asignados a varones y mujeres.
con lo que permite, promueve y espera de los varones y viceversa. La categoría género aborda esta dinámica de interdependencia y permite comprender si, en un grupo social determinado, estas relaciones son de complementariedad, subordinación, equidad o inequidad.
El concepto género comprende los símbolos de la cultura, los conceptos normativos, los factores instituciones y organizacionales, y las representaciones sociales que modelan la subjetividad de mujeres y varones en una arena de tensión dentro de la sociedad, donde el poder resulta un componente central dentro de la interacción de los géneros. Por tanto, el género de una persona es, esencialmente, una construcción social —no natural— que varía de un grupo social a otro y de una época a otra y es transmitido a través de formas, a menudo, sutiles, durante los procesos de crianza y educación. En esta línea, lo que un grupo social permite, promueve y espera de las mujeres siempre estará relacionado e imbricado
a) Desde lo relacional, porque no se refiere aisladamente a varones o a mujeres, sino a la relación que se construye socialmente entre unos y otros (Castañeda Abascal et al., 1999).
En este orden de ideas, el concepto puede verse desde distintas perspectivas:
«La definición conceptual del término género alude a una construcción social e histórica producto de una cultura determinada que establece qué es lo propio del varón y de la mujer, cultura que se aprende y se desarrolla a través del proceso de socialización »
b) Desde lo jerárquico, ya que identifica diferencias entre varones y mujeres que no son neutras, sino que valorizan con mayor importancia las actividades asociadas a lo masculino. c) Desde la noción de cambio, puesto que, al tratarse de prácticas y actitudes, los roles y las relaciones son susceptibles al cambio y pueden modificarse por medio de intervenciones. d) Desde lo jurídico, porque se refiere no solo a las relaciones entre varones y mujeres en el ámbito privado, sino a un sistema social que se apoya en normas y legislaciones. 19
Estudios y artículos
Ciudadanía y género Un requisito básico de la democracia liberal es garantizar la igualdad de derechos para todos los ciudadanos. Paulatinamente, estos derechos se convirtieron en garantías constitucionales en los siglos xix y xx, y constituyen la base del concepto de ciudadanía. T. H. Marshall (1998) propone un análisis de este concepto sobre la base de un recorrido histórico que incluye las dimensiones civil, política y social. La primera se refiere a los derechos inherentes a la libertad individual —libertad de la persona, de expresión, de pensamiento y religión, derecho a la propiedad y a establecer contratos válidos y derecho a la justicia—. La segunda supone el derecho a participar, y la tercera abarca el derecho a la seguridad y a un mínimo de bienestar económico. Por su parte, Przeworski plantea que la ciudadanía moderna puede considerarse un «haz de derechos y obligaciones predecibles y válidos para cada miembro de la comunidad política» (1998: 61). Esta condición estaba inicialmente asegurada para quienes cumplían ciertas condiciones sociales y económicas para el 20
ejercicio de la ciudadanía: propiedad, ingreso, educación. En el siglo xx, el advenimiento del sufragio universal hizo que se generalizaran para todas las personas el acceso a los derechos y las obligaciones. Ni la seguridad material, ni la educación, ni el acceso a la información, necesarias para el ejercicio de la ciudadanía, están garantizadas «a toda la población por la mera existencia de instituciones democráticas», lo que limita la posibilidad para que algunos grupos ejerzan sus derechos y cumplan sus obligaciones. Desde la sociedad civil, diversas formas asociativas —como las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)—, con diferencias apreciables en su constitución, —algunas formal y legitimadas jurídicamente y otras como las redes sociales con algún grado de informalidad— se constituyeron para resolver cuestiones sociales puntuales que no son atendidas ni por el mercado, «ni incorporadas a la agenda del Estado o de las ONG más estables» (Oszlak, 2007). Como afirma Elizabeth Jelin (1996), el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas o los ámbitos de lucha en contra de discriminaciones y opresiones pueden variar
«En el siglo xx, el advenimiento del sufragio universal hizo que se generalizaran para todas las personas el acceso a los derechos y las obligaciones»
Estudios y artículos
siempre y cuando se reafirme el derecho a tener derechos y el derecho —y el compromiso— de participar en el debate público acerca del contenido de normas y leyes. El alcance de las políticas públicas se expresa en el grado de democratización y modernización alcanzado por una determinada sociedad. De esta manera, la incorporación de la equidad de género en la agenda pública —resultado, en gran medida, del accionar de los movimientos de mujeres— va de la mano de una mayor sostenibilidad de los procesos de desarrollo dentro de un consenso internacional acerca de la necesidad de una mayor equidad y dentro de la certeza de que ni el Estado ni sus políticas son neutrales a la cuestión de género. Conclusiones La participación de actores que se involucran supone variedad y diferencia de responsabilidades, etapas y capacidades, pero requiere, a la vez, coincidencias para comprometerse en acciones para cambiar, eliminar obstáculos e incrementar la participación de las mujeres en la vida pública y en el mundo laboral.
