Prospectiva Enero . Abril 2014 by IDN MEXICO

PROSPECTIVA

Enero - Abril 2014 Sen. Dolores Padierna Luna

ÍNDICE

Introducción ............................................................................................................ 3 1.

Política ....................................................................................................... 6

1.2.

Agenda legislativa ..................................................................................... 10

2.1.

Reforma energética .................................................................... 11

2.2.

Reforma en telecomunicaciones ............................................... 12

2.3.

Reforma política del DF .............................................................. 13

2.4.

Reforma político-electoral ......................................................... 14

2.5.

Reforma educativa ...................................................................... 15

Social .......................................................................................................... 17

Económica ................................................................................................. 19

Seguridad ................................................................................................... 23

Conclusiones .............................................................................................. 24

Partidos políticos ......................................................................... 6

INTRODUCCIÓN La principal enseñanza que nos dejó la aprobación de la reforma energética es que existen dos modelos de país: uno que favorece la acumulación desmedida de riqueza con la promesa de que algún día los beneficios llegarán a los bolsillos de todos y otro, donde nos inscribimos, que pone en el centro a las personas y sus necesidades. Las reformas aprobadas mediante un enorme desaseo legislativo el año pasado representan verdaderas contrarreformas que colocan al país en una profunda regresión que implica el riesgo de destrucción de los componentes de un Estado soberano. Estamos ante un proceso acelerado de restauración del viejo régimen priísta que utiliza todas las viejas mañas para imponer una realidad al país que no es la que requiere la población ni mucho menos la que conviene al desarrollo del país. Se trata de un viejo plan fraguado por Carlos Salinas de Gortari y George Bush para integrar a México a Estados Unidos a través de la firma del TLCAN (1993), del ASPAN (2005), de la Iniciativa Mérida (2007), la integración político-militar (2009) y la integración energética (2013). Cada una de estas políticas tienen las características propias del modelo estadounidense en la economía y la política mexicanas. El gobierno dilapida recursos públicos en una costosa campaña publicitaria porque sólo en las pantallas puede ganar el debate, y lo seguirá haciendo si la izquierda mexicana no pone un alto al derroche y la mentira. Estos primeros meses de 2014 son cruciales para el futuro del país. El gobierno de la restauración priísta seguirá tratando de demostrar, con engañosa publicidad, que el país está cambiando. Pero después de un año de gobierno, la sociedad va a comenzar a demandar, cada día con mayor fuerza, que los anunciados cambios se expresen en la realidad y en los bolsillos y las mesas de todos los mexicanos. Las cuentas alegres de un gobierno que atribuye poderes mágicos a las mal llamadas reformas estructurales no resisten el más elemental análisis: están llenas de cifras inventadas, de proyecciones sin sustento y de trampas para principiantes.

El gobierno habla de reactivación económica y de una cascada de beneficios que acarrearán las reformas. Pero según sus mismos funcionarios y sus propias cifras, la reforma laboral, por citar una, no ha contribuido a crear los empleos prometidos. La Reforma financiera según el propio gobierno solo significara un 0.2% del PIB para 2014 y de 0.4% en el 2018; y la energética tendrá un impacto de tan sólo 0.3% para 2014 y de 1.1% para 2018, aportaciones pírricas al crecimiento que no se compara con el sacrificio enorme que como país implican dichas reformas. El gobierno anuncia que las importaciones crecerán y que lo mismo ocurrirá con la inversión extranjera directa. A las reformas financiera y hacendaria les atribuye el aumento del crédito y un gasto sin referentes en política social. A la reforma energética, que no cuenta aún con legislación complementaria, le concede el carácter de varita mágica que hará bajar las tarifas de gas y luz. Lanza todo ello en su propaganda al mismo tiempo que aumenta los precios de las gasolinas y el gas. En estos primeros meses comenzará el agotamiento de la “luna de miel” de Peña Nieto con la ciudadanía. Los beneficios prometidos no llegarán y, en cambio, amplios sectores comenzarán a resentir los efectos de reformas como la fiscal, al tiempo que el grupo gobernante recibirá fuertes presiones de los empresarios mexicanos y extranjeros entre quienes ha generado grandes negocios y expectativas de ganancias sin parangón en la historia con estas reformas. Un árbol nos ofrece un panorama del bosque: la meta de crecimiento del gobierno, de 3.9% para 2014, ya ha sido echada abajo por los expertos encuestados por el Banco de México, que cifran el crecimiento posible en 3.4%. Esta ocurriendo lo mismo que en 2013 que prometio un crecimiento de 3.5% y acabo en 1% del PIB pero en crecimiento cero si se calcula en términos percapita. ¿Cuántas veces se achicará la cifra a lo largo del año? Respuesta: “Es la economía, estúpido”, dice la frase acuñada por un asesor de Clinton (James Carville) que ya es un clásico. En esa idea debemos centrarnos en nuestra acción legislativa y en otros espacios de la arena pública donde demos la batalla, porque la gente no va a ver los beneficios de las reformas que ofrecieron el edén. La fórmula de campaña de Clinton en 1992, cuando derrotó a Bush padre, estuvo acompañada de otra frase: cambio versus más de lo mismo. Más de lo mismo es: Más privatizaciones que sólo benefician a unos cuantos e hicieron de México el país con tarifas más caras en telefonía, en la banca y otros servicios. Más ganancias para los bancos extranjeros y un aumento del salario mínimo que sólo alcanza para comprar cinco tortillas más. Más pobreza y más desigualdad.

Para el PRD, es la hora de ser oposición de verdad. Sin estridencias ni falsos radicalismos. Con buenos gobiernos comprometidos con la agenda de la izquierda, con las causas de la gente. Es necesario acercar al PRD a la sociedad civil, de la cual se distanció en este periodo donde se privilegió la negociación cupular en el Pacto por México.

El Pacto por México legitimó al gobierno de Enrique Peña Nieto, al permitir que presentara ante la sociedad como el articulador de un gran acuerdo entre las principales fuerzas políticas del país, destinado a aprobar las llamadas reformas estructurales. El costo político para el PRD fue alto, toda vez que al sumarse al Pacto, con el afán de mostrarse abierto a la construcción de consensos, su agenda propia quedó en un segundo plano. El acuerdo del PRI y el PAN para aprobar la reforma energética, impone al PRD un reto mayor en el año que inicia: dar a la ciudadanía la certeza de que tal reforma es revocable. Conseguir ese objetivo pasa por la vuelta a los principios, requiere que el PRD desande el camino de un pacto que en los hechos lo ha dejado subsumido a la agenda del gobierno. El PRD debe volcarse –con la mira puesta en los comicios de 2015, pero sobre todo en el futuro de las nuevas generaciones de mexicanas y mexicanos– en el retorno a su espacio natural: la oposición real a un régimen que perpetúa las desigualdades sociales y entrega el patrimonio nacional. En esa ruta es preciso evitar las rupturas internas, que podrían ocurrir alrededor de la renovación de la dirección nacional del partido. Inmerso en una dura contienda interna por la elección –o reelección– de su presidente, el PAN ha intentado, sin embargo, reposicionarse en la clase media a través de su oposición a la reforma hacendaria. Simultáneamente, ha aprovechado su condición de fiel de la balanza al promover una reforma político-electoral a cambio de su voto en la reforma energética. En este contexto se llega al segundo periodo del segundo año de la LXII Legislatura. Un periodo que será corto, pero con temas de alta relevancia para el país, sobre todo por la discusión de las leyes secundarias de la reforma energética, que el gobierno pretende se aprueben con la misma celeridad que los cambios constitucionales. Esta prospectiva del primer cuatrimestre del 2014 analiza los posibles escenarios en materia política, legislativa, social, económica y de seguridad.