Y esto es así, ya que, como dice Alejandra Massolo, «la perspectiva de género significa mucho más que tomar en cuenta a las mujeres y reconocer su existencia; significa detectar y analizar las diferencias entre varones y mujeres, así como las relaciones de poder entre los géneros, diferencias que se traducen en evidentes formas de discriminación y subordinación de las mujeres» (2005: 8). La institucionalización de espacios de participación y decisión no garantizan por sí mismos equidad de género. Para que estos procesos tengan un impacto profundo sobre la equidad, se requiere que incidan sobre roles y estereotipos de género vigentes, que cuestionen y modifiquen el diseño y los modos de funcionamiento de las instituciones que actúan como barreras de exclusión para el acceso equitativo de las mujeres a los espacios sustantivos de decisión y poder. Coincidimos con Garretón (2007) en lo siguiente: «El avance definitivo no se producirá hasta que no se genere legislativa y constitucionalmente la paridad de género respecto de los altos 21
cargos públicos y los puestos de representación política. Se puede argumentar desde dos ángulos la importancia del principio de paridad. El primero desde el punto de vista de la justicia de género frente al poder político, que es una manera de respetar y garantizar la igualdad formal de derechos entre personas individuales. El segundo, que añade una dimensión cualitativa, desde la perspectiva de que cada género tiene un modo de ver la sociedad y la política —recordemos los célebres análisis de la distinta visión que hombres y mujeres tienen de la justicia: las mujeres, más preocupadas de la motivación de las acciones; los hombres, más dados a aplicar las reglas universales— y que ambos deben estar presentes, porque así también mejora la calidad de la política». En síntesis, diseñar e implementar políticas públicas con perspectiva de género implica fortalecer la organización y la participación de las mujeres como sujetos sociales y políticos y asegurar que sus puntos de vista, demandas y propuestas constituyan una dimensión integral en las etapas de planificación, diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las estrategias en todos los niveles de las políticas públicas y en las representaciones sociales.
1
Principios 1, 2, 6 y 7.
22
Referencias bibliográficas Castañeda Abascal, I.; M. E. Astraín Rodríguez; V. Martínez Rodríguez; C. Sarduy Sánchez y A. C. Alfonso Rodríguez (1999). «Algunas reflexiones sobre género». En Revista Cubana de Salud Pública, 25, (2). Garretón, M. (2007). «Paridad de género, base para una política mejor». En diario Clarín, 27 de agosto. Jelin, E. (1996). «La construcción de la ciudadanía: entre la solidaridad y la responsabilidad». En Jelin, E. y E. Hershberg (comps.). Construir la democracia: derechos humanos, ciudadanía y sociedad en América Latina. Caracas: Nueva Sociedad. Marshall, T.H. y T. Bottomore (1998). Ciudadanía y clase social. Madrid: Alianza. Marx, J.; J. Borner y M. Caminotti (2007). Las legisladoras. Cupos de género y política en Argentina y Brasil. Buenos Aires: UNDP, Instituto Di Tella, Siglo XXI. Massolo, A. (2005). Género y Seguridad Ciudadana: el papel y el reto de los gobiernos locales. Seminario permanente sobre violencia. El Salvador: PNUD. Oszlak, O. (2007). «El Estado democrático en América Latina. Hacia el desarrollo de líneas de investigación». En Nueva Sociedad, (210). Przeworski, A. (1998). Democracia sustentable. Buenos Aires: Paidós. Documentos institucionales de consulta CEPAL (2000). El desafío de la equidad de género y de los derechos humanos en los albores del Siglo XXI. Santiago de Chile: CEPAL. United Nations Development Programme (2002). Gender Equality. Practice Notes. New York.
Reseñas Evaluación de políticas públicas. Técnicas cuantitativas Ignacio Moral, Milagros Paniagua, Leila Rodríguez y Cristian Rodríguez España, Garceta, 2016, 454 páginas ISBN 978-84-91622-855-6 Por Pablo Bulcourf
Esta sólida obra sobre el proceso de evaluación de políticas públicas hace hincapié en el tipo de técnicas y procesos utilizados para explicar integralmente el ciclo de políticas. Los autores parten de la idea de que las políticas públicas, expresión de las decisiones gubernamentales, deben basarse en la evidencia empírica obtenida mediante el empleo de métodos científicos que permitan identificar las relaciones causales entre la política y los efectos que esta persigue para darles solución a los problemas públicos. Para esto, el proceso de control, monitoreo y evaluación de políticas es un elemento central; sin este, no sería posible tener una idea cabal de las consecuencias deseadas y no deseadas de las decisiones políticas. La evaluación puede realizarse sobre un programa o iniciativas localizadas en algún ámbito o agencia en diferentes niveles, ya sean nacionales, internacionales, un ministerio, una región. Pero esto debe definirse de forma precisa, al igual que la durabilidad del proceso. El carácter temporal de la política pública obliga a que la evaluación o monitoreo sea establecido de
forma coherente. Toda evaluación debe centrarse en cómo y por qué se han logrado determinados resultados y no otros, analizando efectos intencionados y no intencionados. La información es un elemento central; es requisito y resultado de la evaluación. Sin una adecuada evaluación, el sistema carece de un timón que oriente sus decisiones y pueda corregir y optimizar los recursos públicos, generalmente, escasos y con fuertes requerimientos temporales, para dar solución a un número creciente de demandas. La construcción del conocimiento sobre políticas públicas debe tener en la evaluación uno de sus ejes centrales, ya que no pueden tomarse decisiones sin una idea clara del problema, sus alcances y necesidades. La evaluación no solo se centra en el análisis final de un programa o proceso, sino que está presente en sus diferentes etapas con sus modalidades específicas. Por ello, nos encontramos frente a una obra de enorme utilidad, tanto científica como política, para orientar la gestión pública y su compromiso para resolver los problemas por los que atraviesan los gobiernos. 23
Reseñas Gestão e políticas públicas no cenário contemporâneo. Tendências nacionais e internacionais Telma Menicucci y José Geraldo Leandro Gontijo Río de Janeiro, Editora Fiocruz, 2016, 412 páginas ISBN 978-85-7541-477-4 Por Nelson Cardozo Esta obra colectiva abarca un abanico de problemas en torno al Estado, las políticas públicas y los procesos de reforma estatal que expresan tanto elementos normativos como teórico-empíricos para dar cuenta de un complejo conjunto de fenómenos. Asimismo, permite trazar una serie de puentes entre los temas internacionales y aquellos que hacen a la realidad política y social brasileña. En la primera parte, se abordan las redes de políticas públicas en estrecha vinculación con la gobernanza. Aquí se señalan ejemplos de países, como Alemania o el propio Brasil. La idea de gobernanza se expresa en el análisis de las capacidades de gobierno y su articulación con el liderazgo político y la implementación de políticas. En la segunda parte, tomando como referencia los casos brasileños, se plantea la construcción territorial de las políticas públicas y el federalismo y la descentralización. En la tercera parte de la obra, se abordan los estudios de 24
casos del Brasil y la Argentina en perspectiva comparada, con énfasis en las políticas sociales. Las políticas vinculadas al urbanismo se tratan en la cuarta sección del libro con una especial reflexión sobre lo acontecido en el Brasil y sus implicancias en la Región. En la quinta y última parte de la compilación, se tratan los sistemas de control de gestión a través de un análisis de la óptica de las instituciones y de las propias reformas implementadas en los sistemas de gestión pública. La diversidad y la solvencia tanto empírica como teórica de los diferentes textos que componen este trabajo hacen de él una obra de gran envergadura. El abordaje de los casos seleccionados logra engarzarse en una dimensión internacional que facilita la comparación y la comprensión del proceso de políticas públicas en el mundo actual y nos invita a reflexionar sobre los alcances del Estado y las políticas públicas.