POLÍTICA

Las altas expectativas que han generado las reformas denominadas estructurales (energética, educativa, hacendaria, política y de telecomunicaciones), principalmente en el extranjero y en los sectores empresariales de México son el factor detonante para que los primeros meses del año el gobierno federal y el PRI se concentren en concretar las leyes secundarias, principalmente de la reforma energética. La intención del Ejecutivo Federal es mantener ese saldo “positivo” en materia política que diversos sectores políticos y sociales consideran al avalar, junto con el PAN, la llamada madre de todas las reformas, la energética.

1.1 Partidos políticos Como quedó constatado durante la discusión y aprobación de la reforma energética, el presidente cuenta con el pleno respaldo de su partido en ambas Cámaras, así como el del PVEM y de Nueva Alianza. Tanto Emilio Gamboa como Manlio Fabio Beltrones, coordinadores parlamentarios del Senado y de la Cámara de Diputados, respectivamente, jugaron roles fundamentales en la construcción de acuerdos con las demás fuerzas políticas, por lo que continuarán siendo elementos clave para la concreción de las leyes secundarias. El PAN arrastra una fuerte división que posiblemente se agudice, a raíz de la sucesión de su dirigencia. Durante 2013 fueron evidentes las fricciones entre el presidente del partido, Gustavo Madero, y el senador Ernesto Cordero, hombre del ex presidente Felipe Calderón que fue reemplazado de la coordinación del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado en mayo del año pasado. Para este 2014 se espera que la ex candidata a la Presidencia, Josefina Vázquez Mota, defina su intención de buscar la presidencia de su partido, y contienda frente a Ernesto Cordero; el ex gobernador de Guanajuato, Juan Manuel Oliva; así como con el propio Madero, quien busca la reelección. Se prevé un ascenso de la corriente más conservadora del panismo, vinculada al Yunque, con un discurso más antigubernamental, pero conservador en lo social y cultural. Este grupo, aglutinado por Oliva, acotará aún más el margen de acción de Gustavo Madero al interior del Pacto por México. En la agenda de reformas estructurales no hay diferencias de fondo con el peñismo, y el PRD debe tener claro esto frente a la renovación del PAN, aunque el discurso de las corrientes yunquistas sea más radical para buscar una interlocución directa con el peñismo. Entre los días 18 y 19 de enero próximos, el Consejo Nacional del PAN deberá instalar la Comisión Nacional Organizadora del proceso interno.

Los panistas tienen presente el desgaste que sufrieron en su proceso interno para elegir al candidato a la presidencia en 2012, en el que las acusaciones entre Vázquez Mota y Cordero abrieron más las fisuras al interior del partido, llegando a la contienda electoral con una candidata sin el apoyo pleno de su dirigencia y una imagen mermada ante la sociedad, derivada de los magros resultados del gobierno de Felipe Calderón, sobre todo en materia de seguridad. De cara a la discusión de la agenda legislativa, el PRI-gobierno buscará acuerdos tanto con Madero como Cordero, ya que ambos personajes controlan en buena medida a los legisladores panistas. Madero tiene como incondicionales a los coordinadores parlamentarios Jorge Luis Preciado, en el Senado, y Luis Alberto Villarreal, en la Cámara de Diputados. En tanto, Ernesto Cordero cuenta con el apoyo de los senadores Luisa María Calderón, Javier Lozano, Roberto Gil Zuarth y el diputado Maximiliano Cortázar. Por su parte, y pese a que a mediados de octubre de 2013 Vázquez Mota cuestionó las reformas fiscal y energética del gobierno, su postura no motivó una ruptura tajante con el gobierno de Peña Nieto, y si bien tuvo una imagen discreta, ella buscará posicionarse en la agenda pública, sin la necesidad de entablar un debate directo con el gobierno federal, pero sí contra la actual dirigencia de Acción Nacional, impulsando una propuesta de renovación trascendente en ese partido. El grupo yunquista, desde su poder en Guanajuato y en posiciones en gobiernos estatales y municipales y en cámaras empresariales, buscará incidir en las decisiones legislativas. Es posible que surja una alianza circunstancial entre maderistas y corderistas para frenar a los que apoyan a Oliva, a menos que alguno de los dos polos pacte con ellos. Eso dependerá del factor Felipe Calderón. El ex presidente Felipe Calderón mantendrá su afán de figurar en la agenda pública, emitiendo declaraciones en momentos clave; como lo hizo el año pasado. Es claro que una parte del calderonismo controla la estructura del partido, pero no se logró aglutinar en torno a la ex primera dama Margarita Zavala. Los calderonistas ya no tienen el factor que los unía: el poder gubernamental. Sólo les queda la complicidad en los negocios y saldos negativos del sexenio anterior. El gobierno de Peña Nieto alentará la difusión de expedientes sobre corrupción en el sexenio anterior cada vez que sea necesario para frenar el protagonismo de Calderón. La participación del PRD en el Pacto por México debilitó la imagen del partido ante la militancia y buena parte del sector social del país. Este hecho contribuyó a fortalecer la imagen de Enrique Peña Nieto, al ser el gobernante que pudo reunir a las corrientes políticas antagónicas para firmar un acuerdo y promover las llamadas reformas estructurales, comprometiendo a un sector de la izquierda a ser copartícipe de los cambios neoliberales que vendrían, pese a los condicionantes de la dirigencia del PRD para no privatizar Petróleos Mexicanos. Para el PRD, el costo político ha sido muy alto, mucho más que para el PAN. En primer lugar, porque legitimó medidas antipopulares como la reforma fiscal. En segundo lugar, no pudo impulsar una movilización social frente a la operación fast track para imponer la reforma constitucional en materia energética. En tercer lugar, porque apareció dividido al interior y exterior por el papel del apoyo de gobernantes estatales provenientes de la izquierda y la emergencia del movimiento