Programas y proyectos Renovación del INAP y compromiso con las provincias
El 25 de abril, el presidente Mauricio Macri y el ministro de Modernización de la Nación, Andrés Ibarra, encabezaron el relanzamiento oficial del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) en el CCK, junto con los directivos del Instituto. La renovación del INAP consiste en incorporar un proceso de inducción a la función pública y ampliar las vacantes y la oferta académica, acorde al perfil de cada trabajador. Con el fin de acercar y facilitar el acceso a los cursos a todos los niveles del Estado, se ha incorporado un campus virtual con metodologías que motivan el aprendizaje.
del Estado. Este intenta reunir al conjunto del sector público con el fin de trabajar de manera coordinada en la modernización continua del Estado y, de esta manera, acercarlo a la gente y ponerlo a su servicio. Este Compromiso incluye, por ejemplo, la incorporación de trámites a distancia, el desarrollo y la jerarquización de la carrera administrativa y la mejora del acceso a la información pública.
En esta nueva etapa, el Instituto busca mejorar la vinculación con las provincias y los municipios, así como con otros organismos y actores, tales como ministerios, sindicatos, organismos de la sociedad civil y universidades. Asimismo, en el Salón Blanco de la Casa Rosada, se presentó el documento Compromiso Federal para la Modernización 25
Agenda
EVENTOS 2017 Conferencia Anual de IRSPM Mesas Subnacionales Gobierno Abierto Gobierno de la Provincia de Buenos Aires La Plata, Buenos Aires, República Argentina MAY https://www.eventbrite.com.ar/e/mesas-subnacionales-gobierno-abierto-tickets-34085533749 ............................................................................................................................ 10
Congreso Internacional de Comunicación Política «Campañas legislativas» Cumbre Mundial de Comunicación Política - CP Comunicación - Pontificia MAY Universidad Católica Argentina (UCA) - Grupo Girola CABA, República Argentina http://congresos.cumbrecp.com/ ........................................................................................................................... 23-24
Simposio Intelectual Anual de Microfinanzas y Desarrollo Sustentable ECO-ENA: Economics & ECO-Engineering Associate - Universidad de Ottawa JUN Ottawa, Canadá http://www.eco-ena.ca/ottawa-conference-2017.html ............................................................................................................................ 20
17-19
JUL
IV Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales FLACSO España Salamanca, España http://www.flacso.es/4to-congreso-latinoamericano-y-caribeno-de-ciencias-sociales/
............................................................................................................................ 26-28
JUL
26
IX Congreso Latinoamericano de Ciencia Política Asociación Uruguaya de Ciencia Política (AUCiP) - Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República - Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay Montevideo, República del Uruguay http://www.congresoalacip2017.org/
Colaboraciones Los trabajos con pedido de publicación deben ser remitidos a Apuntes para la modernización del Estado mediante comunicación electrónica a <formacion@modernizacion.gob.ar> con copia a <revistaestadoabierto@gmail.com>. En todos los casos, deben ser trabajos originales o inéditos, que no hayan sido enviados para su publicación a otras revistas. Se podrán presentar artículos y reseñas en idioma castellano y portugués. Todas las contribuciones recibidas serán evaluadas preliminarmente por la dirección y la secretaría de redacción de la Revista, y aprobadas acorde a su pertinencia temática y requisitos formales. El proceso de selección durará, como mínimo, entre uno y seis meses; y, una vez finalizado, el comité de la revista se pondrá en contacto con el autor o los autores para comunicar la decisión de publicación. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con aquellos que hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados. En caso de sugerencias y correcciones, los autores deberán dar cuenta de estos. El envío de un artículo a Apuntes para la modernización del Estado implica la cesión de los derechos de autor para que este pueda ser editado, reproducido o difundido públicamente con fines exclusivamente científicos, académicos o culturales. Para la presentación de los trabajos, se deberán observar los siguientes criterios: 1. Deben enviarse a ambas direcciones electrónicas. 2. Los artículos no deben exceder los 13 000 caracteres (con espacios incluidos), y las reseñas bibliográficas, los 500. Esto incluye resúmenes y referencias bibliográficas. 3. Todos los trabajos deben presentarse en programa Word, con letra Times New Roman, número 12, a espacio sencillo. Se utilizará hoja tipo A4 con margen superior de 3 cm; inferior, 2,5 cm; izquierdo, 2,5 cm y derecho, 2.5 cm. 4. Los artículos deberán estar acompañados con una foto de cara de cada uno de los autores con definición mínima de 300 DPI en JPG. Asimismo, las reseñas bibliográficas deberán enviarse con una foto de la tapa del libro con la misma definición. 5. El título deberá estar alineado a la izquierda en negrita y con letra Times New Roman, número 14. Los nombres y apellidos del autor o de los autores se expresarán de igual forma, pero en letra itálica (en caso de ser dos, la y entre estos estará en redonda, y, si son más de dos, habrá comas entre ellos hasta el último, donde se ubicará la y). 6. Toda aclaración con respecto al trabajo, así como la pertenencia institucional del autor o de los autores y su dirección electrónica, deben consignarse mediante asterisco (y doble asterisco si fuese necesario) desde el título o el nombre del autor al pie de la primera página. 7. Las citas aclaratorias deberán ir al final del texto y no podrán superar el número de cuatro. 8. Las referencias bibliográficas deberán seguir preferentemente el formato americano: apellido del autor, año y número de página luego de dos puntos para los casos de citas textuales. Por ejemplo: Varios países latinoamericanos son casos de democracia delegativa (O’Donnell, 1997). «El presidente es considerado la encarnación de la nación y el principal definidor y guardián de sus intereses» (O’Donnell, 1997: 293). 9. En el apartado bibliográfico, las referencias deben observar el siguiente orden, separado por comas: apellido del autor, letra inicial del nombre del autor, año (entre paréntesis), título de la obra (entre comillas si es un artículo; en itálica si se trata de un libro o título de una publicación), volumen, tomo, etc., lugar de edición y editorial.
27
Colaboraciones Por ejemplo:
Para libros y capítulos de libros: Bourdieu, P. (2008). Homo academicus. Buenos Aires: Siglo XXI. O’Donnell, G. (1997). «¿Democracia delegativa?». En O’Donnell, G. Contrapuntos. Ensayos escogidos sobre autoritarismo y democratización. Buenos Aires: Paidós. Gutiérrez Márquez, E. (2013). «La ciencia política en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM». En Reveles, F. (coord.). La Ciencia Política en México hoy: ¿Qué sabemos? México: UNAM y Plaza y Valdés. En caso de titularidad por parte de organizaciones, los nombres se pondrán en mayúsculas. ..............................................................................................................................................................................................................................................................
Para revistas: Altman, D. (2005). «La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada desde el sur». Revista de Ciencia Política, 25, (1). En este caso, el 25 corresponde al volumen de la revista, y el (1), al número. .............................................................................................................................................................................................................................................................
Para participaciones en eventos científicos: Rocha, C. (2012). «La ciencia política en Uruguay (1989-2009). Un estudio de los temas, teorías y metodologías predominantes en la investigación y la enseñanza en el Instituto de Ciencia Política». Ponencia presentada en el IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política, noviembre, Montevideo, República del Uruguay. ............................................................................................................................................................................................................................................................. 10. La bibliografía obtenida en espacios virtuales deberá consignarse con su sitio correspondiente junto con la fecha de consulta: Oszlak, O. (2016). «Hacia un Estado al servicio del ciudadano». En diario La Nación [en línea]. Disponible en <http:// www.lanacion.com.ar/1901788-hacia-un-estado-al-servicio-del-ciudadano> [Consulta: 5 de octubre de 2016]. 11. Todos los artículos deberán estar acompañados por un resumen en español y otro en inglés, de hasta 100 palabras cada uno. En caso de tratarse de un artículo en portugués, se agregará un resumen en español. 12. Los cuadros, diagramas e infogramas realizados en otros programas deberán enviarse en archivos aparte. Se deberá señalar específicamente el lugar en el cuerpo del texto donde deberán colocarse. En la medida de lo posible, se deben utilizar programas generalizados y compatibles con Word. Cada elemento deberá contar con su propio archivo. Incluyendo los cuadros, el artículo no podrá superar las 4 páginas en el formato antes mencionado. Los editores no están obligados a mantener ningún tipo de comunicación con quienes hayan enviado sus trabajos, salvo que estos sean efectivamente publicados.
28