Morena, de Andrés Manuel López Obrador, quien trató de capitalizar, sin éxito, la decepción social frente al PRD. La aprobación de la reforma energética puso en evidencia las debilidades de una izquierda con escaso poder convocatoria para revertir la iniciativa que, dicho sea de paso, estaba incluida en el Pacto por México y que se pactó “dejarla pasar” mediante el voto favorable a la Reforma Hacendaria. Esto último pudo corregirse por la presión de legislador@s, pero recordemos que el Título Quinto de la Ley General de Presupuesto ybResponsabilidad Hacendaria (LGPRH) que la mayoría del PRD votó a favor en Cámara de Diputados. El PRD estuvo al margen prácticamente de la alianza o interlocución con los movimientos de disidencia y resistencia social que se formaron en 2013 frente a las reformas estructurales de Peña (laboral, educativa, telecomunicaciones, fiscal y energética, principalmente). Mucho más frente a los saldos de la guerra contra el narcotráfico, donde existen movimientos de víctimas en espera de liderazgos y conducción. En este contexto, los primeros meses de 2014 serán importantes para que el PRD convenza a la ciudadanía de que es posible revertir la reforma energética recién decretada por el Ejecutivo. En primera instancia un factor para influir en la ciudadanía será mostrar congruencia con sus principios, ser la contraparte opositora a la cúpula dominante. Esto significa llevar adelante una agenda que reafirme el compromiso del PRD para combatir las políticas que mantienen y profundizan las desigualdades sociales. Para este 2014 el reto mayor del PRD, así como del conjunto de las izquierdas, es revertir la reforma energética. Es por ello que al iniciar el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, el partido deberá encabezar en el Senado la discusión para su modificación de la Ley Federal de Consulta Popular y tratar que no tenga requisitos metaconatitucionales que impidan la consulta. Afianzar la Consulta Popular permitirá vincular la defensa de los energéticos de la nación con las elecciones intermedias, brindando la oportunidad al PRD de reposicionarse electoralmente en el plano nacional. A favor de la Consulta Popular opera el hecho de que la operación de propaganda y mercadotecnia mediática del peñismo para “vender” la reforma energética no cumplirá sus promesas. Ofreció disminuir las tarifas de luz y de gas, así como la creación de empleos. Desde el inicio del 2014 ocurre exactamente lo contrario. Basta demostrar, mes con mes, que estas promesas no se cumplen en los recibos de luz y de gas de los ciudadanos para generar una corriente social a favor de una consulta que revierta esta reforma energética. En este sentido, será ineludible para el partido encabezar un movimiento de unidad de las izquierdas en defensa de la soberanía de la nación y que incorpore a las clases medias y sectores más golpeados por el incremento de los servicios de luz y gas. Hay que articular una estrategia político-legislativa para que los costos de las mentiras y promesas incumplidas con las reformas estructurales se le carguen socialmente al PRI y a su alianza con el PAN y el Partido Verde. Previo a esto, el PRD deberá evitar caer en divisiones internas de cara a la sucesión de la dirigencia nacional, que se llevará a cabo en marzo de este 2014.

Cabe señalar que más allá de mostrar el interés por dirigir el partido, los aspirantes tendrían que encaminar sus discursos hacia un proyecto de izquierda innovador, que asuma plenamente el compromiso de defensa de las mayorías, de las clases medias y también que encabece las banderas de algunas minorías y fundamentalmente las causas sociales. Sin estridencias ni radicalismos estériles, el PRD, y particularmente quienes buscan dirigirlo, debe erigirse en la fuerza política que, a los ojos ciudadanos, sí represente una alternativa y un contrapeso efectivo frente a la alianza del gobierno y la derecha encabezada por el PAN. El PRD requiere la identidad propia de una fuerza política que trabaja para mejorar las condiciones de vida de la gente: una fuerza que ofrece hechos concretos en los gobiernos que encabeza y que en el Congreso representa los intereses de las mayorías y la defensa del país. La mayor parte de los gobiernos estatales del PRD, sin embargo, no han abonado a construir esa identidad propia que requerimos para nuestros retos venideros, incluyendo los electorales. Es previsible que en 2014 surjan nuevas tragedias en estas entidades derivadas de fenómenos climatológicos. El uso político-centralista de estas tragedias ha afectado más a los gobiernos del PRD y ha beneficiado mediáticamente a la administración peñista, como ocurrió en Guerrero. En la capital del país tenemos un reto mayor, toda vez que se ha debido enfrentar temas como las movilizaciones sociales en contra del gobierno federal y en contra de decisiones de su propia administración, todo lo cual ha ocasionado que haya un desgaste que es necesario revertir. Es muy importante articular a las distintas fuerzas del PRD en torno a la aprobación de la Reforma Política del DF, así como en lo relativo al apoyo que se requiere para hacer frente a las movilizaciones en la capital. Las obligaciones que impone el ejercicio del gobierno pueden llevar a mantener la relación con el gobierno federal sobre todo en materia de seguridad. Pero esa necesidad de la realpolitik no tiene por qué estar reñida con la agenda de izquierda ni con la congruencia que se espera de un gobierno que llegó al poder con esa bandera, especialmente en lo que hace a la lucha por revertir la reforma energética. El partido debe ser un contrapeso hacia el viraje cada vez más hacia una agenda mediáticopolítica de centro-derecha del jefe de Gobierno capitalino. En el Distrito Federal se juega el futuro del principal bastión civil y político de las izquierdas en el país. Andrés Manuel López Obrador regresa a la arena política retomando sus recorridos en las entidades en donde no se alcanzó el quórum legal para que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se convierta en partido político. Sin embargo, el posicionamiento central del tabasqueño será en contra de la reforma energética y la conformación de sus cuadros políticos rumbo al proceso electoral de 2015, tratando de distanciarse de los demás partidos de izquierda, para asumirse como un líder disidente. En 2013, tanto el Partido del Trabajo como el Movimiento Ciudadano se desdibujaron en el ámbito político. En 2014 dependerán de las relaciones que establezcan con el PRD y con Morena, dado que, naturalmente, pretenden conservar sus registros 2015. Es preciso buscar la unidad de las izquierdas sin descartar una fusión orgánica.

AGENDA LEGISLATIVA

En el periodo ordinario de sesiones, la prioridad del gobierno federal y del PRI será la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética (la reforma constitucional fue publicada el 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, fecha a partir de la cual corren 120 días para presentar la legislación complementaria). Con el apoyo de sus aliados, el gobierno de Peña Nieto optará por cumplir algunas formalidades legislativas pero hará oídos sordos del debate parlamentario. Además de que cuenta con los votos del PAN y del PVEM, el gobierno apuesta a que su costosa campaña publicitaria rendirá frutos para desalentar la movilización social y legitimar una reforma a la que se opone la mayoría de los mexicanos. No es casual que el gobierno federal prevea gastar 2 mil 116 millones de pesos publicidad oficial; “un monto equivalente al recorte previsto para universidades públicas en el PPEF 2014” (Comunicado de la ONG Fundar, 13 de noviembre de 2013). En los meses recientes ya hemos visto cómo opera esa estrategia destinada a promover una imagen favorable del Presidente y acallar las voces críticas en torno a la reforma energética. El PRD no puede permanecer impasible ni callado frente a las mentiras que anuncian el paraíso tras la reforma energética. En todos los frentes, con los recursos disponibles, debemos tratar de seguir ganando el debate y desmontando las mentiras oficiales. Las acciones que llevemos a cabo en el debate público tienen que ir de la mano de nuestra prioridad legislativa: la Ley reglamentaria de la Consulta Popular, que abre la posibilidad de derogar la reforma Constitucional de los Artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El PRD puede llamar a sancionar a todos aquellos gobernadores y funcionarios que despilfarran recursos públicos en campañas mediáticas de autopromoción. Los casos de Manuel Velasco, en Chiapas, así como los de Javier Duarte, en Veracruz, o Eruviel Avila, en el Estado de México, y de Rafael Moreno Valle, en Puebla, generan profunda animadversión social. Tanto el PRI y el PAN han manifestado su intención de aprobar la Consulta en el periodo de sesiones que arranca en febrero, pero insisten en que dicha Consulta no echará abajo la reforma energética, debido a que el Artículo 35 Constitucional estipula que no podrán ser objeto de consulta los ingresos y gastos del Estado. El PRD estará obligado a revertir esta percepción señalando que la defensa de los recursos del país es un tema de trascendencia nacional. En esa dirección, entre otras acciones, deberíamos relanzar el debate con la participación de actores clave de los ámbitos académico, cultural y artístico. La bandera de la Consulta debe permitir al PRD incorporar más sectores sociales a la lucha y gestar un movimiento de alcance nacional, que verdaderamente muestre la existencia de una amplia oposición social a la ruta de un gobierno autoritario. En la medida de que ese amplio abanico social se fortalezca, el gobierno y los partidos satélites no podrán ignorar sus demandas

Falta conocer que papel jugara la Suprema Corté de Justicia de la Nación en torno a la consulta, si se convertirá en una institución subordinada al interés presidencial y conculque el derecho constitucional a la consulta o será una institución garante de los derechos constitucionales, en particular, el derecho a ser consultados en asuntos de trascendencia nacional.

2.1 Reforma energética Serán 21 leyes secundarias de reforma energética las que van a enviar el 1 de febrero. El grupo parlamentario debe dar un nuevo ejemplo de unidad, fortaleza, conocimiento y compromiso con el país. La reforma energética aprobada representa una transformación profunda en la soberanía del país sobre sus recursos energéticos y la sepultura de los pocos principios fundamentales que todavía quedaban en Constitución Mexicana. Nosotros debemos intentar revertir esta reforma mediante la consulta al pueblo. Además, debemos participar en la elaboración de la legislación secundaria para asegurar controles democráticos, reglas de transparencia; asegurarnos que habrá auditorías y se conocerá el destino y el manejo de la renta petrolera, ademas de asegurar que se sancione la corrupción. Particular interés debemos poner en la creación del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo. El gobierno y el PAN pusieron en el tercero transitorio que “habrá transparencia en los contratos”, pero no en el uso de la renta petrolera que administrara este Fideicomiso. Nosotros debemos poner particular atención a la transparencia, rendición de cuentas y la auditoría en tiempo real al “Fondo Petrolero”. En las leyes secundarias se modificará la Ley de Petróleos Mexicanos para incluir el término Empresa Productiva del Estado y darle autonomía de gestión y presupuestal que no son los conceptos que manejo el PRD en su propuesta alternativa de ocho puntos. En las leyes secundarias se tendrá que definir la forma de operar de la Comisión Reguladora de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el Consejo de Administracion de Pemex, en estos tres órganos el Senado tiene participación en los nombramientos. Pero ademas se crearán la Comisión Nacional de Control de Gas Natural, el Centro Nacional de Control de Energía y se abrirá un negocio particular del PVEM llamado “Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente”, habría que incidir para evitar órganos burocráticos que sólo encarecen la administración ya que todo será cargado al erario o a la renta petrolera. Más allá de los organismos reguladores, uno de los temas que generará amplio debate será la Ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, debido a que incluirá las nuevas modalidades de contratación: utilidad compartida, producción compartida y licencias, “entre otras” modalidades. De igual forma se esperan debates sobre la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, incluyendo las nuevas funciones de la Secretaría de Energía. La participación del PRD en la discusión deberá centrarse en introducir controles democráticos, mecanismos de transparencia y rendición de cuentas sobre la renta petrolera y la administración y toma de decisiones de todos estos órganos, tratar de incluir personal confiable en todos ellos pero evitar por todas las vías que a través de esos espacios se proceda a la cooptación.

Además de insistir en que nuestras propuestas buscan aminorar los daños de una reforma aprobada por el PRI y el PAN, será menester que la izquierda legislativa extienda el debate a otros escenarios políticos. El punto fuerte del PRD en este debate legislativo será denunciar todos los candados y trampas legales que permiten la corrupción ahora legalizada y privatizada, así como el uso discrecional de la infraestructura petrolera para beneficiar a los amigos y empresas extranjeras que apoyan al régimen. El PRD debe estar muy atento de la intención del gobierno federal de reabrir la agenda del TLCAN para ajustarla a las reformas energéticas. Se busca eliminar la “excepción energética” en un proceso de cesión absoluta frente a los intereses unilaterales de Washington (ver entrevista del embajador mexicano en Estados Unidos, Eduardo Medina Mora, en Notimex, 2 de enero 2014). La reacción de los legisladores del PRD deberá ser rápida, designando voceros que detallen los puntos que el partido promoverá en la discusión de las leyes secundarias. Esta acción tendrá que iniciar cuanto antes, previo al inicio del periodo ordinario y ante la posibilidad de que la alianza PRI, PAN y PVEM avalen en un periodo muy corto dichas leyes. A la par de lo anterior, el mensaje del PRD habrá que ser replicado por especialistas afines al partido y al movimiento, detallando la relevancia de profundizar a fondo las leyes secundarias. Nuestra participación en las leyes secundarias debe aprovecharse para crear conciencia, acumular fuerzas en torno a la consulta y levantar un poderoso movimiento social que se articule al progreso del país y doblegue al gobierno entreguista.

2.2 Reforma en telecomunicaciones Será necesario que la Cámara de Diputados aborde la discusión de estas leyes con prontitud, dado que el plazo acordado para tener lista la reforma en la materia venció en diciembre pasado. Esta reforma no modifico nada significativo en los hechos. No aumento la competencia en el sector y los monopolios siguen siendo un pesado lastre para la competitividad de la economía. La trascendencia de las leyes secundarias será evaluada por líderes de opinión y especialistas en el tema, a partir de los alcances que éstas tengan para que verdaderamente se acaben las prácticas monopólicas en el sector, sobre todo en televisión y telefonía. Los grandes consorcios televisivos jugarán un papel central, tratando de influir en el Congreso. En este sentido, se esperará que las leyes secundarias refuercen la autonomía del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), encargado de avalar el otorgamiento de concesiones. El debate entre empresarios –especialmente Carlos Slim-, y actores políticos, será intenso, considerando que para este 2014 se licitarán espectros para el desarrollo de dos nuevas cadenas de televisión digital abierta. El Ifetel tiene hasta el 9 de marzo para lanzar la convocatoria. En las leyes secundarias está pendiente discutir los cambios en las actuales leyes federales de Telecomunicaciones y Radio y Televisión. Así, deberán ser adecuadas a la nueva regulación ordenamientos contenidos en la Ley Federal de Competencia Económica, la Ley de Inversión Extranjera, Ley de Vías Generales de Comunicación y la Ley Federal del Derecho de Autor (El Economista, 8 de diciembre de 2013).

En este debate conviene que el PRD centre su discurso en la importancia de promover leyes secundarias que privilegien los derechos de las audiencias, y fortalezca una imagen libre de cualquier presión de los monopolios mediáticos. De ahí que sea muy importante un discurso que reitere la importancia de promover contenidos calidad y tarifas justas. El PRD debe sacar este debate a la calle, a las redes sociales, a las asociacones civiles y a las universidades para destacar que el tema de las telecomunicaciones es fundamental en la construcción de mejores contenidos, de servicios de internet y conectividad realmente bajos y competitivos y no colocarse a favor de alguno de los poderes monopólicos que disputarán en este terreno. El PRI y el PAN tratarán de empatar la discusión de la legislación secundaria de telecomunicaciones con el aterrizaje de la reforma político-electoral para que ésta beneficie a los intereses del duopolio televisivo y evitar el enfrentamiento que ocurrió en 2008 con el IFE y el Senado. El PRD debe insistir en la necesidad de prohibir transacciones fraudulentas con los medios para beneficiar a los gobernantes, incluyendo la “adquisición” de paquetes de promoción en medios digitales y convergents (telefonía, televisión restringida, internet, cine, etc). Cabe recordar que la asociación A Favor de lo Mejor ha entablado reuniones con diversos legisladores para que se incluya en el debate la Ley de Audiencias. También es indispensable retomar los planteamientos de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI) y acercarse a los sectores académicos que tienen planteamientos en este terreno.

2.3 Reforma política del DF Según lo establecido en el Pacto por México, la reforma política del Distrito Federal habrá de: definir el nombre oficial de la Ciudad de México; dotar a la capital de una Constitución propia; revisar las facultades del jefe de Gobierno y de la ALDF; en el orden de gobierno delegacional se impulsará la elección de gobiernos colegiados con representación plural, similares a los ayuntamientos; establecer un esquema del DF que considere su carácter de capital de la República. Es posible que para la mayoría de los capitalinos los cambios que se buscan con esta reforma no se visualicen en su plena dimensión, debido a la falta de difusión y al despliegue informativo generado por la reforma energética. De igual forma, hay que tomar en cuenta que el PAN jugó un papel decisivo para que no se materializada la reforma política del DF en el periodo de sesiones pasado. Este partido mantendrá su intención de fortalecer en mayor medida a las delegaciones. Su intención es mermar la capacidad operativa del jefe de Gobierno, restándole la facultad de ejercer recursos. El posicionamiento anterior contaría con el apoyo del PRI, considerando que a futuro este partido busca tener control en algunas delegaciones tanto por la vía del proceso electoral 2015 como al sujetarse las delegaciones a los recursos federales. Teniendo en cuenta que los impulsores de la reforma son los legisladores del PRD, es poco probable que se abra un periodo extraordinario para su discusión.

Una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, y considerando que en los últimos años la capital ha sido pionera en leyes de avanzada (pensión universal, programas sociales, preparatorias y Universidad de la Ciudad de Mexico, útiles escolares, sociedades de convivencia y despenalización del aborto, por ejemplo), será importante que el PRD en el Senado tenga mayor protagonismo en torno a la aprobación de la reforma política del DF y, tras su aval, encabece un debate ciudadano para conformar una Constitución Política de avanzada, del mas alto desarrollo en democracia y libertades, que propicie el progreso y desarrollo de la ciudad y sea el mayor orgullo del país . De hacerlo, el partido podrá ganar una imagen innovadora y aportará elementos para cohesionar a la sociedad en la Ciudad de México. Cabe la posibilidad de que el PRI condicione su apoyo para dar celeridad a la discusión de la reforma política del DF al regreso del PRD al Pacto por México, sabiendo que el principal afectado, de no aprobarse, sería Miguel Ángel Mancera, quien hizo de la reforma su tema de campaña y envió su propuesta en agosto de 2013. Sin embargo hay que insistir en que el Pacto por México esta muerto.

2.4 Reforma político-electoral Esta reforma, moneda de cambio del PAN para brindar su respaldo a la reforma energética, no ha encontrado en los Congresos locales el mismo interés que mostraron con la energética, aprobada con prontitud vergonzante. Ante este escenario, es factible que el PAN condicione al PRI y al gobierno la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética a que se imprima velocidad a la político-electoral en los Congresos locales (donde el PRI es mayoría), asunto totalmente probable. Después de que 16 Congresos estatales avalen la reforma, se conformará el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Cámara de Diputados elegirá a los diez consejeros electorales y al consejero presidente, asunto que generará amplio interés mediático y un debate intenso en el Congreso. Cabe precisar que, según un artículo transitorio, los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) se mantienen mientras se conforma el INE, por lo que los cuatro consejeros continuarán mostrando las fisuras que detecten en torno a la creación del nuevo Instituto. También el Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, jugará un papel más protagónico a fin de afianzar su permanencia, debido a que la reforma considera la transformación de la PGR en una Fiscalía General. El PRD ha jugado un papel limitado en esta discusión. A pesar de los intensos debates legislativos que no trascendieron hacia la opinión pública, el PRD apareció apoyando una reforma políticoelectoral que, en muchos sentidos, es regresiva y tiende a generar un verdadero elefante blanco, el INE, controlado diretamente por el gobierno y el PRI. Es necesario acercarse, vía foros legislativos, a aquellos especialistas, ex consejeros del IFE y juristas que han hecho cuestionamientos de fondo a la creación del INE. Son los casos de José Woldenberg, Diego Valadés, Jesús Cantú y actuales consejeros.

2.5 Reforma educativa Gracias al manejo informativo de gran parte de los medios de comunicación, el debate de la reforma educativa se ha centrado en la oposición de los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) a los aspectos más punitivos del cambio legislativo. En los siguientes meses, el gobierno mostrara que no cuenta con otras herramientas para cumplir con su promesa de una educación de calidad y que en efecto la reforma educativa se limita a aspectos meramente laborales. En esta línea, el Secretario de Educación Pública, Emilio Chuayffet, está obligado a jugar un papel de mayor relevancia y lo hará siempre en su linea golpeadora, represora y de confrontación con las fuerzas democráticas. El titular de la SEP tiene pendiente la aplicación en su totalidad del Censo a Escuelas de Educación Básica en Chiapas, Oaxaca y Michoacán, estados en los que no se pudo aplicar a cabalidad este ejercicio por la oposición magisterial. Pero en vez de considerarlo como incapacidad propia, lo harán para desprestigiar aún más al movimiento democrático. Pese a ello, a principios de diciembre Eduardo Sojo, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), informó que en el primer trimestre del año en curso el Instituto entregará a la SEP los resultados del Censo para que se cree el Sistema de Información y Gestión Educativa. Será cifras inventadas para hacer cuadrar la realidad que a ellos convenga. Lo más grave son las declaraciones de Eduardo Medina Mora en relación a que México necesita integrarse a América del Norte con una “educación regional”, es decir, están concretando el viejo anhelo de Carlos Salinas y George Bush de eliminar todo resabio nacionalista en la educación de México para que el país quede a expensas de los intereses de Estados Unidos, en un total vacío conceptual, ahistorico y pragmático como es la educación del país del Norte. En contraparte, y ante la constante difusión de un presunto debilitamiento al interior del movimiento, la CNTE reforzará en los primeros días de enero sus movilizaciones en la capital, enarbolando su lucha contra la reforma educativa además de oponerse a la energética, para afianzar la cercanía con otros actores sociales y políticos como el PRD. De buscar mayor apoyo ciudadano tendrá que modificar sus acciones en la Ciudad. Ante la continuidad de las movilizaciones magisteriales, la presión se mantendrá para el gobierno capitalino, considerando que a la par se discutirá en el Congreso la Ley de Manifestaciones Públicas en el DF, un asunto anticonstitucional, antidemocrático y retardatario que el PRD debe evitar que se apruebe a toda costa ya que de aprobarse será un detonante mayor para incrementar las manifestaciones en la Capital y un retroceso para el proceso democrático en la Ciudad de México. El PRI y el PAN mantendrán su confrontación con la CNTE; las críticas de integrantes de ambos partidos se agudizarán debido a que las protestas que emprenden los docentes han mermado el apoyo ciudadano. La relación podría afianzarse con el PRD si las demandas se engloban a otros temas como la reforma energética. Es previsible una mayor contraofensiva mediática contra la CNTE y contra los movimientos disidentes a la reforma educativa en los estados. Tratarán de pasarle la factura de las críticas al gobierno de Miguel Angel Mancera por su decisión de desalojar el plantón de la CNTE en

el Monumento a la Revolución este 5 de enero. El PRD debe tener muy claro cuál es el interés compartido de los consorcios mediáticos (especialmente de Grupo Televisa a través de su Fundación Televisa y el movimiento encabezado por Claudio X. González Jr.) para incidir en el diseño y ejecución de la reforma educativa. El dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Díaz de la Torre, será un actor de mayor importancia para el gobierno a fin de constatar que la reforma educativa está logrando supuestos frutos, y que la mayoría de los maestros se suma a ella. En tanto, Elba Esther Gordillo continuará promoviendo juicios de amparo para revertir su proceso; pero su liberación sería un golpe duro para la propia PGR y sobre todo para el gobierno federal, por lo que no se vislumbra en el corto plazo.

SOCIAL

A partir de las movilizaciones de la CNTE, derivadas de la reforma educativa, es menester destacar que la estrategia del gobierno federal, con apoyo de los medios informativos, generó en la ciudadanía una percepción negativa de las manifestaciones sociales. Hay que recordar que tras la toma de posesión de Enrique Peña Nieto, la mayoría de los medios de información se enfocaron en evidenciar los actos vandálicos de grupos juveniles; esta línea editorial ha sido una constante en torno a toda manifestación que pretenda cuestionar las políticas del gobierno. Lo anterior ha creado un escenario idóneo para la administración federal e imponer su agenda, desvirtuando todo movimiento disidente, tachándolo no sólo de opositor al cambio sino de turba de vándalos. Bajo este esquema es como el PRD, y la izquierda en su conjunto, enfrentan la reforma energética. Por un lado el desgaste y el desdibujamiento de las movilizaciones en la capital a través de los medios; por el otro la falta de una verdadera unidad de todas las izquierdas para hacer frente a la reforma. Estos factores fueron clave para no llegar a conformar un grupo social de gran envergadura que echara abajo la intención privatizadora del gobierno. Si para el PRD la apuesta será la Consulta Popular, para López Obrador y Morena lo serán las denominadas acciones civiles pacíficas, con las que buscarán mostrar que prevalece su capacidad de convocatoria. En uno de los frentes, la respuesta del gobierno federal será reforzar su estrategia de apoyo a los sectores sociales más vulnerables, a través de los programas sociales entre los que destaca la Cruzada Nacional contra el Hambre, pues en ellos sustentará su intención de acallar las movilizaciones que se gesten en estos primeros meses de 2014 en contra de la reforma energética y, a su vez, tratará de mostrar los supuestos beneficios de las reformas estructurales. Dichos cambios en los que sustenta el gobierno su discurso serán paulatinos, pero éstos no disminuirán la brecha social. El Seguro de Desempleo, la Pensión Universal y la Cruzada contra el Hambre serán apenas paliativos que no transformarán de fondo la realidad de los sectores sociales de bajos recursos. La función de la izquierda será evidenciar los limitados alcances de las reformas estructurales. Tanto el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), como la CNTE son actores relevantes para detonar un movimiento capaz de revertir la reforma energética, pero la verdadera fuerza radica en la sociedad civil, en organizaciones sociales y en los jóvenes (basta recordar que, en 2012, el movimiento #YoSoy132 influyó en el cambio de discurso del entonces candidato a la presidencia Peña Nieto). Habrá un costo en los grupos civiles de la ciudad de México frente a la decisión del desalojo de la CNTE de Mancera. Es necesario insistir que este conflicto se deriva de las reformas estructurales del gobierno federal y de la incapacidad para evitar su impacto en los habitantes capitalinos.

Es previsible que se abran o reaviven nuevos frentes sociales derivados de los proyectos peñistas como pueden ser: -La construcción del nuevo aeropuerto capitalino -La emergencia de grupos de autodefensa en comunidades de Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Morelos que prefiguran ya el principal desafío a la estrategia política y de seguridad del Estado central. -El resurgimiento de movimientos de víctimas en el sur y centro del país frente a la guerra contra el narco convenientemente silenciada en los medios durante 2013. -Oposición al avance de las empresas mineras, nacionales y extranjeras, que han acaparado enormes extensiones de tierra y apuntan a acrecentar su poder tras la reforma energética. Para incidir en estos movimientos se requiere mostrar plena congruencia de la izquierda, encabezada por el PRD, y asumir una posición clara y contundente frente al Pacto por México, señalar que éste no es la única vía política por la que se tiene que transitar. Será importante emprender un “pacto de las izquierdas”, en el que se aglutinen los demás partidos (PT, Movimiento Ciudadano y Morena). En este contexto es totalmente improcedente una alianza electoral con el PAN. Resultará oportuno evidenciar en mayor medida el carácter represor del PAN que insiste en avalar una Ley de Manifestaciones Públicas en el DF, que limita los derechos de la ciudadanía. Se trata de volver a reposicionar en la ciudadanía la importancia de salir a las calles para expresar el descontento ciudadano y demostrar al gobierno que está latente el surgimiento de un movimiento civil de altas implicaciones políticas.

4. ECONÓMICA En los Criterios Generales de Política Económica, el Gobierno Federal estimó que en 2014 la economía crecería 3.9%, tres veces más del crecimiento logrado el año anterior. Sin embargo, pocos meses después de la presentación del paquete económico, ya hay estimaciones a la baja. Según la encuesta del Banco de México con especialistas, el pronóstico de crecimiento ya es de 3.4%. Es decir, ha comenzado a repetirse la historia de 2013, cuando el Ejecutivo estimó inicialmente un crecimiento de 3.5%, mismo que fue reduciendo hasta llegar al 1.3%. No otra cosa más que un estancamiento, si se mide en términos per cápita. El optimista panorama que pinta el gobierno se fundamenta en la esperanza de que la economía de los Estados Unidos se recupere y crezca 2.6% en 2014. Con ello, las exportaciones mexicanas tendrían un crecimiento de 6.8% y seguirían siendo, como en los últimos años, la principal, sino es que la única, fuente de crecimiento. Si bien es cierto que el aumento de las exportaciones tiene un impacto positivo en la producción interna, el escaso contenido nacional de la mayoría de los productos exportados, propicia un incremento mayor de las importaciones, que se estima en 8.2% para 2014. El mayor crecimiento de las importaciones ocasionará necesariamente un mayor déficit de la balanza comercial, que el propio gobierno estima en más de 21 mil millones de dólares para 2014, 10% más que el estimado para 2013. El déficit comercial tendría que compensarse con un saldo favorable de las cuentas de capital; es decir, con inversión extranjera tanto directa como de cartera. De estas, la sólo la directa impactaría a la economía real y a la generación de empleos. Sin embargo para que ésta se concrete es requisito indispensable mejorar la competitividad del país y, a su vez, esto sólo se puede lograr atacando de fondo los verdaderos problemas estructurales que aquejan al país como son la corrupción, la ineficiencia del gobierno, la inseguridad, la existencia de monopolios y oligopolios, y la escasez de financiamiento. México ocupa el lugar 53 en el índice de Competitividad Global calculado por el Foro Económico Mundial y el 106 en el índice de Corrupción estimado por Transparencia Internacional. Ninguno de estos factores es prioridad del gobierno actual. Sus esfuerzos de cambio se limitan a la promoción de las llamadas “reformas estructurales” aprobadas recientemente y cuyos beneficios hasta el momento han sido nulos (y lo más probable es que lo sigan siendo). La historia reciente muestra que una parte importante de la inversión extranjera directa (IED) que ha llegado al país se ha destinado a la extranjerización de empresas mexicanas, como fue el caso de la Cervecería Modelo que representó más del 50% de la IED registrada en 2013. Esta inversión no genera capacidad productiva adicional ni nuevos empleos, sólo ha servido para financiar parte el déficit de la balanza comercial. No hay ningún indicio que permita suponer que en 2014 se vaya a revertir esta situación y por lo tanto la IED seguirá teniendo un efecto marginal en el crecimiento económico del país. La otra fuente de recursos que se ha utilizado para financiar el déficit comercial ha sido la inversión extranjera en cartera; es decir, la inversión especulativa, la cual no aporta beneficios a la economía

real y si constituye un enorme riesgo para la balanza de pagos. La posibilidad de que se reviertan los flujos de inversión especulativa es cada vez más alta, como ya en los hechos está ocurriendo. Si la economía mundial se recupera, las tasas de interés en los mercados extranjeros tenderán a aumentar y serán más competitivas con las prevalecientes en México. La política monetaria que aplica el Banco de México continuará por el mismo camino de los últimos años; es decir, aplicará las medidas que sean necesarias para mantener la inflación dentro de los límites que él mismo impone, dentro de las cuales destaca el mantener un tipo de cambio más o menos estable, sin importar que no tenga nada que ver con el poder adquisitivo real de la moneda nacional en comparación con otras monedas, principalmente el dólar, y sin importar que reduzca la competitividad de las exportaciones. El escenario de recuperación mundial, aunque sea moderado, muy probablemente obligará al Banco de México a aumentar las tasas de interés, con el objeto principal de retener los capitales especulativos, lo que tendrá un impacto negativo en la economía real al encarecer los de por sí ya altos costos del crédito. El gobierno argumenta que esta posibilidad se verá compensada con las medidas establecidas en la reforma financiera aprobada el año pasado; sin embargo esto es muy cuestionable, ya que dicha reforma no ataca las enormes deficiencias del sistema financiero nacional, caracterizado por una enorme concentración de la actividad crediticia en sólo 5 bancos que ostentan el 80% de los activos de la banca comercial ( sin contar que 4 de ellos son extranjeros y aplican políticas que obedecen a los intereses de sus matrices más que a los requerimientos financieros del país). En vez de atacar de fondo las deficiencias del sistema financiero, la reforma dio mayores facultades a los bancos para cobrar los créditos, con lo que ingenuamente o perversamente el gobierno espera que se incremente el financiamiento y se reduzcan los costos. No hay ningún incentivo para que esto ocurra, si bajo las condiciones actuales es un negocio de los más rentables a nivel mundial. Por otra parte, el gobierno se ha ido convirtiendo en un cliente muy seguro y rentable de los bancos. En 2014 contratará 570 mil millones de créditos adicionales en el mercado nacional, disminuyendo la disponibilidad de crédito para las actividades productivas privadas. Por todo ello es posible prever que el crédito al sector productivo no se incrementará en 2014, condición que es indispensable para acelerar el crecimiento económico. Hasta el mismo gobierno federal considera, en sus optimistas estimaciones, que el efecto de la reforma financiera en 2014 será de cuando más 0.2% del PIB y que llegará al 0.4% en 2018. Otra de las reformas en que el gobierno ha cifrado sus esperanzas para salir del marasmo económico creado por el modelo neoliberal es la energética, que de manera totalmente infundada e irresponsable la llama “la madre de todas las reformas”. Según el propio gobierno ésta aportará un crecimiento adicional del 0.3% del PIB en 2014 y 1.1% en 2018 (aunque no explica de dónde saca esas cifras). La reforma energética no es otra cosa que la entrega del único recurso natural que le quedaba al país al extranjero y la puntilla a las empresas energéticas propiedad de todos los mexicanos, lo que significa que estos recursos ya no serán utilizados en beneficio del país sino en beneficio de los inversionistas extranjeros, como ya sucede con los bancos y las minas. El gobierno miente al decir que la privatización traerá enormes inversiones al país, generará muchos empleos y abaratará los energéticos. Nada de esto tiene sustento. Las inversiones, en el caso de

que las haya, serán mínimas. Para la explotación de las reservas en aguas profundas del Golfo de México los nuevos dueños del petróleo mexicano ocuparán los equipos que ya tiene operando en la región o, en caso de que requieran nuevos, los construirán fuera del país. Los técnicos que operen estos equipos son los que ya tiene empleados o también serán extranjeros. El petróleo que se extraiga se irá directamente a los Estados Unidos ya que no refinará en México, porque los nuevos dueños tienen refinerías suficientes en sus países de origen y les será más rentable seguir exportando combustibles procesados a México. En el caso del gas natural si es posible que haya un poco de inversión ya que los equipos para explotar el gas se tendrán que instalar en el país; sin embargo, serán importados y el contenido de la inversión de origen nacional será mínimo. Mañosamente se contabilizará la totalidad de la inversión como extranjera directa, pero en la balanza comercial se contabilizarán los equipos como importaciones, afectando la balanza comercial. El gas que se produzca se venderá a los productores particulares de energía eléctrica, quienes obtendrán parte de los beneficios y el resto quedará en manos de los productores extranjeros del gas. Independientemente de lo anterior, para que se concrete el desfalco energético será necesaria la aprobación de las leyes secundarias, tema que aún no está resuelto y en el que las fuerzas progresistas nacionales van a poner todo su empeño para que no se consume. Suponiendo que se llegara a concretar el desfalco, la implementación de las leyes secundarias tendrá un tiempo de maduración que seguramente rebasará el 2014. Por otra parte, la única manera en que eventualmente pudieran funcionar este tipo de reformas sería con un marco regulatorio efectivo y nacionalista, apoyado por instituciones fuertes y eficaces. Desafortunadamente la experiencia mexicana ha demostrado hasta el cansancio su incapacidad para regular adecuadamente cualquier quehacer de la vida nacional y mucho menos cuando los sujetos a regular son poderosos. Por todo lo anterior se considera que la privatización energética no tendrá efectos positivos y menos en el corto plazo. En síntesis, la esperanza que el gobierno ha puesto en una reactivación económica fundamentada en el crecimiento de las exportaciones, la inversión extranjera directa y las reformas estructurales no tiene sustento. El otro factor que pudiera reactivar la economía sería el mercado interno, para lo que se requeriría crear los empleos que demanda la población y mejorar sustancialmente el ingreso de las familias. Ninguno de estos elementos se visualiza como posible para este año. Aun cuando las exportaciones crezcan a la tasa que prevé el gobierno, el impacto en el empleo será marginal, ya que existe capacidad ociosa en la mayoría de las empresas exportadoras que se utilizará antes de que se generen nuevas inversiones. Por otro lado, no es garantía que la reactivación de la economía de los Estados Unidos impacte positivamente a México ya que ese país tiene alternativas de importaciones distintas a las de México. La única manera de que el crecimiento de las exportaciones tuviera un efecto positivo en el empleo sería a partir de una política industrial que promoviera un mayor contenido nacional de las exportaciones y de sustitución de importaciones con producción nacional. Sin embargo, el gobierno actual continúa con la premisa neoliberal de que la mejor política industrial es la que no existe y que sólo las fuerzas del mercado solucionarán los problemas, aunque ya van 25 años en que se ha demostrado lo contrario.

La eventual recuperación económica mundial provocará una más intensa competencia en el mercado y los países que tienen mayores ventajas son los que están más preparados; es decir, los más competitivos. Como ya se mencionó México está en lugar 53; es decir hay 52 países mejor posicionados para competir en el mercado global y también, como ya se mencionó, el gobierno actual no está haciendo lo que debería para mejorar la posición competitiva del país. El gobierno ya definió la política salarial para el 2014, con el establecimiento de los nuevos salarios mínimos, que se incrementaron sólo 3.9%, equivalentes a la meta de inflación. Este aumento salarial, que seguramente será similar al de los salarios contractuales, no será suficiente para absorber el incremento de precios de la canasta básica, como no ha ocurrido en durante todo el periodo neoliberal. El deterioro de los ingresos de los trabajadores, que son la mayoría de la población, impactará negativamente al mercado interno. En conclusión se puede afirmar el crecimiento esperado por el gobierno de 3.5%, fundamentado en una esperada reactivación de la economía de los Estados Unidos, más 0.4% derivado de las reformas estructurales no tiene sustento, debido a que no se están tomando las medidas que realmente requiere el país. Para lograr una crecimiento de este tamaño o aún mayor se necesitarían de políticas industriales efectivas para añadir valor a los bienes y servicios que se producen en el país ya sea para exportación o para el consumo interno. También sería indispensable mejorar sustancialmente el poder adquisitivo de la población. Todo ello sustentado en una participación más activa y responsable del gobierno como rector y regulador de todas las actividades económicas. Ya es tiempo de reconocer que el mercado no resuelve por si sólo las deficiencias estructurales de una economía y sobre todo cuando el mercado tiene tantas imperfecciones como desafortunadamente es el caso de México.

5. SEGURIDAD En su primer año de gobierno Enrique Peña Nieto ha mantenido un distanciamiento con el tema de seguridad, marcando una diferencia con su antecesor que lo enarboló hasta el punto de desgastar su imagen y la del país al interior y al exterior. Sin embargo, el incremento de la inseguridad es un hecho, sobre todo en estados de la República que registran altos índices de violencia, particularmente en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Tamaulipas, Morelos y el Estado de México. A pesar de sus deseos de mantenerse al margen del tema, una de las prioridades del presidente para este año será la seguridad, a causa de la realidad que enfrentan los estados arriba mencionados. Según el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, en marzo el gobierno hará una evaluación en materia de seguridad pública (Excélsior, 12 de diciembre de 2013). Asimismo, el incremento de las autodefensas en varios puntos de la nación será un elemento que el Ejecutivo, a través de la Segob, inevitablemente tendrá que atender. Michoacán y Guerrero concentran el mayor grupo de guardias civiles en el país. Asimismo, ante el control que el grupo criminal denominado Caballeros Templarios ejerce en Michoacán, el gobierno federal tendrá que dar resultados óptimos en la entidad que además carece de una autoridad plena, pese a la incorporación en sus funciones del gobernador Fausto Vallejo. En Michoacán, el estado con más índices de homicidios y ejecuciones en el 2013, se prefigura ya un escenario de guerra civil, un incremento de los municipios en poder de los grupos de autodefensa (actualmente son 10) y una expansión regional del fenómeno hacia Guerrero, Oaxaca y Morelos. El PRD necesita estar informado y pendiente de los detalles de este proceso. Es previsible que el PRI y el gobierno federal fomenten un debate legislativo para impulsar medidas para controlar o criminalizar a los grupos de autodefensa. El PRD debe tener una posición frente a este fenómeno. De igual forma, el incremento de los secuestros en el país motivará más acciones que reduzcan este flagelo. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) en los últimos diez años las denuncias por secuestro incrementaron 245%. Al respecto, el 20 de diciembre, en la sesión del Consejo Nacional de Seguridad, el jefe del Ejecutivo instruyó al secretario de Gobernación a presentar en enero de este año una estrategia para disminuir los índices de secuestro. A su vez, se espera que en el primer semestre de este año el Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, presente a los primeros elementos de la Gendarmería Nacional. En torno a la Ciudad de México, y como resultado de una evidente incursión del crimen organizado en la capital, el jefe de Gobierno centrará su atención en disminuir los índices delictivos, debido a que es una prioridad para la ciudadanía. El 1 de enero de este año, Reforma publicó una encuesta en la que el 57% de los capitalinos consideró que la seguridad en la Ciudad va a empeorar, sólo el 23% dijo que mejorará.

6. CONCLUSIONES En su acción legislativa y sus gestiones de gobierno, el PRD debe mostrar a los ciudadanos que es la vía para mejorar sus condiciones de vida. Los retos de este periodo y los que seguirán imponen al partido la necesidad de conservar su unidad y de sumar a la mayor cantidad posible de fuerzas sociales en defensa de la nación. Pero si queremos que ese llamado sea atendido tenemos que ser oposición. El PRD carecería de autoridad política y moral si a su llamado a la unidad de todas las fuerzas progresistas le antecede un acuerdo vergonzante con el gobierno que ha impuesto la entrega de las riquezas nacionales. En el Congreso debemos combatir a los levanta dedos con más y mejores argumentos. Podemos tener salones repletos de oídos sordos, pero no debemos olvidar que afuera hay gente que nos escucha: la gente que dio su confianza a nuestro partido y que nos demanda no abandonar la trinchera. La tarea no podría estar completa si el partido no emprende una vigorosa campaña, firme y sostenida, para informar y recordar a la ciudadanía las mentiras actuales del gobierno y las que han rodeado las privatizaciones, ésas que el gobierno peñista repite incesantemente en los medios. Estos cuatro meses de 2014 serán cruciales para mostrar al gobierno y sus partidos paleros que hay un movimiento plenamente organizado para detener la ola de imposiciones que sólo pretende favorecer a los grandes empresarios nacionales y extranjeros, a costa de la marginación de la mayoría de los mexicanos.